Autor: Beatriz Martínez

¿En todo este follón de la crisis migratoria quién se ha acordado del rey?

Por mi parte, se puede quedar en su palacio, pero en Ceuta hay muchas personas que, a pesar de que todavía no se ha dignado a venir por aquí, lo quieren mucho. No lo entiendo, pero los caballas somos así.

El rey ha recorrido buena parte del mundo, incluido Marruecos, y toda España, pero a Ceuta no ha venido todavía. Como siga así, va a tardar en venir más que su padre. Lo mismo no se ha enterado de que aquí estamos bien jodidos por un capricho de quienes mandan en Marruecos, que han querido demostrar de lo que son capaces de hacer cada vez que les dé la gana.

El rey de Marruecos desestabiliza a Ceuta y a España cada vez que le da la gana. Le importan una mierda sus ciudadanos y los utiliza como quiere. Le da igual incluso que mueran, como ha ocurrido. Han muerto muchos ciudadanos marroquíes que han sido engañados y han perdido la vida en el mar o aplastados en avalanchas.

Pedro Sánchez dice que esta invasión la han orquestado las mafias.

Todo un presidente de España nos toma por tontos. O es que, cuando habla de mafias, se refiere al rey de Marruecos y compañía.

Las mafias se mueven por dinero. ¿Me puede decir Pedro Sánchez quién les ha pagado? ¿Qué, han puesto una taquilla en la frontera para que cada migrante que pasaba fuese pagando?

También tenemos a todos los que empezaron diciendo que Marruecos estaba colaborando con sus embarcaciones en el mar, pero no se daban cuenta de que todo era una pantomima y de que nos la iban a meter doblada.

Las primeras sentencias sobre el hecho de que no se podía hacer una devolución en caliente a personas que entraran a nado desde Marruecos las dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta.

Esa sentencia fue recurrida por la Abogacía del Estado. Después vino la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que decía lo mismo. La Abogacía del Estado volvió a recurrir. Y, en julio de ese mismo año, el Tribunal Supremo volvió a decir lo mismo.

¿Cuántos años ha tenido Sánchez y compañía para poner una contención en el mar como la que han empezado a poner hoy? ¿Por qué ha tenido que esperar a que pasara la desgracia que ha pasado? ¿Qué políticos tenemos? ¿En qué están pensando?

¿Cuál es el motivo por el que Sánchez dice que Marruecos ha colaborado? ¿En qué ha colaborado? ¿En desestabilizar completamente a Ceuta?

Otra cosa, ¿Juan Vivas para qué quiere tanto protagonismo? Mejor sería que echara todas sus fuerzas en atender las competencias que son del Ayuntamiento. Han entrado muchos menores y hay que atenderlos. Estamos obligados por ley y también hay que hacerlo por humanidad.

Si tenemos a la mejor Policía de Europa, como es la Policía Nacional, ¿qué ha hecho el ministro del Interior, Marlaska, para que, en las primeras horas, cuando se veía venir la crisis, no mandara los refuerzos necesarios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Guardia Civil? ¿A qué estaba esperando?

¿Quién le va a sacar partido a todo esto? ¿No será la ultraderecha, que tanto vende el tema de la mala gestión de la inmigración?

¿Nadie ha pensado que, lo mismo, el rey de Marruecos, que tan bien se lleva ahora con Israel y con el impresentable presidente de Estados Unidos, quiere desestabilizar aún más la política española para que suba la ultraderecha y terminar de cargarse a Pedro Sánchez, al que no quieren ni Marruecos, ni Israel ni el presidente de Estados Unidos?

Entre el brillo de los majestuosos estadios que se construyen para albergar la Copa del Mundo y el clamor de los grandes eventos que promocionan al país internacionalmente, la realidad social vive una flagrante paradoja. Detrás de las deslumbrantes fachadas del desarrollo y el marketing mediático, se impone con fuerza una realidad muy distinta; una realidad que revela una profunda brecha entre dos mundos paralelos que coexisten en la misma tierra: un mundo que disfruta en el exclusivo y moderno «Morocco», y otro que lucha a diario por sobrevivir en el «Marruecos» profundo y olvidado.

