Vaya este cañonazo dedicado a JULIA FERRERAS, compañera de lucha, defensora de la justicia social y comprometida con Ceuta.
La diputada de la Asamblea ceutí (Ceuta Ya), Julia Ferreras, cuyo coche fue atacado en el puerto de la ciudad autónoma por un grupo de manifestantes, vio algunos vecinos, a personas conocidas, a conciudadanos mezclados en la muchedumbre. Se identificaba, gritaba: “¡Os estáis equivocando, somos De Ceuta! “.
El coche acabó con un retrovisor roto y la luna delantera fracturada a patadas durante los incidentes registrados en el Puerto. Los «manifestantes» dicen haberlos confundido con integrantes del colectivo Negu Gorriak.
Julia y sus dos acompañantes sintieron miedo ( para Marlaska sería «miedo subjetivo» ).
¿Qué nos está pasando?, ¿por qué la violencia nos está ganando terreno? ¿No es Ceuta un modelo de tolerancia?
No podemos justificar todos los actos, no vale cualquier cosa por solucionar el problema. La violencia, la ira, la batalla campal, los discursos de odio y las amenazas nos llevarán a un callejón sin salida.
Lo sucedido en Ceuta nos está minando; no vemos salida, estamos desbordados…
Echarnos las culpas unos a otros, nos dejará heridas profundas de las que tardaremos en recuperarnos.
Me preguntó por qué buscamos refugio en la impotencia aderezada con la venganza. ¿Qué conseguiremos? Nada.
Exigir a las administraciones que se coordinen de una vez por todas, pedirles a los responsables que no nos mientan, no buscar el enfrentamiento y ser consciente de que tenemos un trabajo colectivo.
Criminalizar a las oenegés, amenazar, amedrentar, insultar…es avivar un fuego que terminará por consumirnos.
La ministra de sanidad no se reúne con los médicos, Vivas no se reúne con Marlaska, Pedro Sánchez señala a Vivas como el culpable de buscar confrontamientos, el Delegado del gobierno es amenazado de muerte, el PP y VOX proponen alternativas ilegales, Pedro Sánchez recomienda libros y no interrumpe las vacaciones, un diputado de Vox propone ir a la caza y a la pesca de los inmigrantes.
Marruecos se frota las manos en este río revuelto cuyas aguas comienzan a estancarse.
Ya no hay musulmanes en las manifestaciones, ya hay disidentes del presidente Vivas cuando todos estábamos unidos. Todos comenzamos a ser sospechosos por algún motivo: por apoyar a la Cruz Roja, por llamar crisis humanitaria en vez de invasión, por estar en contra de las devoluciones masivas o estar a favor, por comentar los réditos políticos.
Hemos pasado a ser un caldo de cultivo manejado por los que gobiernan el mundo.
¿Y si salimos airosos?, ¿y si analizamos la migración en todas sus vertientes y Ceuta es el comienzo en el que se fragua una alternativa internacional?
Lo sucedido a Julia Ferreras es una derrota para todos. Aprendamos también de las derrotas.
El Art. 582.1 del Código Penal establece literalmente una «pena de 12 a 20 años para el español que facilite al enemigo la entrada en España, la toma de una plaza, puesto militar, buque o aeronave del Estado o almacenes de intendencia o armamento».
Y aquí está el punto delicado: el término “enemigo” no puede identificarse automáticamente con “inmigrante marroquí” ni, siquiera, con Marruecos, como Estado «invasor». La doctrina penal vincula este delito al favorecimiento del enemigo, en un «contexto de conflicto» contra España.
Por eso sería jurídicamente imprudente afirmar que el Art. 582.1 se ha cumplido, simplemente, porque 72.000 personas cruzaran desde Marruecos a Ceuta, tras violentar la frontera sur de España.
Pero los hechos conocidos justifican, muy sobradamente, preguntar ¿qué ocurrió realmente y si hubo españoles que facilitaron –por acción o dolosa omisión– esta gran «invasión», aunque se empeñen en llamarla «masiva entrada» por presión migratoria?
Hay artículos del Código Penal que parecen escritos para épocas que creíamos definitivamente superadas y el Art. 582.1 es uno de ellos.
Después de lo sucedido en Ceuta los días 30 y 31 de julio, la pregunta ya no puede despacharse con una sonrisa displicente, pues… ¿qué tendría que ocurrir para que este artículo dejara de ser una reliquia jurídica y pasara a ser objeto de una investigación penal…?
Y ahora ya sabemos algo muy inquietante. El 29 de julio –un día antes– el CNI comunicó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de Ceuta que existían convocatorias en redes sociales para un “asalto” a la frontera por mar y tierra. Se hablaba de grupos de unos 180.000 seguidores y de intentos coordinados de entrada a nado y mediante salto de la valla. Incluso, se trasladó esa información a los servicios de inteligencia marroquíes.
La Policía había elevado también el riesgo a “extremo” para entradas coordinadas el 30 de julio.
¿Sabían las autoridades españolas que podía producirse una entrada masiva…? Los documentos demuestran que «sí conocían» un riesgo extraordinario de entradas. Otra cuestión distinta —y decisiva— es ¿ si alguien pudo prever la magnitud final de la invasiva avalancha?
Pero todavía hay más. Un informe policial apunta a que gendarmes marroquíes y agentes de paisano pudieron guiar activamente a personas hacia la entrada en Ceuta.
Y otro documento del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas consideró “muy probable” que las autoridades marroquíes hubieran actuado de forma negligente o pasiva, aunque no afirmaba que estuvieran favoreciendo activamente la oleada.
Por eso hay que separar dos cuestiones: la primera, es política, ¿por qué no se protegió adecuadamente la frontera cuando existían avisos previos..?
La segunda, es muchísimo más grave, ¿hubo alguien que, con conocimiento de lo que podía suceder, facilitó aquella entrada deliberadamente…?
El artículo 582.1 exige algo mucho más concreto que una mera negligencia, una simple incompetencia o una mala gestión. Exige «facilitar al enemigo la entrada en España». Y ahí está precisamente la razón por la que una ‘investigación judicial» independiente resulta «imprescindible», antes de lanzar acusaciones penales.
