La secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial (MPT), Miryam Álvarez; se ha desplazado hasta Ceuta para conocer de primera mano las dependencias de la Delegación del Gobierno y la labor que llevan a cabo los empleados públicos, para seguir trabajando en la mejora de los servicios públicos que se prestan y en la atención a los ciudadanos de Ceuta.
Miryam Álvarez, que se ha desplazado acompañada del Director General de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres, ha puesto en valor los servicios que se prestan por parte de los profesionales de la Delegación del Gobierno y su vocación de servicio público y ha agradecido el trabajo que han desarrollado, especialmente durante los duros meses de la pandemia del Covid.
La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha agradecido la especial sensibilidad que desde el MPT muestran con nuestra ciudad y la preocupación y atención permanente que desde el Ministerio se mantiene.
Álvarez y Torres han mantenido diversas reuniones con los responsables de las áreas integradas y no integradas de la Delegación del Gobierno.
La secretaria general de Coordinación Territorial se ha comprometido a seguir impulsando la mejora de los servicios que presta la Administración General del Estado en Ceuta subrayando que se mantendrá la colaboración y trabajo entre los diferentes Ministerios implicados en aras seguir mejorando la calidad de los servicios y la atención los ciudadanos de Ceuta.
Revertir la mala imagen exterior que se tiene de Ceuta. La entrada masiva de inmigrantes el pasado 17 y 18 de mayo y las fotografías de miles de personas cruzando a nado hasta nuestra ciudad coparon cientos de portadas de los principales diarios a nivel nacional e internacional. Dar una imagen real de lo que de verdad pasa en Ceuta. Ese es el objetivo del ‘Foro Económico de Ceuta’ que ha dado comienzo este martes en el Teatro Auditorio del Revellín y que está organizado por el diario El Español en colaboración con la Ciudad Autónoma.
Bajo el título de ‘Presente y futuro de Ceuta, su desarrollo empresarial’, medio centenar de ponentes pasará por este auditorio de nuestra ciudad para analizar las oportunidades económicas que plantea la ciudad de cara al futuro. El evento, que cuenta con personalidades de renombre de todos los ámbitos, ha sido inaugurado por el director del diario, Pedro J. Ramírez, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos y el presidente del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Durante su intervención, Pedro J. Ramírez ha insistido en que Ceuta es el ejemplo de la democracia europea en el continente africano. “En aras de la convivencia en libertad, todos los europeos que compartimos esos valores somos ciudadanos de Ceuta. Si me lo permiten, como español y como europeo, me gustaría que permitiesen decir que soy ceutí. Contad con nosotros, con El Español, para todo ese futuro económico que tiene esta ciudad por delante porque todos los españoles también somos ceutíes”, confesaba.
Por su parte, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha explicado que estas jornadas “de análisis y reflexión sobre Ceuta y su futuro” van a dar oportunidades “a todos los que creemos en esta tierra española”. “Sus atractivos, bonificaciones fiscales e impuestos, sus aguas cristalinas, sus impresionantes fondos marinos, su patrimonio cultural y su gente amable y acogedora hacen de esta ciudad un sitio especial. Las crisis son oportunidades de futuro y nuestra oportunidad ahora pasa por intensificar nuestras fortalezas y Ceuta tiene muchas. Enfrentar un complejo periodo y salir transformados implica hacernos preguntas sobre nosotros mismos porque no se nos puede arrebatar nuestras creencias, sueños y anhelos. El debate de ideas y la búsqueda son herramientas para el proceso de reconversión del futuro que necesita Ceuta”, ha insistido.
En este sentido, Mateos también ha ratificado el compromiso del Gobierno de España con nuestra ciudad pues “tiene presente a Ceuta como objetivo prioritario en su agenda” y ayudará a sentar las bases el futuro de Ceuta. “Ceuta tiene futuro, un futuro ilusionante y confío en que las posibilidades que se pongan en estos días sobre la mesa, servirán para ponerlo en marcha”.
A su vez, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha comenzado su turno de palabra explicando que “Ceuta es característicamente solidaria”, por lo que ha mandado un “abrazo fraternal desde esta parte de España” y un mensaje de apoyo y de unidad a los vecinos de La Palma.
