Jalid Kerkich logra ascender a 1ª División con el Dalkurd

  • El jugador ceutí militó en las filas de la AD Ceuta y del Levante UD entre otros conjuntos españoles

El pasado fin de semana el conjunt sueco del Daldurk, conocido también como la selección de los kurdos, logró el ascenso a la Primera División de Suecia.
Este club fue fundado en el 2004 por refugiados kurdos y ha logrado el ascenso a la máxima categoría sueca tras siete ascensos, cinco de ellos de forma consecutiva.
Pero la noticia además del ascenso es que en las filas del Dalkurd milita el jugador ceutí Jalid Kerkich que ha cumplido su tercera temporada en las filas del cuadro sueco con lo que ha estado en el equipo en los tres últimos ascensos, los más importantes de la trayectoria del club.
Jalid Kerkich es un jugador de 26 años que juega como lateral izquierdo y comenzó su trayectoria deportiva en nuestra ciudad hasta que firmó por la UD Levante donde militó desde el 2008 al 2012 cuando pasó a formar parte de la plantilla de la AD Ceuta aunque en el 2013 fue traspasado al MAS de Fes marroquí.
La temporada 2014/2015 la inició en el cuadro marroquí pero se marchó libre a la Liga Sueca donde formó parte del Umeá FC antes de firmar por el Daldurk donde lleva tres temporadas.
Entre las anécdotas de este equipo cabe destacar que hace dos años salvaron la vida al decidir a última hora no tomar el vuelo entre Barcelona y Düsseldorf que se estrelló en Los Alpes en una trágica noticia.

Ceuta, a ‘sacar tajada’ de la reforma de la Constitución

  • El pleno aprueba, con el voto favorable de todos los partidos menos Caballas, adherirse a los actos del XL aniversario de la Carta Magna

Juan Luis Aróstegui. El Faro

El pleno de la Asamblea ha aprobado una moción que, en un principio fue presentada por el Partido Popular, donde, entre los acuerdos adoptados se ha decidido estar atentos a las negociaciones que se mantengan para los cambios en la Constitución española. Recordemos que uno de los acuerdos nacidos para la aplicación del 155 en Cataluña fue que el PSOE forzó al Partido Popular a constituir una comisión que analizará la reforma de la Carta Magna para adecuarla a la realidad autonómica de España en pleno siglo XXI. Lo que se quiere, aprovechando esta oportunidad, es reforzar, de alguna manera, la presencia que tiene Ceuta en el capítulo VIII de la Constitución española.
La moción había nacido con una propuesta del Partido Popular para que por parte de la Asamblea se aprobara un acuerdo, de manera que se adhiera la Ciudad Autónoma de Ceuta a los actos que están organizando las Cortes Generales para el XL aninversario de la Constitución española que tendrá lugar el año que viene.
Cuando se esperaba que no iba a existir discusión en este punto intervino el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, quien sentenció que confiaba que la aparición de esa propuesta no tuviera nada que ver con la situación que se vive ahora mismo en Cataluña. De todas maneras, aludió a que la Constitución no es la misma que se aprobó en el año 1978, porque tanto PP como PSOE se encargaron de introducir una reforma de la Constitución que “benefició a los grandes poderes económicos”. Incluso se quejó de que en los artículos 67 y 68 de la Constitución donde se hace alusión a que Ceuta tiene derecho a la elección de un diputado y dos senadores se hace referencia a las poblaciones y no a los territorios.
El portavoz del grupo popular en la Asamblea, Emilio Carreira, defendió que la actual Carta Magna ha permitido un salto cualitativo extraordinario de nuestro país en los últimos 40 años y “blinda la españolidad de Ceuta y de Cataluña, porque lo del referéndum pactado es autodeterminación. Los catalanes no van a tener más derechos que los ceutíes”.
Incluso señaló que todos los presidentes autonómicos son nombrados por el jefe del Estado y “la unidad de España no la hemos heredado de Franco, sino de la historia. Por supuesto, que la Constitución no son las tablas de la ley y que se puede reformar”. Además sentenció que la Transitoria Quinta sigue vigente en la actualidad y que en ellas se habla claramente de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Carreira sobre Alí: “Ya sé con quién no tengo que pactar”

