Gonzalo Sanz traslada a la jueza Tardón que informó al delegado de los mensajes con el CNI

Era una de las declaraciones más esperadas. Gonzalo Sanz, quien fuera jefe de gabinete del ya exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha declarado como testigo ante la jueza María Tardón.

Él es quien habló por WhatsApp con un agente del CNI antes de las entradas masivas de finales de julio. Quien después tuvo una conversación de 11 minutos.

Hoy ha dado su móvil a la jueza Tardón y ha ratificado lo declarado por Juan Vivas en cuanto a las alertas dadas. En la Audiencia Nacional disponen de medios para el clonado de ese celular, trámite que se ha llevado a cabo.

Sanz ha dado información de su móvil para ilustrar su testimonio.

Este hecho ha causado que se prolongue su comparecencia en el juzgado, donde se encuentra desde las 12:00 horas para prestar declaración en calidad de testigo.

Sanz presentó su dimisión el pasado 11 de septiembre como jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, quien ha dimitido a sus vez esta misma semana.

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Declaración tras la de Vivas

Su declaración tiene lugar después de la de ayer del presidente Juan Vivas, quien aseguró haber llamado diez veces para hablar con el presidente del Gobierno antes de la entrada masiva del 30 de julio y que solo obtuvo tres veces respuesta de su jefe de gabinete, versión que Moncloa ha desmentido.

Gonzalo Sanz presentó su dimisión tras mantener que él dio traslado a sus superiores del mensaje de un miembro del CNI, que un día antes de las entradas masivas le avisó de la convocatoria que se movía en redes sociales para acceder a España aprovechando la Fiesta del Trono marroquí, afirmación que negó Pérez Triano.

Sanz ha dicho que avisó de esos del CNI a Triano, aunque esto no ha supuesto una crítica al ya exdelegado que lo negó.

De igual forma ha dicho que se envió información a varios ministerios a finales de julio antes de entregar a la jueza María Tardón mensajes almacenados en su teléfono móvil.

Además, Sanz ha dado a conocer que no todos los informes que hay son los que desclasificó Moncloa. Hay más que no se conocen.

Dos horas de declaración y el famoso «sus rilas»

Sanz ha declarado durante unas dos horas como testigo en el marco de la investigación por las entradas masivas.

Tal y como siempre ha mantenido, Sanz ha insistido en que sí trasladó al entonces delegado del Gobierno todas las conversaciones que mantenía con Inteligencia.

El testigo ha mantenido en esencia la versión que aportó en su carta de dimisión, donde también hacía referencia a «la labor de aviso y alerta que se realizó desde Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios», se ha informado.

El 29 de julio queda reflejado en su teléfono una conversación por WhatsApp con el CNI, que le trasladó a las 13:52 horas la existencia de un llamamiento en redes para un asalto por la valla y por mar el día siguiente, a las 20:00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos «estarían liados».

En otro mensaje, el CNI señalaba la existencia de dos grupos diferentes en redes con un total de 180.000 seguidores para que este se hiciera «una idea del alcance de la difusión», ante lo que el exjefe de gabinete respondió «sus rilas», una expresión coloquial que refleja asombro.

La desclasificación de informes

Todo esto se supo al quedar desclasificados por parte del Gobierno varios informes, aunque no todos.

Fue entonces cuando el delegado en Ceuta negó que tuviera conocimiento de esas advertencias, lo que precipitó la dimisión de Gonzalo Sanz, que mantiene la versión contraria.

En su carta, Sanz apuntó a la «evidente incompatibilidad» entre su afirmación sobre que transmitió los mensajes al propio delegado «ese mismo día» y las declaraciones de quien era su superior.

«Tomo esta decisión sin la más mínima acritud hacia el delegado porque sé que desde Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Gobierno central desde el primer minuto, sabedor de que existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios», sostuvo Sanz en su escrito, que este jueves ha confirmado como testigo.

Este testigo dimitió antes de que lo hiciera quien había sido su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, que el pasado lunes renunció como delegado del Gobierno en Ceuta, dejó la política y su cargo orgánico, pues era también el secretario general del PSOE en la ciudad autónoma.

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Sigue la investigación

Con la testifical de Sanz y también la de Sebastián Vega continúa la investigación para esclarecer la entrada de miles de inmigrantes por la frontera de Ceuta a finales de julio, que se sumará a la querella contra Triano.

Mercadona apuesta por ATENEA, su propia IA para desarrollar software

Mercadona ha creado y puesto en marcha ATENEA, una plataforma propia de inteligencia artificial con el objetivo de ayudar a sus equipos tecnológicos a generar software con mayor rapidez y más calidad. Más de 500 ingenieros ya utilizan esta plataforma de IA agéntica creada para transformar y acelerar el desarrollo de software a gran escala. Con esta herramienta, que no solo responde o genera contenidos junto al usuario, sino que también puede ejecutar tareas de forma autónoma, la compañía busca ganar agilidad y eficiencia en la creación de aplicaciones y, con ello, impulsar la digitalización de sus procesos físicos.