Por otra parte, Vivas ha calificado este foro “de interés general para Ceuta y de verdadera utilidad pública” porque “siempre es bueno concitar el talento para hablar de desarrollo económico y generación de riqueza, empleo, sostenibilidad de los servicios públicos, hablar de prosperidad y bienestar para todos”. “Ceuta se encuentra en una situación crucial para su porvenir, en el que tenemos la obligación y la oportunidad de sentar las bases para un futuro económico. Ceuta es la gran desconocida en el conjunto de España, sobre todo en los atractivos que nuestra ciudad ofrece para el mundo empresarial”, ha continuado.
Ceuta es España se mire por donde se mire. “Ceuta tiene motivos para la esperanza, muchos sectores y actividades económicas con un enorme potencial de crecimiento, como el turismo, el Puerto, servicios profesionales, medio ambiente, nuevas tecnologías y que tenemos que saber explotar y aprovechar. Formamos parte de una gran nación y no estamos solos. Sentimos el apoyo de todos los españoles. Además, tenemos una estrategia entre el Gobierno de la Ciudad y de la nación, que se basa en el respeto y el acuerdo. Sabemos cual es el camino y lo queremos emprender, y hoy estamos dando un paso importante en ese camino. Este foro va a ser un manantial de ideas para que los ceutíes tengan el futuro que se merecen”.
Asimismo, el presidente ha agradecido a todos los que han hecho posible este encuentro “haber puesto su foco en Ceuta, en su desarrollo empresarial y social”, por lo que (además de para Kissy Chandiramani y Juan Bravo, consejero de Hacienda de Andalucía) ha tenido una palabras para Pedro J. Ramírez: “No se puede entender el periodismo de España sin Pedro J. Ramírez, una persona ilustrada, humanista, demócrata, amante de la libertad y patriota. La patria como comunidad de ciudadanos diferentes, pero iguales en derecho, deberes o obligaciones, sin deferencias de credos ni religiones”.
“Muchas gracias también a todo el tejido empresarial de nuestra ciudad, además de los agentes económicos y sociales que están dando un ejemplo de ciudad y para poner de manifiesto que Ceuta sigue en pie, que Ceuta quiere reconvertirse, volver a levantarse y que Ceuta quiere convertir esta crisis en oportunidad. Y muchas gracias a los ponientes e intervinientes, Bono, Catalá y Montoro, a los tres exministros porque creo que cuando sirvieron atendieron las necesidades y demandas de Ceuta”, ha concluido Vivas, tras lo que ha dado a todos los presentes la bienvenida a nuestra ciudad.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, se ha reunido este lunes con dos representantes del colectivo de marroquíes transfronterizos que cada semana se concentran en la plaza de los Reyes para solicitar una solución a las demandas que plantean.
La pasada semana Salvadora Mateos tomó la iniciativa y mantuvo un encuentro con este grupo de personas en la plaza exponiéndoles su situación y citándolos para una reunión en la sede de este edificio gubernativo que ha tenido lugar hoy.
El colectivo ha plasmado en un documento sus reivindicaciones, propuestas de compleja resolución conforme a la legislación vigente. No obstante la delegada del Gobierno trasladará a los organismos correspondientes para tratar de ofrecerles la mejor solución posible a las demandas que plantean.
Salvadora Mateos ha vuelto a recordarles que está trabajando en la apertura de un nuevo corredor humanitario y les ha reiterado que serán el colectivo preferente para los tránsitos una vez se produzca la reapertura de la frontera. Entre las medidas que proponen los transfronterizos apelan al “arraigo”, promover los cambios normativos precisos para que los transfronterizos con más de 10 años de antigüedad en esta condición puedan obtener el permiso de residencia.
Las peticiones principales del colectivo, de difícil encaje legal
También piden modificar las normas para que tengan derecho a prestaciones sociales derivadas de sus cotizaciones a la Seguridad Social y modificar las normas precisas para que la tributación efectiva por el IRPF se corresponda con su nivel de renta y circunstancias personales.
