Los Rosales exige vallar y demoler ya la antigua prisión cerrada en 2017

Clausurada hace ahora seis años, la antigua prisión de Los Rosales fue refugio para decenas de ciudadanos marroquíes que rechazaban los alojamientos de emergencia acondicionados por la Ciudad en Ceuta tras la crisis migratoria de mayo de 2021. Hoy su trajín es mínimo, pero sigue habiendo personas vulnerables que pernoctan en su inmundicia.
Una de ellas, un hombre de 53 años vecino de Finca Guillén-Poblado Sanidad, falleció la semana pasada en uno de los cuartos del pabellón de entrada a la vieja cárcel. Su cuerpo fue encontrado el sábado por los vecinos que accedieron a su interior después de que varios bomberos y policías no localizasen el cadáver sobre cuya existencia había dado la voz de alarma un compañero habitual de madrugadas del fallecido.
El olor de la sala en la que se halló es nauseabundo y alrededor del punto en el que pereció solamente hay montones de basura y residuos. En realidad, como en todo el equipamiento cerrado en 2017, a cuyo interior es tan fácil llegar como colocar un palé sobre la parte del muro perimetral sin valla en su parte superior.
“Es una vergüenza”, protestan algunos de los vecinos de los alrededores que día tras día intentar retirar cualquier tipo de mueble que sirva para escalar y colarse.

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El Ministerio de Interior firmó en agosto de 2021 la concesión de la parcela del antiguo centro penitenciario de Los Rosales por un periodo máximo de cuatro años para la construcción de un nuevo centro de menores para que la Ciudad pueda atender sus necesidades en el ámbito de niños desamparados, pero el trasvase del solar no ha redundado ni en una mejor conservación siquiera de la infraestructura.

Llegar al interior de la antigua cárcel, un nido de inmundicia, es actualmente muy fácil

El presidente de la asociación de vecinos de la barriada, Ali Hamido, ha vuelto a exigir este domingo que la administración local “cierre de forma eficaz” la antigua prisión “para evitar que nadie acceda a su interior, ya que ahí de forma voluntaria o accidental puede pasar de todo”.

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“Lo que habría que hacer de una vez es demoler el edificio si es que no van a utilizarlo para nada y lo han abandonado para que el terreno, mientras no tenga otro uso, sirva al menos para que los residentes en el entorno puedan estacionar sus vehículos”, argumenta el representante del vecindario.
“Mientras, si es que alegan motivos económicos, al menos tendría que estar garantizado que nadie puede colarse en su interior con la facilidad con la que es posible hacerlo actualmente, como es muy sencillo comprobar por cualquiera”.

Los Juzgados de lo Contencioso y lo Social, al Banco de España en febrero

El Ministerio de Justicia prevé ejecutar el próximo mes de febrero los primeros traslados de sus dependencias dispersas por Ceuta al antiguo edificio del Banco de España, en el que concentrará varias de ellas. Los primeros en cambiar de sede serán los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de Vigilancia Penitenciaria que actualmente se encuentran en un bajo en la intersección entre las calles Fernández y Agustina de Aragón.

La gerente de la Administración de Justicia en Sevilla, Eva Riesgo, visitó ayer esas dependencias, así como las de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma, donde se reunió con parte de la cúpula judicial local. Igualmente se vio con el delegado del Gobierno, Rafael García.
Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que el plan de puesta en marcha del inmueble en cuyo acondicionamiento se han invertido algo más de 3 millones de euros contemplan en primer lugar el desplazamiento de los Juzgados de lo Contencioso y lo Social.
Hace ya más de tres años la Inspección de Trabajo dio cuenta en un informe de la existencia de plagas de cucarachas y de “malos olores” procedentes de las canalizaciones en las instalaciones de la calle Fernández, como ha denunciado CCOO-Justicia antes y después de forma reiterada.
Entre otras medidas paliativas se recomendó la realización de planes de desinsectación y el sellado de las arquetas.
A finales del año pasado el Gobierno de Pedro Sánchez indicó en una respuesta por escrito que tras años de espera el traslado de las unidades judiciales previstas al antiguo Banco de España, que cerró en 2011 y cuyo edificio es “propiedad de la Administración General del Estado”, solamente estaba “pendiente de la definición y conformidad de las ubicaciones definitivas de los efectivos”.
Entre los servicios a los que se prevé hacer sitio en la plaza de España con mayor celeridad están también los ubicados ahora (como el Registro Civil) en la de Maestranza, en unas instalaciones militares cuyo uso quiere recuperar la Comandancia General.

