Los transfronterizos reiteran sus exigencias frente a la Delegación del Gobierno

Sosteniendo carteles con mensajes en los que se leía “todavía estamos esperando”, “llevamos año y medio sin poder salir de Ceuta” y “estamos atrapados sin soluciones, queremos ver a nuestras familias”, más de 30 trabajadores transfronterizos se han concentrado nuevamente frente a la Delegación del Gobierno con el propósito de exigir que se respeten sus derechos.

Tal y como lo habían señalado, seguirán acudiendo al mismo lugar, el mismo día y a la misma hora todas las semanas. La de este lunes ha sido la cuarta concentración consecutiva, en la que han recalcado sus exigencias, entre ellas, la libertad de movimiento y la posibilidad de actualizar su documentación.

Hassan Arahou, en representación del grupo, ha señalado que se siente solos, pues nadie los ha apoyado hasta ahora y mientras tanto los han dejado sin derechos.

“Solamente queremos mandar un mensaje, si alguien responde a nuestra pregunta, si nosotros aquí somos legales, si nosotros aquí somos gente trabajadora, honrada, que ha luchado por esta ciudad, que ama esta ciudad, esta es nuestra ciudad, toda nuestra labor va a esta ciudad, nuestro apoyo, nuestro esfuerzo va a esta ciudad por qué no tenemos ningún derecho a ver a nuestras familias que sufren como nosotros sufrimos porque no podemos salir de esta zona fronteriza”, ha dicho.

Arahou ha agregado que todas estas personas, todos estos trabajadores que han sido afectados por el cierre de la frontera, se sienten asfixiados.

“Esa gente que ha escrito esa ley de no dejarnos ni mover, no tenemos ningún derecho, para nada, para ver si esa gente puede sentir lo que sentimos cuando mi hijo me dice te he echado de menos y yo le digo que es que la puerta está cerrada, él no va a entender eso, él solo va a ver la impotencia de su padre”.

Arahou ha asegurado que continuará haciendo estas concentraciones hasta que logren ser atendidos por las autoridades de la Ciudad.

Laarbi Mohamed Abdel-lah, nuevo jefe de la Oficina de Extranjería

La Delegación del Gobierno ha informado de que Laarbi Mohamed Abdel-lah ha sido nombrado nuevo jefe de la Oficina de Extranjería. Laarbi Mohamed es diplomando Universitario en Enfermería, por la Escuela Universitaria de Enfermería de Ceuta, dependiente de la Universidad de Granada (UGR).

A mediados de este mes, el nuevo jefe se incorpora a este departamento en sustitución de Miguel Ángel Pérez Triano, que se une el equipo directivo del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).

Laarbi Mohamed Abdel-lah es enfermero en el Hospital Universitario de Ceuta como interino de atención especializada de Ingesa. Además, es profesor técnico de formación profesional en el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y miembro del comité de la Cruz Roja de Ceuta.

Enfermero en el Hospital Universitario

La formación que ha realizado el nuevo responsable de la Oficina de Extranjería de Ceuta, y que la Delegación del Gobierno ha detallado, comienza con las dos primeras ediciones del Congreso nacional sobre inmigración, interculturalidad y convivencia. Además dispone de conocimientos en Comunicación y relaciones humanas; ha realizado el Postgrado en enfermería clínica; y es experto en logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas.

Además ha realizado acciones dirigidas a la compensación educativa; ha recibido formación de educadores en salud; en enfermería de cuidados intensivos y de urgencias; en salud pública y educación para la salud; en cuidados paliativos e intervención psicosocial en enfermos terminales; asimismo, ha cursado formación en agentes educadores en drogodependencias; también educación para la salud, consultas de enfermería y visita domiciliaria; además de en Enfermería materno-infantil, atención de enfermería al drogodependiente, a enfermedades infectocontagiosas; y drogodependencia y salud laboral. También ha participado en el Programa nacional para la actualización de las ETS y SIDA; en iniciativas de salud y medio ambiente; así como en técnicas en educación y promoción de salud en enfermos crónicos

 

El director general de Planificación y Gestión Educativa del MEFP, de visita a las aulas a las que irán los MENA

El director general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), José Manuel Bar Cendón, ha visitado Ceuta para analizar la escolarización de los menores no acompañados en la ciudad.