Este año, en las mismas fechas en que el país solía lanzar la operación «Marhaba» (Bienvenido) para recibir a la diáspora marroquí durante el verano, coincidiendo con las celebraciones de la Fiesta del Trono, las costas fueron escenario de un giro dramático que refleja la magnitud de la crisis interna. La migración ya no es una mera ambición elitista o un deseo ordinario de mejorar los ingresos, sino que se ha transformado en una huida masiva del infierno de la pobreza y el estancamiento económico. En lugar de esperar las embarcaciones de los que regresan, cientos de jóvenes y mujeres optaron por protagonizar una dolorosa escena a la inversa mediante una ola de éxodo hacia España, bautizada con amargura por la calle como la operación «Bslama» (Adiós); una declaración silenciosa de un viaje sin retorno.

El hecho de que el mar haya pasado de ser un espacio de encuentro turístico y familiar a convertirse en el último refugio para la supervivencia refleja la profundidad de la desesperanza estructural. Cuando enfrentarse a las pateras y a las oscuras olas del Mediterráneo se convierte en una opción preferible para los jóvenes frente a permanecer en su patria, la cuestión trasciende las descripciones económicas tradicionales para convertirse en un grito logístico de protesta. Arriesgar la vida en alta mar se ha vuelto, para muchos, una opción que alberga un leve rayo de esperanza, en comparación con quedarse en un entorno local que solo ofrece marginación, desempleo y falta de horizontes.

Esta paradoja resume la aguda división de clases que se reproduce diariamente. Por un lado, se inyectan presupuestos colosales para acondicionar infraestructuras deportivas y turísticas de gran envergadura destinadas a impresionar a organismos internacionales como la FIFA y asegurar una presencia global, algo de lo que se benefician los habitantes de ese «Morocco» corporativo y de grandes inversiones. Por el otro, la inmensa mayoría en el «Marruecos» real sufre el azote de la inflación, el deterioro de sectores vitales como la educación y la sanidad, y la falta de equidad en la distribución de la riqueza.

Invertir en hormigón, estadios y cosechar elogios internacionales no puede ocultar por mucho tiempo la realidad de las crisis de subsistencia. Las naciones no se construyen solo con fachadas de cemento y discursos festivos, sino con su capacidad para acoger a sus hijos y garantizarles condiciones de vida dignas. Hasta que las políticas de desarrollo comprendan que la dignidad humana precede al brillo de los edificios, las embarcaciones de la migración clandestina seguirán siendo el testimonio de que las luces de los estadios del Mundial no calientan los cuerpos desgastados por la pobreza y la precariedad.

Los hechos de Ceuta no pueden examinarse con las categorías ordinarias de la política migratoria. Presentarlos como una simple llegada irregular de extranjeros confundiría la naturaleza individual de quien atraviesa una frontera con la dimensión política y colectiva de una entrada masiva producida en pocas horas sobre un territorio reducido y esencial para la integridad territorial de España.

Cada persona debe recibir, naturalmente, el trato que imponen la legislación de extranjería y los compromisos internacionales asumidos por España; esa exigencia no impide, sin embargo, analizar y responder adecuadamente a una acción multitudinaria y territorialmente concentrada. Cuando miles de personas parten de las costas de un Estado vecino, atraviesan en pocas horas una frontera española y exterior de la Unión Europea y desbordan las capacidades de la ciudad receptora, no estamos ante la mera suma de decisiones individuales, sino ante una penetración masiva y no consentida en territorio nacional.

En sentido político, una situación así presenta rasgos propios de una invasión; reducirla a varios miles de infracciones administrativas sería imprudente. Las informaciones conocidas apuntan al uso de redes sociales, grupos de mensajería y estructuras informales para difundir instrucciones, horarios y puntos de acceso, y no parece razonable atribuir una movilización de esa envergadura a una coincidencia espontánea.

