El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, con el fin de evaluar el estado de los órganos judiciales de Ceuta tras los graves acontecimientos ocurridos el 30 y 31 de julio.
Este encuentro, solicitado por carta por el propio Vivas el pasado 17 de agosto, ha servido para conocer de primera mano las decisiones adoptadas por el gobierno de los jueces.
El objetivo primordial es aliviar el extraordinario incremento de la carga de trabajo en la Administración de Justicia ceutí, derivado directamente de la entrada irregular de miles de personas a la ciudad.
En la sesión, el presidente estuvo acompañado por el vicepresidente primero, Alejandro Ramírez, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán.

Medidas extraordinarias y refuerzos judiciales aprobados
Durante la reunión, se expusieron las principales actuaciones de la Comisión Permanente del CGPJ destinadas a asegurar el correcto funcionamiento de la actividad judicial en Ceuta.
Entre las medidas más destacadas se encuentran el apoyo al Tribunal de Instancia con refuerzos aprobados específicamente para la Sección Civil y de Instrucción, así como el refuerzo de la plaza competente a violencia sobre la mujer, una de las áreas más afectadas por el incremento de casos penales.
La presidenta del CGPJ recibe al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta
▪️ Isabel Perelló y Juan Jesús Vivas han abordado la situación de los órganos judiciales en ese partido y las medidas acordadas por el CGPJ
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— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) September 7, 2026
También se ha indicado la incorporación de un segundo juez al servicio de guardia mientras persista la actual situación de excepcionalidad al igual que la concesión de dos comisiones de servicio y el mantenimiento temporal de los efectivos adicionales que ya venían prestando apoyo.
El presidente de la Ciudad Autónoma agradeció la sensibilidad del CGPJ ante la situación y urgió a dotar con la máxima celeridad de recursos a la justicia local frente a esta grave crisis, cuyas consecuencias continúan afectando a la localidad más de un mes después de los sucesos de julio.







Antes de reunirse con la jefa de los Jueces, el Sr. Vivas y sus dos lacayos, deberían haberse leído, la queja del Sindicato mayoritario en la Junta de Personal de Funcionarios de la Administración de justicia en Ceuta , publicado por el Faro y que resumidamente decía:
"Para que los planes de urgencia y refuerzo sean verdaderamente eficaces, resulta indispensable que la dotación de jueces se coordine de manera obligatoria y simultánea con el nombramiento de personal funcionario interino o de refuerzo perteneciente a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial”, añade. Sin duda esa es la madre del cordero sobre la que se debe actuar para evitar un auténtico desastre judicial"
CCOO-Justicia considera determinante que se acuerde vincular de forma sistemática cualquier medida de refuerzo judicial (jueces o magistrados) a una dotación equivalente y coordinada de personal funcionario de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en los órganos afectados, garantizando así la viabilidad operativa de las Oficinas Judiciales y el correcto funcionamiento del servicio público de Justicia.
Antes de reunirse con la jefa de los Jueces, el Sr. Vivas y sus dos lacayos, deberían haberse leído lo publicado por el Faro y que resumidamente decía:
"Para que los planes de urgencia y refuerzo sean verdaderamente eficaces, resulta indispensable que la dotación de jueces se coordine de manera obligatoria y simultánea con el nombramiento de personal funcionario interino o de refuerzo perteneciente a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial”, añade. Sin duda esa es la madre del cordero sobre la que se debe actuar para evitar un auténtico desastre judicial"
CCOO-Justicia considera determinante que se acuerde vincular de forma sistemática cualquier medida de refuerzo judicial (jueces o magistrados) a una dotación equivalente y coordinada de personal funcionario de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en los órganos afectados, garantizando así la viabilidad operativa de las Oficinas Judiciales y el correcto funcionamiento del servicio público de Justicia.