Acompañado de la subdirectora general de Centros, Inspección y Programas del MEFP, María del Ángel Muñoz Muñoz, Bar Cendón se ha reunido a las 10:15 horas con la delegada del Gobierno y también con representantes de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. La visita seguía con otro encuentro más en la mañana, a las 11:30, con miembros de la Ciudad Autónoma en las instalaciones del Ayuntamiento.

Tal y como han especificado fuentes gubernamentales en un comunicado, en ambas reuniones se abordarán asuntos como la situación actual de la ciudad en términos educativos; las propuestas existentes de cara a los menores que tengan 16 años; las opciones que existen para la atención educativa de jóvenes de 16 y 17 años; y la planificación de las actuaciones a seguir.

Otro de los motivos de la llegada a ceuta del director general de Planificación y Gestión Educativa es la visita, que de momento está también prevista, a las instalaciones de los cinco institutos en los que van a funcionar las aulas, así como un encuentro de los equipos directivos con la directora provincial, Jefatura de la Unidad de Programas, Jefe Servicio de Inspección, Jefa de Prevención y Riesgos Laborales y responsable de obras e infraestructuras. Los centros en cuestión que recorrerá Bar Cendón y sus acompañantes son el IES Clara Campoamor; el IES Almina; el IES Abyla; el IES Siete Colinas; y el IES Luis de Camoens.

Mañana, miércoles, también pasará por las instalaciones en las que están los menores, que son Piniers, Santa Amelia, el centro La Esperanza y Tarajal, así como los chalets para niñas menores. El objetivo de esta última visita será valorar la existencia de estos espacios y su adecuación, o no, a la hora de impartir docencia en ellos o instalar aulas modulares.

Reunión entre representantes de la Ciudad y responsables del MEFP

La vicepresidenta primera de la Ciudad, Mabel Deu, consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, y el vicepresidente segundo, consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, se han reunido hoy en el Salón de Plenos del Palacio Autonómico con responsables del Ministerio de Educación y Formación Profesional para abordar la atención educativa que recibirán los menores no acompañados que permanecen en Ceuta desde su entrada irregular por la frontera los días 17 y 18 de mayo, y que se encuentran alojados en los recursos dispuestos por la Ciudad Autónoma.

La Ciudad Autónoma prestará el respaldo y apoyo que se le requiera por parte de las autoridades competentes, quienes han avanzado que estos menores, que serán previamente evaluados, recibirán una atención diferenciada de la del resto de los alumnos, en turnos y horarios distintos, para prestarles la asistencia educativa que requieren, dado que presentan características específicas, como la falta de arraigo, lo que impide su escolarización ordinaria en los centros de enseñanza.

Paralelamente, el Gobierno de la Ciudad continúa trabajando para procurar el reagrupamiento familiar en el país de origen, siempre velando por el interés superior del menor.

A la reunión han asistido, por parte del Ministerio, el director general de Planificación y Gestión Educativa, José Manuel Bar, la subdirectora general de Centros, María del Ángel Muñoz, y la directora provincial de Educación, Yolanda Rodríguez, mientras que por la Ciudad, además de ambos vicepresidentes, ha participado el director general de la Vicepresidencia, León Bendayán, por ser esta área en la que recae la competencia en el ámbito de Menores.

Transfronterizos vuelven a concentrarse en defensa de sus derechos

Un lunes más, el tercero, los transfronterizos se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta para exigir “el derecho a actualizar nuestra documentación” y “libertad de movimiento”, porque “no queremos perder nuestros puestos de trabajo”, de acuerdo con lo que indicaban los carteles que sostenían y en los que también han reclamado que “llevamos más de un año sin poder salir de Ceuta”.