El portavoz del grupo parlamentario popular, Emilio Carreira, se reunió en la mañana de ayer con el resto de portavoces con la intención de acordar un punto de consenso para adherirse a la festividad que se prepara para el XL aniversario de la Constitución española. Se decidió, de alguna manera, retirar el preámbulo y dejar solamente la parte dispositiva de la mencionada moción.
Pues bien, como consecuencia de que por parte de Aróstegui se habló en este punto hubo, en un momento determinado, un enfrentamiento verbal entre el mismo Emilio Carreira y el portavoz de Caballas, Mohamed Alí. El máximo responsable de la coalición localista dijo que él no había acordado nada concreto con Carreira, con lo cuál éste le espetó que, desde luego, ya sabía a partir de ahora con quien tenía que sentarse para negociar y que él no estaba entre los elegidos.
Directamente, al final la moción contó con los votos, aparte del Partido Popular, de PSOE, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Ciudadanos, pero con la abstención de Caballas.

La Ciudad quiere que las mercancías que no vengan bien consignadas sean devueltas

  • Chandiramani lo anunció durante el debate sobre la reforma de la ordenanza del IPSI

  • Van a mantener un encuentro con los servicios fiscales de la Administración central

El Gobierno ha vuelto a poner encima de la mesa una batería de medidas para seguir luchando contra el fraude en las mercancías del ‘negocio del bulto’. Así lo anunció en la mañana de ayer la consejera de Hacienda, Economía, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, en el transcurso de la presentación de la reforma de la ordenanza del IPSI que tiene como principal objetivo reforzar la seguridad jurídica de los trabajadores del organismo autónomo Servicio Tributarios a la hora de la realización de las inspecciones.
En su discuso la misma consejera aludió a que son objetivo del Gobierno del presidente Vivas dos tipos de medidas que tienen un doble objetivo: luchar contra el fraude y apoyar a los empresarios que, ahora mismo, están viendo bajar el volumen de negocio de sus empresas como consecuencia de la crisis que hay en la frontera del Tarajal.
En el primero de los campos van a celebrar la semana que viene una reunión con la Agencia Tributaria y otras dependencias de la Administración central para contar también con el Estado en la lucha contra las infravaloraciones de las mercancías.
Se quiere que si una mercancía llega a Ceuta y no va destinada a un almacén que cuente con todos sus papeles en regla exista la posibilidad de devolverla a la Península. Un intento para frenar ese negocio del bulto que normalmente utiliza las naves patera para guardar sus mercancías o busca zonas situadas en la barriada del Príncipe para guardarlos antes de su salida hacia Marruecos.
Y las medidas de ayudas a los empresarios tienen dos caminos: la revisión tarifaria de los tipos del IPSI para que su rebaja repercuta de manera directa en los resultados de las empresas y ofrecer una moratoria de abono del IPSI que sea superior a los 90 días, debido a que muchos negocios de Ceuta tienen stock que ahora mismo no pueden sacar adelante.
No les sentó nada bien a los partidos de la oposición los anuncios realizados por Kissy Chandiramani. En el caso de Aróstegui, el mismo comentó que el Gobierno no puede ir solo en la solución de los problemas del Tarajal, mientras que Fatima Hamed sentenció que “la sorpresa que hemos tenido con este anuncio, lo que demuestra la incapacidad que tienen ustedes para luchar con las naves consignas, porque el fraude campa a sus anchas”. Les dijo que a lo largo de estos años no han tomado medidas en contra del fraude “porque tienen garantizados los ingresos del IPSI por la compensación que realiza el Gobierno de la Nación, donde todo lo que no se haya recaudado viene vía Madrid”. Les retó, incluso, a que pusieran ahora en marcha una medida que anunciaron hace algunos años, en el sentido de bajar los tipos de los denominados ‘productos gancho’ para fomentar las compras en nuestra ciudad con la venida de turistas.
Le pidió retirar la reforma de la ordenanza, pero la propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía no fue tenida en cuenta por el grupo mayoritario en la Asamblea, el Partido Popular.

Uno de los polígonos ofrece a la Ciudad a sus vigilantes de seguridad para el Tarajal II

La Fase II de los polígonos del Tarajal solicita a la Ciudad Autónoma que retire a Eulen del ‘Tarajal II’ para que la empresa que ha contratado por el Plan de Seguridad se haga cargo del paso de mercancías. Su presidente, Bilal Dadi, ha señalado que su polígono es el “único” que va a disponer de este servicio a instancias de la Delegación del Gobierno, que le reclama su implementación en base “a la ley” con el objetivo de “controlar a los porteadores” y “por la seguridad de todos”.