La identidad de los promotores habrá de determinarse mediante las investigaciones policiales y de inteligencia, pero la necesaria coordinación habida es un hecho que el Estado no puede despreciar. Conviene distinguir lo acreditado de lo que aún debe probarse. Las entradas se iniciaron desde territorio marroquí y evidenciaron, cuando menos, una actuación insuficiente o negligente de sus autoridades. Cuestión distinta es si esa insuficiencia o negligencia fue tolerancia deliberada o consecuencia de una intervención política dirigida a facilitar los hechos, o incluso a organizarlos, posibilidad que no debe descartarse.

El precedente de mayo de 2021 impide tratarla como simple especulación. Durante aquella crisis diplomática, Marruecos relajó deliberadamente el control fronterizo y permitió la entrada en Ceuta de miles de personas. Sabemos desde entonces que los flujos migratorios pueden instrumentalizarse como presión sobre España: la vigilancia de la frontera no depende de razones técnicas, sino de decisiones soberanas de Rabat. La llamada guerra híbrida consiste en el empleo combinado de instrumentos no militares —presión económica, desinformación, ciberataques o desplazamientos humanos— para desestabilizar a otro Estado sin declaración formal de guerra.

No toda utilización política de la inmigración constituye, sin embargo, una operación híbrida: la calificación exige finalidad estratégica, organización suficiente y voluntad de producir un efecto desestabilizador. Tampoco cabe descartarlo aquí: no es preciso afirmar que Marruecos dirigiera cada movimiento para admitir que la tolerancia consciente de una salida masiva cumple una función estratégica.

Cuando un Estado permite que su territorio sirva para desbordar la frontera de otro, la distancia entre la pasividad y la colaboración se vuelve extraordinariamente tenue. Caben, pues, dos lecturas próximas: una acción híbrida o una operación premeditada favorecida por la insuficiente vigilancia marroquí. Su efecto, perseguido o no, es el mismo: saturar Ceuta y trasladar a Europa la imagen de un país débil incapaz de proteger sus fronteras. No obstante, la preocupación principal debe centrarse, en la respuesta española.

Nada de esto era imprevisible: había antecedentes recientes, análisis de inteligencia y una vulnerabilidad geográfica conocida. Su magnitud plantea dudas sobre la alerta temprana, los refuerzos preventivos, la coordinación entre Interior, Defensa, Exteriores y la Ciudad Autónoma y los planes de contingencia disponibles.

La Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, impone los principios de unidad de acción, anticipación, prevención y coordinación, y su artículo 22 define la gestión de crisis como el conjunto de actuaciones dirigidas a detectar y valorar amenazas, facilitar la toma de decisiones y asegurar una respuesta coordinada de los recursos del Estado.

Lo sucedido en Ceuta afecta a un tiempo a la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, las relaciones exteriores, la política migratoria y una frontera exterior europea. Difícilmente cabe un supuesto más transversal, lo que sugiere la procedencia de declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional o, cuando menos, de activar los mecanismos de coordinación previstos en el ordenamiento.

Una reacción insuficiente traslada una imagen de debilidad y produce un efecto de llamada, no sólo sobre quienes desean emigrar, sino sobre quienes pretendan emplear los movimientos humanos como instrumento de presión.

El debate alcanza también a la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno y sometida al control del Tribunal Supremo. El Tribunal resolverá conforme al ordenamiento jurídico pero el Gobierno y el legislador están obligados a ponderar las consecuencias de sus decisiones: una política que haga percibir que la permanencia irregular desemboca con el tiempo en una regularización colectiva debilita el efecto disuasorio de la frontera.

