La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha publicado este viernes en el BOCCE un decreto por el que se cesa a Gregorio García Castañeda en el puesto de trabajo de asesor delegado que ocupaba desde hace un año y medio una vez que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha reconocido una incapacidad permanente absoluta.
El Ejecutivo de Juan Vivas recuperó en su estructura de personal eventual al exconsejero de Medio Ambiente en junio del año pasado para encargarse de la «coordinación de las diferentes obras que se están ejecutando» por parte del área de Yamal Dris.
El Gobierno local recolocó de inmediato a García Castañeda después de su destitución como gerente de Obimace por exigencia del PSOE, que empujado por su estructura nacional consideró intolerable mantenerlo en ese cargo después de su participación en la concentración de exaltados que durante la crisis migratoria de mayo acudió al helipuerto a increpar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su visita a la ciudad.
«El Gobierno considera que es conveniente que esta persona siga desarrollando su trabajo en ese ámbito», defendió el portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán, su continuidad en la estructura política de la Ciudad.
Destitución y homenaje de la Federación Provincial de Vecinos
El exmiembro del Consejo de Gobierno se negó a dimitir para facilitar su salida de la empresa pública y Vox se posicionó a su favor en la votación que se produjo en el órgano gestor de la sociedad municipal. García Castañeda también recibió el respaldo público de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), que él mismo presidió y que este mismo año le rindió homenaje en su tradicional comida de Feria por su “entrega” a las barriadas durante años en cargos públicos
Tragsa no quiere repetir los errores cometidos en la primera rehabilitación del antiguo vertedero de Santa Catalina, en Ceuta, que se anunció como su transformación en un vergel y ha acabado siendo un erial entre otras cosas porque, según han advertido los análisis efectuados de la intervención original, se puso poca y mala tierra.
El medio propio, al que la Ciudad Autónoma ha encargado la restauración de la zona, ha sacado a licitación la compra de más de 12.000 toneladas de tierra vegetal “de buena calidad”, así como su transporte en barco desde Málaga.
Ambos contratos han salido a licitación por algo más de 425.000 euros. El transporte de la tierra costará previsiblemente (el presupuesto base de licitación roza los 214.000 euros) algo más que su adquisición (212.479).
El servicio de traslado en naviera de hasta 12.000 toneladas de tierra vegetal desde el puerto de Málaga hasta el de Ceuta incluirá tanto la recepción del material como el embarque y la estiba en los muelles de origen, así como la desestiba y descarga en la ciudad autónoma.
En lo que al material ser refiere Tragsa quiere “tierra vegetal cribada” de “buena calidad” con una textura “franco arenosa” (es decir, con un 60% o 70% de arena) que tenga un porcentaje de materia orgánica de al menos el 3%, un pH neutro y una granulometría “de menos de 5 milímetros”. Se deberá suministrar “bajo pedidos parciales según necesidades de obras” y el acopio se hará “de forma que no interfiera el normal desarrollo de las obras”.
El Gobierno de Vivas ha encomendado a Tragsa rehabilitar el Parque Periurbano de Santa Catalina por 4,06 millones para dar a los 60.000 metros cuadrados de superficie diana “los valores ecológicos y recreativos que las actuaciones previas no lograron”.
El primer paso prevé que se aportarán y extenderán suelos “para crear una capa superficial con características fisicoquímicas adecuadas y espesor suficientes para el arraigo y desarrollo de la vegetación”.
Materiales “degradados” y en poca cuantía
Según los técnicos de Tragsa que en 2017 analizaron las razones del fiasco de la primera rehabilitación de Santa Catalina y la interpretación que de su informe hicieron los biólogos de Obimasa, en Santa Catalina la adjudicataria de la segunda fase de ejecución de la restauración de la zona, ‘Intervías’, depositó tierra “degradada” en una cantidad insuficiente que, además, la escorrentía de aguas pluviales ha eliminado con el paso del tiempo.