ATENEA es una solución propia de Mercadona IT, el departamento responsable de la digitalización de la compañía. La plataforma integra el conocimiento, los procesos, las herramientas y los estándares de calidad de Mercadona, y coordina agentes especializados capaces de ejecutar distintas misiones dentro del ciclo de desarrollo. Con esta solución, la compañía busca optimizar el desarrollo del software que da soporte al negocio.

“Esta plataforma propia de inteligencia artificial ayuda a los equipos tecnológicos a crear software de forma más rápida, con mayor calidad y, lo más importante, integrando el conocimiento y el contexto propio de nuestra empresa”, explica Sergio Pajares, CTO de Mercadona.

Los «early adopters», el equipo específico de la compañía responsable de implantar la IA en cada vertical de desarrollo

En el desarrollo y la implantación de ATENEA participan equipos de diferentes ámbitos de Mercadona IT, entre ellos los de procesos, tecnología, operaciones, infraestructura, diseño o seguridad entre otros. Además, la compañía ha formado un equipo de ingenieros «early adopters», encargado de impulsar su implantación en los diferentes verticales de desarrollo para el negocio, así como de formar y acompañar a los equipos en la adopción de esta nueva forma de trabajar.

Según Sergio Pajares, CTO de Mercadona, “con el desarrollo y puesta en marcha de

ATENEA la compañía persigue crear una nueva forma de desarrollar software, más rápida, más consistente y más alineada con las necesidades del negocio. En este sentido, el reto principal ha sido que la IA entienda cómo trabaja Mercadona y que ATENEA funcione como un equipo formado por distintos agentes especializados, cada uno preparado para realizar una tarea concreta o trabajar con una tecnología específica”.

La siguiente fase pasa por extender el uso de agentes a todo el ciclo de vida del desarrollo, hacer la plataforma más eficiente y evolucionarla para que pueda trabajar con modelos de IA de diferentes fabricantes.

Una IA que entiende cómo trabaja Mercadona

El factor diferencial no está únicamente en disponer de modelos de IA cada vez más

capaces, sino en conseguir que estos entiendan cómo trabaja la compañía y actúen dentro de sus criterios técnicos.

“La inteligencia artificial es cada vez más capaz y eficiente. Pero, si no se le marcan límites y objetivos claros, puede cometer errores o trabajar en una dirección equivocada. Lo importante no es solo contar con una IA muy potente, sino asegurarse de que está alineada con las necesidades de la empresa”, señala Pajares.

Antes de abordar una tarea, ATENEA proporciona a los agentes información sobre cómo desarrolla software Mercadona: sus procesos, herramientas, normas, diseños y criterios de calidad. De esta forma, la IA puede generar soluciones que encajan con la forma real de trabajar de la compañía. “La IA no sustituye la responsabilidad técnica; la amplifica. Los profesionales mantienen el control y el criterio sobre las decisiones, mientras la plataforma multiplica su capacidad de ejecución”, añade Pajares.

La IA en Mercadona

La compañía lleva años desarrollando una estructura tecnológica que aproveche la IA

cuando verdaderamente aporte valor para impactar directamente en la eficiencia de su negocio. De ahí la importancia y, especialmente en una empresa de su volumen, con cientos de aplicaciones y procesos, de identificar correctamente donde la inteligencia artificial aporta un impacto real.

Además de ATENEA, Mercadona cuenta con otras soluciones que incorporan IA en

diferentes procesos. Algunos de ellos incluyen la planificación y gestión de vacaciones y horarios, el reconocimiento automático de facturas de proveedores o un proyecto propio para gestionar con IA todos los datos maestros de producto.

Vox pide más controles tras detectar alojamientos irregulares

Vox Ceuta ha llevado a la Sesión de Control de este miércoles un asunto como son las actuaciones llevabas a cabo en el parque de viviendas de Protección Oficial después de conocerse que “adjudicatarios de viviendas municipales estarían alquilando bien la totalidad de los inmuebles, bien habitaciones o incluso sus garajes anexos a invasores”.

Según ha manifestado en su primera intervención Juan Sergio Redondo, “nos encontramos ante recursos públicos que directa o indirectamente pueden estar terminando al servicio de quienes participaron en la invasión. Es precisamente aquí donde el Gobierno de la Ciudad debe ejercer con absoluta determinación sus facultades de inspección y policía administrativa”.

En ese sentido, ha manifestado las viviendas de Protección Oficial no pueden convertirse “en un negocio particular mediante su alquiler o cesión irregular y mucho menos mientras existen familias ceutíes esperando durante años una oportunidad para acceder a una vivienda”.

Por ello, desde Vox han pedido al Gobierno saber cuántas inspecciones se han realizado en este tiempo en el parque público de viviendas, si se están investigando los alquileres de habitaciones, garajes y otras dependencias vinculadas a viviendas públicas y qué coordinación existe entre Emvicesa, la Policía Local y los demás servicios municipales implicados.

Y es que, como ha insistido Redondo, “la vivienda pública en Ceuta es evidente que está para cumplir una función social, no para convertirse en un negocio privado. No resulta admisible que, mientras numerosos ceutíes necesitan una vivienda, pueda haber adjudicatarios utilizando un recurso financiado con el dinero de todos para lucrarse con las consecuencias de la invasión”.

