La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha presidido este jueves una reunión del Comité de Seguimiento de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) correspondientes al periodo 2021-2027, en el que se ha abordado el posible reparto de los más de 47 millones de los que prevé disponer la Ciudad.
La Ciudad prevé proponer al Ministerio de Hacienda, que es la autoridad de gestión, y a la Comisión Europea dedicar casi una cuarta parte, alrededor de 11 millones de euros, a la primera fase de modernización de la red de saneamiento de la zona centro con la instalación de un gran colector de dos metros de diámetro que enlace la Plaza de África con San Amaro y la construcción de una nueva estación de impulsión en esa zona.
Con los Fondos FEDER 2021-2027 se podría financiar la obra entre San Amaro y Alfau aproximadamente si las autoridades comunitarias dan su visto bueno a esta propuesta, que absorbería más de la mitad de los 18,4 millones que deben dedicarse al objetivo de transición verde para actuaciones de eficiencia energética, fomento de renovables, economía circular, biodiversidad, movilidad urbana y gestión de recursos hídricos.
Otros 7 millones se prevé dedicar al objetivo de transición inteligente y digital, que debe revertir en proyectos para el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras y 4,7 al de transformación social para ampliar la oferta educativa en la formación profesional que se imparte en la ciudad, según se ha precisado desde Procesa a la Cámara Oficial de Comercio, la Confederación de Empresarios, los sindicatos UGT y CCOO, el CERMI y el Centro Asesor de la Mujer (CAM) para que se involucren “en el proceso de toma de decisiones que conduce a la estrategia, a los objetivos y a las acciones de los futuros programas” de acuerdo con “el principio de gobernanza multinivel que exige la Comisión Europea”.
En lo referente al Programa Operativo FSE, se ha acordado distribuir los más de 15 millones en proyectos que cumplan con la concentración temática que exige la normativa comunitaria, de conformidad con el siguiente reparto: 2,4 en proyectos vinculados al empleo juvenil, 4 para inclusión social, casi 1 millón par abordar programas de lucha contra la pobreza infantil y 7,5 para fomento del autoempleo, contratación indefinida y formación a desempleados.
Los programas deben ser formalmente remitidos a la Unión Europea en el primer semestre de este año. Todo ello con el propósito de que puedan ser finalmente aprobados por la Comisión antes de que finalice el ejercicio. Por ese motivo, se seguirán realizando consultas con los miembros del Comité de Seguimiento “conforme se vaya avanzando en la negociación con la Comisión Europea”.
De no incluir criterios técnicos especializados y libres de ideología en la actuación, será de nuevo "maquillar el problema" y tirar el dinero.