La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha celebrado este martes una audiencia preliminar por una causa relacionada con un delito contra la salud pública, sin que se haya alcanzado un acuerdo entre las partes, ya que los dos acusados no reconocieron los hechos que les atribuye el Ministerio Fiscal.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía solicita para ambos procesados una pena de 4 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 1.182.003 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Los acusados, identificados con las iniciales F. P. O. C. y V. D. S. B., permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de febrero, fecha en la que, supuestamente, se produjeron los hechos investigados.
Entrega de bolsas desde una embarcación
Siempre según la versión de la Fiscalía, ambos se habrían concertado previamente para dedicarse al tráfico de hachís, contando además con la colaboración de terceras personas que no han podido ser identificadas y que se encargarían de la recepción y distribución de la sustancia una vez introducida en territorio nacional.
Los hechos se sitúan el 27 de febrero de 2026, sobre las 15:45 horas, cuando los acusados se habrían aproximado a la zona de las Piscinitas, en el Sarchal, a bordo de una embarcación semirrígida cargada con varias bolsas deportivas que contenían droga.
El escrito fiscal señala que, una vez junto a las rocas, los ocupantes de la embarcación habrían entregado varios de esos bultos a individuos que descendieron rápidamente por las escaleras hasta el punto de encuentro para recoger la mercancía y abandonar el lugar.
La intervención de la Guardia Civil
La maniobra fue observada por un agente de la Guardia Civil que realizaba labores de vigilancia marítimo-costera, lo que motivó la activación de un dispositivo en el que participaron patrullas terrestres, medios marítimos y efectivos del GEAS.
Según la acusación, la embarcación presentaba vías de agua, circunstancia que obligó a sus ocupantes a saltar a las rocas, donde finalmente fueron localizados y detenidos por los agentes.
Durante la inspección de la zona, los guardias civiles recuperaron dos bolsas negras que contenían en su interior 44 bloques y cuatro pastillas de resina de hachís.
Más de 43 kilos de droga
El análisis posterior determinó que la sustancia intervenida alcanzó un peso neto de 43.520 gramos de hachís, con una riqueza en THC del 44,3%.
La Fiscalía cifra el valor de la droga en el mercado ilícito en 295.500 euros y sostiene que iba destinada a su distribución clandestina mediante la entrega o venta a terceros.
La embarcación empleada en el presunto pase de droga no pudo ser recuperada al haberse hundido, según recoge el escrito de acusación.
Pendientes de juicio
Tras la celebración de la audiencia preliminar de este martes y al no haberse producido conformidad entre las partes, la causa continuará ahora su tramitación hasta la celebración del correspondiente juicio.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública de notoria importancia y extrema gravedad, al valorar tanto la cantidad de sustancia intervenida como el empleo de una embarcación para su transporte.
En su última intervención en la sesión plenaria de este martes, Vox ha presentado otra propuesta relacionada con la entrada masiva de inmigrantes que tuvo lugar en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
En esta ocasión, su portavoz, Juan Sergio Redondo, ha instado al gobierno de la Ciudad a, entre otras cosas, suprimir los contratos, convenios y subvenciones con asociaciones que estén colaborando “con la invasión”, así como destinar el dinero público a garantizar la seguridad, reforzar la vigilancia y la limpieza y conservación de la ciudad.
Una vez más, no ha contado con el apoyo del resto de grupos parlamentario y la consejera Kissy Chandiramani se la limitado a decirle que no apoyaría su propuesta y que “el presupuesto de la Ciudad se destina a la ciudad y por eso digo que usted manipula”.
“Las consecuencias son palpables”
Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox, ha tomado la palabra para señalar que “los días 30 y 31 de julio Ceuta fue víctima de una invasión por parte del reino de Marruecos. Transcurridos ya más de mes y medio las consecuencias son palpables”.
“Ante esta situación, los ceutíes se sienten abandonados mientras soportan las consecuencias de lo ocurrido” y lamentan que se destinen fondos desde el ámbito local “a financiar a quienes contribuyen” a la invasión, en referencia a distintas entidades sociales como Cruz Roja.
Para él, “el dinero de los ceutíes debe destinarse a recuperar la vida de los ceutíes, a proteger nuestro patrimonio y reforzar la seguridad de los espacios municipales”, por lo instan al Gobierno local a rescindir contratos, convenios y subvenciones con entidades que estén colaborando con soporte material o logístico a la invasión.