Las actuaciones de la Ciudad

Según ha informado Alejandro Ramírez, desde que tuvieron constancia de la presencia de inmigrantes en trasteros, garajes y viviendas, desde la Ciudad, en coordinación con las áreas competentes, se pusieron manos a la obra para “llevar a cabo actuaciones conjuntas y evitar que eso se produjera y tramitar los expedientes sancionadores correspondientes” a quienes habín cometido algún delito.

También se envió un aviso a todos los presidentes y comunidades de vecinos para informar sobre las consecuencias “de tener a personas alojadas de manera irregular”.

Entre las intervenciones “hubo una muy importante en Loma Colmenar. Se analizaron diferentes trasteros, garajes y también alguna vivienda donde había muchísimas personas” a cambio de una contraprestación económica que alcanzó los 10.000€ desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Por otro lado, también se ha actuado en la zona de Doctora Soraya, Polígono Virgen de África y en las 317 VPO. “Estas son actuaciones que han sido por denuncias que nos han llegado directamente por parte de ciudadanos y se ha hecho la actuación por parte de la Policía Local, que se le emitió el oficio para actuar, y por parte también, obviamente, del área de Vivienda”.

La respuesta de Redondo

Tras estas palabras, Redondo ha entendido que “los desalojos que se han hecho han sido a iniciativa de la Policía Nacional, no por iniciativa de la consejería competente ni una actuación directa por parte de la Policía Local”.

“Entiendo que en esa línea no se ha montado un dispositivo por parte de la consejería utilizando los recursos propios, en este caso de Policía Local, para hacer un rastreo y una identificación al margen de las denuncias que vayan surgiendo por parte de los usuarios de aquella zona”, ha insistido.

Desde su punto de vista, “desde la consejería, hay que montar un dispositivo preventivo, en este caso, para inspeccionar una zona en la que se supone y en la que ya hay constancia de que se están produciendo estos hechos delictivos. La preocupación que tenemos desde este grupo es que puede haber muchísimos más pisos pateras en la zona de Loma Colmenar y en otros sitios de la ciudad, donde tiene competencias también la Ciudad Autónoma”.

Por su parte, Alejandro Ramírez ha insistido en que se tratan de actuaciones “que no son sencillas en cuanto a la operativa” ya que hay que llevar los medios suficientes, estudiar cómo entrar y trasladar luego a las personas que haya dentro a los recursos correspondientes.

Aún así, reconoce que “es una materia donde tenemos que insistir, tenemos que continuar realizando esta labor, puesto que es fundamental también que todas estas personas que estén, de alguna manera, alojadas de manera irregular, se les aplique también la justicia, sobre todo a las personas que permiten esa situación y, además, con una contraprestación económica. Con lo cual, como le digo, seguimos trabajando ahora mismo en esta materia y esperemos que podamos llegar a la normalidad lo antes posible”, ha concluido.

Refuerzo en la Audiencia Nacional ante el previsible aumento de solicitudes de asilo por la entrada en Ceuta

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha aprobado un plan extraordinario de refuerzo con carácter de urgencia destinado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Esta medida responde al previsible incremento masivo de procedimientos judiciales en materia de protección internacional y solicitudes de asilo, originados por la entrada irregular de miles de personas en Ceuta a través de la frontera de Marruecos los días 30 y 31 de julio.

La propuesta, impulsada por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Fernando Ruiz Piñeiro, busca garantizar una respuesta judicial rápida, homogénea y eficaz. La institución prevé la llegada de miles de recursos al mes o incluso a la semana. Por ello, el acuerdo ha sido comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para coordinar la implementación inmediata de las medidas necesarias.

Guardia permanente de 43 magistrados para resolver medidas cautelares

El núcleo del plan establece una comisión de servicios de seis meses sin relevación de funciones para los 43 magistrados que integran la Sala. Con esta iniciativa, las ocho secciones del órgano judicial permanecerán en sistema de guardia permanente durante medio año para repartir de forma equilibrada la tramitación de expedientes ordinarios y urgentes.

La prioridad de esta reorganización judicial radica en la resolución de las medidas cautelares de protección internacional. El marco normativo de la Unión Europea exige resolver estas peticiones cautelares en plazos especialmente breves, lo que requiere máxima agilidad procesal.

Refuerzo de plantilla y compromiso ante una situación de interés nacional

Para evitar el colapso operativo, la Audiencia Nacional ha solicitado un incremento en la plantilla de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios, así como un refuerzo específico para la oficina de registro y reparto de asuntos.

Los magistrados han manifestado su disponibilidad absoluta para asumir jornadas de horas extraordinarias, siendo conscientes de la situación excepcional de interés nacional y de la necesidad de evaluar los casos de forma individualizada con una unificación de criterios. De este modo, la Audiencia Nacional busca ofrecer la respuesta coordinada e institucional que la sociedad española demanda ante la problemática en la frontera sur.

Parques de Ceuta exige un decreto para agilizar las expulsiones

La Asociación de Vecinos Parques de Ceuta vuelve a reclamar medidas urgentes ante una situación que, según denuncia, lleva ya dos meses afectando a la vida cotidiana de los ceutíes.