La hospitalidad no exige ingenuidad, ni la protección de los derechos humanos obliga a renunciar al deber del Estado de defender su territorio. Ceuta ha mostrado que la inmigración irregular, cuando alcanza dimensión masiva, puede ser instrumentalizada por terceros, deja de ser una cuestión únicamente migratoria o social para convertirse en una amenaza para la seguridad nacional y para la integridad territorial de España y esto son palabras mayores

Hay momentos en la historia de una ciudad que solo se comprenden con el paso del tiempo. En mi opinión, 1994 fue uno de ellos. Mientras muchos celebraban la aprobación del Estatuto de Autonomía de Ceuta, algunos advertimos que aquello no era la solución, sino el origen de un problema que décadas después continúa condicionando nuestro presente.

Nuestra postura fue ridiculizada. Se nos acusó de exagerar, de crear conflictos donde no los había o de perseguir un imposible. Treinta años después, sigo convencido de que el tiempo nos ha dado argumentos para mantener aquella posición.

Ceuta no se convirtió en una Comunidad Autónoma. Se creó una figura singular: la Ciudad Autónoma. Una categoría que no aparece expresamente recogida en el modelo territorial diseñado por la Constitución de 1978 y cuya naturaleza jurídica ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal Constitucional en distintas resoluciones. El propio tribunal ha señalado que Ceuta y Melilla no constituyen Comunidades Autónomas en el sentido del Título VIII de la Constitución, sino entidades con un régimen específico derivado de sus Estatutos, ayuntamientos con más competencias.

La diferencia no es únicamente terminológica. Tiene consecuencias políticas, jurídicas e institucionales.

Durante décadas defendimos que Ceuta debía acceder a la condición de Comunidad Autónoma mediante la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución. Nunca fue una reivindicación basada en obtener inmediatamente todas las competencias que poseen otras autonomías. De hecho, la experiencia demuestra que comunidades como Andalucía, Canarias o la Comunidad Valenciana tardaron muchos años en asumir plenamente competencias tan relevantes como la Educación o la Sanidad.

El verdadero objetivo era otro: situar definitivamente a Ceuta dentro del modelo constitucional español con todas las garantías que ello implica. Evitar el rumor que existe desde 1994, de que Marruecos no se quejaba del Estatuto porque este nos dejaba  fuera del marco constitucional y porque cuarenta años después podría hablarse de una cosoberanía y posteriormente una entrega a Marruecos. Esto hace no mucho ya lo han dicho algunos expertos en inteligencia militar.

Ser Comunidad Autónoma significa formar parte plenamente de la organización territorial del Estado. Significa participar con voz propia en los órganos multilaterales donde se debaten políticas que afectan al conjunto del país. Significa dejar de acudir como excepción o como invitado a determinados foros nacionales y  ser miembro de otros europeos como el Comité de las Regiones. Significa reforzar la seguridad jurídica de nuestro encaje institucional.

Y significa, sobre todo, algo que considero esencial: que Ceuta quede integrada sin ambigüedades en un Estado cuya organización territorial se articula mediante municipios integrados en provincias y provincias integradas en Comunidades Autónomas.

A esta reivindicación deben añadirse otras dos que resultan estratégicas para el futuro económico y político de la ciudad.

La primera es la integración de Ceuta en la Unión Aduanera de la Unión Europea.

Pertenecer a la Unión Aduanera supondría eliminar barreras comerciales con el resto del mercado europeo, facilitar la circulación de mercancías, reducir costes para las empresas, incrementar la seguridad jurídica para los inversores y favorecer la implantación de nuevas actividades económicas. También permitiría una mayor integración en las cadenas logísticas europeas y mejoraría la competitividad de nuestro tejido empresarial. Volver a retomar las Reglas de Origen que abandonamos e iba a ser el futuro modelo económico de Ceuta.

La segunda es el establecimiento de una verdadera frontera Schengen en el Tarajal.

Una frontera plenamente integrada en el sistema Schengen permitiría reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea mediante procedimientos homogéneos con el resto del espacio europeo, aportando mayor seguridad, previsibilidad y estabilidad. También contribuiría a clarificar el régimen de entrada y salida de personas conforme a la normativa comunitaria.