También piden destinar presupuesto a apoyar a las autoridades estatales para la “repatriación de los invasores”, así como a garantizar la seguridad, reforzar la vigilancia y la limpieza y conservación de la ciudad.
La Ciudad dice “no”
Ante esta primera exposición, Kissy Chandiramani ha intervenido para “fijar la posición del grupo popular, que va a ser no”.
Ante esto, Redondo se ha preguntado a qué se refería con ese no. “¿No a qué? ¿No a garantizar la seguridad y reforzar la vigilancia de nuestras calles, playas y campos? ¿No a poner los medios de la ciudad a disposición del Estado para la repatriación de los invasores? ¿No a reparar los daños de la invasión?”
“¿A esto está diciendo usted que no? ¿A destinar a Cruz Roja más de 777.000 euros de los ceutíes para que les de comida a los invasores en el Trampolín? ¿A darle más de 500.000 euros a Luna Blanca?”
“Creo que usted debe ser un poquito más explicita porque estamos hablando del dinero de los ciudadanos que han sido invadidos y que están siendo humillados, olvidados, ofendidos y están padeciendo las consecuencias más dramáticas de esta invasión”, le ha dicho a la consejera.
Por su parte, Chandiramani ha reiterado que “vamos a votar no a la propuesta porque no estamos a favor de distorsionar, manipular o trastocar el sentido de los hechos. Estamos en contra de lo que ha hecho, que es mentir. Usted está manipulando la verdad”.
En la votación, Vox ha contado con 16 votos en contra y cuatro a favor.
La propuesta Verdejo
Para finalizar la sesión plenaria de este martes, ha tomado la palabra Carlos Verdejo, diputado no adscrito, para defender su propuesta relativa a diversas cuestiones sobre la crisis acaecida a partir de la invasión producida los días 30 y 31 de julio.
Antes de iniciar su intervención, los diputados de Vox han abandonado el Salón de Plenos para no escuchar al que fuera su compañero de grupo.
Seguidamente, Verdejo no ha defendido la propuesta, simplemente ha solicitado la votación de la misma ya que entiende “que los diputados la han leído”.
La misma ha contado con su propio voto a favor y 12 en contra.
Un total de doce organizaciones no gubernamentales han advertido este martes de las “fatales consecuencias” que, según sostienen, podría tener para el derecho de asilo y los derechos humanos la aprobación del real decreto ley que prepara el Gobierno para acelerar las expulsiones de inmigrantes en Ceuta.
Las entidades han difundido una declaración conjunta en la que reclaman al Ejecutivo que “dé marcha atrás” en su intención de presentar esta propuesta y que cumpla su compromiso de aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo“de la forma menos lesiva posible para el derecho de asilo”.
La declaración está suscrita por CEAR, Movimiento por la Paz-MPDL, Servicio Jesuita a Migrantes, Red Acoge, Federación Sur Acoge, APDHA, Irídia, Red de Acogida del Puerto de Santa María, Oxfam Intermón, Entreculturas, Coordinadora CIE No Cádiz y Red de Apoyo a Inmigrante DIMBALI.
Según estas organizaciones, la propuesta supondría introducir un “régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo” y tendría además carácter retroactivo para las personas que hayan solicitado protección internacional desde el 30 de julio de 2026.
Alertan sobre el principio de no devolución
Uno de los principales motivos de preocupación expresados por las ONG se refiere al principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra.
Las entidades consideran que el decreto podría introducir determinados supuestos en los que, aunque una persona solicite asilo, no se le permita permanecer en España mientras se resuelve su petición.
A su juicio, esto supondría una “grave amenaza” para ese principio, cuya protección, recuerdan, no se limita exclusivamente a quienes hayan presentado una solicitud de protección internacional.
Las organizaciones sostienen que la no devolución tiene un alcance más amplio y está reconocida en distintos tratados internacionales, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Según explican, se aplica a cualquier persona cuya vida o integridad física pueda estar en peligro en caso de retorno a su país de origen o a un tercer país.
Restricciones para solicitar protección internacional
Las ONG también consideran que la propuesta limitaría el acceso al procedimiento de protección internacional.