“Un lunes más, como venimos haciendo desde hace ya dos semanas, los trabajadores transfronterizos afectados por el cierre de la frontera nos reunimos para dar a conocer a la autoridad, así como al pueblo de la ciudad de Ceuta nuestras inquietudes y nuestra situación real”, han señalado a través de un manifiesto en el que han descrito esta situación como “dura y dolorosa”.

También han destacado que “las personas que cada semana nos reunimos en esta concentración llevamos un año y medio sin poder ir a nuestras casas, sin poder abrazar a nuestros hijos y hermanos, sin poder ayudar a nuestros mayores, y sin poder ser parte de algo tan relevante y necesario como nuestra familia”.

Los afectados han dejado claro que “en nuestras concentraciones hacemos alusión a la palabra ayuda, pero no hacemos referencia a un significado económico, no es eso lo que buscamos. La mayoría de nosotros tenemos trabajos estables en la ciudad”.

Los transfronterizos han recalcado que la petición es que “las autoridades de la ciudad nos puedan ayudar, de alguna manera, a resolver los trámites burocráticos que nos impiden tener algún tipo de derecho en la ciudad o simplemente formar parte de un padrón legal como trabajadores que somos dados de alta en la Seguridad Social”.

Han asegurado que continuarán reuniéndose en el mismo lugar cada lunes “y trataremos de pedir una audiencia con quien corresponda para poder avanzar hacia una vida con un futuro que respete los derechos humanos y las necesidades básicas de los que nos encontramos en esta situación”.

Interior reitera a la Audiencia Nacional que no ordenó las repatriaciones a Marruecos

Interior ha reiterado a la Audiencia Nacional que no tiene competencia alguna en las repatriaciones de los menores a Marruecos que llevan en Ceuta desde mayo sino que es un asunto del Gobierno autónomo y la Delegación del Gobierno y que su intención fue informar del procedimiento a la Fiscalía.

La Secretaría de Estado de Seguridad ha remitido el expediente de las repatriaciones a la Audiencia Nacional, que se lo requirió hace una semana con «carácter urgente».

Toda la documentación de la operación se incorporará a la pieza separada sobre la solicitud de la adopción de medidas cautelares a petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, cuyo recurso el Ministerio ha pedido desestimar.

En el escrito, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, insiste en que el documento del 10 de agosto «no es una instrucción» y afirma que «la tramitación y resolución de los expedientes relativos al retorno concertado y reagrupación familiar en su país de origen, no es competencia del Ministerio».

Al respecto, recuerda que el Gobierno de Ceuta había venido solicitando la aplicación del acuerdo hispano-marroquí y que el reglamento de la Ley de Extranjería señala que «las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán los centros directivos competentes para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado».

No obstante, añade que «en aras de la colaboración interadministrativa», se emitió un escrito en el que «se rogaba se procediera a efectuar el retorno de los menores» a Marruecos, «respetando en todo momento sus intereses y derechos» con «el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela».

De hecho, explica que esta «comunicación» fue también enviada a la Fiscalía General del Estado, una vez se tuvo conocimiento de la reunión mantenida entre las Administraciones territoriales (Gobierno de Ceuta y Delegación del Gobierno en Ceuta) con las autoridades de Marruecos que iban a colaborar en el procedimiento.

Además, también se informó a la Fiscalía de los correos que intercambiaron con la Delegación del Gobierno, que, a su juicio, no pueden ser interpretados como una orden para impulsar los retornos, sino que, al contrario, informó de estos correos y de las actuaciones de aplicación y ejecución que fueron realizadas por las administraciones territoriales competentes «a fin de asegurar el debido conocimiento por parte del Ministerio Fiscal del inicio del procedimiento de retorno de menores no acompañados no vulnerables».

Por todo ello, insiste en que «ninguna de las vulneraciones de derechos fundamentales que se invocan pueden predicarse de la comunicación de 10 de agosto» que es el objeto del proceso.

Y agrega que las eventuales infracciones del ordenamiento jurídico o vulneraciones de derechos fundamentales derivadas de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta y por el Gobierno autónomo deberán resolverse en los juzgados de esta ciudad, que ya tiene abierto un procedimiento al respecto.