La entidad asegura que durante este periodo se han sucedido la incertidumbre, la inseguridad y la insalubridad, sin que la ciudad haya logrado recuperar plenamente la normalidad.

La asociación considera que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos y reclama a las administraciones competentes soluciones concretas.

En este sentido, pone el foco en los procedimientos de retorno y expulsión de las personas que se encuentran en situación irregular y pide que se agilicen “siempre dentro del marco legal y con todas las garantías jurídicas”.

Parques de Ceuta plantea además una comparación con la rapidez con la que, a su juicio, se han aprobado otras medidas. “Si el Gobierno ha sido capaz de aprobar dos decretos de vivienda en apenas cuatro días, ¿por qué, después de dos meses, seguimos en Ceuta prácticamente en la misma situación?”, cuestiona la asociación vecinal.

La asociación reclama acortar los plazos

La entidad sostiene que, transcurridos dos meses, no se están apreciando resultados efectivos suficientes en materia de repatriaciones.

Según la información que maneja la asociación, muchas de las personas que estarían abandonando Ceuta lo hacen por voluntad propia, por lo que considera necesario revisar los procedimientos actualmente existentes si estos no permiten ofrecer una respuesta eficaz.

“Si los procedimientos existentes no están permitiendo dar una respuesta efectiva a la situación, ha llegado el momento de revisarlos y agilizar los plazos”, señala Parques de Ceuta, que reclama la aprobación urgente de un decreto específico que permita acortar los tiempos de actuación.

La asociación también expresa su preocupación ante la posibilidad de habilitar nuevos asentamientos mientras la situación actual continúa sin resolverse. Antes de poner en marcha nuevos espacios, considera que deberían adoptarse “soluciones eficaces y definitivas” que permitan recuperar la normalidad en la ciudad.

Dudas sobre las medidas de control

Otro de los asuntos que preocupa a la asociación es el funcionamiento de las pulseras de control. Parques de Ceuta pide que se revise de manera urgente su eficacia y funcionamiento y sostiene que, si se están utilizando dispositivos que “no corresponden a la persona que las lleva”, tal y como denuncia la entidad, difícilmente pueden cumplir correctamente su función.

En este sentido, la asociación reclama que las medidas de control sean “eficaces, individualizadas y verificables”, al tiempo que insiste en que los procedimientos no pueden prolongarse indefinidamente sin que los ciudadanos perciban resultados concretos.

“El tiempo juega en contra de Ceuta”, advierte la entidad vecinal, que teme que la situación pueda volver a condicionar la vida cotidiana de la ciudad en los próximos meses. La asociación recuerda el impacto que, según señala, ya ha tenido en actividades y espacios como la Feria, el Mercado Medieval, las playas y los parques.

La mirada puesta en diciembre

Con la llegada de los próximos meses, Parques de Ceuta plantea abiertamente la incertidumbre sobre cómo puede evolucionar la situación. “¿Y ahora qué? ¿La mochila? ¿La Navidad?”, pregunta la asociación, que rechaza que los ceutíes tengan que seguir renunciando a espacios, actividades y momentos de su vida cotidiana.

La entidad vecinal considera que “a grandes problemas, grandes soluciones” y vuelve a reclamar un decreto que permita aligerar los procedimientos, acortar los plazos y ofrecer una respuesta rápida, siempre dentro de la legalidad.

La asociación recuerda además que la cuestión de los procedimientos de retorno también se aborda en el ámbito europeo y sostiene que las administraciones competentes deben utilizar todas las herramientas legales disponibles para afrontar la situación.

Más presencia policial y una posible huelga general

Junto a la agilización de los procedimientos, Parques de Ceuta reclama un refuerzo urgente de la presencia policial en las calles y la adopción de medidas que, según la asociación, permitan garantizar la tranquilidad de los vecinos.

“No pedimos privilegios. Pedimos seguridad, soluciones y el derecho a vivir tranquilos en nuestra propia ciudad”, sostiene la entidad, que considera que dos meses son “demasiado tiempo” y advierte de que la paciencia de los ciudadanos “tiene un límite”.

En este contexto, la asociación plantea incluso la posibilidad de promover una huelga general como medida de protesta para reclamar una respuesta inmediata de las administraciones. Parques de Ceuta pide que se valore esta convocatoria y llama a los ciudadanos a sumarse a las reivindicaciones.

Parques de Ceuta y JOP exigen la paralización inmediata de las obras del embolsamiento

La asociación apoya un desplazamiento a Madrid

La entidad vecinal también expresa su apoyo a la propuesta de organizar un desplazamiento masivo de ceutíes a Madrid para trasladar directamente sus reivindicaciones a las instituciones y representantes políticos nacionales.

“Si es necesario desplazarnos hasta la capital para que nuestros representantes políticos nos escuchen, hagámoslo”, afirma la asociación, que considera que las reivindicaciones adquieren otra dimensión cuando llegan hasta Madrid.

Parques de Ceuta reivindica así que Ceuta sea escuchada y reclama que la situación de la ciudad no quede relegada. La asociación asegura que los vecinos están dispuestos a “dar un paso al frente” para hacer llegar sus demandas “allí donde se toman las decisiones”.