En concreto, alertan de que, si una persona formula una solicitud de asilo después de siete días desde la notificación de una orden de devolución, expulsión o denegación de entrada, su petición sería inadmitida.
Las entidades señalan que ese supuesto no sería de aplicación obligatoria según el Pacto Europeo de Migración y Asilo y consideran especialmente preocupante su aplicación en el contexto actual de Ceuta.
Según explican, pueden producirse retrasos en la presentación de solicitudes por diferentes motivos, entre ellos la falta de información sobre la protección internacional o las dificultades para realizar los triajes que se están detectando.
Cinco días para recurrir
Otro de los aspectos cuestionados por las organizaciones es el relativo a la tutela judicial efectiva. Las ONG sostienen que el decreto establecería un plazo para recurrir las resoluciones desfavorables inferior al previsto en el Pacto.
En particular, señalan que se fijaría un periodo de cinco días naturales para presentar los recursos.
Las entidades consideran que ese plazo puede dificultar el acceso a garantías básicas, entre ellas la asistencia letrada y la representación gratuitas. También apuntan a la necesidad de que los profesionales puedan acceder al contenido de la resolución, examinar el expediente y hablar con la persona afectada, acompañada de intérprete cuando sea necesario.
Por ello, sostienen que cinco días naturales resultan inviables para organizar adecuadamente la defensa, especialmente en procedimientos que requieren la intervención de abogados de oficio e interpretación.
Las organizaciones reclaman así al Gobierno que revise su propuesta antes de su aprobación y que cualquier aplicación del nuevo marco europeo en Ceuta se lleve a cabo, según defienden, sin menoscabar el derecho de asilo ni las garantías reconocidas por la normativa de derechos humanos.
La Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta ha trasladado, junto con la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), sendos escritos a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno para reclamar una respuesta coordinada ante el incremento de obras presuntamente ilegales que el sector viene observando, especialmente desde los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.
La asociación advierte de que los indicios de algunas de estas actuaciones son visibles desde la vía pública, en particular en determinadas barriadas de la periferia.
“Las obras ejecutadas al margen de los controles exigibles pueden poner en riesgo la seguridad de las construcciones, de quienes trabajan en ellas y de los vecinos. También preocupa el posible empleo de mano de obra sin las autorizaciones o garantías laborales necesarias”, expone la entidad.
Competencia desleal y no hay ni materiales para obras legales
Esta actividad perjudica a las empresas que cumplen sus obligaciones y genera competencia desleal. “Las empresas del sector señalan, además, dificultades para abastecer de materiales a obras legales y un posible efecto sobre los precios. La asociación pide comprobar el alcance de estas consecuencias para evitar que afecten al conjunto de la construcción en Ceuta”, recuerda la entidad.
En el escrito dirigido a la Ciudad Autónoma, la asociación solicita que la Policía Local y la Consejería de Urbanismo y Transporte detecten y comprueben las obras que presenten indicios de ilegalidad y adopten, en cada caso, las medidas de paralización, protección o restablecimiento de la legalidad que procedan.
A la Delegación del Gobierno le pide que traslade la preocupación del sector al Mando Único e impulse la coordinación de los organismos estatales competentes con la Ciudad.
Lo que se pide al Mando Único
“Cuando corresponda, deberán verificarse las condiciones de trabajo, las altas en la Seguridad Social, la prevención de riesgos laborales y las autorizaciones para trabajar. Los indicios de infracciones deberán comunicarse entre administraciones para que cada una actúe dentro de sus competencias”, expone la entidad.
La Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta reclama una actuación ágil, decidida y coordinada entre la Ciudad Autónoma y el Mando Único. “Preservar la seguridad de las personas y proteger la actividad de las empresas que trabajan conforme a la legalidad exige comprobar los indicios y actuar allí donde se acrediten irregularidades”.
Ceuta y Melilla son parte inseparable de España. Algo que ha dejado claro Vox en el pleno de la Asamblea que se celebra este martes, pero que se corresponde con la sesión suspendida en agosto.
El dirigente de Vox, Juan Sergio Redondo, ha aludido a las tesis anexionistas sobre Ceuta, Melilla y demás territorios españoles perpetradas por Marruecos y que se han conocido de manera constante en estos días, llegando a calificar estos territorios como “ocupados”.