Dadi propone al presidente del Gobierno autonómico, Juan Vivas, la retirada de Eulen del ‘Tarajal II’ porque está costando “medio millón de euros” y, “por culpa de esos gastos que la empresa está ocasionando a la Ciudad”, el Ejecutivo local “quiso aplicar el ‘tasazo”. El presidente de la Fase II de los polígonos ha indicado que su empresa es “privada, a nivel nacional” y su Plan de Seguridad está “aprobado por una Comisión del Ministerio del Interior”. Con ella, Dadi propone a la Ciudad “hacerse cargo” de ese paso de mercancías.
“Con el fin de que, si a final de año, a la Fase II le hacen falta 50.000 o 100.000 euros para poder pagar la seguridad, que la Ciudad los aporte y así las arcas municipales se estarán ahorrando 500.000 euros”, ha argumentado Dadi. Para ello, este portavoz de los empresarios de su polígono necesita que el presidente Vivas “dé la orden y retire a la empresa que tiene contratada la Ciudad”, ha añadido, “sin ocasionar ningún gasto a la Ciudad”.
El Gobierno no gasta medio millón de euros anuales en la seguridad privada para el Tarajal II. Así lo han confirmado a esta redacción fuentes del propio Ejecutivo.
En concreto, lo que se licitó en su momento para dotar de seguridad privada por parte de Servicios Tributarios al Tarajal II fue un número determinado de horas, en concreto 12.000, para la prestación de esta necesidad y que se adjudicó por 200.000 euros a la empresa Eulen. Resulta que por distintas circunstancias como las fiestas musulmanas o el cierre de entrada a los polígonos del Tarajal decretado por los empresarios, la mencionada bolsa de horas está completamente llena y mientras permanece cerrado el paso de mercancía, la Ciudad Autónoma no gasta ni un euro en abonar horas a la empresa Eulen. Desde el mismo Ejecutivo del presidente Vivas siempre se ha manifestado que tienden una mano a los empresarios del Tarajal para intentar adoptar decisiones que les abeneficien en su labor diaria.

El Gobierno y MDyC discrepan en el IPSI de los importadores de coches

MDyC señaló en el pleno que en la modificación de la ordenanza se había exluido el artículo 91 uno b, puesto que aparece redactado todo el artículo pero no ese punto, un punto que en la ordenanza actual dice que en los casos de importación de vehículos de tracción mecánica, embarcaciones o aeronaves, con anterioridad a la matriculación de los mismos.
Esa norma permite separar la entrada del vehículo con el pago del IPSI importación, permitiendo que se pague cuando se vende, antes de matricularlo. Según el MDyC su desparición provocaría que cuando se importe el vehículo se pagará comforme al apartado a), es decir antes de la entrada del vehículo a Ceuta.
La consejera Chandiramani ha indicado a este periódico que el tema de esa solución para los importadores de vehículos figura en un régimen especial de depósitos y no concretamente en el artículo aludido por MDyC.