Técnicas de bioingeniería, especies viables y nuevos viales
Tragsa prevé añadir tierra con enmiendas orgánicas para mejorar la fertilidad del sustrato. A día de hoy “los suelos se encuentran degradados y con un bajo porcentaje de materia orgánica” y “los datos de profundidad son bajos e irregulares”, supuestamente también por la acción de “fenómenos de erosión y escorrentías”. El objetivo será “incrementar la fertilidad del sustrato y mejorar sus propiedades físicas (estructura, capacidad de retención de agua, aireación…) con fertilizaciones químicas que generalmente contienen nitrógeno, fósforo y potasio en distintas proporciones, más otros constituyentes, como el magnesio.
Como propuesta frente a la pérdida de suelo, principalmente en las zonas del talud, Tragsatec ha planteado recurrir a técnicas de bioingeniería como mantas y mallas orgánicas y geoceldas que se utilizan fundamentalmente como protección frente a la erosión hídrica y eólica.
La “revegetación” se hará con especies que se consideren viables para ese entorno (actualmente se están evaluando las ofertas presentadas para su suministro por casi 160.000 euros), particularmente azotado por la salinidad del mar y el viento. La actuación concluirá con la “revisión y restauración de elementos del parque que puedan encontrarse deteriorados: viales, cunetas, obras de paso, mobiliario e instalación de riego”.
La Asamblea de Ceuta ha aprobado este viernes definitivamente y por unanimidad que la Ciudad se haga cargo de la gestión directa a través de Amgevicesa del servicio de transporte público colectivo en autobuses urbanos a partir del próximo miércoles, 28 de diciembre.
El consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de Ceuta, Yamal Dris, ha explicado que con este viraje la administración podrá “trabajar en un nuevo modelo con más calidad”, más moderno y más sostenible que permita de forma progresiva incrementar la demanda y, por tanto, garantizar su equilibrio económico.
También se persigue «fomentar el transporte público y el consiguiente ahorro energético»; «modernizar la flota en función de las innovaciones y avances tecnológicos producidos y según criterios de eficiencia económica, energética y medioambiental»; y «abaratar el coste total del servicio, entre otros capítulos, por la vía de la eliminación del beneficio industrial del concesionario».
La sociedad municipal ya está tramitando la adquisición por cerca de medio millón de euros de los 26 vehículos que integran la flota con la que la empresa Hadú-Almadraba ha prestado hasta ahora el servicio como adjudicataria del mismo. Amgevicesa también dedicará más de 400.000 euros durante los dos próximos años para disponer en régimen de alquiler de la nave de la misma compañía en Puertas del Campo, que seguirá utilizándose como garajes y talleres.
El portavoz del PSOE, Juan Gutiérrez, se ha congratulado por la municipalización del servicio que los socialistas llevaban legislaturas reclamando. “Siempre hemos creído en la titularidad pública con el único objetivo de prestar un servicio de calidad y moderno, no el beneficio empresarial”, ha resumido la posición de su partido, que ha “felicitado” a los trabajadores por su subrogación en Amgevicesa, donde mejorarán sus condiciones laborales y salariales.
Carlos Verdejo, cuyo partido se ha ausentado en todas las reuniones de la Comisión creada para ordenar el cambio de modelo, se ha alegrado por la asunción de la gestión directa de los autobuses urbanos, “más necesario que nunca” desde su punto de vista tras la pandemia del coronavirus. “Esto acabará pasando también con la limpieza y recogida de basuras, como hemos pedido en repetidas ocasiones”, ha anunciado.
El diputado del MDyC Youssef Mebroud ha abogado por no “politizar” un asunto que ha salido adelante por unanimidad, aunque ha lamentado que el trámite no se haya utilizado para reducir las tarifas vigentes o para delimitar las nuevas líneas que se prevé poner en marcha.
El localista ha cuestionado la precipitación con la que, a su juicio, se ha gestionado la concreción del cambio de modelo y ha reclamado más y mejores marquesinas adaptadas a personas con discapacidad, facilidades para la adquisición de bonos y la puesta en marcha de una aplicación que simplifique el acceso a información sobre los tiempos de paso y espera de los vehículos.