Un edificio emblemático que estará operativo el 6 de febrero

Concretamente, la Delegación del Gobierno ha aclarado que será el día 6 de febrero cuando ya esté operativa la sede judicial ubicada en el antiguo edificio del Banco de España. El traslado de estos órganos judiciales a estas nuevas instalaciones ha supuesto una inversión económica de 3.361.520 euros.

18 funcionarios prestarán sus servicios en estas remodeladas dependencias a partir del día 6 de febrero, unas instalaciones que cuentan con un espacio de 2.494 metros cuadrados.

El delegado del Gobierno ha recorrido las instalaciones

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El objetivo que se pretende con esta medida que concentra varias sedes judiciales dispersas en un único edificio, más representativo e institucional, es mejorar la eficiencia organizativa, optimizar todos los recursos disponibles y facilitar a los ciudadanos los trámites que tengan que realizar.

El delegado del Gobierno, Rafael García, se reunió este pasado martes por la tarde con la gerente Territorial de Justicia, Eva Riesgo, para posteriormente visitar este remodelado espacio que supone la puesta en valor de un edificio emblemático para la ciudad.

La Ciudad dedicó 321,8 euros por ceutí a ayudas sociales en 2021

El Pleno de la Asamblea aprobará hoy la cuenta general de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 2021, cuando la administración local manejó 3.719,8 euros por vecino, un total de 334,7 millones que se dedicaron fundamentalmente según los datos que obran en el expediente al mantenimiento de la administración (1.121,9 euros por habitante).
Excluidos esos gastos generales, los servicios que más recursos consumieron en 2021 fueron las ayudas y la asistencia social (28,9 millones, 321,8 euros por residente) en el marco del esfuerzo realizado para salir de la triple crisis generada por la pandemia, el cierre de la frontera y la crisis migratoria de mayo.
La limpieza pública y el tratamiento de residuos alcanzó por primera vez alcanzó los 300 euros per cápita (27 millones). Inmediatamente por detrás se situaron Procesa (286 euros por vecino), la Policía Local (214), Acemsa (145), Menores (125), Obimace (115) y Amgevicesa (105), según los datos recogidos en la Cuenta General del ejercicio pasado.
En 2019, el último año completo sin pandemia, los servicios que consumían más recursos a la administración local eran los de limpieza y tratamiento de residuos, con 288,6 euros por ceutí; la Policía Local, con 207,6; las Políticas Activas de Empleo, con 165,6; Menores, con 127,2; Acemsa, 124,5; y los programas de protección social, con 105,6.
Por debajo de los 100 euros se situaron en 2021 como los servicios con mayor coste por residente la desalación de agua (80,4 euros por vecino y año), el ICD (73,3), el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS, 65,6), Servicios Tributarios (58,8), las Políticas Activas de Empleo (57,7), Educación (50,5) o Tercera Edad (46).
El pago de la deuda pública contraída por la administración local absorbe 8,3 euros al año por ceutí. Mantener servicios como el Parque Marítimo o el Hotel Puerta de África cuesta 29,3 y 25,01 euros cada 12 meses por vecino, respectivamente, el doble de lo que se destina a cementerios y servicios funerarios (12,9) y casi el triple de lo que se invierte en Salud Pública (10,7). A bibliotecas se dedican 19,5.
La Ciudad destinó a Vivienda 17,2 euros per cápita en 2021, algo menos que a Medio Ambiente (18,3). A Parques y Jardines se van 8,3 euros y al servicio de Playas, 9. La radiotelevisión pública, RTVCE, cuesta casi treinta euros a cada ceutí al año (29,6, concretamente).
A Festejos se dedicaron en el segundo año marcado por la pandemia de la enfermedad del coronavirus 11,3 euros por vecino, más del doble que a Juventud (4,9) y algo menos que a alumbrado público (13,1).
La UNED absorbe 11,09 euros por ceutí y año, el triple que el IEC (2,8) y casi el doble que el Instituto de Idiomas (6,7). Servicios Turísticos cuesta 18,1 euros per cápita, pero al desarrollo del Turismo únicamente se destinaron 0,7 por vecino en 2021.