No se trata de declarar culpable a nadie desde una tribuna. Se trata de averiguar si detrás de aquella «trágica invasión» hubo únicamente imprevisión y descoordinación —que ya serían suficientemente graves— o algo deliberadamente distinto.
Una denuncia contra Pedro Sánchez –por presunto delito de traición– precisamente al amparo del artículo 582.1, ya ha sido presentada ante el Tribunal Supremo.
Que prospere o no proceda corresponderá decidirlo a los jueces. Pero hay una conclusión que debería resultar totalmente indiscutible: si decenas de miles de personas consiguen penetrar simultáneamente en territorio español –y los propios documentos oficiales revelan avisos previos– la obligación del Estado, no es construir un relato tranquilizador, sino esclarecer hasta el último detalle de lo ocurrido.
Una frontera no se defiende solamente con policías, concertinas, vallas o patrulleras, sino también y, especialmente, con responsabilidad política.
Y si algún español —sea quien sea y ocupe el cargo que ocupe— hubiera facilitado, voluntaria y conscientemente, la entrada de un enemigo a la ciudad española de Ceuta, no estaríamos ante un simple error político, sino ante una cuestión de Código Penal.
¡De doce a veinte años?…¡Lo dice la ley!
Ahora falta saber si algún juez considera que existen razones para preguntar –sin miedo y hasta el final– ¿quién facilitó a Marruecos la «llave» que abrió la puerta de Ceuta…? ¿Por qué…? ¿Y a cambio de qué…?
Jesús ya utilizó una frase –escrita en Mateo 10:26– para animar a sus seguidores a no tener miedo,asegurando que (…) «no hay nada escondido que, con el tiempo, no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse».
Pedro Manuel Hernández López, ex diputado regional y ex senador autonómicos del PP por Murcia.
El auto de 7 de septiembre de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional ha cambiado la dimensión jurídica de lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Ya no estamos únicamente ante una controversia política sobre la gestión de una frontera desbordada. Ahora existe una investigación judicial que deberá determinar qué ocurrió, quién lo conoció, qué decisiones se adoptaron y qué consecuencias pudieron derivarse de ellas.
Desde que se dictó aquella resolución han aparecido nuevos datos que hacen todavía más necesaria esa investigación. El más significativo ha sido la dimisión de Gonzalo Sanz como jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno. La dimisión sería por sí sola un hecho relevante. Su trascendencia jurídica potencial deriva de las circunstancias que la acompañan: Sanz sostiene haber informado al delegado del Gobierno del aviso recibido del CNI el 29 de julio, mientras que el delegado mantiene que no tuvo conocimiento de ese mensaje ni de la posterior conversación telefónica. No corresponde anticipar quién dice la verdad. Precisamente para eso existe una instrucción judicial. Pero cuando las versiones contradictorias afectan al conocimiento previo de una situación que desembocó horas después en una entrada masiva de decenas de miles de personas, la discrepancia deja de ser anecdótica.
Determinar quién sabía qué, cuándo lo supo, a quién lo comunicó y qué hizo después constituye una cuestión central. El propio auto ya ordenaba investigar si se articularon medios adecuados de respuesta a la vista de las informaciones y alertas existentes y qué incidencia pudo tener una respuesta insuficiente en los efectos finalmente producidos.
La investigación, por tanto, no se limita a los promotores y ejecutores de la invasión. Alcanza también a la actuación española y, llegado el caso, a sus omisiones. Y entre esos efectos existe uno que no puede quedar relegado: los fallecidos. Las diligencias remitidas desde Ceuta se referían ya a 83 cadáveres recuperados en aguas españolas, una cifra que por sí sola convierte aquellos acontecimientos en una tragedia de extraordinaria gravedad. La cuestión penal no consiste simplemente en constatar que esas personas murieron intentando acceder irregularmente a territorio español. Habrá que investigar las circunstancias de cada fallecimiento y, sobre todo, determinar si existe alguna relación jurídicamente relevante entre esas muertes, la organización o dirección de la entrada desde Marruecos y las decisiones u omisiones producidas en territorio español.
«También habrá que esclarecer si las autoridades españolas pudieron preverlo, impedirlo o reducir sus consecuencias y quién tenía la responsabilidad de hacerlo»
El auto ya contempla provisionalmente delitos conexos con homicidios y lesiones imprudentes. A ello se añade ahora otra consecuencia imposible de ignorar: el deterioro de la seguridad ciudadana posterior a la entrada masiva. Los datos ofrecidos por el presidente de la Ciudad son difícilmente conciliables con la consideración de esa inseguridad como una mera percepción subjetiva.
Según las cifras municipales correspondientes a las llamadas al 112, los expedientes relacionados con seguridad ciudadana pasaron de 768 en agosto de 2025 a 5.233 en agosto de 2026; las agresiones, de 67 a 1.001; los allanamientos de morada, de 10 a 600, y las alteraciones del orden público, de 32 a 326. Son cifras que, aun necesitando el correspondiente análisis policial y judicial, describen una alteración objetiva de la convivencia después de los acontecimientos de julio. Se han conocido además detenciones y procedimientos por robos, agresiones, atentados contra miembros de las Fuerzas Armadas e incluso alguna agresión sexual atribuida a personas que habrían entrado durante la avalancha.
No procede anticipar conclusiones ni establecer presunciones de culpabilidad penal, pero tampoco parece jurídicamente razonable separar artificialmente unas consecuencias de los hechos que pudieron hacerlas posibles. Otra cuestión es hasta dónde alcanzará la competencia de la Audiencia Nacional. No todo delito cometido posteriormente en Ceuta tiene por ello que incorporarse a esta causa. Será necesaria una conexión objetiva, causal y procesal suficiente. Pero si la instrucción pretende conocer la incidencia que las actuaciones u omisiones previas tuvieron en los efectos producidos, difícilmente podrá ignorar completamente las consecuencias humanas y de seguridad directamente relacionadas con aquella entrada masiva. La verdadera dimensión de estas diligencias empieza así a percibirse. No se trata únicamente de determinar quien promovió, permitió o dirigió lo ocurrido.
