Las organizaciones de infancia expresan su «profunda preocupación» tras las declaraciones ayer martes de la delegada de Gobierno de Ceuta, Salvadora Mateos, a propósito de los menores extranjeros. Las organizaciones de infancia cuestionan la «capacidad de la delegada de Gobierno de liderar y resolver los expedientes de repatriación con objetividad y garantizando una adecuada evaluación y determinación del interés superior de cada niño, así como su predisposición para desarrollar el procedimiento con todas las garantías».
Tras el pronunciamiento de órganos judiciales e internacionales sobre la «ausencia de garantías» en los procedimientos de repatriación llevados a cabo a finales de agosto, «que han resultado en la devolución colectiva de 45 niños», las ONG de infancia expresan «preocupación» sobre la «legitimidad» de la delegada de Gobierno para resolver sobre los «posibles procedimientos futuros, así como sobre su predisposición para llevarlos a cabo con todas las garantías».
Las «iniciativas» de la delegada, así como sus «reiteradas» declaraciones sobre las repatriaciones, continúa estas organizaciones en su comunicado, ya han causado la «huida» de los centros de protección de «centenares de niños y niñas frente a la amenaza de ser devueltos colectiva e irregularmente al país de origen».
Conforme a la legislación de Extranjería, «Salvadora Mateos sería la competente para iniciar los procedimientos de repatriación de los niños y niñas que llegaron en mayo a Ceuta». A juicio de estas organizaciones, la Delegación de Gobierno «debe solicitar información individualizada al Área de Menores y a la Fiscalía sobre la situación de cada niño, así como a las autoridades de origen sobre la situación de su familia para poder incoar el procedimiento de repatriación, así como asegurar la audiencia del niño y su asistencia jurídica».
Evaluar qué solución permite garantizar los derechos de cada niño
De acuerdo con lo que establecen la legislación nacional e internacional, prosiguen los firmantes, este procedimiento debe llevarse a cabo «con todas las garantías (escuchando al niño, debidamente informado y con abogado, con resoluciones motivadas, etcétera) y debe consistir en una evaluación y determinación de cuál es el interés superior de cada niño». Es decir, qué solución «duradera de las posibles, repatriación a Marruecos, reunificación familiar en otro país o acogida en España, es la que permite que se garanticen mejor los derechos de cada uno de estos niños y niñas».
En este sentido, a juicio de estas organizaciones, las declaraciones de la delegada de Gobierno «obvian el auto judicial por el que el pasado 16 de agosto el Juzgado de Instrucción competente de Ceuta «mantenía la suspensión de las repatriaciones por considerar que había indicios de vulneración de derechos y disponiendo expresamente que no se había observado la legislación aplicable».
Además, a su entender, «sus afirmaciones publicas ponen de manifiesto la determinación de iniciar estos procedimientos con una decisión colectiva preadoptada: «Estos niños deben estar con sus familias o asistidos por una entidad que los tutele, igual que en Ceuta, pero en su país, y en ese sentido seguimos trabajando».
Las devoluciones colectivas iniciadas en la ciudad, también fueron cuestionadas por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. «Las tres instituciones
insistían en la vulneración de lo previsto por la normativa española en materia de repatriaciones, así como de los derechos de la infancia afectada», resumen las entidades que suscriben este comunicado.
Las organizaciones firmantes
Las ONG que firman este comunicado son Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Coordinadora de Obras Socioeducativas La Salle, Fundación Save the Children, Fundación Raíces, Fundación Educo, Gentium, La Salle, Maakum, No name Kitchen, Plataforma de Infancia, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes.