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Dris ha dado las “gracias” a los políticos “empezando por el presidente de la Ciudad, que fue quien dio el primer paso firme para que esto haya llegado aquí”, y empleados públicos que han contribuido a rematar el expediente en pocos meses. El consejero ha tachado de “cínica” y “vergonzosa” la posición de la ultraderecha y ha afeado al Movimiento que pretenda reducir la importancia del acuerdo alcanzado.
Tanto “las características singulares de Ceuta” como el “uso muy intenso de los vehículos particulares” hacían “difícil mantener en el servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús unos niveles de calidad y de tarifas equiparables a las medias nacionales y, al mismo tiempo, el equilibrio económico de la consiguiente explotación”, por lo que se ha optado por su municipalización para, entre otras cosas, “establecer líneas extraordinarias para colectivos o periodos determinados, así como para turistas con carácter general o con motivo de ciertos eventos”.
CCOO: “Tenemos el poder de cambiar las cosas”
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) de Ceuta ha mostrado este viernes a última hora de la tarde su “satisfacción” por ver culminados “años de reivindicación” de la municipalización del servicio de autobuses urbanos, que desde el próximo miércoles será gestionado directamente por la Ciudad.
“Para poder llegar a lo aprobado en el Pleno hay que remontarse a 2020 con el cierre fronterizo y el inicio de la covid-19 que llevó a la empresa a realizar un ERTE a 16 trabajadores: después empezaron los atrasos en los pagos de nóminas por la paralización del paso fronterizo que llevaron a las primeras movilizaciones y la cuarentena lo que provocó la iniciativa del Gobierno de asumir las pérdidas del servicio”, ha recordado el sindicato.
CCOO ha destacado que hizo “numerosas gestiones institucionales” para acelerar los abonos de la administración a la concesionaria del servicio, que a su juicio “abusó” con los expedientes de regulación temporal de empleo y “bloqueó” la negociación colectiva. El conflicto llevó al anuncio de una huelga durante la Feria que el Gobierno de Vivas desbloqueó aceptando estudiar la municipalización del servicio.
La central ha tildado de “heroica” la labor de la plantilla y ha agradecido tanto al Gobierno de Vivas como al PSOE, al MDyC y a Ceuta Ya! que hayan dado “prioridad política” al cambio del modelo de gestión. Igualmente ha alabado a la Gerencia de Amgevicesa por “trabajar de manera constructiva para alcanzar un acuerdo en el proceso de subrogación”. “A través de la unión y la movilización tenemos el poder de cambiar las cosas”, ha valorado.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) pretende aprovechar 2023 para “actuar” en las escuelas infantiles y colegios de Educación Primaria existentes en Ceuta en varios sentidos. Por un lado, “adecuando, manteniendo y ampliando sus instalaciones”, pero también “valorando una mejora de los comedores escolares”.
El departamento que dirige Pilar Alegría, que solamente conserva competencias directas en las dos ciudades autónomas, se propone “buscar mecanismos que permitan incrementar las plazas de comedor escolar como fórmula para garantizar la equidad educativa y la conciliación familiar”.
Actualmente son ocho colegios (el 41,2% del total en ese nivel, ningún instituto de Secundaria) los que cuentan con ese servicio, los CEIP Maestro José Acosta, Federico García Lorca, Ramón y Cajal, Andrés Manjón, Reina Sofía, Ortega y Gasset, Príncipe Felipe y Pablo Ruiz Picasso. Su prestación ordinaria se restableció después de las limitaciones ligadas a la pandemia de la enfermedad del coronavirus a la vuelta de las últimas vacaciones de Navidad.
La Administración General del Estado convocó para el curso 2022-2023 un total de 930 ayudas para el servicio de comedor con dos requisitos para los beneficiarios: estar matriculado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que dispusieran de este servicio y pertenecer a una unidad familiar cuya renta en el año 2021 no superara los umbrales máximos establecidos.