También habrá que esclarecer si las autoridades españolas pudieron preverlo, impedirlo o reducir sus consecuencias y quién tenía la responsabilidad de hacerlo. Con más de ochenta muertos, una ciudad profundamente conmocionada, unos niveles de inseguridad desconocidos y versiones contradictorias dentro de la propia Delegación del Gobierno, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió los días 30 y 31 de julio.
La pregunta jurídicamente relevante empieza a ser quién debe responder por lo que ocurrió entonces y por las consecuencias que todavía hoy sigue soportando Ceuta.
Tomás Torres Peral
Comandante de Caballería y abogado. Academia de las Ciencias y Artes Militares.
Hoy por hoy, las dictaduras del siglo XXI no suelen surgir de golpes militares clásicos, sino que brotan desde el corazón de la propia democracia mediante líderes elegidos en las urnas que debilitan el poder de las leyes. Y es que estos adalides ganan elecciones libres. Posteriormente, barajan las leyes y la constitución para quedarse en el cargo, diluyendo la libertad a los jueces y tribunales independientes y acaban obstruyendo los medios de comunicación que se atreven a reprobar al Gobierno.
Con lo cual, las dictaduras imperantes enmascaran su esencia tras el frontispicio de la legitimidad democrática, destacando las elecciones controladas, la manipulación mediática y como ya he citado, el automatismo improcedente de la constitución. Y a diferencia de los regímenes de fuerza del pasado, los autócratas modernos simulan una falsa democracia para mantenerse en el poder sin despertar rechazo internacional.
Como quiera que sea, podría reseñarse una serie de tapaderas a modo de caretas que en el fondo se esgrimen ingeniosamente. Así, desde ilusorias elecciones hasta la presencia legal, el control informativo y la justicia cooptada.
Primero, votaciones frecuentes pero sin garantías, donde la oposición enfrenta vetos, persecución o fraudes sistémicos; segundo, reformas a las leyes y a la constitución a la medida del líder para eliminar límites de poder de forma pacífica; tercero, uso masivo de propaganda oficial, compra de medios y censura sutil en redes sociales en lugar del cierre violento de periódicos y, cuarto, tribunales y jueces leales al régimen que avalan la persecución a opositores bajo una apariencia de proceso legal.
Dicho esto, la cresta democratizadora que aconteció en las postrimerías del siglo XX con el síncope del Imperio soviético, revolucionó los escenarios nacionales e internacionales de los procesos políticos. Prescindiendo de los movimientos islámicos que en determinados sitios se radicalizaron y los enfoques políticos autoritarios o totalitarios fueron desvaneciéndose.
A ello hay que añadir que la globalización y las comunicaciones que comportó los movimientos migratorios contemporáneos, produjo que los patrones dictatoriales se desencajaran paulatinamente en una especie de utopía o realidad desfasada. De este modo, la primacía política demandaba como pez en el agua procederes de legitimización que tuvieran a fin la libertad, la protección de los derechos humanos y la participación política.
No obstante, la tesis del politólogo estadounidense Francis Fukuyama (1952-73 años), que ha escrito una diversidad de textos en el área de desarrollo y política internacional, pero en este caso concreto sobre el triunfo inquebrantable de la democracia, justificó ser más una aspiración que una existencia.
Para ser más preciso en lo fundamentado, la perspectiva afanosa coligada a la exportación occidental de la democracia, naufragó en el cambio de régimen tanto en el Emirato Islámico de Afganistán como en la República de Iraq y el Estado de Libia. En cierta manera, no existen fórmulas que garanticen el logro. Los forcejeos son irremediables y todavía no se ha forjado ningún remedio infalible que regle los nexos de unión entre democracia, valores, estabilidad, derechos humanos, etc.
Por tanto, me atrevo en sostener que ha de bregarse máximamente con los movimientos políticos autoritarios apelando ante todo la pedagogía, como el debate riguroso y permanente, la comprobación de los hechos constatados y datos y sin renunciar en ningún tiempo a una praxis esforzada y asentada en el sentido de la responsabilidad y racionalidad.
Estos nuevos talantes de política autocrática, se distinguen por los investigadores como ‘autoritarismos electorales’. Es decir, autocracias con elecciones. En el siglo actual, la pretensión de los sistemas autoritarios es componer bocetos de democracia formal con un deje de legitimidad hacia dentro y hacia fuera, pero es ineludible que ese trazado comprende riesgos para quienes usurpan el poder.
«Los dictadores están al acecho para legitimarse con poco esfuerzo. Y sin pueden conseguirlo con un fraude electoral, tanto mejor»
De hecho, no pocos sistemas políticos quedan en un margen intermedio o híbrido como la Federación de Rusia o la República Bolivariana de Venezuela, entre otras. Su persistencia es superior de lo que se podría deducir, ya que a lo largo del tiempo no se deslizan hacia dictaduras herméticas o democracias abiertas, hallando su propio contrapeso en el entorno temporal y políticos que subyace.
El hecho y poniéndolo como ejemplos, es que estos mandatarios disponen de un mayor apego de la ciudadanía y del demos que el presidente de la República Francesa o que el canciller de la República Federal de Alemania, es difícil de interpretar y concebir.
De todas maneras, en los inicios de este siglo las corrientes fascistas y comunistas han descarriado su convencimiento. Es visible que el islamismo político fundamentalista es capaz de originar empeño y dedicación ideológica entre sus acérrimos. Dado que el islamismo moderno continúa limitando los derechos humanos para obtener sus ínfulas de poder, sus fuentes de legitimación mantenidas en la proposición de salvación eterna, ya no fascinan como antes y se distinguen indicios de debilidad y cambio, sobre todo a la larga.
Y como resultado de esta auto decadencia preceptiva, los regímenes dictatoriales penden exclusivamente de su oscilación en materia de economía, seguridad y orden. Amén, que esta evolución causa sectores sociales medios, al igual que se constituyen los trabajadores, se incrementa la educación, se desarrolla y desenvuelve la sociedad civil y emergen alocuciones en los que se interpela a grandes rasgos la contribución de la clase política.
Pero esto no implica que se confluya en procesos acreditados de democratización. Basta con avistar lo sucedido en estados como la República Popular China o las petro dictaduras del Golfo.