Cuando España salvó a Cataluña

En la retórica victimista del independentismo catalán resulta rutinario referirse a España como Estado opresor, antidemocrático, franquista, fascista, dictatorial y todos los improperios grandilocuentes que les vengan a su infantilizada mente con tal de denigrar a nuestro país. Los más jóvenes tal vez se lo crean, pues lo han mamado en las madrasas de adoctrinamiento talibán independentista desde que tenían tres años. Pero los mayores, los que vivieron una verdadera dictadura y saben de auténticas penurias saben que se trata simplemente de un inmoral ejercicio de propaganda malintencionada y xenófoba. Y les viene de perlas si encima los palmeros de Podemos, que aún hay gente que identifica con izquierda, les hacen la ola y juegan al poco glamuroso papel de tontos útiles, pues para ellos vale todo con tal de llegar al poder y desalojar del gobierno a su denostada “casta”. Tontos útiles porque encima les va a salir el tiro por la culata.
No cabe duda de que los nacionalistas catalanes (sólo los nacionalistas, no caigamos en la amalgama), basan una gran parte de su discurso en una indisimulada hispanofobia, pues ésta resulta fundamental para alimentar entre sus filas la desafección, cuando no odio, por España. En una pirueta de cinismo que sirve a sus maquiavélicos intereses, son capaces de invertir la realidad y transmutar su hispanofobia en una supuesta e imaginaria catalanofobia por parte de España y los españoles, en un desesperado intento de llevar a su redil al mayor número de ovejas esteladas posible. España nos roba, España nos oprime, España ataca nuestra lengua, España es malísima con nosotros. España es Franco, España es el demonio.
No me voy a extender en demostrar una a una la inconsistencia y falsedad de sus grotescas consignas, pues chocan contra toda evidencia y no resisten el menor análisis. Dicen que a enemigo que huye, puente de plata. Así que supongo que no les odiaremos tanto, pues nadie quiere que se vayan. O casi nadie.
Como era de esperar, la aplicación por parte del Gobierno y el Senado del artículo 155 de la Constitución, tras una catarata de ilegalidades y delitos de los gobernantes catalanes y la destitución del gobierno de la Generalidad ha sido interpretada por ellos y sus partidarios como un nuevo y abominable ataque de España a Cataluña, una humillación a la patria catalana y la apoteosis de la opresión y la catalanofobia española que enarbolan por bandera. Ahora, desmontada su farsa independentista y convertida en esperpento su república catalana de la señorita Pepis, algunos buscan la épica perdida en el gesto revolucionario del “exilio”, queriendo emular a Tarradellas, Casals y otros grandes catalanes que tuvieron que huir de una verdadera dictadura. Cualquier comparación entre unos y otros resulta un insulto a la inteligencia, pero siempre habrá quien les compre su cochambrosa motocicleta.
Porque paradójicamente, y en contra de lo que afirman los irredentos nacionalistas, la aplicación del artículo 155 de la Constitución (suavemente y con mucha vaselina) ha salvado de una catástrofe histórica a toda Cataluña, incluyendo a los furibundos independentistas que despotrican y babean espumarajos contra el mismo. Hablando claro: les ha salvado el culo en el último minuto del partido.
Si España, su gobierno y su parlamento fueran verdaderamente “catalanófobos”, no hubieran movido un dedo. Bastaría con no reconocer la independencia de Cataluña (por unilateral, ilegítima e inconstitucional) y dejar la nueva “república catalana” a su libre albedrío. Puigdemont, jefe de Estado. Junqueras, presidente, etc. ¿Qué hubiera pasado? En primer lugar, total aislamiento internacional: ningún país europeo la hubiera reconocido. Salida inmediata de la UE. Fronteras. Aranceles. Éxodo todavía más masivo de empresas…a España. Hundimiento vertiginoso de la economía catalana. Sueldos y pensiones que no se cobran. Caos jurídico y laboral. Contenciosos nacionales e internacionales. Probable violencia en las calles. Saqueos. Revueltas. Y quién sabe qué más calamidades.
Políticamente parece bastante plausible que la UE, atemorizada por el posible efecto dominó de otros territorios europeos, hubiera empleado Cataluña como chivo expiatorio para disuadir a otras regiones de seguir el mismo camino, y dar a su nueva república unilateral un tratamiento cruel y ejemplarizante. No pocos dirigentes europeos han manifestado que la creación de nuevas fronteras dentro de Europa sería el fin del proyecto europeo. Si a la nueva Cataluña independiente no se le da ni agua seguro que las veleidades aventureras de otros territorios se verían bastante apaciguadas. Europa ha respirado aliviada al comprobar que Cataluña sigue y seguirá en España y en Europa.
Y Cataluña, la verdadera Cataluña, también. Para la mayoría de los catalanes de a pie se ha acabado la pesadilla del inefable “prusés”. Estamos a fin de mes y cobran su sueldo y su pensión. Siguen teniendo un pasaporte europeo. Los estudiantes podrán ir de Erasmus. El Barça sigue líder a ocho puntos del Madrid. La vida continúa apacible y primaveral en la bella Cataluña.
Y todo gracias al artículo 155 de la opresora España, que tanto les odia. Hay amores que matan, pero también hay “odios” que devuelven a la vida. De nada, queridos catalanes, ha sido un placer.