La inversión anual por alumno en ese tipo de ayudas en Ceuta (41,9 euros) está por debajo de la media nacional (44,4)
Según el último diagnóstico elaborado este mismo año por Save The Children sobre la extensión del servicio, la inversión anual por alumno en ese tipo de ayudas en Ceuta (41,9 euros) está por debajo de la media nacional (44,4) y muy lejos de la que se alcanza en Euskadi (108,7) o Canarias (74,9), todo ello a pesar de que las tasas de pobreza infantil locales son líderes a nivel nacional junto a las de Melilla.
La organización no gubernamental ha pedido al Ministerio que establezca el umbral de pobreza como el nivel de renta mínimo para acceder a las ayudas de comedor escolar y que asegure una plaza gratuita a cada niña y cada niño en situación de necesidad.
“En Save the Children creemos que la beca comedor es la puerta de entrada a actuaciones integrales contra la exclusión social de la infancia que combinen comedor, refuerzo educativo y ocio extraescolar, como hacen otros países europeos”, estima la entidad, que considera que la extensión del servicio sería uno de los mejores destinos que se podría dar a parte de los fondos europeos que llegarán a España hasta 2027 a través del FSE+.
La empresa Hércules no solamente adeuda sueldos a “todos” sus trabajadores en Ceuta, alrededor de un centenar, impagos que también reproduce al otro lado del estrecho, sino que se pone dura con los trabajadores que se movilizan para denunciarlo. Esta misma semana, después de que parte de su plantilla se movilizase ante sus oficinas en el helipuerto, ha remitido un escrito amenazante a varios de los empleados que lo hicieron.
Fue una “amonestación por escrito” por participar en una movilización y “abandonar su puesto de trabajo sin mediar ningún tipo de preaviso ni justificación” que se tipificó en mayúsculas y negrita como “falta leve”. “En modo alguno estamos dispuestos a tolerarle acciones semejantes, por lo que de repetirse estos, se actuará con mayor rigor”, amenazó la compañía.
Para una de las destinatarias de la misiva fue la gota que colmó un vaso que llevaba tiempo amenazando con desbordarse. Sueldos sin cobrar, una hija menor, una situación económica delicada, llamadas reclamando deudas pendientes imposibles de abonar sin sus únicos ingresos en el hogar…
La mujer de 50 años, como tantos compañeros, empezó a advertir que cualquier día haría cualquier cosa presa de la desesperación. En ‘Un día de furia’, un ciudadano “normal” se rebela en una jornada especialmente agobiante en Los Ángeles contra todo lo que lo rodea. En vísperas de fin de año, la trabajadora se ha encerrado a primera hora de la mañana en el Conservatorio y ha amenazado con quitarse la vida.
Según la descripción literal de los hechos de la Jefatura Superior, “tras interponer diverso mobiliario que impedía el acceso a la Policía Nacional y a los Bomberos, se encerró en un balcón con un bidón de gasolina, rociándose previamente y con claras intenciones suicidas”. Los funcionarios intervinientes han logrado salvarla tras reventar una luna del inmueble para acceder a su interior y ha sido trasladada al Hospital Universitario, donde ha sido recogida por una familiar.
El Gobierno de la Ciudad ha redoblado esta mañana los contactos de sus servicios técnicos, desde Contratación hasta Secretaría General, para estudiar cómo concretar la “plena voluntad política” de romper todos sus contratos con Hércules, con la que también tiene concertados servicios la Administración General del Estado en Ceuta.
CCOO lleva meses instando a las instituciones a tomar soluciones drásticas y, mientras, espera ir resolviendo en enero las conciliaciones que por falta de abono de sueldos ha presentado ante el Área de Trabajo de la Delegación, paso previo a su elevación al Juzgado de lo Social.
El meollo de la cuestión radica en si los impagos de sueldos se pueden considerar un “incumplimiento de contrato” o no, ya que la empresa sí cumple con la administración (que en el caso del Gobierno local está “al día” en todos sus abonos) a costa de no hacerlo con sus trabajadores en una suerte de lo que hay quien considera una “estafa piramidal”, pues sigue presentándose a concursos públicos.
