Autor: Redacción

• Así quedó visto para sentencia el juicio seguido contra un guardia civil y su esposa por blanqueo

“Somos inocentes. Ha habido indefensión y persecución de la Guardia Civil. Han mentido para salvarse ellos y estamos aquí por suposiciones, nada más”. Han sido las palabras pronunciadas por la acusada junto a su marido, guardia civil, procesados por delitos de blanqueo de capitales, hurto y depósito de armas. Es la segunda vez que se ha escuchado, de hecho, a la mujer durante las últimas cuatro semanas en la sala de vistas. Los testigos y los instructores del caso únicamente conocían a la esposa del guardia civil por referencia. Por su parte, el acusado únicamente utilizó  su última palabra para recalcar que en los 25 años de servicio “nunca” ha tenido queja de ningún superior jerárquico por su trabajo. Además, “todo el que me conoce, sabe que antes de ser guardia civil me dedicaba a los coches”. Y así quedó el caso visto para sentencia.
El matrimonio recalcó su inocencia ante el tribunal de la Audiencia, impotentes en muchas ocasiones durante las declaraciones de los testigos, pero más quejosos por los últimos seis años en los que el proceso judicial se ha ido prolongando. De hecho, el abogado de la defensa finalizó su alegato final solicitando al tribunal que desbloquearan las cuentas bancarias de la familia que, desde el día que se produjeron las detenciones y registros han permanecido embargadas.
Ambos se enfrentan en suma a 18 y 15 años de prisión respectivamente por delitos de blanqueo de capitales, agravado con el tráfico de drogas, depósito de armas de guerra y hurto, según el escrito de la Fiscalía. Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución del matrimonio “con todos los pronunciamientos favorables”.

Los argumentos de la fiscal
La fiscal mantuvo su escrito de acusación, con las modificaciones introducidas, en cuanto a los delitos de blanqueo de capitales, agravado por la relación que trató de establecer con el tráfico de drogas, el delito de depósito de armas y el de hurto, si bien en este último no incidió en demasía.
Sí centro su alegato en la relación evidente, en su opinión, del acusado (no de la mujer) con el narcotráfico dada su pertenencia a una organización criminal por la que sería el guardia civil un eslabón esencial para el éxito del pase de droga a la península a través del puerto donde trabajaba. La fiscal destacó las declaraciones de los policías que participaron en la investigación y vigilancias en las que vieron al acusado apuntar las matrículas de los coches “camuflados” de la CNP o la extrañeza en la conducción del acusado a modo de “contra vigilancias”.
La representación del Ministerio Público insistió en que el acusado tenía en su poder más teléfonos móviles que no pudieron ser encontrados e intervenidos. El conocido narcotraficante, llamado ‘Musa’, con el que también le relacionan era conocido por la práctica mayoría de los agentes que trabajaban en el puerto, también el acusado. Por lo que, para la fiscal es clara la relación entre el acusado con el tráfico de drogas.
También ha quedado demostrado, en opinión de la fiscal, el blanqueo de capitales en tanto al enriquecimiento patrimonial del matrimonio durante los últimos años e hizo suyas las palabras de los peritos económicos que el pasado martes remarcaron que las quince propiedades que poseía el matrimonio llamaban la atención para una familia con el sueldo de un guardia civil.
La fiscal recalcó que había muchas cantidades de dinero de las que hoy día se sigue desconociendo su procedencia y no se han aportado documentos que las justifiquen, como tampoco ha quedado justificado la segunda o tercera actividad económica del acusado, relacionada con la compraventa de vehículos e intermediario inmobiliario.

Sorpresa en la sala
En el alegato final la fiscal instó al tribunal a deducir testimonio del matrimonio así como de sus familiares por un presunto delito de alzamiento de bienes que no ha prescrito a pesar de los años que han pasado. Explicaron que el padre de la acusada puso parte de las propiedades que tenía a nombre de sus hijas y yernos cuando su empresa quebró. La acusada aprovechó su turno de última palabra para recalcar que su progenitor falleció con todas sus deudas saldadas tanto con Hacienda, la Seguridad Social y los trabajadores que tenía.

Armas de guerra vs armas prohibidas

La fiscal introdujo en la fase final del juicio una consideración última en relación al delito de depósito de armas. En su escrito de acusación constaban que las armas incautadas en el trastero, una automática y un subfusil, como armas de guerra, pero en caos de que el tribunal, tras las declaraciones de los peritos de balística el pasado martes, consideren que no son de guerra, sí serían en cambio armas prohibidas en base al artículo 563 del Código Penal. Por tanto, solicitó tres años de prisión por este delito para cada acusado.
Las armas incautadas en el trastero ubicado en el inmueble donde vive el matrimonio, son propiedad del padre del acusado, ya fallecido. Dos piezas que se encontraron modificadas, inutilizadas y con óxido, pero que han estado presentes en la sala de la Audiencia durante todas las sesiones judiciales.

