El juicio seguido en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta por la devolución de 55 menores marroquíes llegados a nuestra ciudad durante la crisis de mayo evidencia dos tesis que chocan directamente en torno a la legalidad del procedimiento seguido para su devolución a Marruecos.
Tanto chocan que esa gestión, ese modo de actuar, ha llevado a que la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la exnúmero 2 de la Ciudad, Mabel Deu, estén ahora sentadas en el banquillo de los acusados por prevaricación administrativa.
La Fiscalía mantiene que se incurrió en una ilegalidad, por eso reclama esa condena para quienes fueron altos cargos públicos de ambas instituciones.
Frente a ese planteamiento está el sostenido por una administración que considera que las cosas se hicieron bien, sobre todo porque quien autorizó todo lo que se hizo fue el Gobierno de España, lo que presuponía que se estaba cumpliendo con todas las garantías a favor del interés del menor.
Ismael Kasrou, secretario general de la Delegación del Gobierno, ha venido a ratificar este miércoles que, desde Ceuta, se actuó siempre en la confianza de que todo era legal, siguiendo además las pautas y directrices marcadas desde Madrid.
No solo se había producido una llamada telefónica del secretario de Estado de seguridad, Rafael Pérez, al jefe de gabinete, Juan Hernández, avalando esa forma de actuar, sino que también se recibió un día después un correo electrónico que venía a marcar el procedimiento que se tendría que seguir con esos menores para retornarlos con sus padres.
Escritos de la Ciudad e información que no respondió Marruecos
Kasrou ha recordado que, en los preludios de esa devolución, recibió dos escritos de la Ciudad. En uno de ellos, se hablaba sobre la devolución de esos niños y, en otro, se remitió un listado global de menores que la Ciudad había considerado que eran susceptibles de ser entregados a su país y que, por tanto, no eran vulnerables.
La finalidad de dicha relación de nombres era darle cauce, y eso pasaba por enviarla a los servicios centrales de Interior para que, a través del área de Extranjería y Relaciones Internacionales, comunicarlo a Marruecos al objeto de que se supiera qué menores estaban en Ceuta.
Es decir, esa información no debía terminar en el ámbito local, sino que se trasladaba a Interior para que, a su vez, éste la comunicara a Marruecos, país que debía constatar las identidades.
En la práctica se demostró que esperar a que el vecino país respondiera era una gestión ‘muerta’, ya que en todos los supuestos anteriores en los que Delegación había remitido, siguiendo ese mismo recorrido, documentos a Marruecos nunca hubo respuestas. Ese apunte recogido en la Ley de Extranjería de comunicación con el país de origen no era posible puesto que Marruecos no respondía.
Gestiones avaladas por Interior
A nivel Ceuta se hicieron por parte de la Delegación del Gobierno todas las gestiones debidas, pero el contacto institucional lo mantenía el Ministerio del Interior. Con la Ciudad, había, a su vez, continuados encuentros, “porque el tema nos preocupaba a todos”, en los que no se abordaban asuntos jurídicos, sino cómo descongestionar la situación de menores que se daba en la ciudad.
Delegación del Gobierno siguió en todo momento una serie de pautas en la creencia de que todo era correcto y sometido a lo amparado por la ley, comunicando todo a la Secretaría de Estado de Seguridad.
No pidió asesoramiento puesto que la orden llegaba directamente de Madrid. Se optó por aplicar una alternativa que hasta esa fecha no se había explorado, desarrollándose un protocolo para ejecutar la acción de una manera más rápida.
La vía de la Ley de Extranjería como tal no funcionaba, y se optó por una medida extraordinaria para devolver a esos menores sin esperar a una respuesta del vecino país que nunca se produciría.
Para la incoación de los expedientes se requería una evaluación de la situación familiar de cada menor que debía aportar Marruecos, pero esa vía estaba muerta.
Los pasos que siguió Delegación
En la plaza de los Reyes se entendió que la instrucción recibida desde la Secretaría de Estado vía correo electrónico era una orden, además en la misma se indicaba que debía aplicarse desde ya, por lo que la Delegación intervino con la celeridad debida para ser eficaz.
No hubo dudas porque la orden la estaban dando los servicios centrales. La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, formalizó por tanto un acuerdo, una orden, que estaba dando el secretario de Estado por indicación del ministro del Interior.
Todo esto se dio en un contexto excepcional en el que se consideró que se estaban cumpliendo los requisitos para garantizar la protección del menor, ya que había una autoridad marroquí que decía tener todas las garantías para la tutela de esos niños y para ponerlos a disposición de sus padres.
Comunicación con la Fiscalía
A la Fiscalía, ha concretado el secretario general de la Delegación, se le envió un correo el 13 de agosto a las 14:23 horas en forma de comunicación de aviso en el que se indicaba que se estaba llevando a cabo el traslado de los menores.