Los transfronterizos piden además garantizar su tránsito diario por la frontera cuando se produzca la apertura, expidiendo para ello un documento, así como flexibilizar las condiciones de renovación de su condición de trabajadores cuando pierdan el empleo.
Además resaltan que si el cierre del Tarajal se prolonga en el tiempo, se disponga un permiso extraordinario por razones humanitarias para su desplazamiento a la Península para de ahí llegar a su lugar de residencia durante un periodo establecido.
Sus casas, sus hijos, padres… todo está en Marruecos, excepto su trabajo, que sigue aquí en Ceuta. Son los trabajadores transfronterizos que quedaron atrapados en Ceuta tras el cierre del Tarajal y que permanecen en nuestra ciudad después de más de año y medio: sin derechos, lejos de su familia y viviendo cómo y dónde pueden.
Este lunes a primera hora de la mañana, como cada lunes, cerca de medio centenar de trabajadores transfronterizos se ha vuelto a concentrar frente a las puertas de la Delegación del Gobierno en Ceuta para pedir por sus derechos. No quieren abandonar Ceuta, sino que lo que quieren es regularizar su situación. Pero esta vez lo han hecho callados, con un silencio que han simbolizado con una x en sus mascarillas, y con los artículos de la Carta Universal de los Derechos Humanos en sus manos.
Llevan semanas concentrándose y explicando su situación y nada se ha avanzado. “Ya lo hemos dicho todo, por eso hoy guardamos silencio”, aseguran. Solo piden que se cumpla con sus derechos y poder regresar eventualmente a su país para ver a sus familias sin perder su trabajo en Ceuta, como hacían antes del cierre de la frontera.
No obstante, estos transfronterizos seguirán concentrándose, porque “necesitamos respuestas”. Antes del 14 de marzo de 2020, fecha en la que Marruecos cerró el Tarajal, cruzaban cada mañana a Ceuta para trabajar y al terminar su jornada volvían a Marruecos con sus familias. Únicamente eso es lo que quieren volver a hacer. “¿Por qué es tan difícil?”, se preguntan.
“Desde hace varias semanas se concentran todos los lunes los trabajadores transfronterizos. Pero no están encontrando eco en nuestras instituciones ni en los ciudadanos. No son aislados de nosotros, sino que están en nuestras vidas, atienden a nuestros mayores, cuidan nuestros niños, pasean nuestras mascotas, limpian nuestras casas, construyen nuestras casas y trabajan en nuestros bares. Son los transfronterizos, pero son personas a pesar de la deshumanización que hay probablemente por la escasa repercusión que están teniendo sus reivindicaciones. Además, sufren un maltrato laboral que debería ser corregido de manera inmediata ya que no perciben prestación alguna, se les retiene un 25% y no se les devuelve nada, y están ahí, trabajando”, empezaba su exposición Mohamed Alí con una propuesta que solo ha contado con dos votos a favor, pero las 15 abstenciones del resto de diputados en el Plenohan permitido que saliera adelante.
La situación después del cierre de la frontera es “dramática” y “estos trabajadores necesitan que esta institución se implique”. “Es verdad que lo han decidido ellos, pero lo que han hecho es quedarse aquí a trabajar con sus contratos, dados de alta y sus tarjetas de transfronterizos. Hay cosas que se pueden hacer, debemos instar al Gobierno de la Nación a que haga algo al respecto. La primera cuestión es darles unos derechos que son básicos en una democracia. Además, debemos instar a la Delegación del Gobierno a establecer un procedimiento extraordinario para que, cumpliendo con la normativa vigente, puedan ir a ver a sus familias y volver a trabajar”, ha proseguido el portavoz de Caballas.
Se trata de un colectivo que está vacunado y que “al volver se les puede hacer una PCR”, defendía Alí. “La frontera está cerrada, pero no las conexiones aéreas, pero estas personas no pueden cruzar a la Península. Pedimos que se inste al competente, que sabemos que es el Gobierno de España. Aunque el gesto está al alcance de este Gobierno local y de esta institución”, concluía.
