Los organizadores de la Marcha por la Dignidad han comenzado a preparar ya los actos que tendrán lugar este próximo 3 de febrero, poco antes de cumplirse 10 años de la tragedia del Tarajalque terminó con la muerte de varios subsaharianos en el intento por cruzar a nado a Ceuta.
Se llamaban Jeannot, Armand, Samba, Daouda, Luc, Yves, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Omarou, Blaise, Roger Chimie y un joven más que nunca pudo ser identificado.
En esta ocasión el lema elegido ha sido ’10 años exigiendo verdad, justicia y reparación’. Para esa jornada del sábado 3 de febrero se están preparando varios actos entre los que no puede faltar la marcha hacia el espigón del Tarajal, testigo de la tragedia y en donde fue colocada una placa en recuerdo de estas personas.
Estado de la causa
Desde la organización de la XI Marcha se insta a la participación de muchas personas para caminar hasta la playa del Tarajal “haciendo memoria, exigiendo verdad, justicia y reparación”. De momento se ha previsto un acto a las 11:30 horas inicio en el Instituto Abyla, otro a las 15:15 horas en la plaza de los Reyes y el desarrollo de la marcha que terminará, se espera, en la playa a las 18:30.
La última noticia conocido en torno al estado de la causa del 6F fue la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso contra el archivo. La Sección Cuarta de la Sala Segunda dictó una providencia que admite el recurso de amparo promovido por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe). El tribunalconsidera que el recurso «plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal» y “puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna».
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha pedido este lunes «justicia» para las víctimas de la tragedia ocurrida el 6 de febrero de 2014 (6F) en el lado marroquí del espigón fronterizo que separa Ceuta del país vecino, donde murieron 15 inmigrantes.
La entidad «anhela» el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al considerar que puede responder «frente a las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas durante todo el procedimiento».
Este lunes se cumplen nueve años de la muerte de los inmigrantes de origen subsahariano, que se produjo cuando un grupo de alrededor de 300 personas intentaba acceder a nado a territorio español.
La acusación popular, de la que forma parte la asociación, llevó el año pasado al Tribunal Constitucional la causa por la actuación de los guardias civiles después de la inadmisión por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de los recursos de casación interpuestos por distintas organizaciones no gubernamentales contra el sobreseimiento del caso dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz no ha agotado el recorrido judicial del asunto.
Los familiares de las víctimas «siguen esperando que se diriman responsabilidades»
«Los familiares de las víctimas siguen esperando que se haga justicia y se diriman responsabilidades», ha recordado la APDHE con motivo del noveno aniversario de la tragedia.
En este sentido, ha subrayado que «anhela el pronunciamiento del Tribunal Constitucional». «Es el único órgano que en el ordenamiento jurídico interno puede protegernos ya frente a las vulneraciones de derechos fundamentales que venimos denunciado durante todo el procedimiento», ha sentenciado.
La APDHE, junto a la Comisión Española De Ayuda Al Refugiado, la Asociación Observatori De Drets Humans, la Asociación Coordinadora de Barrios para el seguimiento de menores y jóvenes y la Asociación Sociedad Humana, como acusación popular, han venido ejerciendo la acción penal.
En esa situación, recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional tras la desestimación de los recursos de casación planteados contra el auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, que acordó el sobreseimiento libre de la causa abierta para investigar los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2014.
“No más muertes en las fronteras”. La X Marcha por la Dignidad ha vuelto a recordar en Ceuta a las personas que fallecieron, en febrero de 2014, en su intento por cruzar a nado el espigón del Tarajal.
Esa madrugada se escribió una tragedia: la del 6F, y la memoria de esas 15 personas sigue viva. Justicia por ellos, pero también por tantos que pierden su vida intentando un imposible.
Sobre lo que ocurrió aquella madrugada sigue habiendo múltiples versiones según quién cuente la historia. Los que murieron saben perfectamente lo que pasó. “Buscaban otra vida y encontraron la muerte”.
Los implicados en la marcha no dejarán de exigir justicia por Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssourf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou y Blaisse. Por eso, desde el Campus Universitario, los manifestantes han ido reclamando justicia. Al grito de “basta de violencias en las fronteras” o “migrar es un derecho” han ido recorriendo las calles de nuestra ciudad hasta llegar al arenal de la playa del Tarajal.