Redondo ha señalado la importancia de “enfocar todos los esfuerzos en paliar las consecuencias que sufren los ceutíes, así como en reforzar la seguridad de la ciudad y reafirmar su soberanía española ante las constantes amenazas anexionistas”.
Así, ha demandado a la Asamblea que reafirme la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas, “plazas y lugares de soberanía española en el norte de África”.
Solo ha logrado los 4 votos de su formación, ya que el resto se ha opuesto votando en contra.
El debate en torno a la propuesta de Vox
En el turno de debate, MDyC ha recordado que este asunto ya se abordó en el Congreso, en donde fue rechazada. Fatima Hamed ha afeado a Vox que ha puesto en duda la españolidad de la ciudad al cuestionar la nacionalidad de buena parte de los ceutíes.
Hamed ha acusado a Vox de aprovecharse de Ceuta para sacar rédito político.
Por su parte, Mohamed Mustafa, de Ceuta Ya!, ha negado su voto a favor porque “no hay que normalizar a la extrema derecha”, dejando claro que todas las iniciativas a favor de la españolidad deben ser apoyadas, pero siempre que sean presentadas por formaciones democráticas, toda vez que Vox no forma parte de su grupo, a ojos de los localistas.
“Su propuesta no tiene por objetivo Ceuta, la están usando como plató electoral y eso no es justo, es un insulto”. “Nuestro pueblo merece otra cosa”.
Por parte del PP no se ha entrado en más argumentos para votar en contra.
Ante las informaciones difundidas en los últimos días sobre la designación de una Oficial de Policía para prestar servicio en el Consulado General de España en São Paulo, la Unión Federal de Policía (UFP) en Ceuta manifiesta su más enérgico rechazo ante la campaña de desprestigio personal, mediático y sindical orquestada contra nuestra afiliada. Resulta estrictamente necesario aclarar los hechos, destapar la doble moral de quienes la atacan y defender el derecho de una mujer policía a que su trayectoria profesional no sea cuestionada por la persona con la que mantiene una relación sentimental.
La vergonzosa doble vara de medir del SUP: silencio con los suyos y linchamiento a una compañera
Ante las exigencias de «criterios» y «transparencia» esgrimidas públicamente por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la UFP denuncia su sonrojante hipocresía. ¿Dónde estaba esa exigencia de transparencia cuando el actual Secretario General del SUP en Ceuta fue destinado a una embajada? ¿Dónde estaban los comunicados alarmistas cuando el anterior Secretario General del SUP en Ceuta también obtuvo plaza en otra embajada?
En aquellos casos no hubo notas de prensa, ni peticiones de criterios de adjudicación, ni se habló de «malestar». Tampoco han alzado jamás la voz por los 14 policías con plaza en Ceuta que actualmente prestan servicio en embajadas y consulados en el exterior. Resulta muy curioso que, de esos 14 destinados, el SUP solo se haya preocupado de exigir «transparencia» única y exclusivamente con esta compañera. Esto evidencia que su repentina indignación no responde a una preocupación real por los recursos humanos: es un ataque personal, cobarde y de marcado oportunismo sindical dirigido contra una mujer policía.
Una trayectoria intachable: 19 años de servicio y excelencia académica
La funcionaria cuenta con más de diecinueve años de servicio en la Policía Nacional y ostenta la categoría de Oficial de Policía desde enero de 2015, habiendo desempeñado diferentes puestos y destinos a lo largo de su carrera.
Posee además una amplia formación académica y profesional: es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, cuenta con tres titulaciones universitarias de posgrado y formación especializada en ámbitos policiales como fronteras, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, protección de personalidades, protección y seguridad aérea, ciberseguridad y pertenencia al equipo de tiro femenino de la Jefatura Superior de Ceuta, además del A2 de francés y el B1 de Inglés. Ser pareja de un mando policial no elimina diecinueve años de servicio, no concede una licenciatura, no otorga titulaciones universitarias ni proporciona automáticamente formación y experiencia profesional.
El procedimiento para Brasil comenzó antes de la crisis del 30 de julio
El SUP miente de forma deliberada al calificar este traslado como una medida tomada «en plena crisis». La cronología es clara y oficial:
La funcionaria realizó el curso oficial de Seguridad en Embajadas del 4 al 14 de mayo de 2026, circunstancia que consta en su expediente profesional.
