Ceuta, una de las regiones con más gastos en Atención Primaria

Una “década perdida”. Es lo que representan los últimos diez años en términos de inversión sanitaria pública en España, según denunció Amnistía Internacional en un nuevo informe. La organización alerta de que, tras los recortes que provocaron “el hundimiento del gasto” y a pesar de la progresiva mejora, aún no se han recuperado los niveles de 2009. Desde ese año y hasta 2019, el último del que se dispone de datos, el gasto sanitario público ha pasado de los 70.672 millones de euros a los 62.750, por lo que se ha rebajado un 11,21%, de acuerdo con su análisis. Una situación que “ha adquirido una relevancia y dimensión aún mayor” en un contexto como el de la emergencia sanitaria por la COVID-19, lamenta la ONG.
Para llegar a estas cifras, Amnistía Internacional ha ajustado a la inflación los datos oficiales que da cada año el Ministerio de Sanidad, y que sin hacer esta operación, sí supusieron por primera vez en 2019 una inversión mayor que en 2009. La organización considera que cruzar la cifra con la inflación es más riguroso porque implica “una imagen más real”. Su radiografía, elaborada en base a diferentes indicadores, concluye que solo una comunidad autónoma, las Islas Baleares, se sitúa en niveles de gasto público similares a hace diez años, en concreto, invierte un 1,76% más. También Ceuta y Melilla lo superan con creces y rebasan el 13% de subida.
Todas las demás comunidades gastaron en 2019 menos que en 2009 siguiendo este criterio, a pesar de que, de forma generalizada, los presupuestos han ido escalado progresivamente desde 2014. Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja, Galicia y Cataluña son las autonomías que se encuentran más alejadas, con reducciones que superan el 12% e incluso el 18% en el caso de la primera de ellas. Por su parte, algunos otros territorios como Cantabria, Castilla y León o Navarra están más cerca de los niveles de 2009, ya que invierten entre un 3 y un 5% menos que entonces.
Si nos fijamos en el gasto sanitario público por habitante, las tendencias se repiten al experimentar una reducción del 10,5% en este tiempo, de acuerdo con la evaluación de la ONG. Es decir, el Estado español gastó en cada persona 1.248 euros en 2018, 147 euros menos que los invertidos en 2009.