“Migrar es un derecho humano”
Este año la marcha, encabezada por una pancarta en la que podía leerse “migrar es un derecho humano”, ha unido a centenares de personas, con ayuda de agentes de la Policía Local que han estado coordinando el tráfico siguiendo las órdenes de la Policía Nacional y respaldados por Protección Civil.
Los organizadores han hecho hincapié en que a esta situación de “injusticia” se suma una parte de la sociedad que acoge como válidos los mensajes falsos en contra de los inmigrantes, lo que “supone una importante victoria para aquellos que vienen escondiendo el racismo y la xenofobia detrás de la incorrección política”.
“Continuamente vemos cómo, con la complicidad de políticos irresponsables, hoy se difunden bulos sobre quiénes salvan a gente de morir en el mar; se ha conseguido que el acrónimo ‘menor extranjero no acompañado’, que no es más que un niño que vaga solo por el mapa, sea casi un sinónimo de delincuente. ¿En qué momento dejamos de tener humanidad? No permitamos que esto envenene de odio y discriminación a la sociedad”, han insistido.
“Ninguna persona es ilegal”, ese ha sido el grito que más se ha escuchado y el mensaje que más se ha repetido en sus pancartas.
Justicia y dignidad
En el Tarajal se ha pedido otra política migratoria “porque es posible”. “Seguiremos viniendo hasta que haya justicia y reparación para las víctimas y familiares del 6F, hasta que no dejemos de ver muerte, violencia, impunidad, vulneración de leyes y derechos humanos cada día en nuestras fronteras”.
Además han denunciado el sobreseimiento de la causa, así como las muertes de “los hermanos” de Melilla. Han rechazado “las cárceles” que se están montando en Algeciras, ya que una “falta administrativa, no es un delito”.
A pie de espigón se ha vuelto a rendir homenaje a los muertos en aquella fatídica madrugada, se ha recordado sus nombres y sus últimas horas de vida justo en el arenal que fue testigo de lo sucedido. “No más muertes en las fronteras”, han pedido.
Moussa nunca será olvidado por sus compañeros
Asimismo, ha habido un emotivo recuerdo a Moussa, el joven que se quitó la vida en los aledaños del CETI. Un compañero suyo ha reclamado “justicia”, señalando que le dejaron en la calle sin “tener un sitio para dormir y sin comida”.
Ha alabado que Moussa era un “chico bueno” y que lo único que quería era “una vida mejor”. Ha señalado que lo echarán de menos porque era una persona “muy alegre”.
Con la renovación de la placa colocada en la memoria de los fallecidos el 6F, se ha cumplido con un acto que vino para quedarse y que viene a simbolizar que aquel 6 de febrero no se olvida, aunque sean muchas más las historias dramáticas vinculadas a la inmigración que han tenido y tienen a Ceuta, a sus costas y a sus vallas, como testigos de lo sucedido.
En el cementerio de Santa Catalina descansan cinco de aquellos muertos, el resto quedó en Marruecos.
El campus universitario de Ceuta acogerá el sábado 4 de febrero una serie de encuentros enmarcados en los actos previstos con motivo de la X Marcha por la Dignidad, con la que se recuerda a las víctimas del 6F.
Tal y como ha explicado la organización, se ha preparado una mesa redonda que estará moderada por Sani Ladan, activista, especialista en migraciones y defensor de los derechos humanos y que dará comienzo a las 11:15 horas.
Es además educador social y coordinador de proyectos asociativos, investigador en temas de asuntos mundiales relacionados con el continente africano y miembro del consejo de desarrollo sostenible en el ámbito de la gobernanza en la Agenda 2030 de España así como vicepresidente de la asociación Elín en Ceuta.
Entre los participantes en esta mesa redonda estará la abogada que más ha peleado por hacer justicia en torno a estos sucesos, Patuca Fernández, quien ostenta el premio nacional de Derechos Humanos 2022. Abordará el deber de memoria, recordando a las víctimas de las fronteras.
Se contará con Youssef M. Ouled, periodista y Ccordinador de antidiscriminación en Righst International Spain. Además, investiga el racismo e IA en AlgoRace.