«No podemos permitir que pasen otros dos meses»

En su comunicado, la asociación insiste en que sus demandas pasan por seguridad, soluciones, plazos más cortos y medidas efectivas. “No podemos permitir que pasen otros dos meses y que todo siga igual”, advierte.

Parques de Ceuta asegura que tampoco quiere que los ciudadanos se acostumbren a una situación que, según denuncia, está alterando su vida diaria. “No podemos aceptar que la paciencia sea la única respuesta que reciban los ciudadanos”, señala.

“¡Basta ya de palabras! ¡Queremos soluciones!”, concluye la asociación, que reivindica la necesidad de recuperar la normalidad y reclama a las administraciones “unidad, compromiso y, sobre todo, respuestas inmediatas”.

«Ceuta no se rinde»

La Asociación de Vecinos Parques de Ceuta asegura que continuará defendiendo los intereses de su barriada y de la ciudad y llama a los ceutíes a unirse a sus reivindicaciones.

“Ceuta no se rinde. Los caballas no se rinden”, proclama la entidad, que quiere que sus demandas sean escuchadas en Ceuta, Madrid y el resto de España.

La asociación cierra su comunicado apelando a la necesidad de recuperar la normalidad, garantizar la tranquilidad de los vecinos y evitar que la situación se prolongue durante otros meses. “Por Ceuta, por nuestros barrios y por el futuro de nuestros hijos”, concluye.

La Guardia Civil investiga a un vecino de Ceuta por una falsa oferta de trabajo online

La Guardia Civil investiga a un vecino de Ceuta por su presunta implicación en una estafa y un delito de blanqueo de capitales mediante el método de las falsas tareas remuneradas por internet.

La investigación, desarrollada por la CiberComandancia con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ceuta, permitió identificar las cuentas y medios utilizados para canalizar el dinero obtenido presuntamente mediante el engaño.

La víctima, con domicilio en Lleida, llegó a realizar pagos por alrededor de 5.000 euros después de ser captada a través de un anuncio publicado en Instagram. La supuesta oferta de trabajo prometía ingresos por realizar desde casa sencillas tareas relacionadas con productos de una conocida cadena de perfumerías.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Ceuta, según ha informado la Guardia Civil. El instituto armado considera esclarecidos un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales tras analizar el recorrido de las cantidades transferidas por la víctima.

Una primera tarea de cinco euros para generar confianza

El fraude comenzó cuando la víctima accedió al anuncio de Instagram y fue derivada posteriormente a una conversación de WhatsApp. Allí se le propuso realizar determinadas acciones relacionadas con productos de una conocida cadena de perfumerías.

En un primer momento, realizó dos tareas de pequeña cuantía por las que recibió una remuneración de cinco euros. Este primer pago, según la investigación, habría servido para generar confianza en la víctima y darle credibilidad a la actividad que se le estaba ofreciendo.

Posteriormente, la víctima fue puesta en contacto con otras personas a través de Telegram, que le ofrecieron nuevas tareas con las que supuestamente podía conseguir mayores ganancias. Para acceder a ellas debía realizar previamente aportaciones económicas que, según se le indicaba, podría recuperar junto con los beneficios.

Pagos cada vez mayores

En una primera operación, la víctima realizó un pago de 390 euros. Después de completar la tarea, se le comunicó que había obtenido beneficios, pero que no podía retirar el dinero hasta realizar una nueva actividad que requería una aportación superior.

La víctima efectuó entonces un segundo pago de 1.360 euros. Cuando intentó continuar con las operaciones, las medidas de seguridad de su entidad bancaria impidieron realizar nuevos pagos, por lo que los responsables le indicaron que utilizara otra plataforma de servicios financieros.

A través de ese sistema realizó un último pago de aproximadamente 2.960 euros. Una vez efectuado, volvieron a exigirle una nueva tarea como condición para facilitarle un supuesto código de desbloqueo que, según le aseguraban, permitiría recuperar las cantidades aportadas y los beneficios obtenidos.

La Policía Judicial de Ceuta colaboró en la investigación

La investigación se inició después de que la víctima presentara una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. El análisis de las operaciones permitió a los investigadores identificar las cuentas y medios utilizados para recibir y canalizar el dinero.

Los agentes pudieron seguir el recorrido de los fondos y determinar su posterior canalización a través de diferentes medios. Estas actuaciones permitieron esclarecer, según la Guardia Civil, tanto el delito de estafa como el de blanqueo de capitales.

En las pesquisas participó la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ceuta, que colaboró en la identificación del posible autor, un vecino de Ceuta. Las diligencias han quedado a disposición de la autoridad judicial competente de la ciudad.

La Guardia Civil alerta de las falsas ofertas de empleo

La Guardia Civil recomienda desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias vinculadas a trabajos fáciles y sin riesgo. También aconseja evitar ofertas laborales inesperadas recibidas a través de Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok u otras redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El instituto armado recuerda que no se debe enviar dinero a desconocidos para realizar supuestas inversiones o desbloquear pagos.

En caso de ser víctima de un fraude, recomienda conservar toda la información disponible sobre las operaciones, como las cuentas de destino, teléfonos receptores de Bizum, nombres de usuarios y grupos de Telegram.

