Autor: Redacción

• Afirma que compró 200 gramos para sus vacaciones, pero el pesaje final supera en 3 gramos el límite legal

Un militar destinado en el Tercio de La Legión en Ceuta aseguró ayer a la juez que compró 200 gramos de hachís en la barriada del Príncipe para consumo propio durante sus vacaciones en la península. Sin embargo, el peso final y oficial en el juzgado arroja una cantidad diferente, 203 gramos, lo que excedería el límite legal considerado como “consumo propio” y, por ello, se enfrenta a una solicitud de prisión del Ministerio Fiscal de un año y cuatro meses y el pago de una multa de 1.194 euros.
El legionario fue interceptado en la Estación Marítima en el control de embarque de viajeros. Los agentes de la Guardia Civil allí destinados al control inspeccionaron las pertenencias del acusado que el pasado 7 de marzo pretendía desplazarse a Algeciras a pasar dos semanas de vacaciones. Según declaró uno de los agentes actuantes, el joven fue llevado a uno de los habitáculos de la Estación Marítima donde examinar con más detenimiento las pertenencias del viajero. Allí, en un cacheo superficial, indicó el agente de la Benemérita, hallaron dos porciones de hachís que estaban ocultas en las ingles del joven pegadas con “cinta americana”. “Lo sacó él mismo. Estaba nervioso, pero colaboró en todo momento”, apostilló el guardia civil.
El acusado insistió en que la cantidad era para consumo propio y dijo que cuando compró la droga, por 120 euros, no la pesó para comprobar que, efectivamente, llevaba los 200 gramos que pidió. Negó que llevara el estupefaciente a Algeciras para venderlo. “Lo compré para fumar en la casa”, reiteró. A preguntas de su abogado defensor, el joven confirmó que consume habitualmente entre ocho y diez porros al día y cuando está de vacaciones el consumo asciende a quince porros diarios.
El abogado de la defensa entregó a la juez un documento que corroboraría la dependencia de su cliente al cannabis, pero el análisis fue rechazado por el Ministerio Fiscal, que insistió en solicitar una sentencia condenatoria no solamente por exceder el peso de lo estimado como “consumo propio” sino también porque, de ser así, el acusado habría portado el hachís en el bolsillo y no oculto en las ingles pegado con cinta adhesiva.
Por su parte, el abogado de la defensa solicitó la absolución de su cliente en tanto la cantidad que llevaba era para consumo personal y cantidad que se ajusta a los quince días que iba a pasar de vacaciones en la península.

• Ningún testigo dijo quién lanzó la botella de cristal que hirió al subsahariano en una discusión en pleno centro el 25 de febrero

La Fiscalía mantuvo ayer su petición de condena de seis meses de prisión para cada uno de los dos jóvenes acusados de un delito de lesiones. Según la acusación, en la tarde del pasado 25 de febrero los dos procesados agredieron a un inmigrante subsahariano acogido en el CETI en el transcurso de una discusión de la que se desconoce el motivo que la provocó. En el juicio ningún testigo dijo haber visto a los acusados lanzar una botella de cristal contra la víctima, pero sí que ambos estuvieron implicados en la pelea que se produjo. Uno de los testigos aseguró que vio a J.M.R.D. dar patadas a la víctima que ya estaba tendida en el suelo, mientras que uno de los policías que intervino explicó que vio al otro acusado, J.I.C., dar un puñetazo en la espalda a otro inmigrante que allí se encontraba.
Los hechos sucedieron en torno a las 19.00 horas del pasado día 25 en la calle Camoens. Parte de los manifestantes que habían participado en la protesta pacífica en la plaza de los Reyes abandonaban en lugar por esta vía, entre ellos muchos acogidos en el CETI.
Según los acusados, dos de los inmigrantes comenzaron a discutir entre ellos. “De repente uno de los subsaharianos le pegó a mi amigo y yo me metí en medio para separarlos”, aseguró J.I.C. en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal 1 de nuestra ciudad. No supo explicar el acusado cómo se hirió el inmigrante en la cabeza a causa del impacto de una botella de cristal. Tras tratar de mediar en la pelea, “vino la Policía, me agarró y me llevó al coche patrulla”.
Similar versión de los hechos ofreció brevemente el segundo acusado, quien no quiso responder a las preguntas del fiscal ni de los abogados de la defensa. “Solo quiero dejar constancia de que la trifulca fue entre ellos y yo recibí un puñetazo”, zanjó J.M.R.C.
Una de las testigos también trató de mediar en un conflicto que, según dijo, se produjo entre un inmigrante y los dos acusados. Aseguró que vio cómo uno de los inmigrantes que caminaba por la calle Camoens “se paró en seco mientras otro le instaba a seguir caminando” para evitar una confrontación, al parecer, porque “le habían provocado”. “Yo me metí a separar. Una botella cayó detrás de mí y un amigo mío me sacó de allí. Fue cuando vi que había otro inmigrante que estaba herido por la botella”, agregó.
La segunda testigo de los hechos aseguró que vio a uno de los acusados dar varias patadas al subsahariano herido en el suelo, mientras el otro joven “sólo discutía” con otro inmigrante. “Empezó la pelea y me cambié de acera y fue cuando vi una botella de cristal volando”, apostilló.
Los policías intervinientes, uno de ellos estaba ese día fuera de servicio dijo no haber visto los golpes, pero uno de los agentes que llegó en el coche patrulla sí dijo que los acusados habían agredido a dos subsaharianos. A uno de ellos, el que sangraba, lo trasladaron al centro médico para que le atendieran.
Los abogados defensores solicitaron a la juez una sentencia absolutoria en tanto no se ha probado en el juicio que ninguno de los acusados fuera el que efectivamente lanzó una botella de cristal contra la víctima. De hecho, ninguno de los testigos aseguró haber visto a nadie lanzar esta botella cuya trayectoria, eso sí, procedió del otro lado de la acera y no en el mismo lugar de la trifulca. El caso quedó visto para sentencia con la petición de condena del fiscal que reiteró la solicitud de seis meses de prisión para cada uno de los acusados por un delito de lesiones así como el pago de una indemnización a la víctima de 700 euros.