Los militares protagonizan el inicio de otra campaña de donación de sangre

Un equipo del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas (CRTS) de Jerez se ha vuelto a desplazar a Ceuta esta semana para realizar otra campaña de donación de sangre en la ciudad autónoma que desarrollará este martes por la tarde y este miércoles en horario matutino en el Auditorio del Revellín.

El horario habilitado para las donaciones va de 17.00 a 21.30 horas este martes y de 9.30 a 13.30 horas este miércoles. En el espacio habilitado es obligatorio el uso de mascarilla.

Personal de todas las unidades que integran la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU) prevé pasar por la Manzana del Revellín durante toda la tarde para sumarse a la campaña “como cualquier otro ciudadano” y, además, animar a la participación al resto de la sociedad para intentar cubrir una de las necesidades básicas del Sistema Nacional de Salud.

Los responsables del Centro Regional han explicado que tras cualquier periodo vacacional se registra un bajón en los bancos de sangre que ahora se intenta paliar con campañas como esta. En estos días en Ceuta se espera conseguir 300 donaciones para considerar un éxito el cruce del estrecho.

Con cada donación se calcula que se consigue salvar la vida de tres personas, ya que de cada extracción se obtienen tres componentes básicos: hematíes, plasma y plaquetas (además de los glóbulos blancos), componentes que se separan y se destinan a unos fines concretos en el ámbito sanitario.

 

Los requisitos para poder realizar la donación son pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad (preferiblemente con entre 18 y 70 años), gozar de buena salud y no acudir en ayunas.

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Como norma general las mujeres pueden donar sangre un máximo de tres veces al año y los hombres un tope de cuatro. Entre donación y donación tiene que pasar un mínimo de dos meses.

Tanto para la seguridad del donante como del receptor, antes de la donación se hace una entrevista médica y se mira la presión del donante y su nivel de hemoglobina.

Las personas que han superado la enfermedad del coronavirus deben esperar dos semanas para poder donar desde el fin de los síntomas.

La jueza archiva la causa contra Mohamed Ali por un delito de odio a Vox

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha decidido dar carpetazo a la causa que mantenía al exdiputado autonómico Mohamed Ali como investigado por un presunto delito de odio a los líderes de la ultraderecha en la ciudad.

La magistrada ha concluido una vez recibida luz verde de la Audiencia Provincial para continuar con el procedimiento que “las actuaciones practicadas acreditan que el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción criminal por parte de Ali, descartando la comisión del delito de odio al entender que no concurren los elementos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para su comisión”.

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz rechazó en noviembre los recursos interpuestos contra el auto de la jueza instructora, que había acordado abrir juicio oral contra el expolítico localista, líder de la oposición en la Asamblea autonómica durante parte de las últimas cinco legislaturas, por un presunto delito de odio que hubiera cometido al llamar “fascista” a Juan Sergio Redondo durante un Pleno en enero de 2020, justo cuando se conocieron los mensajes islamófobos que los de Vox se cruzaban por Whatsapp.

Los ultraderechistas opinan que la jueza no ha motivado bastante su “cambio de criterio”

En aquella Sesión Plenaria el localista advirtió al colíder extremista que “a ti lo que hay que hacerte es otra cosa”. “Sal a la calle y dile a la gente que quieres matarlos, que los quieres echar, cobarde y fascista, a ti lo que hay que hacerte es otra cosa”, dijo literalmente Ali, a quien también insultaron y desafiaron desde la bancada verde, que primero pidió disculpas y después se fue al Juzgado.
Vox denunció por amenazas y atentado a la autoridad a Ali, que renunció a su escaño a finales de 2021, pero la instructora de las diligencias entendió que esa imputación debía ser archivada y que concurrían “indicios de que las expresiones vertidas por los investigados”, Ali y dos personas que seguían la Sesión Plenaria como público, “se debían a una situación previa de animadversión por el mero hecho de representar los denunciantes a un partido político determinado, en este caso Vox”.
Ahora la jueza no solamente ha decidido sobreseer las diligencias que afectan al que fuera líder de Caballas, sino también declarar extinguida la responsabilidad criminal de los otros dos investigados al entender que el supuesto delito leve de amenazas (por expresiones como “hijo de puta, me cago en tus muertos, voy a ir a por ti, te voy a coger en la calle y te vaya reventar con un bufido) que pudieran haber cometido en el Pleno ya no puede ser perseguido al haber transcurrido más de tres años desde su hipotética comisión y más de doce meses desde que se dictó la última resolución que tuvo por objeto atribuirles su participación.

