Autor: Diego Naranjo

Hay una cuestión que trasciende la inmigración, la política y las disputas partidistas. Es una cuestión de Estado: ¿qué responsabilidad tiene el Estado frente a Ceuta y frente a los ceutíes cuando una situación extraordinaria pone en peligro su seguridad, altera su vida cotidiana y desborda la capacidad de sus instituciones?

La respuesta debería ser evidente: toda la que corresponde al Estado que ha asumido el monopolio legítimo de la fuerza y la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y su territorio.

Los ciudadanos aceptamos que determinadas facultades que históricamente pertenecían a la comunidad sean ejercidas por el Estado. No nos defendemos individualmente de las amenazas exteriores; confiamos esa función a las instituciones. No protegemos por nuestra cuenta las fronteras; confiamos en quienes tienen legalmente atribuida esa misión.

Pero esa transferencia de poder tiene una condición esencial: el poder se entrega para proteger, no para abandonar.

Lo sucedido en Ceuta el 30 de julio ha puesto esa responsabilidad a prueba. Más de 70.000 personas entraron irregularmente en la ciudad en un episodio sin precedentes por sus dimensiones. Un mes después, miles permanecían todavía en Ceuta y la Fiscalía describía la situación como un “hito sin precedentes”, con los sistemas de protección de menores y otros servicios sometidos a una presión extraordinaria.

El propio Estado ha terminado reconociéndolo jurídicamente. El Real Decreto 681/2026 declaró el 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, admitiendo que la afluencia masiva había superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana y estaba alterando el funcionamiento normal de las Administraciones.

Es un reconocimiento importante. Pero también plantea una pregunta inevitable: ¿Por qué hubo que esperar a que la realidad desbordara a Ceuta para reconocer lo que Ceuta ya estaba advirtiendo?

La responsabilidad del Estado no comienza cuando dicta un decreto. Comienza cuando existen indicios de que sus ciudadanos pueden encontrarse ante una situación extraordinaria.

Y aquí debemos ser claros. El Estado no puede limitarse a administrar las consecuencias de una crisis. Tiene que impedir que la crisis se convierta en normalidad.

La respuesta del Estado debe mantenerse dentro del marco de la ley, pero ello no puede significar que la dimensión excepcional de lo ocurrido quede reducida a una mera suma de situaciones individuales. La responsabilidad de cada persona deberá determinarse conforme a sus propios actos y circunstancias, pero la respuesta frente al fenómeno colectivo corresponde al Estado, que tiene el deber de proteger a la ciudad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Pues una cosa son los derechos individuales y otra la obligación colectiva del Estado de proteger una ciudad y restablecer el control efectivo de su territorio.

La solidaridad del Estado no puede consistir en pedir a los ceutíes que sean permanentemente los sacrificados.

Y aquí aparece la cuestión más profunda.

¿Puede una sociedad exigir el cumplimiento de sus obligaciones al poder que ella misma ha constituido?

La respuesta es sí.

La Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. El poder del Estado, por tanto, no es propiedad de quienes temporalmente lo ejercen. Es un poder delegado para servir al interés general.

Cuando ese poder funciona correctamente, la ciudadanía confía en las instituciones.

Cuando funciona deficientemente, la ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades.

Y cuando la respuesta pública es insuficiente, la ciudadanía no pierde su soberanía ni su capacidad de actuar políticamente.

Lo que significa exactamente utilizar con mayor intensidad todos los instrumentos democráticos y constitucionales de los que dispone una sociedad libre.

Manifestarse, Asociarse, Organizarse, Reclamar, Acudir a los tribunales, Exigir responsabilidades políticas, Solicitar investigaciones, Presionar institucionalmente, Reclamar ante las instituciones europeas, Exigir al Parlamento que controle al Gobierno, Y, sobre todo, no aceptar que la inacción del poder público se convierta en una situación irreversible.

La ciudadanía puede recuperar el ejercicio político de aquello que ha delegado sin recuperar la violencia que precisamente decidió entregar al Estado. Ésa es la diferencia entre resistencia civil y desorden. La primera fortalece la democracia. El segundo la destruye.