Sin ayuda ni derechos: el “limbo” de las transfronterizas tras año y medio de pandemia

Estas son las caras de los hombres y mujeres, en su mayoría, que llevan un año y cinco meses atrapados en una tierra que antes era solo de paso y que este lunes se han reunido en la plaza de los Reyes de Ceuta para pedir más derechos y algún tipo de ayuda. Son los trabajadores transfronterizos que quedaron atrapados tras el cierre del Tarajal y que permanecen aquí después de tanto tiempo: sin derechos, lejos de su familia, sin vivir sus fiestas y sufriendo las consecuencias también de la pandemia con la pérdida de sus seres queridos.

Rachida Jraifi lleva “casi toda la vida” trabajando en Ceuta y no quiere dejar de hacerlo, pero lamenta que a pesar de la nueva normalidad tras el COVID-19 ellas sigan “atrapadas” aquí. “No podemos alquilar casas porque antes trabajábamos y volvíamos a nuestras casas, pero con esta situación nos hemos visto atrapados y teníamos que alquilar algo, pero no podemos porque no estamos empadronados aquí. Ha habido compañeras que han fallecido sus maridos o padres y no han podido ir. Nosotros estamos respetando el cierre por la pandemia, pero la gente ya se está moviendo y nosotros eso no lo podemos hacer”, explicaba.

Este lunes a primera hora de la mañana se han concentrado frente a las puertas de la Delegación del Gobierno en Ceuta para pedir más derechos. No quieren abandonar Ceuta, sino que lo que quieren es regularizar su situación. “No podemos renovar nuestros papeles de Marruecos ni nuestra tarjeta de transfronterizo, ni siquiera el pasaporte ni la identidad. Muchas tenemos el pasaporte caducado y no podemos hacer nada, estamos en el limbo”, lamenta Rachida.

Lakibira Ijamai lleva 23 años cruzando a diario a nuestra ciudad para dar de comer a sus hijos y ahora nietos, pero no aguanta más. “Estamos aquí y llevamos un año y medio en tierra de nadie y no tenemos a nadie aquí. Muchos tenemos el pasaporte caducado y no podemos ir a nuestro país para traer los papeles para renovar la tarjeta nuestra. Estamos respetando la pandemia, pero ya está todo el mundo viajando y nosotros seguimos aquí atrapados. Estamos pidiendo ayuda al Gobierno o a cualquier persona que pueda ayudarnos a resolver nuestra situación”, ha aclarado.

Son miles de personas que cruzaban diariamente la frontera con Ceuta para trabajar, aunque muchas muchachas no han podido venir porque no podían abandonar sus puestos de trabajo. Están desesperados y solo quieren recibir alguna ayuda de las administraciones. Nadie se ha puesto en contacto con ellos y esperan que “alguien nos eche una mano”: “Nosotros aquí estamos perdidos, en la nada y no tenemos derecho a nada. Solo estamos pidiendo los derechos humanos que puede tener cualquier persona”, seguía Rachida.

Sus casas, sus hijos, padres…todo está en Marruecos, excepto su trabajo, un chaleco salvavidas al que se agarran con fuerza ya que es el sustento de muchas familias al otro lado de la frontera, a donde no quieren volver. Solo piden una solución para arreglar su situación en Ceuta. “Nosotros no queremos irnos nada más, sino que queremos asegurarnos que podemos irnos y volver a nuestro trabajo porque no estamos dispuestos a perder nuestros puestos de trabajo porque sino no tenemos de qué comer”, ha continuado Rachida, algo en lo que coincidían todos.

