¿Hasta dónde debemos obedecer las leyes?

La vieja pregunta que acompaña al ser humano desde Antígona hasta el Estado constitucional.

Hay preguntas que sobreviven a los siglos porque ninguna generación consigue responderlas definitivamente. Una de ellas es ésta: ¿está el ser humano obligado a obedecer siempre las leyes dictadas por la autoridad de su país?

La pregunta puede parecer peligrosa. Y, ciertamente, lo es. Porque una sociedad en la que cada ciudadano decide individualmente qué leyes cumple y cuáles no puede acabar convertida en un territorio sin reglas. Pero existe una pregunta todavía más incómoda: ¿qué ocurre cuando quien dicta las leyes utiliza su poder contra la justicia, contra la dignidad humana o contra los derechos fundamentales?

Entre la obediencia ciega y la rebelión permanente existe un territorio mucho más complejo: el de la conciencia, la legitimidad, la desobediencia civil y, en situaciones extremas, el derecho de resistencia.

La historia de la humanidad está llena de ejemplos.

Antígona y la ley que no basta con ser ley

Hace casi 2.500 años, Sófocles planteó en Antígona un conflicto que continúa teniendo plena vigencia.

Creonte, rey de Tebas, dicta una prohibición: Polinices no puede recibir sepultura. Antígona decide incumplirla. No porque desconozca la autoridad del rey, sino porque considera que existe una obligación superior que ningún gobernante puede eliminar.

Aparece así, por primera vez con extraordinaria claridad, una distinción fundamental: una cosa es que una autoridad tenga capacidad para dictar una norma y otra que esa norma sea necesariamente justa.

«Entre Antígona y Sócrates se encuentra una de las grandes tensiones de la civilización occidental: ¿debemos obedecer la ley porque es ley o porque es justa?»

Siglos después, Platón plantearía el problema desde la perspectiva contraria en el Critón. Sócrates, condenado injustamente, tiene la posibilidad de escapar. Sin embargo, decide permanecer y aceptar la sentencia porque considera que la destrucción del respeto por las leyes puede ser más perjudicial para la comunidad que la injusticia sufrida individualmente.

Entre Antígona y Sócrates se encuentra una de las grandes tensiones de la civilización occidental: ¿debemos obedecer la ley porque es ley o porque es justa?

Cuando la ley se enfrenta a la conciencia

La filosofía medieval tampoco permaneció ajena al problema.

Santo Tomás de Aquino desarrolló la idea de la ley injusta: una norma que se aparta gravemente de la razón y del bien común puede dejar de obligar moralmente en determinadas circunstancias.

Pero introdujo también una prudencia esencial. No toda ley imperfecta justifica la desobediencia. La sociedad necesita estabilidad y la infracción sistemática de las normas puede producir males todavía mayores.

La cuestión, por tanto, nunca ha sido tan sencilla como afirmar que cada ciudadano puede convertirse en juez absoluto de las leyes.

El problema verdadero es otro: ¿cuándo alcanza la injusticia una intensidad suficiente como para que la obediencia deje de ser un deber?

Locke y el derecho de resistencia

Con el pensamiento liberal de la Edad Moderna, la cuestión adquiere una dimensión política.

John Locke defendió que los seres humanos poseen derechos que no nacen del Estado. El poder político recibe su legitimidad precisamente porque tiene como finalidad proteger esos derechos.

Si el gobierno rompe gravemente esa confianza y utiliza el poder para destruir aquello que debía proteger, aparece el denominado derecho de resistencia.

Esta idea tuvo una influencia extraordinaria en el nacimiento del constitucionalismo moderno y en acontecimientos como la Revolución Americana.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 llevó la cuestión hasta sus últimas consecuencias: si un gobierno deja de proteger los derechos para convertirse en su destructor, los gobernados pueden plantearse la transformación del propio poder político.

Pero hay que hacer una precisión esencial: resistir una norma injusta no es lo mismo que destruir un régimen político; y ninguna de estas cosas equivale automáticamente a un derecho jurídico ilimitado a utilizar la fuerza.

Thoreau y la desobediencia civil

En el siglo XIX aparece una figura decisiva: Henry David Thoreau.

Su concepto de desobediencia civil introduce una nueva dimensión. El ciudadano no tiene por qué colaborar con aquello que considera profundamente injusto.

Pero la desobediencia civil clásica no consiste simplemente en incumplir las normas que no nos gustan.

Es, por regla general, consciente, pública y orientada a denunciar una injusticia. Y, especialmente, pretende ser pacífica.

Posteriormente, Gandhi y Martin Luther King convertirían esta idea en una extraordinaria herramienta de transformación política.

El mensaje era poderoso: un ciudadano puede desafiar una norma injusta sin negar necesariamente la existencia del Estado de Derecho.

De hecho, el desobediente civil puede aceptar la sanción precisamente para poner de manifiesto la contradicción que denuncia.

El siglo XX y la terrible experiencia de la obediencia

La cuestión adquirió una dimensión dramática durante el siglo XX.

El nazismo demostró que una atrocidad puede llegar a ser revestida de formas jurídicas. Que un régimen controle el aparato legislativo no convierte automáticamente todas sus decisiones en moralmente legítimas.

Los crímenes cometidos bajo regímenes totalitarios obligaron al Derecho internacional a enfrentarse con una cuestión estremecedora: ¿puede una persona justificar cualquier conducta diciendo simplemente que obedecía las leyes de su Estado?

La respuesta comenzó a ser claramente negativa.

Después de la Segunda Guerra Mundial se consolidó progresivamente la idea de que existen determinados principios fundamentales —la dignidad humana, la prohibición del genocidio, los crímenes contra la humanidad, entre otros— que no pueden quedar anulados por la legislación interna de un Estado.

La experiencia histórica enseñó una lección que hoy debería resultar evidente: legalidad y legitimidad no son necesariamente conceptos idénticos.

El Estado constitucional cambia el problema

Hoy vivimos, al menos en los Estados democráticos constitucionales, en una realidad jurídica diferente.

El ciudadano no está sometido únicamente a la voluntad de quien gobierna. El poder también está sometido a la Constitución, a los derechos fundamentales, a los tribunales y a los tratados internacionales.

Por eso, ante una norma que consideramos injusta, la primera pregunta no debería ser:

«¿Puedo desobedecerla?» Debería ser: «¿Qué instrumentos jurídicos tengo para combatirla?»