La CiberComandancia de la Guardia Civil permite además denunciar telemáticamente determinados delitos a través de la Sede Electrónica, entre ellos las estafas y cargos indebidos realizados mediante medios informáticos, siempre que se disponga de certificado electrónico.

CSIF acusa al mando único de limitar la actuación de Policía Local contra la venta ambulante en el Trampolín

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia las restricciones que, según la información trasladada al sindicato, está imponiendo el mando único en Ceuta a las actuaciones de la Policía Local contra la venta ambulante y de comida en el Trampolín.

CSIF considera que limitar las intervenciones al horario de mañana y condicionarlas al acompañamiento de la Policía Nacional dificulta hacer cumplir las ordenanzas y mantener los resultados obtenidos.

Según las comunicaciones recibidas por la organización, quienes instalan estos puestos han advertido esas limitaciones y vuelven a montarlos durante la tarde o la noche.

Para CSIF, retirar los puestos por la mañana y dejar sin continuidad la vigilancia posterior permite que el problema se reproduzca y deshace el trabajo de los agentes.

“Si el mando único exige a la Policía Local que sólo intervenga acompañada de la Policía Nacional, algo que no se exige cuando hacen cumplir otra competencia como la de ruidos en la zona del Trampolín y Guano, debe garantizar un número suficiente de policías nacionales para hacerlo en cualquier horario, incluidas las tardes y las noches”.

Sin efectivos suficientes y con traslados sin informar

Denuncia CSIF que establecer esa obligación sin proporcionar los efectivos necesarios acaba convirtiéndose en un obstáculo para la actuación municipal.

CSIF exige que se organicen los turnos y refuerzos que permitan mantener las intervenciones cuando sean necesarias o que se modifique la citada orden para facilitar el trabajo de los agentes de policía local.

“A esta situación se suma lo ocurrido ayer, 29 de septiembre, cuando el dispositivo de traslado de personas inmigrantes desde la playa de Benítez volvió a iniciarse sin aviso previo a la Policía Local”, según denuncia CSIF.

“Los agentes tuvieron que afrontar cortes de tráfico sobrevenidos, cambios en las rutas de autobuses y dificultades de acceso a los colegios sin la planificación previa que requería el operativo”.

“Se restringe su actuación cuando quieren intervenir y se les exige resolver las consecuencias de dispositivos de los que ni siquiera han sido informados”, denuncia CSIF.

El sindicato considera que este trato supone un ninguneo y una falta de respeto institucional hacia una plantilla que está demostrando su compromiso con Ceuta en circunstancias especialmente difíciles. “La Policía Local no puede ser tratada como un cuerpo de segunda, excluido de la planificación y obligado después a resolver las consecuencias”.

La organización ya ha trasladado una queja al consejero competente y le ha exigido una intervención urgente. Asimismo, reclama al mando único y a la Delegación del Gobierno que revisen estas restricciones, garanticen el acompañamiento exigido con efectivos suficientes en todas las franjas horarias y coordinen previamente cualquier dispositivo que afecte a las funciones municipales.

“La Policía Local necesita respaldo, información y continuidad para hacer cumplir las ordenanzas. Quienes dirigen la crisis deben facilitar ese trabajo y responder por las decisiones que lo dificultan”, expone.

Los funcionarios de la Ciudad denuncian «61 días de angustia, desasosiego e impotencia»

Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Ceuta han vuelto a concentrarse este miércoles, 30 de septiembre, ante la puerta del Palacio de la Asamblea, en una movilización que se repite de lunes a viernes a las 12.00 horas.

La concentración ha coincidido con el cumplimiento de dos meses desde la entrada masiva de personas por la frontera del Tarajal, registrada los días 30 y 31 de julio.

Durante el acto de esta mañana se ha dado lectura a un manifiesto con el objetivo de poner de relieve que, según los trabajadores, la situación generada tras aquella crisis continúa teniendo consecuencias en la ciudad. La encargada de leer el texto ha sido María Luisa Villaden, funcionaria municipal.

En el manifiesto, los trabajadores han expresado su malestar con la gestión de la crisis y han reclamado que se recupere la situación previa a los acontecimientos de finales de julio.

El texto contiene también críticas dirigidas al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno, así como referencias a la situación de seguridad y a la respuesta institucional posterior.

Dos meses de movilizaciones

El manifiesto comienza recordando que han transcurrido 61 días desde los acontecimientos del Tarajal y recoge una valoración especialmente crítica sobre la actuación de las instituciones.

Ha hablado de “mentiras, dejadez e incompetencia” y aseguran que durante estas semanas la población ceutí ha vivido una situación marcada por la “angustia, desasosiego e impotencia”.

Los trabajadores sostienen que la crisis ha tenido efectos sobre los derechos y la seguridad de los ciudadanos y cuestionan la gestión desarrollada posteriormente por la Delegación del Gobierno y por el dispositivo institucional establecido para afrontar sus consecuencias.

En este punto, el manifiesto critica también la falta de información a la población, según la percepción expresada por sus autores.

La movilización de los empleados públicos se suma así a las concentraciones mantenidas durante las últimas semanas, con las que los convocantes pretenden mantener visible el impacto que, a su juicio, continúa teniendo la crisis fronteriza en la vida cotidiana de Ceuta.