Por eso los ceutíes no necesitan que nadie les enseñe a defenderse. Necesitan que el Estado recuerde por qué existe.

España tiene ahora mismo una situación de interés para la Seguridad Nacional declarada formalmente. El propio Real Decreto establece mecanismos de coordinación que incluyen Interior, Defensa, Inteligencia, Exteriores y la propia Ciudad de Ceuta.

Ya no hay excusa para seguir actuando como si Ceuta afrontara un problema exclusivamente local.

No lo es.

Es un problema de Toda España.

Y si es un problema de España, España debe asumirlo como tal.

Ceuta ha demostrado durante décadas su pertenencia a España. Ha soportado una frontera extraordinariamente compleja, ha contribuido a la defensa de la soberanía y ha mantenido la convivencia en unas condiciones que pocas ciudades españolas conocen.

Ahora corresponde al Estado demostrar que esa pertenencia no es solamente una declaración constitucional. Porque un Estado no demuestra su fortaleza cuando pide obediencia a sus ciudadanos.

La demuestra cuando cumple aquello para lo que los ciudadanos le entregaron su poder.

Y si Ceuta ha llegado al límite de su capacidad, el Estado no puede pedirle más sacrificios.

Debe actuar. Debe proteger. Debe recuperar el control. Debe garantizar la seguridad.

Debe restablecer la normalidad. Y debe hacerlo ahora.

Porque la legitimidad del poder no reside únicamente en tener la autoridad para mandar.

Reside, sobre todo, en cumplir la obligación de proteger a aquellos en cuyo nombre se ejerce esa autoridad.

Y Ceuta tiene derecho a exigirlo.

El Estado recibió de los ceutíes la responsabilidad de defenderlos. Ahora le corresponde demostrar que sigue siendo digno de esa confianza.

La legitimidad se mantiene cuando el poder cumple la función para la que fue constituido.

Y la responsabilidad del Estado frente a Ceuta es clara: proteger su territorio, garantizar la seguridad y libertad de sus ciudadanos, preservar sus servicios públicos y cumplir con todas sus obligaciones como Estado.

Hay asuntos históricos que regresan cuando una sociedad está preparada para formular las preguntas que durante décadas prefirió eludir. La responsabilidad de España por la violencia ejercida en el Rif es uno de ellos. Si algún día el Estado español decide reconocer formalmente las atrocidades de la guerra colonial y pedir disculpas, debe tener claro que el perdón tendría que dirigirse a los rifeños y jamás al Estado marroquí.

La diferencia no es semántica; es histórica y política.

El proyecto imperial español en el norte de África estuvo marcado por la debilidad económica, militar y diplomática. Tras la crisis de 1898, Madrid buscó en el sultanato jerifiano una vía para recomponer su prestigio internacional. España llegó tarde al reparto colonial y con menos recursos que otras potencias europeas, pero esa posición periférica no alteró la crudeza de su empresa: hubo ocupación, castigos colectivos, bombardeos e, incluso, el uso de armas químicas contra las poblaciones que se resistían.

La precariedad del imperialismo español no debe confundirse con la inocencia. Aunque carecía de medios para construir un imperio como el francés o el británico, el Estado recurrió a la violencia extrema como eje de dominación. En el Rif, esa violencia adquirió además una dimensión simbólica: el “moro” fue transformado en el enemigo por antonomasia, la alteridad frente a la que España definía su nación y su supuesta misión civilizadora. La memoria posterior prefirió celebrar la victoria militar y difuminar la naturaleza puramente colonial del conflicto.

Por eso, un eventual perdón no puede plantearse como un mero trámite diplomático. La pregunta clave es: ¿a quién debe España reconocer como víctima de aquella violencia?

Para responder, resulta indispensable evitar el anacronismo de convertir retrospectivamente al Rif en un sinónimo de Marruecos. Que la región estuviera incorporada al ámbito político del sultanato jerifiano no significa que el Estado marroquí contemporáneo sea el sujeto histórico de aquellos acontecimientos. La resistencia encabezada por Abdelkrim fue una experiencia política propia, enfrentada al colonialismo europeo, pero también en conflicto directo con el poder del sultán y las estructuras centralistas del Majzén. El Marruecos nacido en 1956 no puede adueñarse de ese pasado.