Recursos administrativos, procedimientos judiciales, control de constitucionalidad, protección de derechos fundamentales, objeción de conciencia cuando esté reconocida por el ordenamiento y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos son algunas de las vías que el propio Estado de Derecho pone a disposición del ciudadano.

Y esto es fundamental.

Porque la existencia de una ley que consideramos injusta no convierte automáticamente en lícito incumplirla.

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La democracia tampoco significa que todo lo aprobado por una mayoría sea justo

Existe aquí otra cuestión que merece reflexión.

A veces se identifica democracia con la simple regla de la mayoría.

Pero el constitucionalismo contemporáneo nos enseña que la democracia es algo más. Una democracia constitucional no es únicamente: mayoría + votación.

Es también:

Constitución + derechos fundamentales + separación de poderes + Estado de Derecho + control judicial + límites al poder.

Una mayoría parlamentaria no puede convertirse, por el simple hecho de ser mayoría, en dueña absoluta de la libertad y de la dignidad de las personas.

Precisamente por eso existen las Constituciones.

La democracia no consiste solamente en decidir quién manda.

Consiste también en establecer aquello que ni siquiera quien manda puede hacer.

¿Y cuándo puede dejar de existir el deber de obedecer?

Aquí entramos en el terreno más delicado.

No existe, en términos generales, un derecho de cada ciudadano a incumplir cualquier ley que considere injusta. Si así fuera, el sistema jurídico desaparecería.

Pero tampoco puede sostenerse seriamente que la obediencia sea absoluta en cualquier circunstancia.

Existen situaciones reconocidas por los ordenamientos jurídicos en las que una persona puede legítimamente negarse a realizar determinadas conductas: la objeción de conciencia en los casos previstos legalmente, determinadas causas de justificación, el rechazo de órdenes manifiestamente ilícitas en los ámbitos donde así proceda y los mecanismos de defensa frente a actuaciones arbitrarias del poder.

Y existe además la desobediencia civil como fenómeno moral y político. Pero incluso aquí debemos ser rigurosos.

Que una conducta sea moralmente justificable no significa necesariamente que sea jurídicamente lícita.

Una persona puede considerar que tiene un deber moral de desobedecer y, sin embargo, asumir que jurídicamente podrá ser sancionada.

Ésta es precisamente la grandeza —y también la tragedia— de la desobediencia civil.

Entre la obediencia ciega y la anarquía

Probablemente el error consista en buscar una respuesta absoluta.

Decir que hay que obedecer siempre conduce a una conclusión peligrosa: si la autoridad pudiera convertir cualquier injusticia en ley, bastaría con promulgarla para exigir obediencia.

Pero afirmar que cada individuo puede decidir libremente qué normas considera legítimas conduciría al extremo contrario: la desaparición de la seguridad jurídica.

Entre ambos extremos existe el Estado constitucional.

Un Estado en el que el ciudadano tiene el deber general de cumplir las leyes, pero en el que el poder también tiene límites.

Un Estado en el que la ley merece respeto, pero no porque el poder sea infalible.

Un Estado en el que los ciudadanos disponen de instrumentos para combatir las decisiones injustas.

Y un Estado en el que, en circunstancias extraordinarias, la historia demuestra que la conciencia humana puede enfrentarse a la legalidad.

Una pregunta especialmente importante para nuestro tiempo

Quizá la cuestión más importante no sea preguntarnos únicamente si tenemos derecho a desobedecer.

Quizá debamos preguntarnos algo anterior: ¿quién controla a quienes hacen las leyes?

Porque si el poder puede legislar sin límites, la ley puede convertirse en instrumento de dominación.

Si, por el contrario, la ley está sometida a la Constitución, a los derechos fundamentales, a los tribunales y a los principios superiores del ordenamiento, la posibilidad de que una injusticia pueda ser corregida sin destruir el sistema aumenta considerablemente.

La civilización jurídica ha tardado miles de años en llegar hasta aquí.

Desde Antígona hasta el constitucionalismo contemporáneo, la humanidad ha aprendido que el poder necesita límites y que la libertad necesita reglas.

La verdadera cuestión no es, por tanto, si debemos vivir sometidos a las leyes o vivir sin ellas.

La cuestión es mucho más profunda: ¿cómo conseguir que las leyes sean dignas de ser obedecidas?

Porque una sociedad libre no debería aspirar a tener ciudadanos que obedezcan ciegamente.

Debería aspirar a tener ciudadanos que comprendan las leyes, las respeten cuando son legítimas, las impugnen cuando sean injustas y defiendan el Estado de Derecho precisamente cuando el poder pretenda situarse por encima de él.

Y quizá ésta sea una paradoja de importancia actual: «El que el ciudadano necesita al Estado para que sus derechos sean protegidos; pero el Estado, en una sociedad verdaderamente libre, necesita también ciudadanos capaces de recordarle que esos derechos no son una concesión del poder, sino precisamente uno de los límites que el poder debe respetar».

Bloques de solidaridad

Cuando las aguas de la gran presa de Asuán amenazaron con sepultar de forma irreversible los templos de Ramsés II en Abu Simbel, el mundo no miró hacia otro lado. Entre 1964 y 1968, decenas de países unieron sus ingenieros, tecnologías y presupuestos para cortar los templos en bloques gigantes, elevarlos y salvarlos del olvido. No era solo piedra; era la memoria colectiva de la humanidad que no podía quedar sumergida.

En esta ocasión también participó Marruecos con Egipto; en ese grandioso acontecimiento. Ahora no sé entiende que pueda querer hacer tanto daño a su país vecino.

Fue la primera gran campaña de solidaridad internacional para salvar el patrimonio cultural de la humanidad; donde colaboraron 50 países.

«El respaldo a Ceuta es una hazaña diaria de la fraternidad territorial y templanza»

En reconocimiento por este apoyo, el gobierno egipcio donó el Templo de Debod, situado en Madrid; a España en 1968.

Ese mismo espíritu de rescate, coordinación y firmeza es el que se activa en España cuando la mirada se posa sobre Ceuta. Al igual que el monumento egipcio requirió el esfuerzo de múltiples naciones lejanas, Ceuta encuentra su sustento y su fuerza en el compromiso de todas y cada una de las provincias españolas. La distancia geográfica entre los territorios peninsulares y la ciudad autónoma se disuelve mediante la solidaridad institucional y civil. Cuando Ceuta se enfrenta a momentos de crisis migratorias, desafíos logísticos o aislamiento económico, la respuesta del resto de provincias actúa como el equipo de ingenieros de la UNESCO en los años sesenta.

