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El inicio del nuevo año judicial está a la vuelta de la esquina sin cambios, sin mejoras y con el nulo cumplimiento de las promesas. Pareciera que el Ministerio de Justicia se estuviera riendo de Ceuta. Ya ni siquiera se hacen anuncios oficiales de cuándo se inaugurará la sede del Banco de España como punto de trabajo judicial, a pesar de advertencias sobre el pésimo estado de sedes como las de la calle Fernández y Agustina de Aragón que ya deberían haberse clausurado.
CCOO-Justicia ha reclamado en todos los escenarios donde debía que le den información, exponiendo con informes los problemas que sufren directamente los trabajadores del ámbito judicial. Ha chocado con el oscurantismo de una administración que ni siquiera ha compartido cada avance en la obra de reforma o los planteamientos que iban a sostenerse.
El 7 de septiembre dará comienzo el nuevo año “sin saber cuándo se va a abrir esa nueva sede y las oportunas mudanzas”, lamenta el sindicato en declaraciones a este periódico. Ni la Gerencia ni el Ministerio ofrecen respuestas.
Lo último que se ha conocido es que se produjo una avería en los aljibes lo que provocó inundaciones en la parte de los sótanos, causando daños en ascensores, puertas, cableado eléctrico y paredes, entre otros. Asumir el gasto derivado de la obra para subsanar esos daños también ha tenido sus problemas.
CCOO-Justicia expuso ante jueces, fiscales, LAJ y Secretaría de Gobierno la “urgencia” por echar el cierre en juzgados cuya seguridad en materia de riesgos laborales ha sido cuestionada por organismos oficiales. Nada. No hay confirmación oficial de cuándo podrá empezar a funcionar la nueva sede judicial, cuyo reparto de áreas también generó polémica por, por ejemplo, la presencia de una sede de la Abogacía del Estado o las reducidas dimensiones de la sala que debe ocupar la Audiencia.
Todos los anuncios han sido una auténtica farsa pero lo más grave es que en la propia Casa no se aplica el esmero por atender las directrices que, en forma de advertencias, se dan. En mayo de 2021 la Inspección de Trabajo aludió a los problemas estructurales de los juzgados de la calle Fernández tildando la situación de insostenible. Hoy nada se ha hecho por mejorar y garantizar un trabajo digno y protegido para sus funcionarios.
La hemeroteca causa sonrojo. Desde que en 2013 el que fuera responsable de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, festejara las bondades de este proyecto han llovido nada menos que casi diez años.
Parece una broma, pero a los trabajadores de Justicia nos les hace nada de gracia.

Los controles impuestos tras la reapertura de la frontera han tenido también su incidencia en los juzgados de Ceuta y, en concreto, en las guardias que se transformaban en jornadas maratonianas con multitud de detenidos.

No obstante, la situación lejos de ser idílica sigue marcada por un déficit de personal para conseguir que esas jornadas sean normales. Ni más ni menos.
CCOO-Justicia se ha sumado a las peticiones formuladas por el sindicato a nivel nacional para forzar una ampliación de las plantillas en los juzgados de guardia para las poblaciones de ámbito no transferido que sufren una mayor carga de trabajo. Entre ellas está Ceuta y por ello la sección sindical en nuestra ciudad ha reclamado una mejora en las condiciones de los compañeros.
El caso de Ceuta, como el de Melilla, son especialmente significativos ya que “a las jornadas de guardia maratonianas que son el día a día” se suman “sus elevados índices de asuntos penales registrados, la especial incidencia de modalidades delictivas complejas derivadas de sus características geográficas y demográficas (actividad portuaria, inmigración irregular, regreso de ciudadanos a sus residencias en el norte de África, etcétera), lo que se refleja en un mayor número de personas detenidas puestas a disposición judicial y el incremento de la actividad delictiva en materia de salud pública y tráfico de drogas, robos, receptación, inmigración y delincuencia organizada”, detalla.
En Andalucía se ha entendido esta situación y se ha elevado al 100% la plantilla de la guardia en La Línea, con un moderado número de asuntos penales ingresados (4.750 al año frente a los 7.521, por ejemplo, en la ciudad hermana de Melilla) pero con gran número de personas detenidas y delitos más complejos por su situación geográfica fronteriza.

Ceuta, Melilla y Cartagena son considerados casos especiales

Desde CCOO-Justicia se aboga por dar el paso necesario para mejorar las condiciones de los funcionarios que tienen que soportar situaciones laborales insoportables derivadas de esta situación.

Ahora, con la imposición del visado, sí es cierto que se ha notado una rebaja de presión, pero sigue siendo anómala para una ciudad como Ceuta que sufre los condicionantes externos de ser frontera.
Ceuta, Melilla y Cartagena son considerados casos especiales en los que se exige una mayor atención por parte del Ministerio ante este tipo de reclamaciones.
CCOO-Justicia recuerda cómo a principios de esta semana la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía consensuó con los sindicatos la prestación del servicio de guardia por la totalidad de la plantilla del Juzgado en las localidades de Torremolinos, Marbella, Fuengirola, Estepona, Algeciras y La Línea, partidos judiciales con elevadísima carga de trabajo y especial conflictividad.
El sindicato ha solicitado al Ministerio de Justicia que esta mejora de la prestación del servicio público y de las condiciones de trabajo del personal que lo atiende debe hacerse extensiva a los partidos judiciales que de él dependen, con cargas de trabajo similares o superiores a las de los juzgados andaluces dado que “no es de recibo ni está justificado que los juzgados del ámbito no transferido ofrezcan un peor servicio y en peores condiciones laborales que los radicados en otros ámbitos territoriales”.