Recurso de Vox

Redondo y los otros tres diputados de Vox en la Asamblea (Carlos Verdejo, Francisco ‘Patxi’ Ruiz y Ana Belén Cifuentes) y dos de sus asesores ya han recurrido los tres autos dictados por la magistrada.
En el caso del que exonera a Mohamed Ali de la comisión de delito alguno, los ultraderechistas defienden que la resolución de la jueza adolece de “falta de motivación suficiente”, ya que no justifica “el por qué de este cambio de criterio” cuando, por añadidura, no existen “nuevos hechos” que puedan justificarlo.
“Esta parte es consciente [de] que el derecho a la tutela judicial efectiva no significa que las resoluciones judiciales deban contener un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que tengan las partes de la cuestión que se decide, sino que es suficiente, desde el prisma del precepto constitucional, que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión”, argumentan.

La disputa tuvo lugar durante una Sesión Plenaria celebrada el 29 de enero de 2020

Vox retuerce parcialmente el último auto de la Audiencia al aseverar que “sí entendía la concurrencia de los elementos típicos de un delito de odio”, aunque en realidad lo que apreció es que “no puede descartarse que los hechos imputados pudieran ser constitutivos, sin descartar otras posibles infracciones”.
A ojos de los ultraderechistas “en el momento procesal actual solo cabe por parte del juez instructor dar traslado al Ministerio Fiscal de las actuaciones y esperar a que presente escrito de acusación, y dictar Auto de Apertura de Juicio Oral, o lo que proceda, en concordancia con lo dispuesto en el auto de la Audiencia Provincial de 21 de noviembre de 2022, el escrito de acusación formalizado por esta parte y las conclusiones provisionales que presente la Fiscalía”.

La Fiscalía nunca ha visto en Ali más que el uso de “términos inapropiados”

La acusación pública ha mantenido desde el principio que los “descalificativos a miembros del partido Vox” de Ali “en caso alguno habían creado una situación de riesgo para los denunciantes”. “Ni siquiera se habían vertido palabras amenazantes, sino que, actuando en su condición de miembro de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, había contestado ‘…al parlamentario del partido político VOX, usando términos inapropiados; pero que no gozan de la gravedad y entidad necesaria para ser considerados delictivos…”.

Los elementos que no incluyó el proceder de Ali

El elemento que caracteriza a los delitos de odio es, según el Supremo, “el ánimo subjetivo que conduce al autor a la comisión del hecho agresivo”. El ánimo consiste en “la animadversión hacia la persona o hacia colectivos, que, unificados por el color de su piel, por su origen, su etnia, su religión, su discapacidad, su ideología, su orientación o su identidad sexual, o por su condición de víctimas” conforman una aparente unidad que permite configurar una serie de tipos de personas. La jueza no aprecia que en el proceder de Ali concurriese ese requisito o el de incorporar en sus afirmaciones “una provocación al odio, a la discriminación, o a la violencia, infringiendo los valores constitucionales de la dignidad humana y de la no discriminación”.

El Estado mutilará las bonificaciones a la Seguridad Social en septiembre

El sistema de bonificaciones a la Seguridad Social, uno de los principales atractivos de la ciudad para las empresas y sectores que se interesan por radicarse en Ceuta, no gana para sustos. Si hace nada eran los autónomos los que se vieron en el alambre, ahora son los trabajadores por cuenta ajena los que tienen los meses contados para perder derechos.
El Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas prevé el desmantelamiento del marco de bonificaciones establecido en 2015 y sustituir a partir del 1 de septiembre el descuento del 50% vigente por un importe fijo de 262 euros al mes limitado a trabajadores con una relación laboral indefinida y condicionado al seguimiento de acciones formativas de 20 horas al año.
El nuevo marco, que no introduce cambios en lo que a los sectores económicos beneficiarios se refiere, solamente resultaría más favorable que el vigente para bases de cotización que no alcancen los 1.668 euros, con lo que entre los perjudicados directos estarían los ámbitos tecnológico y digital.