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Cada comunidad autónoma y cada diputación provincial aporta su propio “bloque” al engranaje de apoyo.

Salvar Abu Simbel demostró que ningún monumento histórico está solo si la voluntad global decide protegerlo. De la misma manera, el apoyo nacional demuestra que Ceuta, o Melilla, no son un islote aislado en el norte de África, sino un pilar fundamental sostenido por el peso y el afecto de todo un país.

«Ceuta no está sola en la frontera. Ceuta está en el centro del compromiso de toda España»

El traslado en Egipto fue una hazaña de la ingeniería; el respaldo a Ceuta es una hazaña diaria de la fraternidad territorial y templanza.

Ceuta no está sola en la frontera. Ceuta está en el centro del compromiso de toda España. Sigamos adelante con la misma determinación con la que se reconstruyeron aquellos templos piedra a piedra: unidos, firmes, sin perder la calma y conscientes de que nuestra mayor riqueza es y siempre será, el auxilio mutuo.

Ceuta no se vende. Ceuta se defiende.

Muchas gracias a tod@s.

Un verano atípico que los ceutíes tardarán en olvidar

Este verano de 2026 no será olvidado en mucho tiempo por los ceutíes debido a la invasión por parte de miles de marroquíes y subsaharianos los pasados 30 y 31 de julio.

Y no olvidarán este verano y lo que nos quedará durante meses e incluso me atrevo a decir que limpiar de migrantes la ciudad podría superar el año.

En primer lugar la decisión acertada por el presidente Vivas y su equipo de Gobierno de suspender las fiestas patronales. Fue un acierto porque con miles de migrantes deambulando por el recinto ferial mezclados con la población ceutí hubiese sido un caos y un esfuerzo incontrolable para los cuerpos de seguridad.

Como mal menor tuvimos la suerte de poder ver a nuestra patrona, la Virgen de África, en la calle sin ningún tipo de problemas al igual que la tradicional ofrenda de flores.

Pero no solo nos han quitado la feria si no que también nos está mermando nuestra presencia en las playas. Muchas veces por seguridad, otras por insalubridad y otras porque los comentarios sobre enfermedades que pueden contraer como la sarna, tuberculosis o algunas enfermedades desconocidas.

Playas como el Trampolín, Benítez o Calamocarro están siendo ocupadas por asentamientos de migrantes lo que imposibilita la presencia de ceutíes, aunque algunos valientes siguen acudiendo a sus lugares de baño habituales.

También hay migrantes en Fuente Caballos, en los acantilados del Recinto o en la playa de San Amaro. Solo se libran de asentamientos la Ribera y el Chorrillo pero en estas playas también suelen acudir a pasar el día los invasores.

Menos mal que tenemos nuestro Parque Marítimo del Mediterráneo donde no hay presencia de migrantes y donde hay semanas completas de plazas y es difícil conseguir una entrada.

Tampoco podemos ver los parques urbanos e infantiles con nuestros niños porque sus padres no los llevan por miedo a que les pueda ocurrir algo.

Por todo ésto el verano de 2026 no se olvidará en mucho tiempo, lo mismo que no olvidaremos los gestos, concentraciones y manifestaciones pacíficas que los ceutíes estamos realizando casi a diario.

Recordar que el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, se celebrarán concentraciones multitudinarias en casi todas las capitales del país y en un sinfín de ciudades y pueblos de toda la geografía española.

Y ahora viene otro problema como es la vuelta al cole donde los padres y madres piden seguridad máxima para sus hijos en entradas, salidas e incluso en el centro escolar. Veremos a ver cómo se salda el tema de los colegios, si es que se inicia el curso escolar.

Tomarte la justicia por tu mano rompe la convivencia

Lamentablemente, algunos ceutíes han decidido tomarse la justicia por su mano, lo que no es otra cosa que actuar al margen de la ley. Estos hechos tendrán que ser investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Puede que lo que digo no guste, pero es el sistema de gobierno que votamos todos los españoles. Se llama Estado de Derecho. Nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos, españoles o extranjeros que pisen nuestra tierra, están sometidos y protegidos por nuestras leyes. Esto no es una opinión personal: es un mandato constitucional y no cabe interpretación alguna.

Tomarse la justicia por su mano es ir a quemar los campamentos de los inmigrantes que asaltaron nuestra frontera. Tomarse la justicia por su mano es romperle la nariz a un ceutí y emplear la violencia contra su mujer e hijo. Tomarse la justicia por su mano es agredir por equivocación a un marroquí con residencia legal en España. Tomarse la justicia por su mano es prohibir el paso a un vehículo de Cruz Roja. Tomarse la justicia por su mano es insultar a los trabajadores de las ONG. Tomarse la justicia por su mano es lanzar aguarrás a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente. Tomarse la justicia por su mano es impedir hacer su trabajo a los periodistas.

Todos estos hechos pueden ser constitutivos de ilícitos penales o administrativos. Son presuntos delitos que han cometido ciertos ciudadanos, deteriorando aún más la seguridad en nuestra tierra y poniendo en riesgo la convivencia entre todos los ceutíes. Son personas que “intentan” resolver un problema creando uno mayor de convivencia, dañando así la imagen de nuestra ciudad. Esto que digo tampoco es una apreciación personal.

No es una apreciación personal porque Abdellah Mustafa, presidente de la barriada Sidi Embarek, ha pedido públicamente que se detengan los insultos y ataques contra los musulmanes ceutíes, asegurando que no lo van a consentir. Son hechos que le han trasladado los propios vecinos de nuestra ciudad.

Lo que vengo relatando ha provocado que la totalidad de los representantes de nuestra Asamblea hayan suscrito una declaración conjunta condenando con total rotundidad el uso de la violencia en las manifestaciones ciudadanas, advirtiendo que “se adoptarán las medidas sancionadoras que correspondan”.

Todos necesitamos y exigimos volver a la normalidad. Que se acaben los asaltos y que esto no vuelva a suceder, adoptando medidas como la impermeabilización efectiva de nuestra frontera, que se pongan en marcha leyes más eficaces para combatir los asaltos y que estos inmigrantes, muchos de ellos delincuentes, vuelvan a su país de origen, pero siempre respetando las leyes de un país —del nuestro— del que debemos sentirnos orgullosos, independientemente de nuestra ideología.