La Ciudad no realizará obras en asentamientos que sean ilegales

  • García se opuso así a una acusación realizada por Caballas

  • Aróstegui dijo que “ustedes viven en la mentira absoluta”

El Gobierno ha reiterado su decisión de no realizar ningún tipo de obras en asentamientos ilegales. Fue la respuesta categórica del consejero de Fomento, Néstor García, a una moción presentada por el grupo Caballas y que fue defendida por Juan Luis Aróstegui para reprobar al Ejecutivo de Vivas por el abandono al que tienen sometidas a las barriadas de nuestra ciudad.
En su intervención, el diputado localista explicó que la falta de viviendas en nuestra ciudad “es culpa de esta institución. No se trata de humillar a las personas, sino de darles dignidad. Hay barriadas que no tienen los servicios mínimos y ustedes dicen que no actúan porque es un asentamiento ilegal. Su obligación es darles los servicios y luego legalizar esas viviendas porque es perfectamente posible”.
En concreto, el mismo consejero explicó que ya entendía cuál era la razón de la propuesta de Aróstegui y que se centraba en su volver a repetir que el Ejecutivo está obligado a dotar de servicios a los asentamientos ilegales y que eso nunca lo iba a conseguir.
Apuntó a que nada más que lleva dos años y medio colaborando con el presidente Vivas, pero que el concepto de los Planes de Barriadas “fue puesto en marcha por el presidente Vivas y ello ha permitido la transformación de toda nuestra ciudad”. Sí le reconoció que los planes que tenían para la presente legislatura se les habían retrasado y que no habían cumplido con el horizonte temporal, “pero ya está en marcha y pronto comenzaremos”.
Volvió a insistir en una nueva intervención el diputado Aróstegui para recordarle a García “que todo lo que han dicho luego no lo cumplen. Viven en una mentira permanente y hablamos del Plan de Barriadas que se iba a poner en marcha en el año 2015. Siguiendo con la planificación que tienen ustedes algunas barriadas verán las obras en el año 2030”.
Cerró el turno de palabra el consejero de Fomento para dejar bien claro que “ninguna barriada carece de equipamientos básicos y, por supuesto, todo tiene margen de mejora. Hay dificultades con las licitaciones, porque como he dicho en estos días llevamos ocho meses con las primeras adjudicaciones. Por ello, hemos buscado soluciones como la de Tragsa y también le ponen problemas. Nosotros no vamos a recibir lecciones de ustedes sobre el Plan de Barriadas”.

Las claves

  • Aróstegui

Reprobar al Gobierno. La idea que tenía el grupo Caballas era una moción para reprobar la actitud del Ejecutivo con las barriadas ceutíes. Al final, terminó siendo una discusión sobre si se hacía algo o no en determinados asentamientos que son ilegales. De ello culpó Aróstegui al Gobierno por no atender a esas personas.

  • García

Los Planes de Barriadas. Reconoció el consejero de Fomento, Néstor García, que el invento de los Planes de Barriadas habían sido del presidente Vivas y que los mismos habían permitido transformar Ceuta a lo largo de estos años.

Vigilancia y policía

Los sindicatos CSIF y UGT han cursado escritos a los máximos mandatarios en la Policía Local para solicitarles la retirada de la vigilancia sobre el colectivo asiático que está en huelga de hambre en la Plaza de los Reyes. Cada uno presenta sus razones para sustentar esta petición, básicamente que no es su competencia. Este sería el resumen. Cuando recibimos ambos comunicados pensé que sencillamente iban a pedir la retirada de este servicio por dignidad o iban a presentar una hilera de firmas negándose a tener que vigilar cómo unos hombres que nada tienen y que han perdido todo en el camino se ponen o no unas mantas en el suelo o utilizan cartones para tener algo de calor en el cuerpo. Creo que han perdido una oportunidad.
Este y no otro debía ser el principal motivo para sustentar esa petición: porque es indigno que tus jefes te manden estar toda la mañana y toda la noche vigilando a unos hombres desesperados que se desvanecen ante la mirada de todos los demás, a los que se les corta el sueño precisamente para frenar su descanso y terminen así reventados optando por abandonar la plaza.
Que la Jefatura de la Policía Local ordene a sus agentes cumplir este cometido debería ser motivo de denuncia inmediata en los tribunales. Algo apuntó Caballas que haría. No sé si aquello fue simplemente una pataleta verbal en una rueda de prensa o al final los localistas acudirán al juzgado para poner de manifiesto lo que se está haciendo, preguntándose para qué fin está nuestra Ciudad utilizando a nuestra Policía, qué malgasto de recursos públicos que todos pagamos se está cometiendo, qué modo de proceder se está teniendo con unas personas que son auténticas desfavorecidas a las que no se les permite ni siquiera dormir. Testigos hay de lo que sucede todas las noches, de cómo cuando empiezan a coger el sueño se les levanta con mil y una excusas… así hasta llegar a una degeneración física y mental que no se merecen, ni ellos ni ningún ser humano.
Pero quizá se esté reclamando demasiada humanidad, quizá se esté pidiendo demasiado a un sistema capaz de enternecerse con las tragedias que ve por televisión y colocarse una coraza con los dramas que tenemos a pie de calle. No sé el grado al que tendremos que llegar todavía para avergonzarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. A mí me asusta.