El último que ha ganado es precisamente el de limpieza del Conservatorio, que vence este sábado y que de momento el consejero de Educación, Carlos Rontomé, ha dejado sobre la mesa a la espera de si los técnicos alumbran una salida legal para el entuerto que tiene a la Ciudad “atada de pies y manos”.
El Consejo Escolar del Estado ha aprovechado su ‘Informe 2022 sobre el estado del sistema educativo’ para volver a pedir al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) que amplíe la oferta pública de plazas de Infantil, Primaria y Secundaria en Ceuta, así como que amplíe el cupo de maestros en los colegios.
El órgano consultivo considera clave extender la oferta de plazas públicas y el cupo de docentes en Primaria “para reducir el altísimo número de estudiantes por aula, de los más elevados de todos los ámbitos territoriales (superando el máximo legal permitido por la ley), sabiendo, además, que parte del alumnado cuenta con lengua materna específica (dariya), lo que debería recomendar una atención con más medios”.
En los institutos se reclama “ampliar la oferta pública de Educación Secundaria Obligatoria para poder reducir el número de estudiantes por aula, y mejorar las tasas de abandono escolar temprano y el número de titulados y tituladas”.
Finalmente, en Infantil aboga por “ampliar la oferta de plazas públicas en los dos ciclos, ya que la baja escolarización, el elevado número de alumnos por aula y el hecho de que parte de este alumnado cuente con lengua materna específica”.
Más muestra local para la Encuesta de Presupuestos Familiares
El Consejo Escolar del Estado también cree que el MEFP debería solicitar al Instituto Nacional de Estadística (INE) que en la Encuesta de Presupuestos Familiares “se amplíe la muestra para que los datos de las ciudades autónomas puedan ser representativos”.
Ese estudio permite conocer el gasto en consumo de los hogares residentes en España, así como la distribución del mismo entre las diferentes parcelas de consumo.
Tiene periodicidad anual e incluye cerca de 24.000 viviendas en su muestra (cada año se renueva la muestra de viviendas de las secciones, 13 en Ceuta), ofrece la información imprescindible para las estimaciones sobre el gasto en consumo de los hogares de la Contabilidad Nacional y para la actualización de ponderaciones del Indice de Precios de Consumo (IPC).
Clausurada hace ahora seis años, la antigua prisión de Los Rosales fue refugio para decenas de ciudadanos marroquíes que rechazaban los alojamientos de emergencia acondicionados por la Ciudad en Ceuta tras la crisis migratoria de mayo de 2021. Hoy su trajín es mínimo, pero sigue habiendo personas vulnerables que pernoctan en su inmundicia.
Una de ellas, un hombre de 53 años vecino de Finca Guillén-Poblado Sanidad, falleció la semana pasada en uno de los cuartos del pabellón de entrada a la vieja cárcel. Su cuerpo fue encontrado el sábadopor los vecinos que accedieron a su interior después de que varios bomberos y policías no localizasen el cadáver sobre cuya existencia había dado la voz de alarma un compañero habitual de madrugadas del fallecido.
El olor de la sala en la que se halló es nauseabundo y alrededor del punto en el que pereció solamente hay montones de basura y residuos. En realidad, como en todo el equipamiento cerrado en 2017, a cuyo interior es tan fácil llegar como colocar un palé sobre la parte del muro perimetral sin valla en su parte superior.
“Es una vergüenza”, protestan algunos de los vecinos de los alrededores que día tras día intentar retirar cualquier tipo de mueble que sirva para escalar y colarse.
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El Ministerio de Interior firmó en agosto de 2021 la concesión de la parcela del antiguo centro penitenciario de Los Rosales por un periodo máximo de cuatro años para la construcción de un nuevo centro de menores para que la Ciudad pueda atender sus necesidades en el ámbito de niños desamparados, pero el trasvase del solar no ha redundado ni en una mejor conservación siquiera de la infraestructura.
Llegar al interior de la antigua cárcel, un nido de inmundicia, es actualmente muy fácil
El presidente de la asociación de vecinos de la barriada, Ali Hamido, ha vuelto a exigir este domingo que la administración local “cierre de forma eficaz” la antigua prisión “para evitar que nadie acceda a su interior, ya que ahí de forma voluntaria o accidental puede pasar de todo”.