Patriotas

Ceuta siempre ha sido frontera. A veces frontera militar. A veces frontera humana. A veces frontera moral. Y demasiadas veces, frontera prisión. Durante más de tres siglos, Ceuta fue ciudad presidio. Desde el XVII hasta 1983, la ciudad funcionó como enclave militar y cárcel del Estado. El Penal del Hacho —activo entre 1870 y 1979— fue su emblema: piedra, aislamiento, disciplina. Una ciudad encerrada, vigilada, castigada.

Hoy, algunos parecen querer devolverla a esa condición. No con barrotes, sino con discursos. No con muros, sino con consignas. No con guardianes, sino con “patriotas”.

Samuel Johnson, el autor del primer diccionario inglés, dejó escrito en 1775 una frase que debería estar grabada en la puerta de cada parlamento: “El patriotismo es el último refugio de un canalla.” Y qué cantidad de canallas se refugian hoy detrás del patriotismo.

Los hemos visto estos días. Gritando, señalando, agitando banderas como si fueran armas, insultando a migrantes que solo buscan una vida mejor, y presumiendo de una patria que no conocen, que no aman y que no respetan. Mi amigo, que vive desde hace décadas en Ceuta, me escribió tras leer mi artículo anterior: “Ceuta está sentenciada. Solo espera que se señale la fecha de su ejecución.” Y añadió algo que me atravesó: “No me siento compatriota, ni siquiera congénere, de esos miserables que atacan a pobres desgraciados.” Lo suscribo palabra por palabra.

Porque lo que hemos visto esta semana no es patriotismo: es miedo, es odio, es ignorancia, es racismo. Y es, sobre todo, utilización política del sufrimiento ajeno.

La derecha y la extrema derecha españolísima del PP VOX han decidido convertir a Ceuta en un laboratorio de su estrategia nacional: negar al Gobierno el pan y la sal, rechazar los 25 millones de euros destinados a aliviar la emergencia, impedir soluciones mientras exigen mando único, y mentir a los ceutíes prometiendo que “no se quedará ninguno”, como si la frontera fuera una puerta giratoria y no la línea más desigual de Europa.

Mi amigo lo resumió con brutal claridad: “Ceuta es el campo de concentración que Europa necesita para que estas criaturas no se muevan libremente.” Y tiene razón. Si los trasladaran de Algeciras hacia arriba, sería imposible controlarlos. Se moverían por Europa sin restricciones. Y eso, en Bruselas, no están dispuestos a permitirlo.

Así que Ceuta carga sola con una multitud que no puede absorber, durante meses o años, hasta que se tramiten todos los expedientes de expulsión o de asilo. Con todas las garantías legales, sí. Pero sola. Mientras tanto, los “patriotas” convocan concentraciones. Patriotismo sin recursos. Patriotismo sin humanidad. Patriotismo sin responsabilidad. Patriotismo de pancarta y megáfono.

Valle Inclán lo habría entendido perfectamente. Ceuta está metida en el Callejón del Gato: la tragedia deformada en espejo cóncavo, la realidad convertida en caricatura, la política convertida en esperpento.

Y como en el poema de Cavafis, Esperando a los bárbaros, la ciudad aguarda a un enemigo que no existe, mientras los verdaderos bárbaros —los que atacan a los débiles— se pasean por nuestras calles envueltos en banderas.

Para parte de la oposición, Ceuta sin crisis no es una solución: es un problema. Porque sin la ambulancia no pueden hacer ruido. Sin la sirena no pueden hacer política. Sin la tragedia no pueden hacer campaña.

Ceuta no necesita patriotas de pancarta. Necesita ciudadanos. Necesita Estado. Necesita Europa. Necesita humanidad.

Y necesita, sobre todo, que quienes la miran desde lejos se acerquen lo suficiente como para oír la ambulancia en su tono real. Porque la tragedia, cuando se escucha de verdad, deja de ser esperpento. Y Ceuta, cuando se mira de frente, deja de ser ruido y vuelve a ser país.

No es ya lo que pasó, es el futuro de Ceuta

Se cumple un mes de ese día en el que todo cambió para Ceuta. La entrada masiva de miles de personas y la inacción de un Gobierno que estaba de vacaciones provocó una crisis sin medida. A fecha de hoy sabemos bien poco de lo que sucedió aquel 30 de julio. Sabemos poco de la causa de una entrada de miles y miles de personas, de por qué sucedió aquello, de cuántos entraron y de cuántos quedan.

Un asunto de esta envergadura se merecía una respuesta seria. No la hubo. Más bien se produjo un canto a la falta de transparencia. Ceuta no se merecía esto, ni antes ni ahora.

La normalidad no ha regresado desde un 30 de julio en el que esta ciudad recibió, de la noche a la mañana, la misma población que tiene en su censo.

En 24/48 horas se duplicó la cantidad de habitantes y Ceuta se transformó en una ciudad llena de extraños, de hombres, mujeres y niños, de gente buena y gente con intereses delictivos. Ceuta se vio sumida en una desatención sin medida, falta de respuestas, mareada por una clase política que no sabía qué mensaje vender.

Se nos sigue hoy en día mareando con una disparidad de versiones: por un lado, se apunta a la expulsión de todos los que llegaron cuando ni siquiera han sido identificados; por otro, se nos resalta que la acogida será lo primordial a sabiendas de la carestía de espacio en la ciudad.

Los ministros varían en sus manifestaciones, incluso se enfrentan. El pueblo caballa asiste a una disparidad de criterios, a unas versiones contradictorias cuando solo quiere ya no solo recuperar su vida sino saber que camina hacia un futuro estable.

Se habla mucho de lo que pasó, pero también se debe hablar del futuro. ¿Cuántos han entrado?, ¿80.000, 100.000? No importa ya siquiera su número, sino que nos garanticen que realmente esto no va a volver a suceder, que mañana esta tierra se levantara tranquila, que podrá pensar en un futuro de inversiones, que podrá arriesgarse en sus proyectos, que podrá desarrollar un proyecto de vida igual que cualquier otra ciudad de España.

No se pide nada extraño, se pide que Ceuta tenga los mismos riesgos y venturas que cualquier otra ciudad de España; que tenga los mismos miedos y las mismas esperanzas que el resto del país. Que se pueda vivir tranquilo en una tierra donde están nuestros antepasados y en donde crecerán nuestros hijos.