Las autocracias precisan descansar en la represión que puede practicar distintos procedimientos o magnitudes. El conocimiento empírico revela que ante una amenaza al statu quo, los grupos de poder reaccionan con una mayor contención, aunque es imposible que esta operación por sí sola, consiga afianzar de manera permanente un régimen político.
En tales sumarios, la merma de legitimidad es elevada: la ampliación exponencial de la represión agranda el amedrentamiento y coerción, pero conjuntamente reduce la legitimación y con ella, la conformidad del pueblo. La opresión es gravosa y mina a largo plazo las bases de la autoridad política.
Según la Real Academia Española (RAE), dictadura es “un gobierno que impone su autoridad prescindiendo del ordenamiento jurídico del país y violando la legislación vigente”. O visto de otro modo, es un sistema de gobierno donde el poder se aglutina en un individuo o grupo de personas que no están supeditadas a las leyes, el control y separación de poderes de una democracia. Aparte se maquilla por la ausencia de pluralismo político y por quebrantar los derechos y libertades civiles mediante el control abusivo. Y en sintonía con la anterior definición, se denomina dictador al sujeto que interviene todos los poderes, al igual que los desempeña sin limitación e incapacita los poderes electos por el pueblo soberano.
Generalmente, las dictaduras son despiadadas y cruentas, pero eso no es motivo justificado para que un gobierno se convierta en intolerante. La historia nos muestra que así como han existido dictaduras inhumanas donde ordinariamente se han atropellado los derechos humanos, mismamente se constatan otras donde se han autorizado algunas libertades ciudadanas.
Además, no imperiosamente el dictador alcanza el poder por medio de un violento golpe de Estado. Al igual que varias dictaduras han ocasionado perjuicios descomunales, no solo en su país, sino en el resto del planeta, como sobrevino con Adolf Hitler (1889-1945), vestida con una simulación de ilusoria democracia, porque el presumible dictador llegó al poder a través del sufragio.
Lo anterior indica que no es seguro que todo gobierno electo por el pueblo sea, por conclusión, un gobierno democrático porque ha habido y siguen concurriendo gobiernos que surgen de un proceso electoral supuestamente democrático, para más tarde valerse de las mismas instituciones del sistema y tutelar su hegemonía y erigirse en gobiernos totalitarios.
El modo de obrar de esas pseudo democracias, como podrían llamarse, gravita primordialmente en ambicionar adjudicarse el control del poder judicial y legislativo, Y si fuera preciso, invalidando el congreso o la subordinación de las Fuerzas Armadas que en última instancia podrían ser reemplazadas con la plasmación de un cuerpo paramilitar bajo extremo control de la máxima autoridad. O lo que es igual, mientras obtienen el poder, ni siquiera procuran normalizarlo.
Simultáneamente, esos gobernantes que tocan el poder por la senda del voto, gracias al dominio absoluto que ostentan sobre los poderes públicos, requieren asegurar su posición democrática porque de otro modo se expondrían a ser postergados internacionalmente a la insostenible condición de dictadores. Curiosamente, término que con destreza retórica, pero con enorme disimulo, siempre condenan.
Por lo común, las dictaduras dan la sensación de ser inexpugnables y en similitud con las fuerzas democráticas, a menudo afloran como considerablemente frágiles, inoperantes e infructuosas. La clarividencia de la invulnerabilidad de cara a la imposibilidad hace poco presumible una oposición adecuada.
Sin embargo, esto no extingue para nada la realidad.
Véase al respecto un mito de la Grecia clásica que ilustra a todas luces la vulnerabilidad de lo aparentemente inmune. A Aquiles o Aquileo, el guerrero de la Ilíada de Homero, ningún golpe podía lesionarlo como ninguna espada incidir en su piel. Cuando era un recién nacido, se deduce que su madre lo había sumido en las aguas del mágico río Estigio. De ahí, que la hechura de su cuerpo quedara preservado contra cualquier dificultad. Si bien, había un inconveniente.
Me explico: como el bebé fue asido por el talón para que no lo remolcara la fuerza de la corriente, el agua prodigiosa no había cubierto esa pequeña porción de su cuerpo. De forma, que cuando Aquiles se hizo un hombre, a todos les parecía que era indestructible frente a las armas adversarias.
Pero en los prolegómenos de la batalla de Troya un soldado contrario y aleccionado por alguien que estaba al tanto de la debilidad de Aquiles, consiguió incrustarle una flecha en el talón expugnable. O séase, en la única parte donde podía ser dañado. La herida resultó fatídica.
Aún en nuestros días la expresión “el talón de Aquiles” se refiere al punto débil de una persona, donde si se le agrede, ésta no está resguardada.
Este mismo principio se acomoda a los dictadores más implacables. Ellos, del mismo modo pueden ser derrotados y con un costo inferior si sus fragilidades pueden determinarse y en ellas converge el ataque. Y entre las fallas de las dictaduras se les puede problematizar la cooperación de numerosos individuos, grupos e instituciones que demandan para ejecutar el sistema.
Al mismo tiempo, los requerimientos y resultados de las políticas precedentes del régimen, acortan su capacidad presente para aprobar y emprender políticas contrapuestas. Es más, el sistema puede convertirse en habitual en cuanto a su modus operandi y ser menos competente para adaptarse prestamente ante contextos inesperados.
En paralelo, la ideología puede desgastarse y las ficciones y lemas del sistema perder su cohesión. Si existe un fuerte pensamiento que hace caer la balanza en el prisma del entorno, una adhesión firme a la misma puede convertirse en motivo de descuido de las circunstancias y exigencias.
A ello habría que añadir que el detrimento de la competitividad y eficacia de la burocracia, o las extremas inspecciones y regulaciones, pueden volver inútiles las políticas y acciones del sistema. Sin inmiscuir, que las crisis institucionales internas y las pugnas y disputas personales pueden inutilizar o siquiera entorpecer, las maniobras de la dictadura.
El escalafón del poder de una dictadura es constantemente, hasta cierto punto, inconsistente y esporádicamente lo es copiosamente, porque los sujetos no aguantan impasibles en sus asientos y esferas, sino que pueden encumbrarse o alcanzar otros horizontes, o ser apartados y depuestos.
