El Gobierno de Ceuta ha aprobado este miércoles un requerimiento formal a la Administración General del Estado para exigir información sobre la situación administrativa de las personas que entraron en la ciudad durante la llegada masiva de los días 30 y 31 de julio. Así lo ha anunciado el portavoz de la Ciudad, Alejandro Ramírez, tras la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno.
La Ciudad reclama conocer el estado de tramitación de los expedientes, los medios y efectivos que se están destinando a su gestión y las previsiones existentes para resolverlos.
Ramírez ha señalado que, transcurrido más de un mes desde los hechos, el Gobierno local no tiene constancia de que se hayan dictado resoluciones expresas en los procedimientos de expulsión, devolución o retorno que correspondan, ni tampoco sobre las solicitudes de protección internacional formuladas por algunas de las personas afectadas.
El requerimiento, planteado como trámite previo formal conforme a la normativa administrativa, concede al Estado un plazo de un mes para remitir la información solicitada.
“Consideramos que a día de hoy no se ha dado de manera suficiente a la Ciudad Autónoma”, ha explicado Ramírez, quien ha confirmado que el requerimiento será trasladado al Ministerio correspondiente.
La Ciudad calcula que aún permanecen en Ceuta unas 13.000 personas
Ramírez eleva a casi 20.000 las personas que habrían quedado en la ciudad tras la entrada masiva de julio, al sumar las salidas voluntarias y expulsiones
El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha realizado un cálculo a partir de las cifras trasladadas por el Estado y de las estimaciones de la Ciudad. Según sus cuentas, 12.722 personas permanecerían actualmente en Ceuta, una cifra que eleva a “en torno a 13.000” al considerar que algunos de los datos utilizados son estimaciones “a la baja”.
El cálculo incluye unos 4.022 adultos y mujeres en distintos emplazamientos, alrededor de 1.000 personas en el CETI, unas 300 mujeres y niñas en el entorno de La Hípica, 2.100 menores filiados y atendidos, otros 700/1000 menores que aún no habrían sido filiados, unas 3.000 personas en la zona del Trampolín y alrededor de 1.000 personas dispersas por distintos puntos de la ciudad.
A esta cifra, Ramírez suma las 5.300 salidas voluntarias comunicadas por el Estado y otras 300 expulsiones, para concluir que, según este cálculo, cerca de 20.000 personas habrían permanecido en Ceuta después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

La Ciudad cifra en unos 2.100 los menores filiados y atendidos
En cuanto a la situación de los menores, Ramírez ha señalado que actualmente hay unos 2.100 menores filiados por la Policía Nacional y derivados a los recursos de atención de la Ciudad.
Según ha explicado, todos los menores que han sido identificados están siendo atendidos en los recursos habilitados en las últimas semanas, fundamentalmente en la zona de Piniers y en distintas naves del Tarajal.
“El 100% de todos los menores que tenemos ahora mismo filiados están totalmente atendidos”, ha defendido Ramírez.
El portavoz ha insistido en que la capacidad ordinaria de Ceuta no está dimensionada para afrontar una situación de estas características y ha recordado que el real decreto aprobado por el Gobierno establece para la ciudad una capacidad máxima de contingencia de 29 menores no acompañados.
Respecto a los menores que todavía podrían encontrarse fuera de los recursos, en situación de calle, Ramírez ha manejado una estimación que rondaría entre 700 y 1000 menores, aunque ha reconocido que no existe una cifra oficial cerrada al no haber sido filiados todavía por la Policía Nacional.
La Ciudad recurre las facturas del Hospital
El Consejo de Gobierno también ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo contra las liquidaciones emitidas por el Hospital Universitario de Ceuta correspondientes a agosto de 2026 por la asistencia prestada a menores extranjeros no acompañados.
El Ejecutivo local mantiene que este coste no debe ser asumido por la Ciudad y vuelve a recurrir por la vía judicial unas facturas relacionadas con la atención sanitaria de estos menores, vía que por otra parte reconoce que es habitual.