Antes, la Secretaría de Estado informó a la fiscalía a nivel nacional de todo esto, por lo que, se insiste desde la administración central, “no se hizo de tapadillo nada”.
Esa misma tarde, la de Ceuta respondió a ese mail pidiendo saber el procedimiento que se estaba llevando a cabo. Delegación contestaría la semana siguiente, al tratarse ya de un viernes tarde víspera además de un puente festivo por el día de la Virgen de agosto, concretando los datos.
El secretario general de la Delegación del Gobierno ha indicado que en el primer momento en el que “tuvimos algún indicio de que podía haber alguna duda por parte de una voz autorizada, paramos”. Esa voz autorizada fue el juzgado de lo Contencioso.
La reunión en la frontera, «una morunada», según Palomo
Kasrou recordó en su declaración que hubo una reunión en la frontera para mantener un encuentro previo con las autoridades marroquíes al objeto de verificar que esos compromisos que debía cumplir Marruecos eran ciertos. Algo exigido para devolver a los menores
Esta es la famosa reunión en la que la jefa de Menores, Antonia Palomo, habría advertido de la ilegalidad.
En Martil se había confirmado que había un centro para acoger a esos menores antes de la entrega a sus padres.
El secretario de la Delegación no recuerda que allí se advirtiera de ninguna ilegalidad, más bien recuerda “un debate muy desordenado en una reunión informal en la que los actores se estaban conociendo”.
La jefa de Menores le llamaría después de la reunión para expresar su disconformidad con el procedimiento, recordando que manifestó que aquello le parecía una “morunada”.
“No recuerdo la literalidad de lo que dijo, solo su disconformidad. No recuerdo si habló de prevaricación, solo que dijo que eso no se debía hacer así”, ha concretado.
“Me sorprendió que hubiera una discrepancia, lo entendí como una opinión de ella”, ha matizado ante las preguntas de Fiscalía de por qué no se hizo caso a lo apercibido por una jefa de Menores, que no se consideró que fuera autoridad para determinar si algo se hacía o no ya que la máxima responsable era la número 2 del Gobierno, Mabel Deu.
Ese día solo se tenía una expectativa de lo que podía pasar, constatándose que Marruecos estaba por la labor, quería que se le entregaran los menores, pero “el ritmo de la devolución no venía marcado por Ceuta”, la decisión se adoptaba a nivel de Estado no de Ceuta, y se iba a llevar a cabo una vía novedosa de la que nadie “podía tener una referencia fehaciente de que eso no era legal”.
Aquello se paró cuando lo ordenó un Juzgado.
15 niños por día, como ordenaba Marruecos
Hoy también ha declarado Víctor Ríos, director general de emergencias y protección civil en aquel momento, quien ha recordado cómo fueron trasladados los menores desde el centro de Santa Amelia a la frontera.
“De forma verbal me avisan para hacer el traslado hasta el Tarajal. No tenía conocimiento del traslado hasta una hora y media antes”, ha recordado.
“Teníamos la orden de 15 niños por día”, que era lo que aceptaba Marruecos.
Los menores tenían un número de afiliación de la Policía Nacional, sin que conste que hubiera errores en las listas, pero sí que se tuviera que volver porque algunos que decían ser menores no lo eran, por lo que Marruecos daba la posibilidad de completar la lista con algún menor más.
Sobre si hubo menores que se autolesionaran, Ríos no ha recordado ningún caso. De hecho, en su profesión de enfermero, habría tenido que intervenir de ver una situación así.
Marruecos, con una mesa en territorio español para identificar a sus nacionales
El responsable del CNP en la frontera también ha declarado hoy puesto que estuvo presente en esas fechas en el espacio convertido en lugar para la entrega de los menores.
Los niños los identificaban las autoridades marroquíes, en concreto, la Policía, y si no lo tenían claro no los cogían. El agente ha recordado toda aquella labor “bien”, sin conflictos salvo los de unos menores que protestaron porque no llevaban sus teléfonos móviles.
“Nadie más hizo aspavientos de enfado”, ha dicho, chocando con la imagen de esas devoluciones manifestadas por las oenegés. Ha recordado como anécdota la de un niño que había contado que cruzó a Ceuta para ver a las chicas en la playa.
Marruecos hacía sus preguntas y verificaba que esa persona era quien decía ser con sus propias bases de datos.
De hecho, para agilizar la labor, se produjo una situación excepcional en ese periodo posterior a la entrada masiva, como que Marruecos colocó una mesa de la Policía en España para trabajar desde allí en el reconocimiento de las personas que se llevaban, procediendo a aceptar a marroquíes que habían venido en la avalancha, no a otros.