Es lo que quiere Ceuta, pero después de este 30 de julio, el Gobierno de la Nación ha sido incapaz de garantizarnos que todo puede seguir igual, que no habrá chantajes, que no habrá amenazas, que no se producirá una nueva invasión jugando con mujeres y niños.

El daño no se ha producido solo por la falta de defensa, de claridad y respuesta. El daño se ha producido en lo sentimental, en lo psicológico, en lo emocional. Un caballa nunca se rinde, corean en cada manifestación. Es cierto, nunca se rinde, pero de igual forma tiene que tener un Gobierno que no se ría de este pueblo español, luchador y unido que ha recibido el mayor mazazo de su historia. No se rinde, pero tampoco deben rendirse otros.

Otros cuatro marroquíes, a su país tras lesionar a tres guardias civiles en el Recinto

La lista sigue creciendo. Otros cuatro inmigrantes de nacionalidad marroquí han sido expulsados a Marruecos después de verse implicados en un nuevo episodio delictivo ocurrido en Ceuta.

Se suman así a la larga relación de inmigrantes que han sido expulsados desde la entrada masiva registrada a finales de julio y que, posteriormente, han sido relacionados con diferentes delitos. Los cuatro marroquíes reconocieron los hechos, fueron condenados a 2 años de prisión por un delito de atentado, sustituyéndolo por 5 años de expulsión.

En esta ocasión, los hechos se remontan al pasado miércoles, cuando los cuatro acusados se encontraban, alrededor de las 20.30 horas, en las inmediaciones de la antigua cárcel de mujeres, en la calle Escuelas Prácticas. Allí permanecían junto a un numeroso grupo de inmigrantes que, según consta en las actuaciones, portaban armas y objetos punzantes y estaban ocasionando molestias a los vecinos del barrio.

La situación terminó provocando la intervención de la Guardia Civil. Los agentes, debidamente uniformados, se desplazaron hasta el lugar y requirieron a los presentes para que cesaran en su actitud y procedieran a identificarse.

Fue entonces cuando comenzó el episodio que acabaría con la detención de los cuatro implicados.

Huida tras la llegada de los agentes

Los cuatro acusados, que según las actuaciones se habrían puesto previamente de acuerdo tanto en la acción como en el resultado, desoyeron reiteradamente las órdenes de los agentes y emprendieron la huida. Los funcionarios tuvieron que iniciar una persecución policial para tratar de interceptarlos.

Durante la persecución, los cuatro habrían ofrecido una resistencia activa, llegando a acometer contra los agentes y a utilizar violencia y fuerza contra los funcionarios.

Ante esta situación, los efectivos de la Guardia Civil tuvieron que emplear, según consta en las actuaciones, la fuerza mínima indispensable para conseguir reducirlos y proceder a su detención.

El enfrentamiento tuvo además consecuencias para los agentes que participaron en la intervención. Tres guardias civiles resultaron lesionados durante la actuación, aunque las lesiones descritas en los correspondientes informes médicos no dejaron secuelas y los funcionarios recibieron asistencia facultativa.

Tres agentes heridos

Uno de los agentes sufrió una omalgia derecha postraumática, que precisó una primera asistencia facultativa y cinco días para su curación, uno de ellos de carácter impeditivo. El informe médico establece que la lesión no dejó secuelas.

Otro de los funcionarios presentó igualmente una omalgia derecha postraumática, con un periodo de curación de cinco días, uno de ellos impeditivo, además de la correspondiente primera asistencia facultativa. Tampoco en este caso se apreciaron secuelas.

El tercer agente lesionado sufrió una gonalgia postraumática derecha. La lesión requirió igualmente primera asistencia facultativa y cinco días para su curación, uno de ellos impeditivo, sin que quedaran secuelas.

Un nuevo caso dentro de la cadena de expulsiones

La expulsión de estos cuatro ciudadanos marroquíes se incorpora a la sucesión de expulsiones que se han producido desde finales de julio, después de la entrada masiva y de los posteriores incidentes protagonizados por algunos de los inmigrantes llegados entonces.

Los nuevos expulsados habían quedado implicados en un episodio que comenzó con las quejas vecinales por la presencia de un numeroso grupo en las inmediaciones de la antigua cárcel de mujeres y terminó con una persecución y la detención de cuatro personas tras el enfrentamiento con los agentes.

De esta forma, el caso vuelve a poner el foco sobre la situación generada tras la entrada masiva de finales de julio y sobre las actuaciones posteriores contra aquellos inmigrantes que han sido relacionados con diferentes hechos delictivos.

La crónica de un chantaje: un mes de la crisis de Ceuta tras el plante de Marruecos

30 de julio. Ha pasado un mes desde aquella jornada del desastre para Ceuta. Un mes y demasiadas mentiras. Una detrás de otra, cada vez peor, como una gran bola de nieve que ha terminado estampada en un Gobierno de la Nación enfrentado, con ministros que recelan unos de otros, con un presidente a la cabeza que, intencionadamente o no, entendió que esta crisis era un sarpullido de verano.

No lo era entonces. Tampoco lo es un mes después. Ceuta se encuentra en el foco de toda España, también de Europa. Lo que se hace aquí se analiza al detalle, se estudia con lupa. Esta ciudad es ahora mismo una olla a presión, el escenario de un conflicto y el análisis de la reacción dada.

En pleno 2026, un país como Marruecos decidió que podía asestar un golpe encima de la mesa. Puede que no midiera sus fuerzas, quién sabe. La consecuencia del ataque fue desmedida: miles de personas cruzando un espigón hasta prácticamente superar la población de toda Ceuta y más de 140 muertos en el camino.

Sin duda, el mayor desastre entre fronteras; sin duda, la crisis más grave para Ceuta y el quebradero de cabeza para un Gobierno de la Nación que miró hacia otro lado y ahora busca enmendar las consecuencias de ese abandono. No supo calibrar la envergadura de lo que pasaba en Ceuta. Ahora, esa desatención le pasa factura.

Marruecos ha hecho lo que ha querido y, sin embargo, no ha recibido ni una sola crítica a nivel nacional e internacional. La gravedad de lo sucedido ha impacto de lleno en la sociedad ceutí, pero parece haberse diluido en el Estrecho. Es como si entraran en tu casa, la destrozaran y encima dieras las gracias por ello. Lo mismo.

Las entradas inusuales que no percibió España

El 30 de julio, las entradas de inmigrantes desde Castillejos vinieron a ratificar lo que llevaba días sucediendo. Desde al menos una semana antes se estaban registrando entradas inusuales, picos de presión cada vez más elevados.

