El último pronóstico de los muchos que se han hecho desde marzo del año pasado sobre la fecha de posible de reapertura de la frontera del Tarajal en Ceuta, el que apuntaba a este 1 de noviembre, tampoco ha sido acertado, como todos los anteriores. Marruecos seguirá al menos otro mes fuera de la lista de países a los que se ha levantado la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Pero ¿quién pone reparos a dicha apertura?
La clausura del tránsito entre las dos localidades españolas norteafricanas y el Reino alauita seguirá vigente y alcanzará más de 20 meses seguidos, pero no porque Marruecos siga disgustado con España y las relaciones bilaterales no hayan mejorado todo lo que deben, o al menos no sólo por ello.
A este lado del paso también hay muchas reticencias a acelerar la reapertura del Tarajal. Autoridades y Fuerzas de Seguridad comparten, según las fuentes consultadas por este periódico, la inquietud por si la política de mano abierta seguida con los peticiones de asilo entrados irregularmente en mayo que ha permitido ya la salida hacia la península de más de 1.600 con sus solicitudes admitidas a trámite podría incentivar otra oleada de reclamaciones de protección internacional aunque el cruce a territorio nacional se limitase inicialmente a trabajadores transfronterizos, como ha anunciado la delegada del Gobierno que se prevé hacer.
Durante años y contra el criterio de la Justicia el Ministerio del Interior se saltó una sentencia tras otra y mantenía recluidos en la ciudad hasta que se resolviesen completamente sus expedientes de asilo a los demandantes, pero en julio del año pasado el Supremo refrendó las sentencias de instancias inferiores y obligó a la Policía Nacional a cambiar de proceder, marco que tras la crisis de la avalancha de hace siete meses ha facilitado aliviar la presión migratoria interna generada en la ciudad.
Más allá de esos temores, la incorporación de los sistemas tecnológicos que deben convertir la del Tarajal en una “frontera inteligente” tampoco han avanzado con la rapidez que se suponía que lo harían con el paso cerrado, las condiciones idóneas para acometer las obras que fuesen precisas con las menores complicaciones.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska adjudicó hace ahora dos meses a ‘Eiffage Energía’ por casi 520.000 euros con impuestos el proyecto de ejecución de obras de implementación de medidas de seguridad en el paso que contempla la instalación de pilonas retráctiles de seguridad en cada uno de los carriles de acceso a Ceuta en vehículos con el fin de frenar automóviles kamikaze que intenten superar los controles por las bravas con fines terroristas o de otro tipo.
Además, los trabajos, con un plazo de ejecución de seis meses, servirán para retirar las estructuras metálicas existentes en el paso, que según un informe patológico presentan un “avanzado de corrosión que afecta a la estabilidad de la estructura”, por lo que será preciso retirarla “y colocar un nuevo sistema de protección solar para los integrantes de las Fuerzas de Seguridad que prestan servicio”.
Está prevista la colocación de marquesinas en los accesos peatonales desde Marruecos, la habilitación de una zona de control para la Policía y de un sistema antitrepa en el vallado de entrada que da a la carretera. Además, se crearán nuevos espacios “para la revisión más minuciosa de vehículos a la entrada y a la salida” y para la instalación de “puertas de seguridad en el acceso a España”.
El Gobierno evita responder sobre el futuro del paso
El Gobierno central ha dado una larga cambiada a los senadores de las ciudades autónomas del PP, que le preguntaron “cuáles son los diferentes planteamientos en los que está trabajando el Ministerio del Interior, en cuanto a seguridad se refiere, para la próxima, y parece que inminente, reapertura de los pasos fronterizos terrestres de España con Marruecos en Ceuta y Melilla”.
El Ejecutivo de Sánchez se ha limitado a responder a Muñoz, Acedo e Imbroda que “actualmente se está llevando a cabo un Plan de medidas para el refuerzo y modernización del sistema de protección fronteriza” y que en su “primera fase” ya se han implementado varias medidas como la instalación de un sistema de reconocimiento facial, la adecuación de Beni Enzar y el Tarajal “a las exigencias en materia de Registro de Entrada y Salida (EntryExitSystem EES) demandadas por la Unión Europea, la “modernización y refuerzo” de las infraestructuras de los perímetros y la colocación de una nueva red de fibra óptica y ampliación del sistema circuito cerrado de televisión (CCTV) en el vallado fronterizo de Melilla. Sobre el restablecimiento del tránsito entre las ciudades y el Reino alauita, ni una palabra.
«Marruecos es un socio de primera prioridad en materia migratoria»
El Gobierno central ha repetido esta semana a varios parlamentarios de Ciudadanos por escrito que “Marruecos es un socio de primera prioridad para la política migratoria de nuestro país” y que “la cooperación bilateral en este terreno es de larga data, fluida y multidimensional”.
“Dicha cooperación se basa”, ha añadido, “en el respeto y la confianza mutuos y se ancla en el hecho de que ambos países comparten un enfoque multidimensional del fenómeno migratorio contemporáneo”. Además, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos ha prometido que “el Gobierno de España seguirá adoptando las medidas necesarias para asegurar las necesidades de vigilancia fronteriza y de protección de la seguridad en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