El 1 de julio recibió la comunicación oficial de su designación para São
Los días 7 y 8 de julio ya se estaba tramitando la documentación necesaria para preparar su incorporación al exterior.
Todo ello ocurrió semanas antes de la crisis migratoria del 30 de julio de 2026.
Por tanto, presentar su designación de forma que pueda vincularse causalmente con acontecimientos posteriores no se corresponde con la secuencia temporal de la documentación existente.
En defensa de la mujer policía, la igualdad y los derechos humanos
Especialmente preocupante resulta que, desde que esta funcionaria inició una relación sentimental y privada con un mando policial, su carrera esté siendo sometida a un cuestionamiento constante, trasladándose el foco desde su preparación y trayectoria hacia su vida personal.
La propia Policía Nacional cuenta con un I Plan de Igualdad, orientado a avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y que contempla la prevención del acoso como el que está sufriendo esta Oficial. Esta protección se integra asimismo en la estructura de Derechos Humanos e Igualdad de la Policía Nacional, en la que se encuadran la Oficina Nacional para la Igualdad de Género y la Oficina Nacional de Derechos Humanos.
A ello se suma la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva, el IV Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado (aprobado en 2025) y los principios de no discriminación protegidos por los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española. Una mujer policía tiene derecho a ser valorada por su preparación, su trabajo y su trayectoria, y no por la categoría profesional de su pareja.
Dos carreras profesionales no pueden convertirse en objeto de batalla política
Todo lo anterior tampoco puede utilizarse para desprestigiar la trayectoria profesional de más de treinta años de la pareja sentimental de la funcionaria, ni convertir una relación estrictamente privada en un instrumento de confrontación ni politización. Ni la carrera de ella puede explicarse por el cargo de él, ni la trayectoria profesional de él puede quedar cuestionada por mantener una relación sentimental con ella.
En este sentido, y en lo que respecta a su pareja, el Jefe Regional de Operaciones de esta plantilla, Pedro Ferrer, por parte de este sindicato opinamos que la labor que viene desempeñando es digna de ser puesta en valor. Ha demostrado una notable profesionalidad, mostrando una gestión diligente, serena y muy acertada frente a la reciente crisis migratoria. Las actuaciones profesionales de cada uno deben valorarse por hechos objetivos y acreditados, sin trasladar a la esfera pública una relación sentimental para construir sospechas o atribuir motivaciones no demostradas.
Reconocimiento a Francisco López Gordo
En este contexto de ataques indiscriminados, desde la UFP también queremos romper una lanza a favor del Comisario General de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, quien ha sido injustamente criticado por el simple hecho de asistir a la despedida de nuestra compañera. Es un profesional de reconocido prestigio que ha venido a sumar y a ayudar en un momento de extrema dificultad, y mantenemos nuestra plena confianza en su capacidad para coordinar y reconducir la gestión de la Seguridad Ciudadana en nuestra ciudad.
Honor, intimidad y posibles responsabilidades legales
La libertad de expresión y de información no elimina la protección constitucional del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen (artículo 18 de la Constitución y LO 1/1982). Asimismo, el Código Penal contempla los delitos de calumnia (arts. 205 y 206), injurias graves (arts. 208 y 209), su realización con publicidad (art. 211), determinadas conductas de acoso reiterado (art. 172 ter) y la difusión ilícita de información reservada (arts. 197 y siguientes).
La eventual aplicación de cualquiera de estos preceptos correspondería exclusivamente a los tribunales tras analizar los hechos y las pruebas. Lo que no debería normalizarse es que la vida sentimental de una mujer policía se convierta en argumento para poner sistemáticamente bajo sospecha su carrera profesional ni para desacreditar los más de treinta años de trayectoria de su pareja.
La funcionaria se reserva el ejercicio de las acciones legales que pudieran corresponderle para la protección de su honor, intimidad, propia imagen y derechos fundamentales.
La carrera profesional de una mujer le pertenece a ella. También sus méritos.
Y también su derecho a mantener su vida privada fuera del juicio público.