Dice el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que por aquel entonces ya habían reforzado a la Guardia Civil al temerse lo peor. Mentira.

El Servicio Marítimo salía a navegar prácticamente con los mismos efectivos, sin embarcaciones adecuadas, con una recién incorporada, la S-42, que no hacía más que arrastrar fallos.

Y esto lo sabía el Gobierno, como lo sabía la Dirección General de la Guardia Civil, más empecinada en ordenar a los servicios de Información que supieran cómo se habían obtenido fotografías con todos los desperfectos de las embarcaciones que terminaron publicándose en El Faro, antes que cuidar a sus propios guardias civiles dándoles los medios adecuados para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.

Los agentes del Marítimo tenían que coger las gomas de los GEAS para poder salir a navegar y atender las presiones de inmigrantes en el mar. Eso es lo que estaba pasando en la frontera sur de Europa, no lo que cuenta Marlaska. Pasaba eso y algo más. Los guardias civiles veían que la Marina Real colaboraba rescatando a inmigrantes en el mar, pero también cómo los arenales estaban vacíos, no existía vigilancia.

El Gobierno culpa a las mafias, a las redes sociales, a la manipulación. Pero no cuenta lo que se apreciaba desde Ceuta: que las playas no tenían vigilancia, que cualquiera podía echarse al mar y que esa situación de vacío provocada por Marruecos se contaba rápidamente a través de los grupos.

Lo fácil en un conflicto de envergadura es contar una única versión de los hechos, una causa, una sola explicación. Pero este asunto tiene tantas aristas que dar con una explicación tan burda supone un insulto al ciudadano.

Lo que pudo ser como mayo de 2021, pero terminó peor

El 27 de julio, solo días antes de la invasión, la AEGC denunciaba dos asuntos claves y premonitorios: advertía que cientos de marroquíes del sur estaban llegando al norte con ánimo de cruzar, decía también que la presión era de tal calado que podíamos estar ante una repetición de la crisis de mayo.

Desgraciadamente fue peor. Muchísimo peor. Aquello quedó escrito negro sobre blanco. Las advertencias de una asociación que era capaz de entender que lo que se apreciaba no era un verano cualquiera quedaron escritas. El Gobierno seguía de vacaciones, a pesar de una sentencia que prometía riesgos y unas jornadas en las que la presión iba a más.

Días después la pura realidad daba la razón a AEGC. Los días 28 y 29, la presión en el mar aumentó. Las imágenes de la Marina Real de Marruecos en el Recinto cargando a cientos de inmigrantes apuntaban a que se estaba llegando a un límite. Tardaría solo 24 horas en registrarse, en estallar. ¿Cómo viendo esas escenas que ya de por sí eran históricas no hubo una reacción inmediata? Y no una reacción de enviar agentes, sino tirar de teléfono para abortar diplomáticamente lo que iba a venir.

“Fue una situación extraordinaria”, dice el ministro Grande-Marlaska. “Imprevisible”, añade. Unas valoraciones que cuestionan la efectividad de cualquier servicio de Información que se precie, de todo un CNI. No ha habido ningún cese por incompetencia, pero sí se han deslizado serias dudas.

Ellos avisaron, advirtieron de la situación. Solo era necesario prestar atención y conocer un poco a un vecino capaz de cualquier cosa. También de esto.

El Gobierno de España cesó a la única persona que dijo la verdad, a la responsable de Seguridad Nacional que ese mismo día 30 difundió la cifra de 49.000 entradas. Ha sido la víctima de este desaguisado, la cabeza cortada en una crisis que evidenció dos cosas: la torpeza de un Gobierno incapaz de decir cuántos entraron y por qué.

Pero también la debilidad de todo un país y de una Europa cuya frontera sur ha sido violentada de la peor de las formas, utilizando a hombres, mujeres, niños y bebés.

Bebés sobre flotadores, madres, jóvenes… Una marea que se fue de las manos

El caudal informativo, la crispación y el enfrentamiento político no pueden desviar la atención a las imágenes de ese momento.

Las de esos bebés sobre flotadores, madres con recién nacidos amarrados a su espalda, jóvenes y adolescentes que cruzaban como locos movidos por un mensaje falso de fronteras abiertas.

Marruecos volvió a utilizar a su sociedad civil como arma arrojadiza para asestar un duro golpe a España a costa de Ceuta. ¿Se le fue de las manos? Esa pregunta la tendría que responder un país vecino que, desde entonces, ha adoptado una postura de imposición, de reclamo de los menores que ellos mismos lanzaron al cruce de fronteras, de petición de sus muertos, aunque en la práctica ha impedido la repatriación de los cuerpos.

Marruecos ha permitido la mayor de las vergüenzas: que sus nacionales no puedan ser enterrados en su propia tierra, que las madres de esos hijos muertos en el Tarajal tengan que llorar, derramar sus lágrimas a este lado de la frontera.

Un país que ni siquiera se ha dignado a decir cuántos son los cadáveres que recogieron, si es que lo hicieron en su totalidad. Cuando los GEAS estaban sacando cuerpos sin vida de aguas del Tarajal, en Marruecos había cadáveres que nadie recogía, ellos los veían, pero estaban al otro lado del espigón.

Las oenegés suman más de 140 muertes. Es un capítulo sobre el que se evita hablar. Los guardias civiles vieron esas imágenes. Marruecos no movió ficha. Más bien al contrario, tras el desastre, siguió reclamando Ceuta y Melilla. El lenguaje bronco y el oportunismo de Marruecos han prevalecido en un momento crítico.

Por qué Marruecos no protegió ni a los suyos

Marruecos evita al igual que España hablar de responsabilidades, porque en su país las tiene, y muchas.

España solo ha tenido buenas palabras para quien decidió planificar sobre un tablero de ajedrez una de las jugadas maestras y a la vez trágicas: una invasión que llamó la atención de todos, que ahora mismo es el foco de atención de muchos países. Lo que aquí se decida, lo que aquí se haga, está medido al milímetro.

España pone sobre la mesa el trabajo hecho por Marruecos para frenar la inmigración o la aceptación del 90% de sus nacionales en retornos voluntarios. Ni una sola línea sobre el origen de todo esto: por qué el reino de Mohamed VI permitió semejantes avalanchas, por qué no protegió ni a los suyos.

