
Una multa de 1.080 euros y un año de pena privativa de libertad, que no deberá cumplir bajo el compromiso de derribar su obra, es la pena impuesta por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 a M.R.L. acusado de un delito contra la ordenación del territorio.
El acusado ha levantado una estructura en una parcela de la vía pública incluida en el Plan Especial del Príncipe Alfonso sobre una planta de siete metros y medio. La actuación se llevó a cabo sobre bienes de dominio público local de manera ilegal, cometiendo una infracción contra la Ordenanza Reguladora de la Disciplina Urbanística