Comité Provincial de la Unión Federal de Policía (UFP) en Ceuta
El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha respaldado el escrito firmado por los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) y dirigido al gerente del Área Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta, al director territorial del organismo y al Defensor del Pueblo.
En el documento, los facultativos lanzan un mensaje directo: «Los médicos de Urgencias no podemos más». Los profesionales califican de «insostenible y peligrosa» la situación que viven actualmente y aseguran que están atendiendo una media del doble de pacientes diarios durante su jornada laboral.
Según exponen, esta situación de colapso se mantiene desde hace dos meses sin que, a su juicio, se hayan adoptado medidas eficaces. Entre las actuaciones que mencionan figuran el despliegue de un hospital de campaña para mantener circuitos asistenciales diferenciados y los aislamientos, así como un refuerzo efectivo del personal médico.
Los facultativos describen una presión asistencial que consideran «inaguantable» desde el punto de vista físico, psíquico y profesional y alertan de las consecuencias clínicas, profesionales y deontológicas que pueden derivarse de trabajar en estas condiciones.
Advierten de dificultades para atender correctamente a los pacientes
Uno de los principales puntos del escrito se refiere directamente a la calidad de la asistencia sanitaria. Los médicos aseguran que existe una «imposibilidad de prestar una atención correcta al paciente con el tiempo necesario para su evaluación, diagnóstico y prescripción».
A esta elevada demanda se suma, según explican, la atención a las personas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio.
Los facultativos señalan varias dificultades añadidas, entre ellas la barrera idiomática y la falta de traductores, la ausencia de un historial médico conocido, el desconocimiento del estado vacunal, las dificultades para verificar la identidad y la imposibilidad de realizar en determinados casos un seguimiento adecuado.
Según advierten, estas circunstancias incrementan la posibilidad de errores y, con ello, pueden aumentar las responsabilidades profesionales, civiles y deontológicas, además de la posible responsabilidad patrimonial de la Administración.
Reclaman atender la situación extraordinaria sin perjudicar a los ceutíes
En su escrito, los médicos señalan que deben garantizarse dos obligaciones de forma simultánea. Por un lado, consideran que las personas extranjeras que permanecen actualmente en Ceuta deben recibir la asistencia sanitaria que les corresponda, con independencia de su situación administrativa.
Al mismo tiempo, advierten de que el incremento extraordinario e imprevisible de población que necesita asistencia no puede deteriorar el acceso al sistema sanitario de la población residente en Ceuta.
Esta situación, según los facultativos, afecta potencialmente a Atención Primaria, Atención Especializada, Urgencias, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas programadas.
Para responder a ambas necesidades, los médicos consideran imprescindible adaptar los medios personales, materiales y organizativos a la demanda extraordinaria existente.
La presión también afecta a la salud de los médicos
El escrito dedica también un apartado a las consecuencias que la situación está provocando sobre los propios profesionales. Los facultativos aseguran estar sometidos a una tensión que puede derivar en problemas físicos y psíquicos.
Por ello, recuerdan el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de salud laboral y reclaman que la situación sea corregida de forma inmediata para evitar que la presión asistencial y el estrés laboral terminen afectando a su salud.
Asimismo, apelan al Código de Deontología Médica, en relación con el derecho de los pacientes a recibir una atención de calidad y con la obligación del facultativo de abstenerse de actuaciones que sobrepasen su capacidad cuando las condiciones de trabajo comprometan el correcto ejercicio profesional.
El SMC anuncia que acudirá a la Fiscalía si no hay soluciones
Los facultativos concluyen que «el paciente es el gran perjudicado de esta situación» y consideran que las condiciones actuales comprometen su derecho a recibir una atención sanitaria adecuada.
Por ello, reclaman medidas organizativas y logísticas y un incremento de los recursos humanos para corregir la presión asistencial y evitar que vuelva a reproducirse.
El SMC respalda las reivindicaciones de los médicos de Urgencias y considera que el escrito supone una llamada de atención a la Administración sanitaria. El sindicato reclama al Ingesa que escuche a los profesionales y adopte medidas inmediatas para garantizar una asistencia segura y de calidad.
Además, advierte de que, si el Ingesa no soluciona la situación del servicio de Urgencias, denunciará los hechos ante la Fiscalía.
Para el sindicato, la situación no puede normalizarse cuando son los propios médicos que trabajan diariamente en el HUCE quienes han decidido dejar por escrito que «no podemos más».