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“Lo que habría que hacer de una vez es demoler el edificio si es que no van a utilizarlo para nada y lo han abandonado para que el terreno, mientras no tenga otro uso, sirva al menos para que los residentes en el entorno puedan estacionar sus vehículos”, argumenta el representante del vecindario.
“Mientras, si es que alegan motivos económicos, al menos tendría que estar garantizado que nadie puede colarse en su interior con la facilidad con la que es posible hacerlo actualmente, como es muy sencillo comprobar por cualquiera”.
La gerente de la Administración de Justicia en Sevilla, Eva Riesgo, visitó ayer esas dependencias, así como las de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma, donde se reunió con parte de la cúpula judicial local. Igualmente se vio con el delegado del Gobierno, Rafael García.
Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que el plan de puesta en marcha del inmueble en cuyo acondicionamiento se han invertido algo más de 3 millones de euros contemplan en primer lugar el desplazamiento de los Juzgados de lo Contencioso y lo Social. Hace ya más de tres años la Inspección de Trabajo dio cuenta en un informe de la existencia de plagas de cucarachas y de “malos olores” procedentes de las canalizaciones en las instalaciones de la calle Fernández, como ha denunciado CCOO-Justicia antes y después de forma reiterada.
Entre otras medidas paliativas se recomendó la realización de planes de desinsectación y el sellado de las arquetas.
A finales del año pasado el Gobierno de Pedro Sánchez indicó en una respuesta por escrito que tras años de espera el traslado de las unidades judiciales previstas al antiguo Banco de España, que cerró en 2011y cuyo edificio es “propiedad de la Administración General del Estado”, solamente estaba “pendiente de la definicióny conformidad de las ubicaciones definitivas de los efectivos”.
Entre los servicios a los que se prevé hacer sitio en la plaza de España con mayor celeridad están también los ubicados ahora (como el Registro Civil) en la de Maestranza, en unas instalaciones militares cuyo uso quiere recuperar la Comandancia General.
Un edificio emblemático que estará operativo el 6 de febrero
Concretamente, la Delegación del Gobierno ha aclarado que será el día 6 de febrero cuando ya esté operativa la sede judicial ubicada en el antiguo edificio del Banco de España. El traslado de estos órganos judiciales a estas nuevas instalaciones ha supuesto una inversión económica de 3.361.520 euros.
18 funcionarios prestarán sus servicios en estas remodeladas dependencias a partir del día 6 de febrero, unas instalaciones que cuentan con un espacio de 2.494 metros cuadrados.
El delegado del Gobierno ha recorrido las instalaciones
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El objetivo que se pretende con esta medida que concentra varias sedes judiciales dispersas en un único edificio, más representativo e institucional, es mejorar la eficiencia organizativa, optimizar todos los recursos disponibles y facilitar a los ciudadanos los trámites que tengan que realizar.
El delegado del Gobierno, Rafael García, se reunió este pasado martes por la tarde con la gerente Territorial de Justicia, Eva Riesgo, para posteriormente visitar este remodelado espacio que supone la puesta en valor de un edificio emblemático para la ciudad.
El Pleno de la Asamblea aprobará hoy la cuenta general de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 2021, cuando la administración local manejó 3.719,8 euros por vecino, un total de 334,7 millones que se dedicaron fundamentalmente según los datos que obran en el expediente al mantenimiento de la administración (1.121,9 euros por habitante).
Excluidos esos gastos generales, los servicios que más recursos consumieron en 2021 fueron las ayudasy la asistencia social (28,9 millones, 321,8 euros por residente) en el marco del esfuerzo realizado para salir de la triple crisis generada por la pandemia, el cierre de la frontera y la crisis migratoria de mayo.