Una obra de teatro y la marcha al Tarajal
Soda Niasse, mujer, madre e inmigrante africana, defensora de los derechos humanos en la ruta canaria, asistirá a este acto para hablar del deber de hospitalidad y el derecho a la vida. Es miembro del colectivo Somos Red y de la FAAC (Federación de Asociaciones Africanas de Canarias).
En esta jornada tendrá lugar una actuación teatral bajo el título El sueño es vida, de Thimbo Samb, senegalés, actor, youtuber y activista que llegó a España en un cayuco a los 17 años y ha tenido que hacer frente a una vida complicada.
Estos actos continuarán con la marcha en sí hacia el Tarajal para rememorar a las víctimas del 6 de febrero, los 15 subsaharianos que murieron ahogados en su intento por cruzar a Ceuta.
La X Marcha por la Dignidad ya tiene fecha. Será el próximo 4 de febrero y servirá para recordar a las víctimas del 6F. Aquel mes de 2014 cientos de subsaharianos intentaron cruzar a nado a Ceuta bordeando el espigón del Tarajal, 15 de ellos perdieron la vida.
Han pasado 9 años pero “seguimos pidiendo justicia”, reclaman las oenegés organizadoras de esta marcha. “No olvidamos a las víctimas del Tarajal ni a las de esta Europa Fortaleza”, reseñan.
El lema de este año es ‘Basta de violencia en las fronteras: migrar es un derecho’ y se emprenderá ruta desde el campus universitario hacia la playa del Tarajal, en donde se ubica una placa en recuerdo de los fallecidos. “Caminaremos haciendo memoria, defendiendo la vida, pidiendo justicia y exigiendo derechos”.
“Es un acto en memoria de las personas a las que arrebataron la vida la mañana del 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, pero es un acto de denuncia por todas las personas que han muerto y mueren durante su proceso migratorio, las que siguen esperando la oportunidad de llegar a Europa, las que son devueltas en caliente, las que son discriminadas, excluidas, criminalizadas, encarceladas, denigradas, explotadas, prostituidas, esclavizadas, extorsionadas, invisibilizadas”, detallan.
Varios archivos de la misma causa
Ya se puede participar en este evento apuntándose para apoyar un acto que cumple su décima edición y del que no solo participan ceutíes sino también desplazados desde la Península.
El llamado caso Tarajal o caso 6F quedó archivado en varias ocasiones a pesar de varios autos de reapertura. Hubo 10 investigados, 15 muertos, 555 disparos de material antidisturbio reconocidos por el propio Ministerio del Interior. Las familias de los fallecidos pidieron visados especiales para ver sus cuerpos, nunca pudieron hacerlo. Algunos de ellos están enterrados en el cementerio de Santa Catalina.
La inadmisión por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de los recursos de casación interpuestos por distintas organizaciones no gubernamentales contra el sobreseimiento de la causa judicial abierta para exigir responsabilidades penales a algunos de los guardias civiles que intentar repeler con material antidisturbios el 6 de febrero de 2014a un grupo de migrantes de origen subsahariano junto al espigón marítimo del Tarajal, en Ceuta, donde fallecieron al menos 14, no ha agotado el recorrido del caso ante la Justicia española ni los ánimos de la acusación popular para seguir litigando.
La abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, ya está trabajando en el recurso que presentará “con toda seguridad” ante el Tribunal Constitucional. Según la letrada, a expensas de cerrar la redacción del mismo, en su contenido apelará a dos argumentos fundamentales. Por una parte, a una supuesta doble infracción del Estado en lo que al derecho a la vida se refiere, tanto por su obligación de no privar de ella a nadie como por la de investigar de forma eficiente cualquier deceso.
Por otra, denunciará una vulneración del artículo 24 de la Constitución que establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
La Sección VI de la Audiencia Provincial ordenó en julio de 2020 el sobreseimiento libre de la causa abierta contra 16 guardias civiles por aquel operativo al no apreciar “relación de causalidad” entre la actuación de los agentes y “los fallecimientos por ahogamiento y lesiones que se les pretende imputar”, así como que más allá de algún “matiz de anormalidad”, no existió “indicio alguno de desviación o extralimitación” en su comportamiento.