Un plan para luchar

Lo que en otras ocasiones parece que ha sido un intento, en esta ocasión va en serio. La lucha contra el fraude que se produce con motivo del ‘negocio del bulto’ ha llegado a tal extremo que la Administración autonómica no quiere dejar pasar ni un minuto sin tomar medidas muy claras. Hace unos días ya se habló de esa reforma que se pretende de la Ley del IPSI, de manera que sea aprobado por las Cortes Generales la posibilidad de que la base imponible de la mercancía que es sometida a examen no pague solamente por su precio, sino también por su peso. Además, ahora se ha anunciado que habrá una reunión con los servicios fiscales de la Administración central, de manera que se quiere ir un poco más lejos: la mercancía de este tipo que no venga destinada a un almacén que esté totalmente reglamentado podrá ser devuelta a la Península y no entrará en Ceuta. Es darle vueltas a la cabeza para poner todos los frenos posibles a un ‘negocio del bulto’ que no deja riqueza en Ceuta y lo único que hace es hacer la pascua. No es nada fácil lo que se está proponiendo la Ciudad Autónoma, pero, al menos, lo está intentando con medidas adecuadas. Los propios empresarios que tanto le exigieron mojarse en este sentido verán con buenos ojos el intento.

La futuros okupas no podrán acceder a viviendas sociales

  • El Pleno acuerda someter a informe jurídico la mejor redacción normativa para evitar que sean beneficiarios de VPO

El Pleno acordó ayer con los votos a favor del PP y Ciudadanos someter a estudio jurídico cómo incluir en las Ordenanzas entre los motivos para no ser adjudicatario de una VPO el haber “ocupado” una casa sin título suficiente y cómo lograr que Emvicesa se encargue, “de oficio o a instancia de parte», de “registrar y excluir a aquellos demandantes de viviendas que hayan sido identificados como okupas”, aunque no podrá ser con efecto retroactivo
El consejero de Fomento, Néstor García, recordó que lleva meses trabajando en los nuevos Reglamentos de Adjudicaciones en materia de vivienda y del Registro de demandantes. Además, se mostró “totalmente de acuerdo” con el fondo de la iniciativa de Cs, que incidió en que “las ocupaciones a la fuerza de viviendas y los intentos de ocupación que se produjeron los días 25 y 26 de septiembre fueron hechos muy graves que generaron una importante alarma social» y considera que «merecen todo nuestro rechazo por lo que suponen de desprecio a las leyes y a los derecho de los demás”.
Para Varga, mantener el Reglamento con su actual redacción “termina incentivando no sólo la ocupación de viviendas sino también todo tipo de infraviviendas que no sólo no contribuyen a solucionar el problema sino que, a nuestro entender, lo agravan”.
“Ni nadie tiene más necesidad que nadie ni nadie es quién para imponer sus derechos avasallando los de los demás”, apuntó Cs, que estima que “lo que ocurrió esos días supuso el cruce de una línea roja en nuestra ciudad y puso de manifiesto la necesidad de establecer medidas que atajen esta manera de resolver los problemas de vivienda que existen en Ceuta».
A juicio de Varga todavía «menos conveniente» es que desde el Gobierno y la Asamblea «se termine dando a quienes ‘ocupan’ preferencia sobre otros demandantes de vivienda que, puede que con mayores necesidades, esperan pacientemente la vivienda social solicitada», ya que «buscando este “derecho preferente” se ocupan en nuestra Ciudad, a la fuerza o por vía de hecho, terrenos, viviendas, locales o cualquier construcción, tanto de propiedad privada como municipal”.
Caballas abogó por limitar el acceso a viviendas públicas a los “condenados por usurpación” pero sin correr el riesgo de perjudicar a las personas que llevan “décadas” en viviendas como las promociones del Príncipe Felipe sin título habilitante pero sin haber accedido a ellas por la fuerza.
La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, se opuso a la “criminalización” de personas desde el ámbito político “porque, en la mayoría de los casos empujadas por la desesperación, hacen actos con los que posiblemente no estén ni sus protagonistas de acuerdo”.