Agentes de la Guardia Civil han sido activados este martes ante la localización del cadáver de un varón en aguas del Sarchal, en Ceuta. Hasta la zona han sido movilizados los componentes de los GEAS, Grupo Especialista de Actividades Subacuáticas de la Benemérita.
Se trata de un varón adulto, de nacionalidad marroquí, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.
Los agentes de esta unidad especializada del Instituto Armado han procedido a la recogida del cuerpo sin vida y posterior traslado a la base ubicada en el puerto pesquero, a donde han sido llamados tanto el personal forense, como la funeraria y la Policía Judicial adscrita al Laboratorio de Criminalística de la Benemérita.
De momento, pocos datos han trascendido sobre este suceso, a la espera de que se pueda conocer si el fallecido porta documentación para conocer su origen.
Protocolo activado para el traslado del cuerpo
Los guardias civiles han acudido hasta el Sarchal para recoger el cuerpo y proceder a su traslado a la base del Marítimo, en donde el personal forense se encargará de poder verificar ese extremo, el de si porta algún tipo de documentos entre sus prendas.
La presión marítima asociada a la inmigración permanece, a pesar de los controles que hay en el mar.
Y no solo protagonizada por aquellos que quieren entrar a nado, sino también por las embarcaciones que intentan aproximar a inmigrantes a las costas de Ceuta o, a la inversa, sacarlos desde la ciudad a la Península. No dudan en arrojar a estas personas en plena travesía.
Labores de la Guardia Civil
Ahora, será labor de la Guardia Civil el certificar quién es esta persona y si formaba parte de una de esas travesías relacionadas con la inmigración clandestina.
Los agentes del Instituto Armado han logrado varias identificaciones de inmigrantes fallecidos, poniendo en marcha un proceso muchas veces complicado al no haber bases de datos comparativos para conocer identidades salvo que estén previamente filiados y figuren en las bases compartidas por las fuerzas de seguridad.
La sesión plenaria de este martes ha comenzado con la votación del calendario laboral de Ceuta del próximo año 2027. Una propuesta que había sido previamente tramitada en la Comisión Informativa de Presidencia y Gobernación y que ha sido aprobada por amplia mayoría.
Únicamente ha votado en contra del calendario laboral 2027 el grupo Vox y el diputado no adscrito Carlos Verdejo.
Y es que, mientras que todos los grupos han respaldado que este calendario contemple como días festivos el 10 de marzo, día del Eid al-Fitr; y 17 de mayo, día del Eid al-Adha, Vox se ha posicionado en contra.
Por su parte, no será festivo el día de San José o la Festividad de la Asunción de la Virgen al caer en domingo. Tampoco lo será el 13 de junio, día de San Antonio, al coincidir también en domingo.
La réplica de Vox
Tras la presentación de la propuesta para proceder a su votación, Vox ha hecho uso de la palabra para mostrar su rechazo al calendario laboral 2027, criticando además que el presidente, Juan Vivas, no vaya a hacer “ningún tipo de modificación, ni cambio ni actitud. Él está con su circuito mediático y está viendo que el agua fluya y no le lleve la corriente”.
Sobre el calendario laboral de Ceuta, Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox, ha señalado que “se incluyen dos festivos laborales que se marcan en función de lo que determina el Ministerio de Asuntos Religiososdel reino de Marruecos, ese reino que ha instigado la invasión de Ceuta”.
Esas fechas son “el final del Ramadán y la Fiesta del Sacrificio. Ósea, que estamos adaptando un documento a las intenciones del reino que ha promovido la invasión del día 30”, ha insistido Redondo.
Además, ha puesto sobre la mesa otra cuestión que considera “relevante”, y es que “mientras que en el documento se incluyen estos días, el Gobierno elimina el festivo laboral que corresponde con el día 13 de junio, día de San Antonio. Eso es lo que ha traído el Gobierno hoy aquí y lo que deben saber los ceutíes”.
Ante esto, Vox ha tendido la mano al Gobierno de la Ciudad “para adaptar el calendario a la nación a la que pertenecemos, porque Ceuta es española. Por lo tanto, nosotros le apoyamos el calendario, pero siempre y cuando respete el festivo de San Antonio y que incluya la festividad de San Daniel y compañeros Mártires”, a la vez que se quitan las festividades de la comunidad musulmana.