Fue el último carpetazo a un caso en el que se investigaban presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones y denegación de auxilio. El Supremo entiende que no cabe recurso contra esa sentencia porque el procedimiento fue iniciado antes de la reforma procesal de 2015.
La causa del Tarajal había sido sobreseída por tercera vez el 29 de octubre de 2019, apenas un mes después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 local instase el procesamiento de los guardias.
Para archivar el caso en un repentino viraje la magistrada argumentó que “en el procedimiento abreviado no es admisible la apertura del juicio oral a instancias, en solitario, de la acusación popular” y que la legitimación de ésta “para impetrar válidamente la apertura de juicio oral se ve restringida por la llamada ‘Doctrina Botín”.
Desde APROGC, como ya hiciera con sus compañeros de la valla de Melilla cuando fueron acusados «injustamente de cometer delitos», solicitarán al Gobierno que les condecore con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil, «pues han soportado más de lo que nadie está obligado a hacer».
La entidad se ha congratulado de la decisión del Tribunal Supremo que ha dictado una sentencia en la que desestima los recursos de casación planteados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y otras asociaciones contra el auto de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta que acordó el sobreseimiento libre de la causa abierta para investigar la tragedia del Tarajal, acontecida el 6 de febrero de 2014 (6F).
En APROGC se sienten dolidos porque «algunos políticos han utilizado la inmigración como arma arrojadiza, incluso llegando a referirse a los inmigrantes ahogados en el Tarajal como muertos tiroteados por la Guardia Civil».
«Han sufrido calladamente la violencia psíquica ejercida»
Asimismo, ha señalado que algunas organizaciones no gubernamentales «aportaron fotografías, informes forenses y testigos carentes de toda objetividad y no pocos medios de comunicación continúan, incluso hoy, propagando la idea de que el rechazo en frontera es una devolución en caliente».
La asociación ha destacado que los guardias y sus familias «han sufrido calladamente la violencia psíquica ejercida por quienes les acusaban pública e injustificadamente nada más y nada menos que de provocar la muerte de inmigrantes, por lo que la sociedad está ahora en deuda con ellos porque por el mero hecho de hacer su trabajo han visto paralizadas sus carreras profesionales y se han visto sometidos a un impresentable linchamiento público».
Sus miembros llevan tiempo observando con «preocupación» cómo desde diferentes sectores se intenta «desprestigiar» a la Guardia Civil. «En esta ocasión no nos han agredido con palos, ni piedras, ni cal viva sino utilizando la imagen de la Guardia Civil con fines políticos, manipulando informes forenses y llevando a cabo vomitivas campañas mediáticas de desinformación», la lamentado.
La Asociación Elín ha manifestado su “más absoluto rechazo y disconformidad” ante la ratificación del sobreseimiento de la causa del 6F, iniciada después de la muerte de 15 subsaharianos en su intento por cruzar a nado a Ceuta, en febrero de 2014. Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que viene a ratificar el sobreseimiento de la causa, la oenegé recalca que estos hechos “no pueden quedar impunes”, después de que la Sala haya explicado que no cabe recurso de casación contra el auto de sobreseimiento libre.
En Elín se lamenta que, “una vez más se sigue sin hacer justicia a las 15 personas que perdieron su vida como consecuencia de una nefasta gestión de la frontera sur española y no se repara el daño y sufrimiento de sus familias”.
Recuerdan que ya el tribunal de instancia no apreció «relación de causalidad» entre la actuación de los agentes de la Guardia Civil y «los fallecimientos por ahogamiento y lesiones». “Por el contrario, los hechos son otros y se pueden contrastar y corroborar con las grabaciones que se realizaron aquel fatídico día en la Playa del Tarajal y en la zona perimetral de la valla fronteriza”, insiste Elín.
“Seguiremos luchando reclamando justicia”
Esta sentencia, según la entidad, es un ejemplo más de cómo impera un sistema político, económico y social que promociona políticas y prácticas que repudian y arrinconan a las personas de un determinado perfil étnico-racial y con menos recursos, que las invisibiliza y niega el derecho a la vida. Declaran además que “la primera norma en el mar es la de la obligación de socorrer a aquella persona que está en peligro y así lo recogen las leyes internacionales”.