La Ciudad impulsará un banco de libros de Formación Profesional y Bachillerato

  • Celaya se compromete con el MDyC a estimular la donación hasta que haya fondos para comprar

El consejero de Educación del Gobierno de Ceuta, Javier Celaya, recogió ayer como una “buena idea” la propuesta que trasladó al Pleno el MDyC para poner en marcha un banco de libros para niveles postobligatorios, en concreto para Formación Profesional (FP) y Bachillerato en Ceuta como un forma de “minimizar gastos” a las familias y garantizar que a los estudiantes “no les falte absolutamente de nada”.
Celaya explicó que la Ciudad prevé incrementar notablemente el año próximo la partida destinada a garantizar la gratuidad de libros de texto al alumnado de Primaria y avanzó que, a la espera de disponer de fondos para extender esa política en niveles superiores, encargará al personal de la Ciudad que promueva la donación de material entre el alumnado que vaya terminando su formación en esas etapas con el fin de ir disponiendo de libros para otros estudiantes que se incorporen, ya que reconoció que las becas, que van de 200 a un máximo de 1.500 euros por curso, no s pagan habitualmente hasta el segundo trimestre del año escolar.

CSIF pide que la Policía Local no vigile ni a los okupas ni al colectivo de asiáticos

  • Consideran que no es competencia de este Cuerpo y exigen a Gobernación su retirada

El sindicato CSIF ha remitido una carta al consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, para pedirle que marque unos límites en las actuaciones que están llevando a cabo los componentes de la Policía Local. Habla por ejemplo el sindicato de los okupas de Huerta Téllez que insisten en permanecer a las puertas del Ayuntamiento y que, de hecho, intentaron una entrada al Palacio Autonómico al detectar el acceso del presidente Vivas. “Creemos”, dice, “que esto no es una cuestión de ordenanzas municipales sino de orden público, con lo que deberían prestar este servicio otras unidades de otros cuerpos que disponen de material para poder repeler cualquier intento de entrada u agresión física o verbal”, expone.
CSIF pide que se retire el servicio de control a los okupas o que, mientras se realiza, “se haga con las máximas prestaciones y seguridad para los compañeros que allí lo prestan no pudiendo ser solo una unidad la que lo realice. Además de que en el turno de tarde y noche no vemos oportuno que haya una orden para que se cierre la puerta del Palacio Autonómico siendo básico tenerlo abierto por si hubiera alguna amenaza contra los agentes y así pudieran resguardarse hasta la llegada de más efectivos”, añade.
Si el sindicato protesta por este servicio también lo hace por el de vigilancia permanente al colectivo asiático de la Plaza de los Reyes que sigue en huelga de hambre. “Exigimos su retirada. Se trata de un grupo de hombres que pueden llegar a alterarse, aparte de que, estando en huelga de hambre, debería haber una unidad médica por si hubiese cualquier contratiempo”, expone.
Sobre este punto concreto también ha hablado UGT que, en un comunicado, ha trasladado al jefe Sebastián Vega, su malestar por la prestación de este servicio. “Entendemos que es una reunión pacífica y que aunque puedan darse infracciones administrativas a la ordenanza municipal es evidente que en atención a las funciones y competencias claramente delimitadas por la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es a ellos a los que les corresponde hacer estas funciones”, sentencia. UGT añade además que “no tiene sentido mantener una dotación las 24 horas del día para evitar que esas personas utilicen unas simples mantas y el resto de la ciudad se vea privado de policías. Es un despilfarro de medios humanos cuando actualmente es conocida la carencia”.
CSIF insiste en que todo lo denunciado se sustenta en la falta de competencias de la Policía Local para ello y recuerda que este Cuerpo ha colaborado con Policía Nacional y Guardia Civil en todo lo pedido, ejemplificando lo sucedido a diario en la N352. “¿Quién colabora con nosotros?”, se preguntan.