El nuevo sistema de cotizaciones entrará en vigor a partir del 1 de septiembre

La nueva legislación establece que “las empresas, excluida la administración pública y las entidades, organismos y empresas del sector público, dedicados a actividades encuadradas en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura; industria, excepto energía y agua; comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el transporte aéreo de ala fija, construcción de edificios, actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias, así como en otros sectores o ámbitos de actividad que se determinen legalmente, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con cuentas de cotización asignadas a dichas empresas en las que tengan personas trabajadoras con contratos indefinidos que presten actividad en las referidas ciudades, tendrán derecho a una bonificación en la cotización de 262 euros al mes durante la vigencia de los contratos”.
La bonificación anterior resultará de aplicación “exclusivamente en el caso de que las empresas desarrollen, para cada persona trabajadora con contrato bonificado, acciones formativas relacionadas con la actividad empresarial por un tiempo mínimo de duración de 20 horas cada año, salvo que el período de aplicación de la bonificación dentro del año haya sido inferior a seis meses”.

Contratación indefinida y formación, claves en el Plan Integral

La presentación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico del Estado para Ceuta dio esperanzas a la Ciudad de poder ampliar y mejorar el sistema vigente de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que también tiene una repercusión directa en los salarios de los beneficiarios a través del denominado plus de vinculación.
La concreción práctica de esa promesa supone, sin embargo, en la práctica, una mutilación del marco vigente.

Los sectores beneficiarios de las bonificaciones no han sufrido variaciones

El Ministerio de Política Territorial prometió “contemplar la posibilidad de estudiar una modificación normativa que mejore el actual sistema de las bonificaciones a la contratación en Ceuta y Melilla”. La modificación consistiría “en abordar la bonificación respecto de personas contratadas por empresas en determinados sectores de actividad, ampliando, eventualmente, su aplicación a otros sectores”.
El cambio legal ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no extiende (ni recorta) los ámbitos económicos que ya se benefician de las bonificaciones, aunque sí cumple los principios rectores que tendrían que inspirar la nueva regulación: ligar las rebajas en las cotizaciones a “la contratación indefinida” y condicionarlas “al desarrollo simultáneo de actividades formativas”, concretamente de 20 euros cada año.

La AD Ceuta recibirá 2,5 millones de la Ciudad para profesionalizarse

El Gobierno de Juan Vivas ha acordado este viernes la firma de un convenio con el primer club de fútbol de la ciudad, la Agrupación Deportiva Ceuta, por un importe de algo más de 2,5 millones de euros con el fin de contribuir al sostenimiento de sus equipos en categoría nacional, concretamente en Primera y en Tercera RFEF.

La entidad que preside Luhay Hamido calcula que solamente los gastos del equipo de Primera RFEF supondrán esta temporada un desembolso de alrededor de 2,9 millones de euros, mientras que el de Tercera costará de acuerdo con su presupuesto de partida para el año deportivo 2022-2023 algo más de 425.000 euros.

Además, en gastos generales tiene que abonar cada ejercicio cerca de 180.000 euros. Sus ingresos propios ascienden a unos 415.000 euros, más de la mitad en concepto de derechos televisivos y el resto gracias a la venta de abonos y entradas en taquilla y a patrocinios y publicidad.

El incremento de la subvención de la administración al club busca apoyar sus objetivos estratégicos, que pasan por “consolidar y estabilizar el proyecto en Primera RFEF”; “profesionalizar la estructura del club y de sus categorías inferiores” apostando por un modelo de cantera; aumentar la generación de recursos propios; “elevar a la AD Ceuta FC al fútbol profesional español”; agrandar su masa social; colocarse “a la vanguardia” en modernización digital; y ofrecer “transparencia y ejemplaridad en la gestión económica y financiera”.

El club se propone implantar una metodología propia “enfocada a estructurar las categorías inferiores y profesionalizar el fútbol base”; crear “un plan económico riguroso que sustente nuestra estructura con solvencia y garantías”; poner en marcha “un plan de márketing centrado en mejorar nuestro posicionamiento y visibilidad en el ámbito nacional”; y desarrollar “un plan de Responsabilidad Social Corporativa con el que ayudar e involucrarnos en el entorno más cercano”.