Críticas a la situación posterior

Uno de los puntos centrales del manifiesto es la denuncia de la sensación de inseguridad que, según los trabajadores, persiste entre parte de la población. El texto responsabiliza de esta situación a la gestión de las autoridades y cuestiona la instalación de asentamientos de personas que entraron en Ceuta durante la crisis.

El documento también reivindica el papel de la ciudadanía ceutí durante estos dos meses de movilizaciones y protestas.

Los autores destacan las muestras de apoyo recibidas desde distintos puntos de España y subrayan su defensa del lema “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”.

Los trabajadores aseguran que las movilizaciones continuarán hasta que, según sus propias palabras, se recupere la “normalidad del 28 de julio”.

El manifiesto apela además a la identidad y al sentimiento de pertenencia de los ceutíes y sostiene que la situación vivida ha generado entre la población emociones como miedo, rabia, impotencia y desolación.

Reivindicación de unidad

En otro de sus apartados, el texto describe la situación vivida como una experiencia que habría alterado la seguridad, la rutina y el entorno de numerosos ciudadanos. Los autores relacionan estas circunstancias con sentimientos de decepción, frustración, abandono, incertidumbre y miedo, que atribuyen a parte de la población ceutí.

El manifiesto reclama asimismo unidad social y rechaza que la situación se interprete desde una perspectiva religiosa.

En concreto, los trabajadores sostienen que las diferencias entre comunidades no deben utilizarse para dividir a la sociedad ceutí y defienden que el conflicto planteado afecta, según su visión, al conjunto de la ciudad.

En su tramo final, el documento eleva el tono de las críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que dirige una frase de carácter marcadamente político. El manifiesto concluye con un llamamiento a mantener la movilización y con los gritos de “¡Viva Ceuta y viva España!”.

Hazte Oír, convencida de que Sánchez abandonó Ceuta ante el ataque de Marruecos

La asociación Hazte Oír confía en que las declaraciones que se inician este miércoles en la Audiencia Nacional con la testifical del presidente de Ceuta, Juan Vivas, como testigo, arrojen luz sobre lo ocurrido el 30 de julio.

Nouna Lozano, letrada y portavoz de Hazte Oír, ha hecho hincapié en la importancia de este proceso, no solo por la testifical hoy de Vivas, sino también las que se producirán mañana del exjefe de gabinete del que fuera delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, y el exjefe de Policía Local, Sebastián Vega.

“Desde el primer momento solicitamos que Miguel Ángel Pérez Triano, el que era el delegado de gobierno, fuese investigado. Confiamos que estas primeras testificales arrojen luz a algo que es importantísimo”, expone la asociación.

«¿Qué decisiones no se tomaron?»

Consideran que es clave que se responda a: “¿Quién avisó a quién? ¿Qué dijo? ¿Cómo?”, pero también, “un detalle, ¿qué decisiones se tomaron? Pero, sobre todo, ¿qué decisiones no se tomaron? Dos meses después, Ceuta sigue en una situación terrible”.

“Los ceutíes, nuestros compatriotas españoles, merecen que se sepa la verdad y merecen ser defendidos”, expone la letrada de Hazte Oír, que se ha personado en la causa como Acusación Particular.

“Haremos todo lo necesario para que se sepa la verdad y para que Ceuta no se olvide, porque Ceuta es España y España se defiende”.

Hoy empieza la cuenta atrás para exigir explicaciones

Para Hazte Oír, la declaración de Vivas “refuerza nuestra convicción de que Sánchez abandonó Ceuta a sabiendas. Moncloa recibió avisos y peticiones de ayuda. A nuestro juicio, desatender esas advertencias supone una traición a los ceutíes y al conjunto de España”, explica.

«Hoy empieza la cuenta atrás para exigir explicaciones ante la Justicia. Vamos a impulsar las diligencias necesarias para que los responsables del Gobierno y el entonces delegado en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, comparezcan ante los tribunales y expliquen qué sabían y qué hicieron», señalan.

La asociación recuerda que ya pidió en su querella inicial que Pérez Triano fuera citado como investigado. «Su salida del cargo no resuelve las preguntas pendientes. Desde el principio hemos reclamado que se investigue su actuación y seguiremos trabajando para que se esclarezcan todas las responsabilidades. Los ceutíes merecen respuestas».

Lo que se está investigando

Esta investigación judicial se abrió a principios de septiembre tras detectarse indicios de una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que atentó gravemente contra la integridad territorial de España mediante la utilización de un acceso masivo a territorio nacional.

En este contexto, el líder del Ejecutivo ceutí se convierte en el primer testigo en declarar dentro del procedimiento penal.

Lo que se trata de esclarecer es quién provocó esas avalanchas que dejaron a uno y otro lado del espigón más de 140 muertos.

Las diligencias judiciales prosiguen el jueves con la declaración de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien dimitió de sus cargos tras denunciar una campaña injusta en su contra. La magistrada requiere que Sanz detalle la conversación mantenida con el CNI el día anterior a la entrada masiva.