Para finalizar, ha vuelto a poner sobre la mesa una oferta para sacar este calendario adelante con mayoría absoluta, siempre y cuando sea “un calendario laboral que se adapte a la realidad de Ceuta y no esté mediatizado por el reino de Marruecos”.
PSOE y MDyC apoyan el calendario
Tras la intervención del portavoz de Vox, Sebastián Guerrero, del PSOE, le ha afeado a Redondo que no asistiera a la Comisión Informativa sobre el calendario, donde podía haber presentado enmiendas.
También le ha recordado que “esta ciudad es multiculturalidad y sus días festivos tienen que ser multiculturales también”.
Por su parte, la portavoz de MDyC, Fatima Hamed, ha expresado que este calendario refleja “la realidad social de Ceuta”.
Asimismo, se ha dirigido a Vox para insistirle en que “ni usted ni nada podrá borrar la identidad de esta ciudad y de su población musulmana. Esta ciudad no se concibe sin la pluralidad de tantas personas de distintos credos”.
También le ha dicho que confunde “nacionalidad y religión” y le ha pedido “respetar la identidad de Ceuta y respetarnos a todos los ceutíes”.
“Una línea inquebrantable”
En último lugar, Kissy Chandiramani ha puesto sobre la mesa que “la realidad de Ceuta es que los ceutíes, indiscutiblemente, recemos a quien recemos, tenemos derecho a celebrar nuestras culturas y nuestras tradiciones y esa es una línea inquebrantable”.
Por ello, el calendario laboral de Ceuta contemplará siempre estas festividades.
Tras estas palabras, se ha procedido a la votación, que ha concluido con 16 votos a favor y cinco en contra.
JUCIL ha presentado esta iniciativa durante su participación en la Ponencia para el análisis, en el marco de la política de Seguridad Nacional, del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, constituida en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y del Senado.
La organización plantea pasar de los “refuerzos improvisados” a un modelo permanente de preparación y respuesta fronteriza, basado en planificación previa, unidades disponibles, medios suficientes y una cadena de mando claramente definida.
En este contexto, propone crear una Agrupación de Seguridad de Fronteras Terrestres de la Guardia Civil, una estructura especializada que integre, bajo protocolos y mando definidos, diferentes capacidades del cuerpo.
Integración de distintas unidades y medios
Según la propuesta de JUCIL, esta agrupación debería integrar las capacidades de Seguridad Ciudadana, GRS o UAR, GEAS, Servicio Marítimo y Policía Judicial, además de las áreas fiscal y de fronteras y los sistemas aéreos no tripulados.
La asociación considera que Ceuta y Melilla necesitan una planificación específica y permanente que permita activar recursos rápidamente cuando se produzcan situaciones extraordinarias.
Para ello, plantea también la aprobación de un Plan Permanente de Preparación y Refuerzo Fronterizo para Ceuta y Melilla, que establezca distintos niveles de activación y determine previamente las unidades que pueden desplegarse, quién asumirá el mando y qué medios estarán disponibles.
El plan incluiría igualmente las condiciones de alojamiento, dietas, relevos y asistencia sanitaria de los agentes que participen en los dispositivos.
Diez medidas trasladadas a la Ponencia
JUCIL sostiene que las recientes situaciones extraordinarias registradas en Ceuta deben servir para identificar las carencias detectadas y convertirlas en capacidades, evitando que cada episodio de presión fronteriza obligue a improvisar una respuesta.
La propuesta forma parte de un conjunto de diez medidas trasladadas por la asociación a la Ponencia. Entre ellas figuran la incorporación de información pertinente de la Guardia Civil a los procedimientos, el refuerzo de los mecanismos contra el fraude organizado y la creación de una estructura permanente contra las redes criminales del Sur.
También reclama impulsar la investigación patrimonial y aumentar la protección operativa y jurídica de los agentes.
En relación con el crimen organizado en el litoral andaluz, JUCIL defiende igualmente estructuras estables que integren inteligencia, investigación supraterritorial, apoyo operativo, coordinación marítima e investigación económica y patrimonial, en continuidad con sus demandas para recuperar las capacidades del Ocon Sur.
