El Congreso avanza en la reforma que permitirá a los funcionarios jubilarse a los 72 años
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Pie de foto. Fotos y vídeo: Óscar Román
El Congreso de los Diputados dará un paso adelante este próximo martes en la tramitación del proyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado, que incluye novedades relevantes para los funcionarios también de Ceuta. Entre ellas, destaca una enmienda registrada por el PSOE que permitirá a los empleados públicos prolongar su actividad profesional de manera voluntaria hasta los 72 años, frente a los 70 fijados actualmente como edad máxima de jubilación forzosa.
Una ponencia clave para definir la reforma
La reunión de la ponencia parlamentaria, formada por representantes de los distintos grupos políticos, se celebrará a puerta cerrada. Su objetivo es ordenar y debatir las enmiendas registradas al texto, así como incorporar aquellas que logren los apoyos necesarios. En este punto del procedimiento, el partido en el Gobierno suele tener mayor capacidad de introducir sus propuestas, aunque necesitará el respaldo de sus socios para garantizar la mayoría suficiente.
En la práctica, la medida estrella consiste en crear la figura del funcionario relevista, que permitirá a los empleados públicos que lo deseen extender su carrera laboral dos años más. Esta novedad busca dar mayor flexibilidad a la gestión de recursos humanos en la Administración y retener perfiles con experiencia.
Nueva jubilación parcial en el sector público
Otra de las modificaciones que plantea el PSOE es la implantación de la jubilación parcial en el empleo público, una opción ya existente en el ámbito privado. Con este mecanismo, los trabajadores podrán reducir su jornada laboral y compaginarla con el cobro de una parte de la pensión, facilitando así una transición más progresiva hacia el retiro definitivo.
Inclusión de personas con discapacidad
El texto también prevé medidas para favorecer la participación de personas con discapacidad en los procesos selectivos de la Administración, garantizando condiciones de igualdad frente al resto de aspirantes. Además, se contempla la posibilidad de crear entornos controlados de pruebas piloto que permitan evaluar el impacto de las reformas en la gestión de los recursos humanos.
Próximos pasos
Una vez superada la fase de ponencia, el proyecto será elevado a la Comisión de Hacienda y Función Pública, donde se debatirá en sesión abierta. Después, pasará al Pleno del Congreso antes de ser remitido al Senado, donde continuará su tramitación siguiendo los mismos pasos.
Con estas reformas, el Ejecutivo busca modernizar la normativa de Función Pública y adaptarla a las nuevas realidades laborales, en un contexto en el que la gestión de la edad, la inclusión y la flexibilidad se convierten en retos prioritarios para la Administración General del Estado.