Un mes después del inicio de esta crisis, la conclusión que puede sacar el pueblo caballa de todo esto es preocupante.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no atendió siquiera la llamada del presidente Vivas 24 horas antes del estallido. Tampoco tuvo en cuenta la exposición de hechos que se estaba produciendo, ni se dignó a venir a su hora. Lo hizo un día después. Con ese paseo creyó haber sorteado la crisis, puede que Ceuta termine siendo la tumba del Sanchismo.

El presidente de la Ciudad se negó a comparecer a su lado, aunque en la inicial convocatoria de prensa venía que así debía ser. Existía un malestar evidente, el reflejo de que ese “querido presidente” ya no lo era tanto cuando no vio, o no quiso ver, que tenía delante la mayor crisis no para Ceuta, sino para toda España.

Porque este conflicto no hay que entenderlo en clave local, su envergadura es mucho mayor. Se ha producido la invasión no de una ciudad, sino de la frontera sur de Europa, violentada sin pudor, sin miedo y, peor aún, sin que nadie haya reaccionado ante este desagravio con una condena al más alto nivel.

Lo más que se atrevió a decir el presidente del Gobierno de todos los españoles es que se pondría la maquinaria a trabajar, que se había producido un ataque, pero no emitió ni un solo reproche hacia el país que literalmente no hizo nada por frenar las entradas de sus propios compatriotas.

Un mes de mentiras, retrasos, críticas y un pueblo enfrentado

Un mes después, el Gobierno de la Nación ha aceptado crear un mando único, buscar recursos de acogida, ha empezado a llamar a las cosas por su nombre, reconociendo que hay una crisis y que es grave. ¿Ha pedido perdón? Salvo el verso suelto que representa la ministra Margarita Robles, nadie más ha dado el paso firme de reconocer que con Ceuta no se han hecho las cosas bien.

La humildad se ha perdido en todos los discursos, se ha disfrazado incluso de altanería con ministras como la de Sanidad, Mónica García, o la de Inclusión, Elma Saiz.

En las calles, mientras, se repiten las manifestaciones de un pueblo, los insultos hacia los ministros, las denuncias por lo que está pasando.

Hasta un mes después no se ha montado la infraestructura para empezar a acelerar los expedientes de expulsión. Se estaban haciendo a cuentagotas, comenzando con los que había en espera de los inmigrantes que llegaron antes de la avalancha. Ahora hay interés en acelerarlo todo, pero la realidad es que los trámites siguen lentos, demasiado.

Un expediente de ese tipo tiene consecuencias posteriores como el inicio de un camino de recursos, lo que en la práctica supone que no se podrán ejecutar las devoluciones al tiempo que Ceuta necesita.

El Gobierno ha dejado pasar los días sin que los ceutíes vieran cambios, lo que indirectamente ha terminado haciendo mella en una sociedad pequeña expuesta a que las chispas terminen haciendo saltar todo por los aires.

Del fracaso al esperpento

La crisis del 30 de julio ha sido el mayor de los ejemplos del fracaso y el esperpento. No se hizo caso a la hilera de avisos, a las comunicaciones de lo que podía ocurrir, a las fechas probables, entre ellas la coincidente con la celebración de la Fiesta del Trono.

Se incurrió en un desastre en la previsión, pero también en la reacción. No se ha podido hacer peor.

Todo ha fallado. No solo la mala gestión, sino también las torpezas escenificadas en la permisividad para dejar que las playas, como la del Trampolín, se ocuparan dando forma a campamentos tercermundistas, o a que comisarías en pleno centro se transformaran en puntos de triaje improvisados.

Si el ciudadano ya estaba tocado, la incapacidad de organizar este desastre no ha hecho sino alimentar el pesar de una sociedad distinta, una sociedad que no es la de antes del 30J, una sociedad tocada.

Se han combinado todas las fatalidades posibles: la tardanza en la reacción, la imposibilidad de controlar a las miles de personas que siguen en las calles, montes y barriadas. A ello se suma el resurgir de ese miedo que siempre ha existido en la población y lo peor, las mentiras.

El Gobierno ha sido torpe, pero además ha mentido. Lo ha hecho cuando 48 horas después de la entrada masiva dijo que la crisis estaba superada. “Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez”. Palabra de Óscar Puente, el ministro gamberro de la clase. Hoy suenan a burla.

No estaba resuelta, solo había comenzado a asomarse. Marruecos ha dado un golpe maestro, ha dado un salto en sus episodios agresivos contra España que siempre salpican a Ceuta. Ha vuelto a utilizar a los suyos para arrojarlos a la frontera, cueste lo que cueste. 

Esa población civil fue utilizada. Cruzaban la frontera sin saber por qué ni a qué. Muchos optaban por volver al momento. ¿Qué clase de pirueta era esta?, ¿a qué venían si conforme entraban se marchaban en muchos casos?

Las consecuencias del mes más complicado para Ceuta

Las consecuencias de lo ocurrido son muchas y todas malas. Ceuta estaba luchando por hacerse un hueco en la captación de empresas, en las campañas turísticas, explotando el escaparate del fútbol. Vivía su momento más dulce como ciudad.

Durante este mes de agosto se ha parado todo. Fue una consecuencia directa de la acción de Marruecos, del socio fiable. Fue una consecuencia de la debilidad de un Gobierno de la Nación que sigue sin llamar a las cosas por su nombre, de una Europa que no ha reaccionado con una condena.

El escaparate que tenemos delante asusta, las soluciones también. Ante una frontera débil, España anuncia, de nuevo, reformas de espigones, medios, drones, cámaras…

Pero, ¿cómo podría parar un nuevo envío premeditado de miles de hombres, mujeres y niños?, ¿cómo afrontar una nueva Marcha Verde?, ¿hay medios para parar a una población fácilmente manipulable porque a lo que aspira es a abandonar un país en el que no hay futuro?

Hay claves que no se pueden pasar por alto, cómo líderes marroquíes han asomado la patita reivindicativa en un momento en el que Ceuta aspira a levantarse.

Ese día 30 corrió como la pólvora que las fronteras estaban abiertas y lo que hicieron los marroquíes fue abandonarlo todo. Taxistas que hacían sus carreras dejaron sus vehículos en la calle y se echaron a la ruta del espigón. Electricistas, carpinteros, dueños de comercios, jóvenes, hijas, madres, esposos… Cómo estarán en sus países cuando una simple llamada sirvió para dejarlo todo y cruzar con lo puesto. Esa es la población machacada por un rey a la que se le puede manipular con un simple mensaje trasladado de forma masiva, de voz a voz.