Obviamente, como en una dictadura pocos se pronuncian en una postura definitiva, es previsible que sobrevengan errores de juicio o de política. Y si el gobierno pretende sortear escollos y descentraliza los controles y la toma de decisiones, la intervención de los puntos críticos para el poder pueden desbaratarse.
Saber de buena tinta similares flaquezas intrínsecas, la oposición democrática podría estar en condiciones de indisponer esos talones de Aquiles premeditadamente, a fin de trastornar el sistema tajantemente o bien descomponerlo.
El epílogo es incontestable: a pesar del porte de fuerza, las dictaduras arrastran sus propias debilidades, inoperancias internas, roces particulares, movimientos institucionales deficientes y disyuntivas entre organizaciones y departamentos. Estas vacilaciones tienden a hacer al régimen menos práctico e inseguro a las variaciones y condiciones y a la falta de voluntad. No todo lo que el régimen se proyecte lo llevará a término, al menos en su integridad.
Viendo lo antes mencionado con un hecho confirmado, varios de los mandatos directos dados por Hitler quedaron sin cumplirse, porque algunos de los que estaban por debajo en la cadena se abstuvieron de materializarlo. Luego, en un santiamén, el régimen dictatorial puede venirse abajo.
«Las dictaduras imperantes enmascaran su esencia tras el frontispicio de la legitimidad democrática, destacando las elecciones controladas, la manipulación mediática y el automatismo improcedente de la constitución»
Llegado a este punto de la disertación, raramente la democracia ha sido tan entronizada y transgredida; tan impulsada e infringida; tan trascendente y frustrante. Actualmente, la democracia se ha convertido en condición sin la cual no hay legitimidad. Motivo por el que pocos gobiernos no están por la labor de ser calificados no democráticos.
Pese a ello, las credenciales de los que se la cuelgan a su antojo en la espalda no han ido a la par de la paulatina resonancia de la democracia. Hasta los dictadores expresos aguardan al estatus que atribuye el cuño de la democracia. Estos líderes, resueltos a que las vicisitudes no interfieran en su recorrido, manejan el arte de la elocuencia democrática que poco se parece con su forma de gobernar.
Las metodologías puestas en escena por los autócratas para controlar el carácter imprevisto de la democracia son cuanto menos ingeniosas. En el fondo se enfrentan al reto de querer ceñirse a los principios democráticos, mientras eluden cualquier probabilidad de rendirse a las prioridades del pueblo. Ahora entran en juego la manipulación de votos, coacción estatal, mordaza y restricción informativa, represión de la sociedad civil e incluso, el gobierno militar se emplea para invalidar la viabilidad de que el proceso de democratización aclamado pueda llevar objetivamente a que el pueblo posea alguna voz en el gobierno.
Parte del móvil por la que los dictadores cuentan con ganar la partida e imponerse aplicando estas evasivas, es que en contraste con los derechos humanos, la democracia no dispone de una definición legal determinada. Claro, que la significación de democracia es reflejo de que la mejor manera de elegir a un gobierno y orientar su camino es conferir la máxima autoridad a los que se someten a su poder.
Evidentemente, difiere de ser un sistema político impecable, dado el peligro de la imprevisión de la mayoría, de cara a las minorías y la coyuntura de que componentes poderosos adquieran excesivo dominio, pero tratada como la manera menos dañina de gobierno, es una parte fundamental del molde de derechos humanos.
No obstante, no existe una Convención Internacional sobre Democracia, como tampoco un Tratado pródigamente refrendado que proyecte cómo debe conducirse un gobierno para obtener la distinción de la democracia. El alcance de la democracia estriba en demasía del color del cristal con que se observe.
Para escurrir el bulto de este juego de manos y entorpecer que se explote el reclamo de la democracia como un sucedáneo menor de principios de derechos humanos más minuciosos, consta el menester apremiante de rescatar el significado denotativo de la aspiración democrática. Esto no entraña amparar un perfil de gobierno hablando en propiedad.
La democracia se desenvuelve auténticamente proporcional y con patrones de sufragio directo, las que disfrutan de una presidencia fuerte o las centralizadas en un primer ministro activo, o las que confieren la principal autoridad al poder ejecutivo y las que optan por un mayor poder legislativo.
Pero las democracias que merezcan denominarse así, conservan algunas peculiaridades tradicionales. Entre ellas, elecciones competitivas periódicas que se celebran libremente y se computan de modo transparente y exacto, una cantidad específica de fuerzas políticas, medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil que proporcionan a los ciudadanos todas una serie de oportunidades para articularse entre sí y hacer escuchar sus opiniones y, por último, un sistema jurídico que avala que nadie se encuentre por encima de la ley. A pesar de lo expuesto en estas líneas, los dictadores están al acecho para legitimarse con poco esfuerzo. Y sin pueden conseguirlo con un fraude electoral, tanto mejor.
Su disposición para ello reside en gran medida del cuidado extremado y la reiteración de las democracias constituidas en un sistema democrático en todas sus dimensiones y espacios. Lo que abraza el respeto por toda una serie de derechos humanos y el Estado de derecho.
Es sabido que no es sencillo adjudicarse un compromiso con la democracia establecido en los principios. Ello puede comportar desplegar presión sobre aliados dictatoriales o impulsar derechos que incluso algunas de las democracias instauradas elegirían no acentuar. Pero es imprescindible un deber de principios para que el avance de la democracia sea una causa de presión para la deferencia por los derechos humanos, en vez de otro mecanismo para excusar las reglas internacionales e inclinarse por una opción vacía.
El rescate del arquetipo democrático, tan transcendental por el cimiento de los derechos humanos, pero tan susceptible de ser barajado como un reemplazante simulado, aunque tentador, requiere prestar más observación a los ambages perspicaces de sus detractores.
Finalmente, la salvaguardia de la democracia necesita prescindir de algunas de las trabas que han enflaquecido recientes iniciativas al respecto. Tal es así, que democracias consolidadas se han postrado en la predisposición de descansar en el demócrata, en vez de en los principios democráticos. O quizás, de reconocer la inexistente bifurcación que es mejor un tirano conocido que un tirano por conocer.