La denuncia de Hazte Oír

La querella presentada por Hazte Oír en los juzgados atribuyó indiciariamente al ya exdelegado del Gobierno los delitos de «prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión».

Hazte Oír sostiene que, en relación a la entrada masiva del pasado 30 y 31 de julio, «quienes conocían la amenaza, recibieron los avisos y abandonaron Ceuta deben responder ante la Justicia».

«Quienes conocían la amenaza y abandonaron Ceuta tendrán que responder ante la Justicia. No permitiremos que el paso del tiempo borre las órdenes, las comunicaciones ni las imágenes que pueden revelar qué ocurrió y quién tomó las decisiones», expusieron.

Nuevo golpe a los alquileres: los propietarios tendrán que indemnizar al inquilino si no prorrogan el contrato

El Gobierno prepara un nuevo decreto de vivienda que introduce importantes cambios en la duración de los contratos de alquiler que también tendrá impacto en Ceuta.

Entre las principales novedades se encuentra una indemnización de al menos 12 mensualidades que el propietario deberá abonar al inquilino si decide no renovar el contrato una vez superado el periodo obligatorio.

La nueva regulación modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y establece un sistema de prórrogas automáticas. De esta forma, cuando finalice el periodo mínimo de cinco años en el caso de particulares o de siete años si el arrendador es una empresa, el contrato continuará renovándose si ninguna de las partes comunica su intención de ponerle fin.

El propietario tendrá que comunicar su decisión con seis meses de antelación, mientras que el inquilino conservará el plazo de dos meses para avisar de que no desea continuar. La nueva norma permite al casero decidir la no renovación sin necesidad de alegar un motivo concreto, aunque en ese caso deberá afrontar la compensación establecida.

Una compensación de al menos un año de alquiler

La cuantía de la indemnización será de 12 mensualidades como mínimo y se calculará tomando como referencia el precio de una vivienda de características similares mediante el sistema estatal de referencia. Además, existe un segundo límite: la compensación nunca podrá ser inferior a una mensualidad por cada año de permanencia del inquilino en la vivienda.

Según la información a la que ha tenido acceso El País, el decreto recoge varias situaciones en las que el propietario podrá quedar exento de pagar la indemnización. Entre ellas se encuentra la necesidad de recuperar el inmueble para uso propio, de su cónyuge o de familiares de hasta segundo grado.

También habrá excepciones cuando el inquilino no resida efectivamente en la vivienda durante más de seis meses al año sin una causa justificada o cuando tenga otra vivienda adecuada en el mismo municipio. El texto contempla además otros supuestos relacionados con la firma de un nuevo contrato a precio regulado.

En concreto, el propietario podrá evitar la compensación si ofrece un nuevo contrato de cinco o siete años con una renta regulada y el inquilino rechaza formalmente esa propuesta. La norma incluye igualmente la posibilidad de exención cuando exista una situación de vulnerabilidad acreditada del arrendador. Todas estas circunstancias deberán quedar justificadas en la comunicación al inquilino.

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El segundo decreto se retrasa hasta este jueves

El Gobierno ha decidido posponer un día la publicación del decreto en el BOE, pese a que inicialmente estaba previsto que viera la luz antes. El Ejecutivo atribuye el retraso a cuestiones de carácter jurídico y técnico y sostiene que el contenido de la norma ya está cerrado.

La prórroga automática se ha convertido en uno de los principales puntos de la negociación sobre vivienda y en una de las reivindicaciones centrales del Sindicato de Inquilinas, que lleva semanas movilizándose para reclamar una mayor protección de los arrendatarios.

La decisión de dividir las medidas en dos decretos se produjo después de una negociación contrarreloj dentro del Gobierno y con sus socios parlamentarios. El Ejecutivo optó finalmente por separar la ampliación de los contratos del primer paquete de medidas ante las dificultades para cerrar un acuerdo con formaciones como PNV y Junts, cuyos votos serán necesarios para su convalidación.

Dos decretos que deberán pasar por el Congreso

La división responde también a una cuestión de procedimiento jurídico. El primer decreto establece una prórroga de hasta dos años que puede solicitar el inquilino y que el propietario debe aceptar, salvo determinadas excepciones. El segundo incorpora el mecanismo de renovación automática, por lo que modifica una disposición incluida en la primera norma.

La previsión del Ejecutivo es que el Congreso vote por separado ambos decretos en un pleno extraordinario. La votación se produciría en un contexto marcado por las protestas por el acceso a la vivienda y por la presión ejercida por las organizaciones de inquilinos.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha mostrado su rechazo a la división del paquete legislativo. Sus portavoces, Valeria Racu y Alicia del Río, han advertido de que separar las medidas podría poner en riesgo la aprobación del segundo decreto, precisamente el que introduce la prórroga automática.

La duración de los contratos se encuentra en el centro de la disputa política sobre la vivienda. El Sindicato de Inquilinas reclama contratos que puedan mantenerse mientras el arrendatario cumpla con sus obligaciones y no exista una causa justificada para recuperar el inmueble. Sumar y otras formaciones de izquierdas han respaldado esta reivindicación, mientras el PSOE ha tratado de encontrar una fórmula que permita mantener el apoyo de sus socios parlamentarios.