La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha rechazado este martes una iniciativa de Vox que reclamaba un refrendo parlamentario de la «plena e indiscutible» soberanía española de Ceuta, Melilla y otros lugares del norte de África (las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas).
Así se recogía en la proposición no de ley que los de Santiago Abascal han defendido en la citada comisión y que ha sido tumbada gracias al voto en contra del PSOE, Junts, ERC, Bildu y Podemos y la abstención del PP.
Con su iniciativa, Vox buscaba, en primer lugar, que el Congreso condenase formalmente las declaraciones de miembros del Gobierno marroquí cuestionando la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y que denunciase la «incompatibilidad» de la reiteración de esa reivindicaciones territoriales con los principios que fundamentan el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos.
Además, abogaba por que la Cámara Baja reafirmase que «ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno» de Pedro Sánchez frente a estas reivindicaciones extranjeras.
Peticiones al Gobierno de Pedro Sánchez
El texto de Vox, recogido por Europa Press, instaba también al Gobierno a exigir a Marruecos una declaración «pública, expresa e inequívoca» de respeto de la soberanía e integridad territorial de España, singularmente de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y, de lo contrario, le reclamaba promover «inmediatamente» la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con este país.
En este sentido, planteaba que Exteriores convocase al embajador marroquí para trasladárselo personalmente y avisarle de la voluntad de España de defender su territorio «con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado«, y que, en el caso de persistir la «invasión» de Ceuta y las declaraciones marroquíes que atacan la integridad territorial de nuestro país, le expulsase y retirase a su vez al embajador de España en Rabat.
La tercera fuerza del Congreso también sugería al Ejecutivo que exigiera a Marruecos la aceptación, «sin excepción ni excusa formal ni material«, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español de sus nacionales, y que revisase el conjunto de las relaciones bilaterales para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática quede «presidida por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial».