Tramitan la destrucción de 100 coches que llevan hasta 5 años en Benzú

El consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Gobierno de Ceuta, Yamal Dris, ha publicado este martes en el BOCCE dos decretos en los que da un mes a contar a partir de su aparición en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a los propietarios de un centenar de vehículos abandonados que permanecen hasta desde hace cinco años en el depósito municipal de Benzú para que procedan a su retirada.

En caso de no hacerlo, como es más que previsible, los automóviles serán trasladados a una planta para proceder a su destrucción y descontaminación de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

Todos los coches incluidos en las dos listas llevan en el depósito de Benzú entre algo más de cinco y casi dos años y medio. Se trata de vehículos que en todos los casos llegaron a las instalaciones que gestiona Amgevicesa como abandonados, en algunos casos calcinados y muchos sin matrícula.

El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial dispone que «la Administración competente en materia de gestión de tráfico” puede “ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación cuando haya transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones».

Ese mismo artículo en su párrafo segundo determina que, con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración debe requerir al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá al traslado a su Centro Autorizado de Tratamiento”.

Durante el 2021 entraron en el depósito de Benzú 135 vehículos

Durante el ejercicio 2021, el último con datos cerrados, entraron en el depósito de Benzú 135 vehículos y se tramitó la salida hacia centros autorizados de tratamiento de 122, permaneciendo en su interior un stock de 656 de distinta naturaleza (abandonados, intervenidos, a disposición judicial, embargados…).

El Gobierno de la Ciudad se propuso hace siete años vaciar el depósito para acelerar la construcción de una promoción de viviendas sociales en la barriada, pero su objetivo nunca llegó a materializarse. El Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta contempla ahora entre sus medidas “invertir en una solución al problema del depósito judicial de vehículos”.

Ceuta aportará 50.000 euros para las víctimas del seísmo en Turquía y Siria

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas ha dejado constancia este viernes de su “pesar” y de sus “condolencias” con las víctimas de los terremotos que el lunes asolaron el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria, que han causado más de 22.000 muertos y más de 80.000 heridos.

La Ciudad Autónoma ha decidido aportar 50.000 euros de ayuda a cooperación y desarrollo a través de la Consejería de Presidencia, consignación que será abonada desde la de Hacienda, según ha detallado el portavoz, Alberto Gaitán, en su comparecencia tras la reunión semanal ordinaria del presidente con todos los miembros de su equipo.

El Gobierno turco ha elevado este viernes el balance provisional tras la tragedia a 18.991 fallecidos y más de 75.500 heridos. Los trabajos de búsqueda de supervivientes se han dado por terminados en las provincias de Sanliurfa y Kilis y están casi acabados en las de Diyarbakir, Osmaniye y Adana. En Siria, las víctimas mortales son 3.384, de ellas 2.037 en las zonas controladas por los rebeldes, según el diario El País.

La ayuda de la Ciudad se canalizará a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que decidirá el destino concreto de la aportación de Ceuta en función de sus necesidades concretas sobre el terreno.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jose Manuel Albares, despidió este jueves a las 82 personas que ya han viajado a Turquía como integrantes del Equipo Médico de Emergencias español, el START.

Equipo Médico de Emergencias español

Entre ellos están 56 sanitarios -profesionales médicos, enfermeros, auxiliares y farmacéuticos-, diez bomberos del Ayuntamiento de Madrid, seis logistas del SUMMA 112, dos profesionales de atención psicosocial de Médicos del Mundo, un farmacéutico que aporta Farmamundi y tres cocineros de la oenegé Cesal que alimentarán tanto al grueso del equipo como a pacientes hospitalizados.

El equipo está liderado por la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID y por cuatro expertos en logística, agua y saneamiento y salud que coordinarán las diferentes áreas de la acción humanitaria desplegada.

El sur de Turquía y el noroeste de Siria fueron afectados durante la madrugada del pasado lunes por un terremoto de magnitud 7.7 en la escala de Richter, el más intenso registrado en esa zona desde 1939. El mismo 6 de febrero se registraron al menos 78 réplicas seguidas de un segundo seísmo de magnitud 7,5 con epicentro en la provincia de Ekinozu/Kahramanmaras. También afectó gravemente al noroeste de Siria, una región donde 4,1 millones de personas dependen actualmente de la asistencia humanitaria.
El gobierno turco ha emitido un llamamiento internacional de ayuda cuya respuesta está siendo coordinada por la Iniciativa EMT (Equipos Médicos de Emergencias, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Mecanismo Europeo de Protección Civil, en clave ‘Team Europe’. La oferta española para desplegar el Equipo START fue aceptada por las autoridades turcas en la mañana del 7 de febrero.
La AECID mantiene abierto su operativo de acción humanitaria para esta emergencia que, además del envío del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias START, incluye contribuciones a diferentes organismos y actores humanitarios que se encuentran en las zonas afectadas.