Así se gestó la ‘operación Marlaska’ con los menores

12:18 horas del miércoles 11 de agosto. La vicepresidenta primera del Gobierno y máxima responsable política en materia de menores, Mabel Deu, abandona la frontera del Tarajal. Lo hace al paso de Juan Hernández, jefe de gabinete de la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos. Un poco más adelante camina la jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, junto a Ismael Kasrou, que ejerce de secretario general de la administración central en la plaza de los Reyes.
Unas dos horas antes, en torno a las diez, había comenzado una reunión en el espacio fronterizo con representantes de Marruecos para llevar a cabo el retorno de los menores. Todo estaba listo, de hecho ese miércoles se había hablado ya de sacar a los primeros niños, contando con el visto bueno marroquí que tenía su logística de traslados preparada. El encuentro no terminó en un tono conciliador, pero no precisamente por culpa de Marruecos. La ‘operación Marlaska’ no se ejecutaba a pesar de haberse enviado con fecha 10 de agosto las órdenes para hacerla viable, órdenes que conocía la Policía Nacional y que se fundamentaban en la aplicación del acuerdo de 2007 de devolución de menores suscrito pero nunca aplicado entre España y Marruecos.


La hilera de fotografías obtenidas por El Faro en ese momento es un reflejo del desaire que dominó ese primer amago de retorno. Evidencia que el plan de entrega de menores no solo existía sino que además era conocido por las dos principales instituciones de esta ciudad: la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local, con la máxima responsable política en Menores, Mabel Deu, presente.

El listado con las identidades de todos los menores lo dio Ciudad a Delegación

Lo que se ha pretendido ‘vender’ desde algunos sectores como operación secreta, llegando a deslizarse que se había aprovechado el inicio de vacaciones para ejecutarla de ‘tapadillo’, cae por su propio peso no ya solo porque desde principios de esta semana se estuviera planificando el momento y todas las áreas implicadas lo conocieran, sino también porque el retorno era el resultado de una decisión que se tomó algo antes.
Es el 28 de julio cuando el ministro de Interior se compromete con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, al retorno a Marruecos de los menores. Aquella reunión oficial, de la que informó la Ciudad Autónoma vía gabinete de prensa, fue para algo más que trasladar la situación crítica de Ceuta tras las entradas masivas de marroquíes. Fue ahí donde se cerró la operación y donde Grande-Marlaska se comprometió a acelerar las reuniones al más alto nivel con Marruecos para sacar a los niños de Ceuta. La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, abordaba también este asunto de manera constante con el titular de la cartera de Interior.
A nivel Madrid se mueve ficha para intentar buscar una solución al problema más complicado derivado de la crisis de mayo. A la vuelta de la esquina está la llegada del curso escolar con la obligatoriedad de escolarizar a 200 de esos niños. A la vuelta de la esquina está también la llegada del mal tiempo y la imposibilidad de mantener en Piniers y Santa Amelia a cientos de menores en condiciones inviables sin haber alternativas, toda vez que ni el Obispado ni el Ministerio de Defensa han colaborado en la cesión de instalaciones que tienen abandonadas para convertirlos en centros con cierta estabilidad.


El mantenimiento de los centros supera ya a las arcas públicas. Según las estimaciones de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, a finales de agosto y desde que comenzó la crisis del 17 de mayo, la Ciudad Autónoma se habrá gastado 7,3 millones de euros y a finales de septiembre casi 10. En el periodo de mayo a junio el gasto fue de 1, 3 millones y en julio, 2,5.
La Ciudad estaba implicada y era conocedora del retorno de los menores, al ser la institución que tiene su tutela o gestión. Sabía perfectamente lo que iba a producirse aunque sin concretar una fecha específica, extremo que cobraría forma esta semana. En ese encuentro en Madrid con Marlaska, el propio Juan Vivas autorizó expresamente el traslado. Delegación, con trato directo y permanente con Madrid, conocía los detalles. De hecho fue la propia delegada del Gobierno la que, en rueda de prensa este lunes, casi da a conocer esta noticia. Quien supiera leer entre líneas sabía que algo de trascendencia se produciría.
Entre ambas instituciones sí había diferencias en cuanto a la manera de desarrollar ese retorno, ya que Delegación -como Marruecos- siempre consideró hacerlo en pequeños grupos mientras que la Ciudad era partidaria de poner en marcha la operación contando con la implicación incluso del Ejército para movilizar a mayor cantidad de menores en menor tiempo. Pero la toma de decisiones o, mejor dicho, la elección del camino la tenía Marruecos, país que ha determinado el cupo que acepta al día.