Los argumentos de la defensa: una investigación sin rigor y con fallos

El alegato del abogado defensor se prolongó durante una hora y cuarto. Los argumentos esgrimidos por el letrado de la defensa, que solicita la libre absolución de sus clientes, se centraron en la “falta de rigor” y los fallos de la investigación que, cabe recordar, fue conjunta entre la Policía Nacional y los agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Indicios fallidos y faltos de comprobación que lastraron la investigación durante los meses que se desarrolló y que han derivado en este proceso judicial.
La defensa aseguró que las conclusiones de los instructores son “meras conjeturas” como las supuestas “entrevistas” de su cliente con conocidos narcotraficantes que nunca tuvieron lugar, como el episodio ocurrido en una finca del Monte Hacho, en la que los agentes que hacían la vigilancia reconocieron en el juicio que perdieron de vista al acusado y que no identificaron el vehículo que se vio en las inmediaciones del lugar ni a sus ocupantes.
Además, el abogado negó que el dinero supuestamente sin justificar procediera del narcotráfico en tanto la juez instructora archivó en su día estos cargos.
Es más, en el escrito de acusación, refirió el letrado, se enumeran seis incautaciones de droga relacionadas supuestamente con su cliente, cuando no es así. De hecho, “una aprehensión de 300 kilos ni siquiera existe el atestado, otra aprehensión de 173 kilos ni siquiera fue en el puerto… y una aprehensión de 49,3 kilos fue intervenida precisamente por mi cliente en el puerto”.
Insistió también que de las más de 80 conversaciones intervenidas en el teléfono del acusado se constata, en opinión de la defensa, que su cliente se dedicaba además de ser guardia civil, a la compraventa de vehículos, y de intermediario de transacciones inmuebles.
Por tanto, el letrado consideró que no se dan los requisitos necesarios para condenar al matrimonio por un delito de blanqueo, ni de hurto (por el que la fiscal pide 18 meses de prisión al acusado) ni de depósito de armas de guerra, si bien, en este aspecto, consideró que la pistola automática y el subfusil estaban modificados, sin uso, sin carga, sin munición y, por tanto, no suponían un peligro para la vida de nadie.

 

• Peritos ‘oficiales’ observan un incremento patrimonial del matrimonio en los cinco años que dura la investigación. El perito de parte asegura que no a pesar de la “anarquía” documental

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta reanudó ayer el juicio contra un guardia civil y su esposa acusados de blanqueo, tras una semana sin comparecencias. La sesión de ayer se centró en el análisis de los peritos y las conclusiones que plasmaron en sus informes, tanto económicos como patrimoniales así como el examen de las armas de guerra incautadas en el registro de uno de los trasteros propiedad del padre del acusado. En la sala comparecieron tanto los peritos oficiales como los citados de parte que confrontaron sus conclusiones, en esencia, sobre si han observado un incremento patrimonial en el matrimonio que justifiquen los cargos que mantiene la Fiscalía por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Los primeros, los peritos que participan en la investigación al matrimonio, señalaron ante el tribunal que sí hubo un incremento patrimonial en tanto había movimientos de dinero de los que desconocen su origen y procedencia al no estar justificados documentalmente. Además, concluyeron que, de los documentos hallados en el domicilio del acusado, no se aprecia una “habitualidad” en la actividad de compraventa de vehículos que los acusados y la defensa han sostenido en este proceso judicial. Extremo que, sin embargo, sí parece más que justificado por el perito de parte, en tanto a la abundante documentación de contratos de compraventa, datos de la DGT y Hacienda que prueban que el guardia civil también se dedica a comprar vehículos, arreglarlos y venderlos después.
El abogado defensor preguntó insistentemente a los peritos cómo podían concluir que las cantidades de dinero de las que no hallaron explicación de su origen, procedían de actividades ilícitas a lo que los peritos terminaron respondiendo: “Nosotros somos asépticos en las investigaciones patrimoniales”. Por ello, añadieron, las conclusiones corren a cargo de los instructores de la investigación. Los peritos de la Benemérita consideraron que era llamativo que un matrimonio con el único ingreso del sueldo de un guardia civil  tuviera hasta quince propiedades inmuebles adquiridos prácticamente sin hipotecas. Un patrimonio que para el perito de parte sí estaba justificado en el análisis global de los movimientos de dinero existentes y registrados en las cuentas bancarias.
A pesar de que para los investigadores ‘oficiales’ los ingresos en efectivo eran numerosos y en cantidades menores a 3.000 euros, lo que no deja de llamarles la atención, para el perito de parte era muestra de una “anarquía” financiera de la que no siempre se podía justificar documentalmente. Pero con un mínimo de diligencias, sí podrían justificarse el 95% de ese dinero.
La penúltima sesión judicial concluyó con el perito que hizo el informe de balística. Está previsto que en el día de hoy el caso quede visto para sentencia tras los alegatos finales de la fiscal y el abogado defensor.

• Arribó la costa de Ceuta el pasado agosto con las dos mujeres simulando ser turistas

Un ciudadano marroquí, Y.M., se enfrenta a un año de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, más conocido como tráfico de personas. El pasado agosto arribó a la costa ceutí en una lancha fueraborda con dos mujeres indocumentadas a bordo. Fue interceptado por la Guardia Civil.
Ayer el acusado no compareció en la sala de vistas, pero ello no impidió la celebración del juicio en tanto la pena solicitada por el Ministerio Fiscal es inferior a dos años de cárcel. Quien sí declaró en la sala de vistas fue uno de los guardias civiles actuantes. Su declaración fue más que suficiente para explicar lo que aconteció el pasado 17 de agosto. El agente de la Benemérita explicó que avistaron la embarcación procedente de las costas marroquíes. A bordo de la misma iba el acusado, un hombre, junto a una mujer, simulando que estaban dando una vuelta cual turistas. Pero en el momento en el que la Guardia Civil se acercó al lugar para identificar la embarcación hallaron oculta a otra persona, una segunda mujer. Las dos no portaban documentación alguna, por lo que fueron detenidas junto con el patrón de la embarcación y puestas a disposición judicial.
El Ministerio Fiscal agravó la pena inicialmente solicitada, puesto que el acusado Y.M. cuenta con antecedentes penales hasta doce meses de prisión. El caso quedó visto para sentencia.