Cuatro tecnológicas internacionales aterrizarán en Ceuta

Cuatro empresas tecnológicas internacionales (una multinacional y otras tres compañías de Italia, Reino Unido y Brasil) se han comprometido con la delegación de Ceuta liderada por la consejera Kissy Chandiramani que se desplazó a la feria Ice Totally Gaming de Londres a instalarse en la ciudad autónoma durante el primer semestre de este año.
La ciudad se ha consolidado en el evento desarrollado en la capital británica como “el mejor lugar” de nuestro país para la radicación de las empresas dedicadas al juego en línea o proveedoras de servicios que, como dos de las interesadas en asentarse ya en Ceuta, actualmente tienen su central de operaciones en Malta pero desean ampliar su ámbito de negocio a España.
El Ejecutivo local ya tiene “muy protocolizada” la relación de sinergias que ofrece a las empresas que se asientan en la ciudad. En el caso de las cuatro que van a llegar ahora a la ciudad se repetirá el esquema de financiar los programas de formación de persona que necesiten a cambio de que se comprometan a contratar mano de obra local.
Uno de los aspectos que ha dejado más “satisfechos” a los representantes de Ceuta en la Ice Totally Gaming ha sido el hecho de que este sector con “gran potencial de crecimiento” ha disuelto uno de los que antes eran motivo de preocupación, la satisfacción de los trabajadores que se viesen obligados a desplazar a la ciudad.

Alrededor de medio centenar con 500 empleos directos creados

“Las compañías nos están trasladando que la inmensa mayoría de esos empleados no solamente se encuentran a gusto con la calidad de vida y el nivel de los servicios que ofrece la ciudad, sino que optan por continuar en Ceuta aunque tengan la oportunidad de optar a un traslado”, han valorado desde la Ciudad, que del 21 al 23 de febrero participará también en la Feria Internacional del Juego de Madrid (FIJMA), el escaparate de la Unión Europea más importante de la industria.
El Gobierno local que preside Juan Vivas lleva meses insistiendo al Ejecutivo central en la necesidad de dar un nuevo impulso a este sector en Ceuta para favorecer la creación de empleo con una reforma del artículo 33 de la Ley del Impuesto de Sociedades que contribuiría a mejorar el Régimen Económico y Fiscal (REF) especial.
El Ejecutivo autonómico calcula que durante los últimos años, tras la entrada en vigor de las ventajas fiscales sobre el juego, se han implantado en la ciudad más de medio centenar de empresas de base tecnológica que han creado alrededor de 500 empleos directos y ocupan unos 4.500 de metros cuadrados de oficinas.

La reforma de la Ley de Sociedades, objetivo pendiente

El Gobierno de Ceuta prevé seguir insistiendo en una reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades para, básicamente, “mejorar las bonificaciones a las entidades residentes o no en las ciudades autónomas que cuenten con un lugar fijo de negocios en ellas”. Así, podrían incrementar el importe de sus deducciones “hasta un importe de cien mil euros por persona empleada con contrato laboral y a jornada completa que ejerza sus funciones” en las localidades españolas norteafricanas.
La modificación “serviría de reclamo para que las actividades de servicios (y de forma singular las que tengan más facilidad para su deslocalización por poder prestarse por vía telemática o electrónica) puedan establecerse en Ceuta o Melilla y beneficiarse de un régimen suficientemente atractivo”.
También se quiere eliminar la necesidad de acreditar el cierre del ciclo mercantil que determine resultados económicos.
Además, durante los cuatro primeros periodos impositivos a partir del establecimiento de dicho lugar fijo de negocios en Ceuta o Melilla tendrían la consideración de rentas obtenidas en las ciudades autónomas “hasta un importe de 200.000 euros por persona empleada con contrato laboral y a jornada completa” con un límite máximo total de hasta 8 trabajadores con independencia de la residencia del grupo de sociedades y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.