Casi 700 son los menores que deben retornar. La Ciudad remitió un listado con el nombre de todos los niños que tiene registrados a la Delegación, filiación aceptada por el vecino país. De esa lista se irán surtiendo los traslados salvo que un juzgado los paralice, después de la reacción casi unánime de las oenegés, la advertencia del Defensor del Pueblo y el malestar de la Fiscalía que ya ha pedido explicaciones. Todos los frentes dicen no saber nada de lo que se estaba gestando, aunque las instituciones y fuerzas de seguridad sí.
A nivel Madrid se insiste en que Marlaska ha contado con el visto bueno del Ministerio de Derechos Sociales y de la Fiscalía General del Estado, algo que choca con las versiones ofrecidas en clave local y con la apertura de investigación.
Aluden a que el proceso es muy garantista, tal y como marca la legislación. En ese proceso se ha trabajado mucho por parte del Gobierno local y central, convencidos ambos de que la decisión tomada es la correcta.
La Fiscalía ya investiga el procedimiento seguido, habiendo dado como primer paso la petición de información al Ministerio de Interior de cómo se llevó a cabo ese traslado y si se siguió un proceso individual para cada uno de los niños.
Interior mantiene con firmeza el operativo a pesar del revuelo, seguro de que ha cumplido con todos los trámites, con el conocimiento del Gobierno y de su competente política en Menores y con el conocimiento también de la Delegación con el equipo técnico que apoya a Mateos.
En el camino entre el plante de unos (oenegés, Defensor, Fiscalía y funcionarios locales) y la firmeza de otros (Interior, Delegación y Ciudad) parece haberse perdido información valiosa para entender cómo la operación, al final, se le está complicando a Marlaska.

La frontera abrirá con control: para el turismo y trabajadores regularizados

La fecha de apertura de la frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, sigue siendo una incógnita después de que en marzo de 2020 cerrara con motivo de la pandemia. Pero llegará un momento en que abrirá, y cuando lo haga tendrá una circulación controlada, nada que ver con las imágenes de descontrol conocidas hasta la fecha.

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha recalcado este lunes en una rueda de prensa que, de manera gradual, tanto España como Marruecos “se ponen de acuerdo para que la frontera no se pueda abrir” ya que no es una decisión unilateral adoptada por uno de los países sino que es fruto de un consenso. “Las relaciones con Marruecos están a día de hoy muy bien”, ha insistido Mateos, que ha hecho referencia explícita al cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores para conseguir esa recuperación quebrada de manera brutal el pasado mayo.

En Ceuta se puede vivir “muy bien” con la frontera cerrada, ha reconocido la delegada a la vista de este año y medio sin tránsito por el Tarajal. No obstante abrirá y permitirá el pase del turismo y del personal que venga a trabajar de manera regularizada, es decir, los trabajadores transfronterizos que tengan su regulación en la Seguridad Social y sus nóminas adecuadas.

Nunca volver a las imágenes de antes

“Esperamos que entre turismo”, ha aventurado Mateos, pero eso sí, se va a “controlar” a todos, como en cualquier frontera, evitando que no se sepa a qué viene el que entra como ocurría antes. La delegada es partidaria de que los que entren a Ceuta lo hagan con su visado aunque sin descartar acuerdos con pueblos más cercanos como ha sido tradicional.

Así, sin fecha a la vista de la apertura del paso fronterizo del Tarajal, siguen las obras de mejora para convertirlo en lo que había dejado de ser.

La delegada, sobre los menores de Marruecos: “Van a salir de Ceuta”

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, aspira a que los menores extranjeros no acompañados que llegaron a la ciudad con motivo de la famosa crisis de mayo vuelvan a su país. No obstante, existe un plan educativo para atender a los 200 menores que, según las estimaciones, deberían ser escolarizados de los más de 700 existentes, para lo que se ha dispuesto un proyecto de inmersión lingüística. Esos menores no formarían parte del programa educativo que se sigue en los colegios de forma rutinaria sino que pasarían por un plan especial. No obstante Mateos insiste en que aspira a que todos esos menores puedan volver a su país.