La limpieza pública y el tratamiento de residuos alcanzó por primera vez alcanzó los 300 euros per cápita (27 millones). Inmediatamente por detrás se situaron Procesa (286 euros por vecino), la Policía Local (214), Acemsa (145), Menores (125), Obimace (115) y Amgevicesa (105), según los datos recogidos en la Cuenta General del ejercicio pasado.
En 2019, el último año completo sin pandemia, los servicios que consumían más recursos a la administración local eran los de limpieza y tratamiento de residuos, con 288,6 euros por ceutí; la Policía Local, con 207,6; las Políticas Activas de Empleo, con 165,6; Menores, con 127,2; Acemsa, 124,5; y los programas de protección social, con 105,6.
Por debajo de los 100 euros se situaron en 2021 como los servicios con mayor coste por residente la desalación de agua (80,4 euros por vecino y año), el ICD (73,3), el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS, 65,6), Servicios Tributarios (58,8), las Políticas Activas de Empleo (57,7), Educación (50,5) o Tercera Edad (46).
El pago de la deuda pública contraída por la administración local absorbe 8,3 euros al año por ceutí. Mantener servicios como el Parque Marítimo o el Hotel Puerta de África cuesta 29,3 y 25,01 euros cada 12 meses por vecino, respectivamente, el doble de lo que se destina a cementerios y servicios funerarios (12,9) y casi el triple de lo que se invierte en Salud Pública (10,7). A bibliotecas se dedican 19,5. La Ciudad destinó a Vivienda 17,2 euros per cápita en 2021, algo menos que a Medio Ambiente (18,3). A Parques y Jardines se van 8,3 euros y al servicio de Playas, 9. La radiotelevisión pública, RTVCE, cuesta casi treinta euros a cada ceutí al año (29,6, concretamente).
A Festejos se dedicaron en el segundo año marcado por la pandemia de la enfermedad del coronavirus 11,3 euros por vecino, más del doble que a Juventud (4,9) y algo menos que a alumbrado público (13,1).
La UNED absorbe 11,09 euros por ceutí y año, el triple que el IEC (2,8) y casi el doble que el Instituto de Idiomas (6,7). Servicios Turísticos cuesta 18,1 euros per cápita, pero al desarrollo del Turismo únicamente se destinaron 0,7 por vecino en 2021.
Un equipo del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas (CRTS) de Jerez se ha vuelto a desplazar a Ceuta esta semana para realizar otra campaña de donación de sangre en la ciudad autónoma que desarrollará este martes por la tarde y este miércoles en horario matutino en el Auditorio del Revellín.
El horario habilitado para las donaciones va de 17.00 a 21.30 horas este martes y de 9.30 a 13.30 horas este miércoles. En el espacio habilitado es obligatorio el uso de mascarilla.
Personal de todas las unidades que integran la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU) prevé pasar por la Manzana del Revellín durante toda la tarde para sumarse a la campaña “como cualquier otro ciudadano” y, además, animar a la participación al resto de la sociedad para intentar cubrir una de las necesidades básicas del Sistema Nacional de Salud.
Los responsables del Centro Regional han explicado que tras cualquier periodo vacacional se registra un bajón en los bancos de sangre que ahora se intenta paliar con campañas como esta. En estos días en Ceuta se espera conseguir 300 donaciones para considerar un éxito el cruce del estrecho.
Con cada donación se calcula que se consigue salvar la vida de tres personas, ya que de cada extracción se obtienen tres componentes básicos: hematíes, plasma y plaquetas (además de los glóbulos blancos), componentes que se separan y se destinan a unos fines concretos en el ámbito sanitario.
Los requisitos para poder realizar la donación son pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad (preferiblemente con entre 18 y 70 años), gozar de buena salud y no acudir en ayunas.
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Como norma general las mujeres pueden donar sangre un máximo de tres veces al año y los hombres un tope de cuatro. Entre donación y donación tiene que pasar un mínimo de dos meses.
Tanto para la seguridad del donante como del receptor, antes de la donación se hace una entrevista médica y se mira la presión del donante y su nivel de hemoglobina.
Las personas que han superado la enfermedad del coronavirus deben esperar dos semanas para poder donar desde el fin de los síntomas.