Marruecos puede mover todo eso. Lo hizo. En 2021 con más de 12.000 personas (nunca supimos el dato), en 2026 con 80.000 (tampoco sabremos el dato final).

¿Cómo reaccionan España y Europa ante esto? Ni un solo mensaje contundente contra quien usa a su pueblo para generar una convulsión política, para provocar una inestabilidad en un espacio que mueve mucho dinero y cuantiosos intereses.

Ante el ataque se ha respondido prácticamente con gratitud. Y entre uno y otro interés, demasiadas dudas, muchas incógnitas y una Ceuta herida de gravedad, directa a la UCI.

Las dudas un mes después

Mentiras, una crisis del PSOE a nivel local, un delegado del Gobierno señalado como el culpable de un conflicto que supera incluso el país y cuya cabeza se ha pedido en círculos socialistas.

La ciudad se presenta distinta, fantasma, con una sociedad que se mira con recelo, con miedos porque nada se sabe, porque no hay transparencia ni información.

Los ceutíes han salido a la calle con sus reclamos, sus exigencias, sus peticiones. Han movilizado el apoyo de otras ciudades de España que se manifestarán el próximo 2 de septiembre, han causado una reacción social, pero nada cambia. Si se atienden las reacciones públicas, las reclamaciones del Gobierno local apoyado por las distintas formaciones que constituyen la Asamblea, siempre son las mismas.

Se pide atención, implicación, soluciones, trámites rápidos para dar con todos los que entraron (no lo sabemos) y facilitar su devolución inmediata a Marruecos (para lo que hace falta una plantilla policial muy superior a la actual y garantías de que el país vecino aceptara a todos los expulsados y a los rechazados de asilo).

Se solicita la recuperación de las calles, de las barriadas, de la cierta tranquilidad desaparecida en una Ceuta en la que hasta el curso escolar se reiniciará con presencia del Ejército, normalizando lo que no lo es.

Cajeros cerrados por la tarde, familias recelosas con esa vuelta al colegio y mucho miedo por los elevados picos de delincuencia registrados. No son mensajes de asustaviejas, son realidades.

Juzgados desbordados, fuerzas de seguridad sin medios para tantas detenciones, cárceles llenas y obligadas a efectuar traslados de presos que ya han causado protestas en los centros peninsulares de por sí saturados. También denuncias tan graves como las relacionadas con las agresiones sexuales (ya 17) y menores cuya elevada presencia carga aún más la capacidad de asistencia y protección de la Ciudad Autónoma.

Un mes después de la entrada masiva las dudas son muchas. ¿Qué capacidad tendrá Ceuta para reaccionar ante este revés y permitir que su maquinaria siga trabajando sin problemas?, ¿cómo se podrá enmendar la imagen de inestabilidad ofrecida al exterior que se carga cualquier proyección turística y empresarial?, ¿cómo queda una sociedad que ha decidido echar raíces en Ceuta, vivir en ella, luchar por ella cuando ha recibido el mayor mazazo en lo emocional y en lo psicológico?

O, lo que todos se preguntan, ¿qué futuro tiene una Ceuta que no ha sido protegida por un Gobierno como debió hacerlo?, ¿una Ceuta que quedó parada, sin orden ni concierto mientras miles de personas la invadían?, ¿una Ceuta en la que hasta los mandos de Policía y Guardia Civil se peleaban en plena frontera sin un responsable superior que los controlara pusiera orden ante la mayor crisis vivida?, ¿qué se sabe y qué no de todo lo que sucedió, de las personas que entraron, de la capacidad de algunos por generar movimientos que causen inestabilidad en una ciudad española para beneficio de Marruecos?

Se nos queda una ciudad distinta, una ciudad convulsionada, débil, en la que intereses concretos pueden buscar remover aún más el río para dar con la ganancia de los pescadores, que dice el refrán.

El 30J es más que Ceuta. El 30J es la crónica de un chantaje en toda regla, de una partida de ajedrez jugada sin normas, sin control, sin cabeza y frente a un adversario cobarde.

El 30J es solo el inicio de un culebrón de hartazgo y debilidad. Es el grano en las posaderas para el que nadie estaba preparado. Es mucho más de lo que se ha contado, es mucho más que un grito, que una manifestación, que un gesto político.

Aquí se ha puesto en peligro la integridad territorial de un país que lejos de defenderse a los más altos niveles diplomáticos ha agachado la cabeza, ha agradecido que lo pisoteen y ha querido pasar esta página como una más de la historia. Pero no lo es. Se ha escrito la crónica de un chantaje tras el plante de Marruecos. Y se ha escrito la estocada directa a Pedro Sánchez.

Identifican a miembros de una ONG por el reparto de artefactos caseros entre los inmigrantes

Varios miembros de la ONG No name Kitchen han sido identificados, dentro de la investigación por el reparto a los inmigrantes que se encuentran en Ceuta de unos artefactos caseros que cuando son arrojados, provocan una deflagración y liberan gases. Se les habría entregado estos artefactos a los inmigrantes que siguen en nuestra ciudad tras llegar en la entrada masiva registrada a finales del mes de julio.

Compra de aguafuerte en supermercados

Estas identificaciones se producen tras la compra masiva en supermercados de aguafuerte y de papel aluminio, que se introducen dentro de botellas de plástico y producen gases, según indican a EFE fuentes próximas a la investigación.

Estos artefactos estaban siendo repartidos entre los inmigrantes y ayer hubo lanzamientos contra manifestantes en Ceuta, según han indicado a EFE las mismas fuentes.

Este pasado viernes cientos de ceutíes volvieron a salir de las calles para mostrar su malestar por la presencia de miles de inmigrantes que entraron a la ciudad autónoma el 30 de julio y pedir su devolución a Marruecos y que abandonen definitivamente el asentamiento de la playa del Trampolín, situado en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que sigue colapsado.

Siguen las manifestaciones en Ceuta

Tras varios días de protestas, este fin de semana en un principio se indicó que no habría movilizaciones en la ciudad autónoma, pero finalmente sí se ha producido una concentración este sábado por la tarde y podría haber otra manifestación convocada para este domingo.

La situación ha generado preocupación y tensión entre los vecinos de Ceuta, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer el origen y el uso de estos artefactos.

Además, se mantiene la vigilancia en las zonas donde permanecen los inmigrantes, ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes o enfrentamientos durante los próximos días.