Esta distinción es crucial por razones estrictamente contemporáneas. Las disculpas históricas nunca se formulan al margen de las relaciones de poder. España y Marruecos mantienen hoy una agenda compleja donde convergen la soberanía de Ceuta, Melilla y las plazas menores; las aguas canarias; la cuestión del Sáhara Occidental y su espacio aéreo; la gestión migratoria; y la seguridad. Rabat, habituado al uso de herramientas en la zona gris, no tardaría en incorporar un reconocimiento español a su narrativa de agravios, convirtiéndolo en un recurso de presión diplomática y legitimación interna.

Sería un grave error.

No porque España deba silenciar su pasado por temor a las consecuencias. Al contrario, una democracia madura asume sus responsabilidades históricas sin pedir permiso a gobiernos extranjeros. Sin embargo, reconocer una culpa no obliga a transformarla en una deuda bilateral. España puede asumir la violencia colonial que ejerció sin otorgar al Estado marroquí la representación retrospectiva de las víctimas. Hacerlo provocaría que un gesto destinado a reparar a los rifeños terminara reforzando al mismo poder estatal que hoy los margina.

«Si España decide pedir perdón por la Guerra del Rif, ese reconocimiento debe dirigirse a los rifeños como víctimas de la violencia colonial, y no al Estado marroquí, cuya trayectoria histórica y política es distinta»

Tras la independencia de 1956, el Rif volvió a sufrir una relación traumática con el poder central, marcada por la sangrienta represión de las revueltas de 1958-1959 y una postergación económica que llega hasta el presente. Recordarlo no busca relativizar los crímenes españoles, sino evidenciar por qué el régimen alauí no puede ocupar el lugar de las víctimas.

Los perdones, si aspiran a reparar, deben identificar con precisión a sus destinatarios.

Si España decide disculparse, debe separar tres planos de forma nítida: la responsabilidad histórica española (terreno de la memoria y la justicia), la trayectoria singular del Rif (reconociendo que su historia no se reduce a la del Estado que hoy lo integra) y las relaciones actuales con el Reino de Marruecos (terreno de la diplomacia).

Confundir estos planos solo beneficiaría al actor equivocado. No se trata de pedir perdón a Marruecos por dañar a Marruecos; se trata de pedir perdón a los rifeños por haberlos sometido a una guerra colonial. Este paso no sería un gesto de hostilidad hacia Rabat, sino una forma saludable de blindar la memoria frente a la geopolítica. España no debe temer a su historia, pero tampoco puede permitir que otros Estados la utilicen para dictar su política exterior del presente.

Christian Fernández Horcas

Historiador especializado en el área de Historia Contemporánea.

Tumbado en la cama, justo antes de quedarme dormido, no puedo dejar de pensar en lo que está ocurriendo estos últimos días en Ceuta, ciudad de mi pareja.

Y quizá precisamente por eso me duele de una manera diferente.

Visité Ceuta por primera vez al conocer a su familia. Hasta entonces, Ceuta era para mí un nombre en un mapa. Sabía dónde estaba, pero nunca había tenido realmente conciencia de lo que significaba aquella ciudad.

Y cuando llegué, hubo algo que me impresionó muchísimo más de lo que esperaba.

No fueron sus paisajes, sus calles, el mar o su situación geográfica. Lo que realmente me sorprendió fue descubrir, que existía, dentro de España, una ciudad en la que cuatro culturas y cuatro formas diferentes de entender el mundo podían convivir con una naturalidad que, cada vez más, parece extraordinaria.

Cristianos, musulmanes, judíos e hindúes.

No como grupos separados. No como comunidades que simplemente se toleran porque comparten un mismo espacio. Sino como personas.

Personas que trabajan juntas, salen juntas, se conocen, se respetan o incluso son del mismo grupo de amigos. Personas que pueden sentarse alrededor de una misma mesa y celebrar cosas diferentes sin que eso impida la amistad que tienen en común.

Recuerdo que fue una de las cosas que más me sorprendió de aquella primera visita. Algo que con cada visita posterior me ha impresionado todavía más.

Porque cuanto más he conocido Ceuta, más consciente he sido de que aquello que allí parece cotidiano es, en realidad, algo extraordinario.