Marruecos, de hecho, ha reclamado a todos sus niños. “Si hay algún padre, algo que no entra en mi cabeza, que no quiera a su hijo, hay recursos para hacerse cargo de esos hijos”, ha apuntillado la delegada en una comparecencia oficial que ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno.

“Si hiciera falta se hará curso de inmersión lingüística, pero tengo la esperanza de que no sea necesario”, ha insistido Mateos, que ve con buenos ojos el cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores y la recuperación de unas relaciones con Marruecos que ve que son mejores y de hecho, avisa, se verá esa mejoría de forma más palpable en los próximos días.

Número de acogidos en las naves del Tarajal

En la actualidad hay 788 personas acogidas en las 4 naves gestionadas por la Ciudad Autónoma en el polígono del Tarajal. De ellas, 500 están vacunadas y se han detectado 15 positivos en covid. De todos los menores, 200 están en edad de escolarización al tener menos de 16 años, ya que hay un grueso importante que roza la mayoría de edad.

El plan de escolarización está listo pero la delegada insiste en que estos niños “tienen que volver a su país” y en que “van a salir de Ceuta, se esta trabajando en que vuelvan a Marruecos desde el primer día” y con el nuevo ministro de Exteriores se continúa en el objetivo que se plasmó desde el principio para sacar a todos los niños. “Hasta que no se consiga que salgan no voy a parar”, ha recalcado. “Hay un plan de escolarización ya que no pueden llevar una enseñanza reglada como los demás… pero no va a hacer ni falta, soy optimista”, ha zanjado.

La trampa del efecto llamada del asilo: las consecuencias del engaño

El efecto llamada del asilo es una trampa que tarde o temprano tendrá sus consecuencias. Lo ha advertido la propia Delegación del Gobierno en Ceuta, cuya titular ha recalcado que los marroquíes que hayan marchado a la Península con su solicitud admitida a trámite serán expulsados a su país cuando la misma les venga rechazada, algo que suele ocurrir en la amplia mayoría de los casos. Y además esa expulsión lleva consigo la prohibición de entrada a Europa y por tanto también a España durante un periodo de 5 o 10 años. La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha advertido que cuando la frontera abra esas personas no podrán acceder a territorio nacional.

En datos, han retornado a su país de manera voluntaria 3.474 personas desde junio, a estas se suman las devoluciones de 124, es decir, marroquíes que llegan irregularmente a Ceuta por ejemplo por vía marítima y que son aceptados solo en algunos casos por Marruecos.

En cuanto a las solicitudes de asilo se han tramitado 1.230, ya que se llegan a hacer entre 30 y 36 diarias. De todas ellas, se tiene constancia de la salida a la Península de 263 marroquíes. La propia Mateos ha recalcado que si bien esa vía “se ha tomado como el camino más rápido para ir a la Península, el resultado puede ser peor por pedirlo”, ya que si no tienen motivo para la obtención de esa protección se dicta expulsión y se prohíbe entrar en Europa entre 5 o 10 años. Solo un 4% de marroquíes consigue el asilo. Así que el futuro es poco prometedor para estas personas.

Un efecto llamada temporal

La oficina de asilo acelerará sus trabajos ya que se espera la incorporación para septiembre de 200 funcionarios que atenderán de manera prioritaria a Ceuta y Melilla. Se puede producir ese efecto llamada, porque se resuelve lentamente al haber poco personal pero ahora, con la llegada próxima de funcionarios para atender de manera específica el asilo ya no tendrá tanta fuerza.

En Marruecos no hay casos de persecución, salvo situaciones excepcionales, como ha verificado la propia delegada, por lo que esa petición de asilo se hace para pasar a la Península sin medir las consecuencias. Cuando se empiecen a resolver esas peticiones, las personas que han pedido asilo y les haya llegado denegado, no volverán a su país y estarán entre 5 y 10 años sin poder cruzar, ya que están localizados y se les notificará. Cuando se abran las fronteras no podrán entrar y salir.