Estas medidas no resolverían por sí solas todos los problemas de Ceuta. Pero sí representarían un cambio estructural que reforzaría nuestra posición institucional, económica y estratégica.

Y por último la solicitud institucional de una visita oficial del Rey a Ceuta, en 2021 dijo que visitaría toda España para dar las gracias por el comportamiento en el COVID, dejó fuera a Ceuta y Melilla. Ahora debe venir si o si.

Los acontecimientos vividos en mayo de 2021, con la entrada masiva e irregular de miles de personas en apenas unas horas, pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de la ciudad ante episodios de presión migratoria y diplomática. Desde entonces se han producido otros momentos de tensión en la frontera. En mi opinión, aquellos hechos deberían servir como una llamada de atención para fortalecer el marco institucional de Ceuta.

Por eso considero que ha llegado el momento de que todos los partidos con representación en la Asamblea de Ceuta sean capaces de alcanzar un gran acuerdo de ciudad.

No se trata de una cuestión ideológica. Se trata de una cuestión de Estado.

Si realmente creen en el futuro de Ceuta dentro de España y de la Unión Europea, deberían aprobar una posición común y exigir a sus respectivas direcciones nacionales que impulsen cuatro objetivos irrenunciables:

• La conversión de Ceuta en Comunidad Autónoma conforme a la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución.
• La integración de Ceuta en la Unión Aduanera de la Unión Europea.
• El establecimiento de una frontera Schengen plenamente adaptada a la normativa europea en el paso del Tarajal.
• Visita oficial del Rey a Ceuta

Estos cuatro puntos deberían ser aprobados por el pleno de la Asamblea urgentemente.

Añadiría una más pero realmente esas son las importantes, cambio de la política exterior con respecto a Marruecos, no pueden seguir chantajeando como hacen gobierno quien gobierne. O cambia de actitud o aranceles a los productos de Marruecos que pasen por España (pasan todos, camino de la UE).

Puede que aún estemos a tiempo. Pero el margen se reduce con cada año que pasa.

Quienes defendimos estas propuestas hace treinta años no lo hacíamos por interés político ni por nostalgia constitucional. Lo hacíamos porque entendíamos que el futuro de Ceuta dependía de construir un marco institucional sólido antes de que aparecieran situaciones que lo pusieran a prueba. Porque entendíamos que en determinados asuntos hay que anteponer la condición de ceutí a cualquier ideología y a cualquier sigla. Estas medidas si pueden garantizar la españolidad de Ceuta, frente a los que piensan que se garantiza sólo diciendo ¡Viva España! o insultando a los que son de una ideología distinta. Los que hemos defendido durante décadas estas medidas, defendemos más la españolidad de Ceuta que los que no las han querido, porque ninguna de ellas depende de nosotros, el reivindicarlas el pedirlas, si.

Hoy sigo pensando lo mismo. Y me preocupa que los episodios vividos en los últimos años hayan sido interpretados como hechos aislados cuando, desde mi punto de vista, podrían ser señales de una realidad mucho más compleja. Dos ensayos generales de una marcha verde que vendrá la próxima década.

La historia ofrece pocas oportunidades para corregir decisiones estratégicas. Sería un grave error dejar pasar otra.  No hay decisión política más peligrosa que aquella cuyos efectos solo se descubren treinta años después, ya es hora de rectificar.

Por último, hay algo que creo que se debe señalar y debe de dejar de ser debate de opinión, los ceutíes somos españoles (como diría Vivas: se llamen como se llamen o recen a quien recen), las dudas que siempre han tenido muchos ceutíes sobre nuestros paisanos de religión musulmana, espero que la dejen de tener, son los que han salido a las calles en nuestros barrios a defender nuestra ciudad y la convivencia, ante una invasión orquestada por Marruecos.