Vivimos en un mundo en el que cada vez es más fácil dividirnos. Por religión, por ideología, por nacionalidad, por cultura, por origen. Parece que necesitamos encontrar constantemente aquello que nos diferencia de los demás para construir una frontera entre “nosotros” y “ellos”.

Y, sin embargo, en un pequeño territorio situado entre dos continentes, Ceuta demuestra que puede existir otra manera.

Por eso me da tanta tristeza pensar que todo ese equilibrio pueda estar en riesgo.

Porque lo que está ocurriendo estos días no es solamente una cuestión política, territorial o geográfica. Detrás de todas esas palabras hay algo mucho más frágil: una forma de convivir que ha necesitado décadas, generaciones y miles de personas para construirse.

Y destruir algo así puede ser infinitamente más fácil que construirlo.

Quizá ese sea uno de los grandes problemas del ser humano.

Somos capaces de dedicar años a construir algo hermoso y, sin embargo, podemos destruirlo en cuestión de días por orgullo, por miedo, por odio, por intereses políticos o, simplemente, por nuestra incapacidad para entender que el que piensa diferente no tiene por qué ser nuestro enemigo.

Me entristece pensar que una ciudad que, con todas sus dificultades y sacrificios, que se siente orgullosa precisamente de aquello que la hace diferente —su capacidad para convivir— pueda acabar pagando el precio de decisiones tomadas muy lejos de las personas que viven allí.

Porque al final, detrás de las banderas, los discursos, las fronteras, los gobiernos y los titulares de los periódicos, siempre están las mismas personas. Vecinos, familias, amigos…

Personas que probablemente nunca han tenido ningún problema con quien reza de una manera diferente, celebra otra festividad o tiene un origen distinto al suyo.

Y quizá sea eso lo que más miedo me da.

Que terminemos convenciendo a personas que durante años han convivido en paz de que deberían tenerse miedo unas de otras.

Que consigamos convertir las diferencias culturales, que deberían ser una riqueza, en una razón para separarnos.

Que acabemos destruyendo precisamente aquello que demostraba que sí era posible convivir.

No sé qué ocurrirá contigo, Ceuta, en los próximos días, ni qué decisiones tomarán quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Tampoco sé cómo terminará todo esto…

Pero sí sé una cosa.

Sería una enorme tragedia que el ser humano consiguiera destruir uno de los ejemplos más bonitos que tiene de convivencia precisamente por aquello que tantas veces nos ha llevado a enfrentarnos: el poder, el orgullo, el miedo y la estupidez.

Porque quizá el mayor enemigo de la humanidad nunca haya estado ahí fuera, perdido en el espacio. Quizá siempre hemos sido nosotros mismos nuestro mayor enemigo…

Por eso, mientras pienso en Ceuta antes de quedarme dormido, no puedo evitar sentir tristeza.

Pero también algo de esperanza.

Porque si algo merece la pena defender de aquella ciudad no son solamente sus calles, sus edificios o sus fronteras. Es algo mucho más importante.

Es la idea de que cuatro culturas diferentes puedan seguir compartiendo una misma ciudad sin dejar de ser quienes son.

Que convivir no significa pensar igual. Que respetar no significa renunciar a las propias creencias.

Y que quizá la verdadera grandeza de una sociedad no se mide por lo poderosa que es, sino por su capacidad para permitir que personas diferentes vivan juntas sin tener que dejar de ser diferentes.

Ojalá Ceuta, no pierdas eso.

Ojalá no permitas que el miedo, el odio o los intereses de unos pocos destruyan lo que generaciones enteras tardaste en construir.

Porque si algún día desaparece algo tan excepcional como esa convivencia, quizá no hayamos perdido solamente Ceuta. Habremos perdido la esperanza de que los seres humanos como sociedad, también somos capaces de hacer las cosas bien.

Y quizá, en un mundo que cada vez parece más empeñado en separarnos y dividirnos, Ceuta es el ejemplo vivo de algo que deberíamos proteger por encima de todo.

Ojalá Ceuta no te pierdas y vuelvas a ser tu.

Jaime Iturbe

Caballa adoptado.