Sin embargo, las instituciones judiciales “consideran que los migrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las peticiones de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil”, reseñan. En Elín subrayan que “¿desde cuándo una advertencia exime de asistir a quién lo precisa? ¿Por qué hacemos semejante distinción?”, y recuerdan del mismo modo que “la entrada por un puesto no habilitado no es un delito por lo que no se justifica el uso desproporcionado de la violencia”.
Por parte de Elín insisten en que “seguiremos reclamando justicia por las 15 que perdieron la vida en la playa del Tarajal y reparación a sus familias porque migrar es un
derecho y seguiremos exigiendo vías legales para que las políticas migratorias no se cobren ni una vida más”.
El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, se ha puesto en contacto este viernes con el coronel Gabriel Domínguez, máximo responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad autónoma, para trasladarle su “satisfacción” por el fallo del Tribunal Supremo que ha desestimado los recursos de casación que presentaron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y otras asociaciones contra la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz de archivar la causa en la que se investigaba la tragedia ocurrida el 6 de febrero de 2014en El Tarajal, en la que murieron 14 personas.
Esta decisión, que confirma el cierre del procedimiento salvo que las entidades recurrentes decidan apelar al Tribunal Constitucional o a la Justicia europea, “supone una tranquilidad para todos los servidores públicos que desarrollan siempre un trabajo ejemplar y para sus familiares, evidentemente”.
La Sala de lo Penal ha explicado que no cabe recurso de casación contra el auto de sobreseimiento libre porque se trata de un procedimiento incoado por un Juzgado de lo Penal antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015.
En 2014 la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta incoó diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación, lesiones, homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio contra 16 guardias civiles por el operativo que llevaron a cabo durante la mañana del 6 de febrero de 2014 junto al espigón marítimo fronterizo.
Cinco años después, en 2019, acordó continuar las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado por delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio, pero a las primeras de cambio viró y aplicó la ‘doctrina Botín’ al no haber acusación de la Fiscalía.
La jueza argumentó que aunque estaba «en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de indicios de delito de denegación de auxilio, los cuales no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos o meta-individuales» no era «posible» abrir juicio oral porque no se había personado una acusación particular.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado y el resto de asociaciones acudieron a la Audiencia Provincial de Cádiz para intentar reabrir el procedimiento, algo que no consiguieron al entenderse en segunda instancia que, más allá de algún «matiz de anormalidad», no existió «indicio alguno de desviación o extralimitación» en el comportamiento de los guardias.
Las asociaciones llevaron el caso a las puertas del Supremo con la intención de que siguieran las investigaciones por delitos de homicidios imprudentes, lesiones dolosas y denegación de auxilio. El Alto Tribunal ha concluido que en este caso no es posible revisar la decisión de la Audiencia porque no lo permite la ley. “Al no ser susceptible de recurso de casación la sentencia dictada por la Audiencia Provincial resolviendo la apelación frente a lo decidido por el Juzgado de lo Penal, no puede serlo tampoco el auto acordando el sobreseimiento libre, en todo equivalente al dictado de una sentencia absolutoria», ha razonado.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que desestima los recursos de casación planteados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y otras asociacionescontra el auto de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta que acordó el sobreseimiento libre de la causa abierta para investigar la tragedia del Tarajal, acontecida el 6 de febrero de 2014. Se da carpetazo así al 6F al no caber recurso de casación contra ese archivo.
La Sala, en la sentencia a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta, explica que no cabe recurso de casación contra el auto de sobreseimiento libre dictado en apelación en procedimiento abreviado competencia del Juzgado de lo Penal, como es el caso, en procedimientos incoados antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 5 de octubre de 2015.
El recorrido de este caso ha pasado por cuantiosas instancias judiciales, ha tenido varios archivos, consiguientes recursos a la Audiencia, vuelta a instrucción, de nuevo archivo hasta llegar al Supremo, en donde se pone el punto y final.