Ramírez ha defendido además la actuación de Ceuta ante la situación generada tras la entrada masiva y ha rechazado las declaraciones del Ministerio de Juventud e Infancia en las que se vinculaba la posibilidad de agilizar los traslados de menores con una mayor colaboración de la Ciudad.
El portavoz ha calificado esas afirmaciones de “falsas” y ha asegurado que Ceuta ha sido, según ha trasladado el propio Ministerio en anteriores ocasiones, una de las administraciones que con mayor rapidez ha tramitado los expedientes relativos a los menores no acompañados.
La polémica por el traslado de 500 niñas
Otro de los asuntos abordados ha sido el traslado de alrededor de 500 menores, principalmente niñas, hacia recursos de la península.
Ramírez ha rechazado que la Ciudad esté obstaculizando este procedimiento y ha explicado que el trámite pendiente estaba relacionado con el nombramiento de un representante legal de los menores, una figura contemplada en el nuevo marco europeo de protección.
Según su versión, existían inicialmente dudas sobre si ese representante debía ser designado por el Estado o por la Ciudad. Finalmente, el Gobierno central habría asumido el coste y solicitado a Ceuta que procediera al nombramiento.
“En el momento que se nos dijo, la Ciudad decidió nombrar al representante”, ha afirmado Ramírez, quien ha defendido que Ceuta colaborará en todas las actuaciones necesarias para facilitar los traslados.
En este sentido, ha insistido en que la posición del Ejecutivo local es que los menores sean devueltos a sus familias o a centros de atención en Marruecos cuando el procedimiento legal lo permita, dentro de los mecanismos de reagrupación familiar y retorno que correspondan.

El Trampolín se extiende hacia Benítez
Ramírez ha alertado además de la situación que se está produciendo en el entorno del Trampolín, donde asegura que el asentamiento se ha extendido hacia la playa de Benítez y otras zonas próximas.
Ha señalado que la Ciudad carece de competencias y recursos para proceder por sí sola al desalojo de un espacio situado en el dominio público marítimo-terrestre y ha reclamado que sea el Estado, a través de los dispositivos de seguridad correspondientes, quien adopte las medidas necesarias.
Según ha explicado, la dificultad aumenta por la falta de una cifra exacta de personas concentradas en estos asentamientos. Ha recordado que un desalojo anterior permitió retirar a unas 2.000 personas, pero que el asentamiento volvió a ser ocupado y crecer rápidamente.
Más inspecciones ante el aumento de obras ilegales
Preguntado por el incremento de construcciones y asentamientos que podrían estar vinculados a la crisis, Ramírez ha señalado que la Consejería de Urbanismo ha reforzado las inspecciones sobre obras ilegales.
No obstante, ha precisado que no dispone de información que permita determinar si las actuaciones detectadas son anteriores o posteriores a la entrada masiva del 30 y 31 de julio, ni si existe mano de obra irregular vinculada a ellas.
El Estado estudiará medidas para recuperar las zonas afectadas
Por último, Ramírez se ha referido a la situación medioambiental provocada por los asentamientos y ha valorado la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica.
La Ciudad había trasladado al Estado los daños registrados en playas, montes y otros espacios naturales, especialmente en el entorno del Trampolín y Benítez, próximo además a instalaciones consideradas críticas.
Según ha explicado, responsables del Ministerio se han desplazado este miércoles a Ceuta y han mostrado su disposición a estudiar medidas de financiación para la recuperación ambiental, actuaciones coordinadas para el desalojo de los asentamientos y medios adicionales para prevención de incendios y valoración de los daños.
Ramírez tiene previsto abordar estas cuestiones con representantes de la Administración General del Estado en una reunión en la Delegación del Gobierno. El objetivo, ha señalado, es trasladar de primera mano la dimensión de los daños y avanzar en una respuesta para la recuperación de las zonas afectadas.