O tal vez, de no dar el brazo a torcer que la democracia podría prosperar, aunque esté desunida de los derechos humanos que le facilitan sentido. O posiblemente, de acomodar las encomiendas de una democracia efectiva en función del valor estratégico del supuesto demócrata. Sin lugar a dudas, hay que oponerse a estas directrices para que la tendencia democrática extraiga su verdadero potencial de fuerza para la incrustación de los derechos humanos.
Y mucho menos, en no caer en la coartada de que la aplicación evasiva de la democracia por parte de los líderes autoritarios, suele emprenderse con juegos de palabras y tejemanejes rebuscados, para apuntar que las restricciones que dañan la democracia son objetivamente inexcusables para protegerla.
En una entrevista en la cadena CNN en Nueva York, donde participa en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha vuelto a defender que no había «evidencias claras» de que algo así podía suceder, en relación a la entrada masiva de más de 80.000 personas.
También ha recalcado que están intentando devolver la normalidad a la ciudad autónoma pero respetando la «dignidad humana» de los inmigrantes que todavía permanecen allí, alrededor de 10.000 según datos oficiales.
Marruecos deberá dar respuestas
«Hemos pedido a Marruecos respuestas y acciones porque para nosotros es evidente que su mecanismo de control de fronteras ha fallado«, ha indicado Sánchez, asegurando que están investigando qué pasó esos días. Hasta el momento se había limitado a defender el papel del país vecino, haciendo hincapié en que no hay ninguna prueba que le señale como promotor de la «avalancha», tal como la ha definido el propio Sánchez en varias ocasiones.
A principios de septiembre, en su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones de este asunto, insistió en que no había pruebas sólidas contra Rabat, pero advirtió que actuará con «total contundencia» si se demuestra su implicación.
Este martes, además, el jefe del Ejecutivo ha defendido que Ceuta y Melilla son ciudades españolas enclavadas en África subrayando que forman parte de la frontera surno solo de España sino de laUnión Europea.
Críticas a la falta de solidaridad europea
En ese sentido se ha vuelto a quejar de que algunos socios europeosno mostraron solidaridad con España tras estos sucesos mientras su Gobierno, apunta, sí lo hizo en crisis pasadas como la de Lampedusa o ante el cuestionamiento de la soberanía de Groenlandia por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump.
«Desafortunadamente, sufrimos la insolidaridad de muchos de estos gobiernos durante la crisis«, ha lamentado.
Pedro Sánchez durante la entrevista con la CNN. (EFE)
Respecto a la situación actual de Ceuta, donde la crisis continúa, con miles de inmigrantes todavía en las calles, Sánchez dice ser consciente de que el mundo les está mirando y asegura que mostrará que «se puede proporcionar seguridad y orden» sin perjuicio de «la dignidad humana».
Respecto a la desclasificación de documentos secretos sobre las comunicaciones de los días previos a la crisis, Sánchez ha dicho que «en realidad muestran que no había evidencia clara de que algo así sucedería».
Relación con Marruecos
En todo caso, ha defendido que en los ocho años que lleva siendo presidente del Gobierno ha «desarrollado una relación muy positiva» con el país alauí, y España necesita mantenerla. «Necesitamos tener una relación positiva con Marruecos«, ha recalcado.
No obstante, ha dicho que tienen que devolver «la mayoría» de las personas que todavía están en Ceuta.
En ese sentido, ha asegurado que lo harán con «dignidad» como ejemplo de «la gran democracia y el gran país que es España», y porque los migrantes «son personas», ha zanjado.
Vuelve la temporada deportiva a Ceuta, y con ello, vuelve El Faro+Deportivo. En el primer programa de la temporada estuvo presente Nacho García, entrenador de la UA Ceutí. El gallego, después de llegar el curso pasado en enero y no lograr el objetivo, ahora tiene una nueva oportunidad.
Este, para Nacho, es un proyecto nuevo, pero “no cambia mi filosofía, no cambia mi pensamiento y mucho menos mi metodología”. El equipo comenzó el curso este fin de semana con una derrota ante el Mataró por 2-1. A pesar de la derrota en el primer partido “estamos tranquilos, estoy tranquilo, el club está tranquilo y que al final esto es cuestión de tiempo, es cuestión de horas, es cuestión de engrasar todas las piezas que hemos metido nuevas que son muchas”.
“Está claro que el día uno no habría salido todo de cara, y aunque hubiera salido tampoco significaría mucho”, detalla. Una de las preguntas iba en torno a la situación del club y cómo han afrontado una pretemporada marcada por la invasión del territorio. “Vine ese día 30 aquí para conocer la situación real, para conocer cómo estaba la ciudad y para ver si de verdad podríamos empezar la pretemporada con normalidad”, cuenta.
“Hemos tenido la suerte, entre comillas, porque no podemos hablar de ella, es una pena la situación que vivimos en el exterior, ya no solo en el centro, en la periferia y en todos lados, se enciende la televisión y se te cae el mundo encima, pero no nos ha afectado nada en el inicio de la pretemporada”, explica. “Aunque lo hayan intentado con la cesión o el intento de cesión de las instalaciones, pero no hemos tenido ningún tipo de problema”, añade.
El Ceutí, por su lado, ha intentado que la realidad de esta situación afectara lo menos posible a la planificación deportiva. “Nos pusimos a trabajar desde el primer día, nos hemos puesto el mono de trabajo y estaban todos cerrados”, explica. “Pero está claro que hemos intentado velar por la seguridad y la vida personal de cada jugador”, comenta.
“Por eso estaba yo aquí antes de tiempo para conocer la situación y si teníamos que echar atrás el inicio de pretemporada o cambiar las fechas, pero las firmas de contrato estaban hechas, los jugadores estaban ya dispuestos a venir y esperando a noticias”, explicó. Esta situación también ha impreso carácter al equipo. Tal y como cuenta Nacho , él explica cómo la gente debe servir de ejemplo para sus jugadores. “Tenemos que enfocarnos en el pueblo ceutí y en toda España”, dijo.
“Justo este lunes en la charla después del vídeo correctivo de la semana les decía que tomen ejemplo y tomen conciencia de lo que está haciendo aquí el pueblo, un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, que todo el mundo está unido, que todo el mundo alza la voz, tenemos que tomar conciencia de ello, creo que tenemos mucho que aprender, mucho que valorar y creo que es un gran ejemplo que nos puede servir para lo que es un vestuario”, explica.