Varios guardias civilesfueron señalados judicialmente por estos hechos lo que les llevó a tener que declarar como investigados ante el juzgado de instrucción número 6. Todo ello por la muerte ocurrida de 15 subsaharianos cuando entraban a nado bordeando el espigón del Tarajal junto a cientos de compatriotas más. Aquella entrada masiva se convirtió en una auténtica tragedia al fallecer en el agua o aplastados varias de estas personas que pretendían llegar a Ceuta. Hacía unos meses se había producido una entrada similar. Varios de esos cuerpos aparecieron en aguas de Ceuta mientras que otros cadáveres quedaron enterrados. Las oenegés lucharon porque se hiciera justicia pero ahora se escribe el capítulo final con esta decisión del Alto Tribunal.
En el fallo el Supremo impone a las recurrentes el pago de las costas ocasionadas. Los hechos fueron calificados como delitos de homicidio imprudente, lesiones y denegación de auxilio.
La historia judicial que hay detrás del 6F
La Sala de lo Penal ha analizado el recurso presentado por varias oenegés después de que la Audiencia Provincial abriera la puerta al Supremo a la acusación popular del 6F. El máximo órgano judicial en la ciudad aclaraba así a dos de las oenegés que formaban parte de esa acusación popular los motivos por los que sus recursos no habían sido respondidos en el auto que dictó la Audiencia en julio de 2020 ordenando el sobreseimiento libre de un caso seguido contra 16 guardias civiles.
Lo que hacía la Audiencia era emplazar a la acusación popular a comparecer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para formalizar el recurso de casación que anunciaron que formularían en verano “por infracción de ley y lesión de precepto constitucional” al entender que el archivo vulneró de los artículos 24 y 15 de la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos al cerrar la causa “sin atender a la consideración de que se trata de actos de funcionarios de Estado en los que resultó la muerte violenta y lesiones de diversas personas”.
La Audiencia daba el que iba a ser el penúltimo paso judicial de una historia cuya instrucción comenzó en el juzgado de instrucción número 6, encargado de incoar las diligencias previas. Inicialmente hubo un archivo de la causa, en un momento en el que se gestó el germen de toda la instrucción, para después ordenarse por parte de la Audiencia la práctica de varias diligencias. En 2019 se producirían dos decisiones seguidas del número 6, con distintos titulares al frente, aplicándose el sobreseimiento provisional en septiembre de 2019 por aplicación de la ‘doctrina Botin’.
El capítulo final del 6F se escribe ahora con la resolución dictada por el Tribunal Supremo en el que se concluye que los delitos que las acusaciones populares imputan a los investigados corresponde al Juzgado de lo Penal, por estar “señaladas a los tipos que se imputan por las acusaciones populares penas de prisión inferiores a cinco años, multa e inhabilitación inferiores a diez”.
“La sentencia que dictara el Juzgado de lo Penal sería susceptible de ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial. La resolución que resolviese tal recurso, en cambio, no podría ser ya recurrida en casación, ya que nos encontramos ante un procedimiento iniciado con anterioridad a la reforma procesal que tuvo lugar mediante Ley 41/2015, de 5 de octubre y que entró en vigor el día 6 de diciembre de 2015”, aclara el TS. Por ello, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta supra, al no ser susceptible de recurso de casación la sentencia dictada por la Audiencia Provincial resolviendo la apelación frente a lo decidido por el Juzgado de lo Penal, no puede serlo tampoco el auto acordando el sobreseimiento libre, en todo equivalente al dictado de una sentencia absolutoria”, considera.
“Además, como ha sido expuesto, únicamente procede recurso de casación contra los autos de sobreseimiento libre dictados al amparo del art. 637.2º LECrim, por lo que tampoco cabría admitir el recurso en relación a los delitos de homicidio imprudente y de lesiones, al haberse acordado respecto a ellos el sobreseimiento de las actuaciones conforme a lo dispuesto en el art. 637.1º LECrim, incluso aun en el caso de que realmente se tratase de un sobreseimiento provisional al amparo del art. 641.1º LECrim, lo que parece que hubiera sido lo más acertado en atención a que la valoración de indicios llevada a cabo por la Audiencia Provincial pone precisamente en evidencia la existencia de estos, no obstante lo cual no hayan sido suficientes, a juicio del Tribunal, para estimar debidamente justificada la perpetración de aquellos delitos”, concluye.