“También vemos que gente, como por ejemplo yo que no soy ceutí, que también estoy y apoyo a la ciudad y mucha gente de otras partes de España que están volcadas con la ciudad”, explica. “Entonces creo que es un gran ejemplo que nos va a servir para entender que no todo depende de ti, que no todo está en tus manos y que todos tenemos que estar más juntos para poder sacar esto adelante”, añade.
El próximo domingo a las 19:00 el Ceutí recibirá al Xerez
El primer partido en el Molina de este curso. Un partido del que Nacho espera presencia de la afición. “El otro día pues se me pusieron un poquito los pelos de punta viendo al Imperio por el teléfono, en este caso porque estábamos de viaje, y ver Guillermo Molina lleno”, añadió. “Yo lo recuerdo cuando venía como rival con O Parrulo y sentías ese jugador número 6, esa esa afición que siempre estaba encima de ti, en este caso como rival”, dice. “Siempre llevaban volandas al equipo, pues espero volver a recuperar esa ilusión de futbol sala“, termina.
La medida podría interpretarse como una merma de funciones clara sobre el actual jefe superior de la Policía Nacional de Ceuta, Eloy Román.
O también como un golpe del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para controlar a la Policía con ‘uno de los suyos’ ante una de las crisis más delicadas que afecta al Gobierno de la Nación, en el punto de mira.
Él es el responsable del informe que ha desaconsejado que se juegue en Ceuta el partido de la Selección Española Sub 20 contra México. Un informe que emitió la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de la que López Gordo es el máximo responsable.
Marlaska se defendía este lunes argumentando que ese informe no prohibía el partido, sino que lo desaconsejaba, dejando la pelota de la responsabilidad sobre la Federación. Una maniobra perfecta para evitar otro azote sobre su dudosa gestión como ministro en una Ceuta en la que ha repuntado la criminalidad tras el 30J, aunque el político siga diciendo que la inseguridad es subjetiva.
El ministro ordenó, López Gordo ejecutó y el partido se ha suspendido, dejando a Ceuta sin un evento que hubiera ayudado a recuperar esa normalidad tan ansiada.
Traslado de inmigrantes al puerto
Al actual jefe superior de Ceuta, Eloy Román, se le ha colocado en el punto de mira por la operación de traslado de inmigrantes hasta el puerto que tuvo lugar el viernes pasado y a punto estuvo de terminar en tragedia.
Lo cierto es que desde la Jefatura Superior de Policía se informó de la necesidad de más tiempo para organizar un dispositivo adecuado. Pero pesaron más las directrices políticas, las órdenes de unos ministros que querían, sí o sí, ocupar el puerto.
La Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en donde se integra López Gordo, y la Secretaría de Estado del Interior asumieron que ese desplazamiento se haría el viernes y todo salió mal, aunque pudo ser peor.
Los agentes de la UIP evitaron una tragedia durante un proceso en el que hubo avalanchas, heridos y se tuvieron que ejecutar cargas. Si se pudo controlar fue por la preparación de los agentes, algo sobre lo que hicieron hincapié los sindicatos policiales.
Mando coordinador
Interior manda a López Gordo como mando coordinador, una figura difícil de encajar cuando se tiene a un jefe superior al frente del área de Ceuta y cuando el propio ministro se encarga de negar que haya inseguridad en la ciudad como para fundamentar este movimiento de ficha.
López Gordo dejó Ceuta con un segundo, el jefe regional de Operaciones, Pedro Ferrer, que sigue ocupando el mismo puesto en la Jefatura.
Al exjefe superior se le señaló en una publicación de El Mundo como una de las personas por las que el exdirector adjunto operativo del Cuerpo había intervenido para su designación al frente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
Según el diario de tirada nacional, el exresponsable policial habría mantenido vacante dicha jefatura hasta que López Gordo logró superar las pruebas necesarias para acceder a la categoría de comisario principal.
Las decisiones que está adoptando el Ministerio del Interior en nuestra ciudad están provocando duras críticas ciudadanas. De hecho, Marlaska es, junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, uno de los políticos más criticados en las visitas que cursa a la ciudad.
La Policía ha desplegado este martes por la tarde un importante dispositivo en el arenal del Trampolín, en Ceuta, para poner fin a la venta ambulante que se había instalado en esta zona del litoral.
El operativo cuenta con agentes de la Unidad de Intervención Rápida (UIR), que han acudido a la zona con tres furgones.
La presencia policial ha permitido establecer un dispositivo de seguridad para proceder a la retirada de los numerosos puestos que se habían instalado en los últimos días en las inmediaciones del asentamiento existente en este punto del litoral.
Los agentes han dado un plazo de una hora para que los puestos sean retirados. Durante este tiempo, los inmigrantes que habían instalado los diferentes puntos de venta están procediendo a recoger la mercancía y desmontar las estructuras, ante la presencia del dispositivo policial desplegado en el Trampolín.
Una hora para desmontarlo todo
En estos puestos se ofrecía una amplia variedad de productos. Había comida preparada, carne, hamburguesas, pan y tabaco, además de otros artículos que se vendían directamente en el arenal.
La actividad se desarrollaba fuera de los cauces de un establecimiento comercial autorizado y en el caso de los alimentos, sin las condiciones propias de un espacio habilitado para su venta.
La oferta también incluía ropa, calzado y carcasas para teléfonos móviles, entre otros productos.
La proliferación de estos puestos había generado una especie de mercado improvisado en las inmediaciones del asentamiento, que permanece instalado en esta zona del litoral tras la entrada masiva registrada en la frontera del Tarajal.
La actuación policial se está desarrollando sin incidentes, mientras los vendedores proceden a recoger sus pertenencias y a desmontar los puestos tras el aviso recibido.
El objetivo del dispositivo es que, una vez finalizado el plazo establecido, no permanezca instalada esta actividad de venta ambulante en el arenal.
Un dispositivo para recuperar el control de la zona
La intervención supone la materialización del anuncio realizado horas antes por el Gobierno de Ceuta. La presencia de la UIR está permitiendo llevar a cabo la actuación con un amplio despliegue de efectivos y mantener el control de la zona mientras se completa la retirada.
No es la primera actuación de este tipo que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las inmediaciones de asentamientos.
En anteriores ocasiones también se han realizado intervenciones en zonas próximas al asentamiento de Loma Colmenar, donde se han desarrollado actuaciones para controlar las actividades que se producen en sus alrededores.
Ahora, la intervención se centra en el Trampolín, donde la Policía ha establecido ese plazo de una hora para que se retiren los puestos.
Los inmigrantes que los habían instalado están recogiendo en estos momentos la mercancía y desmontando las estructuras, mientras el dispositivo policial permanece desplegado en el arenal para garantizar que la actuación se desarrolla con normalidad.
CSIF reconoce la «firmeza y profesionalidad» de la Policía Local por hacer cumplir sus ordenanzas en el Trampolín
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha felicitado a los agentes de la Policía Local de Ceuta por la «intervención que ha permitido exigir y conseguir la retirada inmediata de los puestos de venta ambulante instalados en la zona del Trampolín».
Según la información recabada por el sindicato, el dispositivo se desarrolló «exclusivamente con efectivos de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) y de Seguridad Ciudadana de la Policía Local, sin apoyo directo de Policía Nacional ni Guardia Civil».
«Los agentes lograron que las personas que mantenían estos puestos los retirasen», en una actuación que CSIF valora como «impecable».
El sindicato reconoce la «profesionalidad, la determinación y la capacidad de intervención de los policías locales, así como la decisión de llevar adelante el operativo». «Su trabajo merece el reconocimiento de una ciudadanía que necesita respuestas concretas para recuperar el uso de sus espacios públicos y la tranquilidad en sus barrios», han explicado en nota de prensa.
Una actuación «impecable»
CSIF considera que «hubiera sido oportuno contar con el acompañamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, coordinado por la Delegación del Gobierno, dadas las circunstancias de la zona».
«El buen resultado de esta intervención debe servir para respaldar a la plantilla y garantizar que las próximas actuaciones dispongan de los medios y apoyos adecuados», han proseguido.
La organización sindical insiste en que el compromiso de los agentes con Ceuta «se demuestra sobre el terreno»: «Detrás de cada intervención hay profesionales que asumen responsabilidades y riesgos para atender las necesidades de sus vecinos».
Por ello, CSIF reclama a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno «coordinación, efectivos suficientes y continuidad en las actuaciones para evitar la reinstalación de los puestos y consolidar la recuperación de la normalidad en el Trampolín».
«El esfuerzo de la Policía Local merece reconocimiento y un respaldo operativo a la altura de su compromiso», han concluido.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños que se celebra este miércoles, 23 de septiembre, en la que pide «priorizar» la protección a las mujeres y niñas de Ceuta frente al riesgo de que caigan en manos de «redes mafiosas» detrata y explotación sexual.
«La situación de Ceuta exige una atención prioritaria. Las mujeres y las niñas que llegan a la ciudad lo hacen en condiciones de extrema precariedad y desprotección, circunstancias que pueden ser aprovechadas por redes mafiosas y agresores para someterlas a trata y explotación sexual. Por ello, resulta imprescindible reforzar las medidas de prevención, protección y asistencia integral, garantizando una respuesta pública firme, coordinada y centrada en sus derechos«, subraya el Ejecutivo.
Asimismo, sobre la infancia migrante no acompañada, añade que resulta «imprescindible reforzar el sistema de protección para garantizar su tutela efectiva, la no discriminación por razón de origen o situación administrativa, la prevención de fugas y desapariciones de los centros de acogida, que provocan situaciones de mayor vulnerabilidad ante redes de trata; y el tránsito ágil hacia recursos especializados de protección, evitando la revictimización y el paso por dispositivos no adaptados a sus necesidades».
Protección prioritaria para mujeres y menores
La declaración, iniciativa del Ministerio de Igualdad, cuenta como coproponentes con los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia.
EFE
El texto reconoce la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual como una «esclavitud moderna que utiliza a las personas más vulnerables como simple mercancía, violando de forma flagrante sus derechos humanos».
Según señala, citando datos del Informe Global de Trata de Personas 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la explotación sexual continúa siendo uno de los principales fines de la trata, suponiendo el 36% de los casos identificados. Además, el 61% de las más de 202.478 víctimas detectadas a nivel global son mujeres y niñas, quienes, a su vez, constituyen el 92% de las víctimas de explotación sexual.
Trata y explotación sexual
Además, precisa que, en España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2025, el 98,54% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual eran mujeres y niñas.
El Gobierno insiste en que estos datos ponen de relieve la necesidad de «reforzar los mecanismos de detección precoz y protección integral, particularmente en contextos donde concurren múltiples discriminaciones, como el racismo, la migración forzada o la discapacidad«.
Compromiso del Gobierno
En este sentido, incide en la necesidad de que los estados cuenten con las herramientas necesarias para posibilitar «una acción rápida, eficaz y coordinada» en beneficio de aquellas personas que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que podrían llegar a ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual.
Ante esta situación, el Gobierno expresa su «firme compromiso» con «la eliminación de toda forma de violencia machista contra las mujeres, niñas y niños y, especialmente, de la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual«.
2.321 menores filiados en Ceuta
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 6.791 los inmigrantes que han vuelto voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva de julio a Ceuta, en 318 los que han sido expulsados y en 2.321 los menores no acompañados que han sido filiados.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha detallado que, desde el 10 de agosto, son 6.791 los inmigrantes que han retornado a Marruecos. Así, ha concretado que este mismo lunes lo hicieron 222 y en la última semana 1.309.
EFE
En cuanto a los menores migrantes no acompañados, ha fijado en 2.321 los que están filiados en la actualidad, casi 300 más que hace una semana. En este punto, Torres ha agregado que, según estimaciones del Gobierno, existen entre 500 y 700 menores en las calles de Ceuta.
«Quien tiene que dar cobertura, y ese es el esfuerzo que se está haciendo, es la ciudad autónoma para poder tenerlos en espacios acotados», ha afirmado, responsabilizando al Gobierno ceutí de la gestión de los menores inmigrantes que están en las calles de Ceuta.