“Empatía, humanidad y solidaridad es lo que ha demostrado la Ciudad”, ha defendido la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, que ha explicado que se ha dado “albergue y un sitio a estas personas antes de marcharse a sus casas, además de los inmigrantes irregulares que entraron en mayo”. Sin embargo, “son competencia del Estado y son conocedores de esta situación”. “La Delegación lo conoce y ha hablado con estas personas. Nosotros nos vamos a abstener. Si los niveles de pandemia siguen bajando, llegará un momento en el que esa frontera pueda abrirse y puedan retornar a sus casas y a Ceuta con total normalidad. Pero esta casa ha demostrado todo lo que tiene que demostrar”.
“Las ayudas directas a autónomos y empresas del Gobierno de España no han tenido la cobertura que se esperaba. Esto pasa en toda España. En Ceuta de los 13,8 millones de euros, 365.489 mil euros es lo que realmente está en el bolsillo de los ceutíes, un 2,64 por ciento del total concedido, el porcentaje más bajo de todo el ámbito nacional. Esto no es porque nuestros autónomos no necesiten las ayudas. El problema está en las condiciones que se han incluido en las convocatorias y que hacen que sea difícilmente cumplirlas ya que se exige unas pérdidas en el ejercicio 2020 de un 30 por ciento. La economía ceutí no puede caer ese porcentaje porque ya se encuentra bajo mínimos”, comenzaba su interpelación en el Pleno de este viernes Fatima Hamed.
Por eso, MDyC ha planteado una propuesta, que ha conseguido salir adelante, para impulsar al Gobierno de la Ciudad a que plantee al de la Nación que modifique los requisitos, que tenga en cuenta las particularidades de Ceuta, y que facilite que esos 13,5 millones que podrían ser devueltos se queden en la ciudad, aunque sea para destinarlos a paliar otros aspectos de la crisis, “como podría ser para reconducir el comercio o el taxi que dicen que no podrán subsistir si no se produce un cambio real ya en nuestro modelo económico”.
Por su parte, Manuel Hernández, ha explicado que “la realidad dista del nivel de cobertura que se pretendía lograr”, por lo que se han mostrado a favor de un “replanteamiento también de los requisitos”. “A nosotros nos consta que las asociaciones de autónomos han propuesto que las condiciones sean de pérdidas del 50 por ciento. Lógicamente tiene que haber una revisión de estas cuestiones para que llegue a buen fruto y se pueda destinar todo ese dinero que ha llegado a nuestra ciudad a los empresarios que tanto han sufrido en nuestra ciudad”.
Finalmente, la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, se ha comprometido a insistir, porque según ha explicado ya se ha trasladado la problemática al Ministerio de Hacienda. “Vamos a votar a favor. Nosotros hemos puesto en marcha 16 millones de euros para empresas y 2 millones para ERTE y esos 16 millones ya están en las cuentas corrientes de nuestros autónomos. Es cierto que se han registrado solo 60 solicitudes, que están muy lejos de las 2.000 que conseguimos tener en Procesa y que nos lleva a solicitar al Ministerio que se reduzcan los requisitos para que los empresarios puedan acceder”, concluía.
La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha destacado el papel clave de las entidades locales en los momentos más duros de la pandemia: “El Gobierno de España agradece su lealtad institucional y se compromete a que sean protagonistas de la recuperación”.
Isabel Rodríguez, que ha comparecido por primera vez como ministra en la Comisión de Política Territorial del Congreso, ha defendido el fortalecimiento del papel de las entidades locales y su participación en la recuperación económica, que arrancará con inversiones para la modernización y la innovación tecnológica, con un presupuesto de 392 millones de euros entre 2021 y 2023 para proyectos municipales, gestionado directamente por el Ministerio de Política Territorial.
92,7 millones para las EELL este año
La orden ministerial que se publicará en los próximos días destinará este año 92,7 millones de euros para los municipios con más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. En 2022 y 2023, las ayudas, hasta alcanzar los 392 millones de euros, irán destinadas a todos los municipios.
“Digitalizar los servicios municipales implica ganar en calidad de vida, acercar, simplificar y mejorar los servicios públicos”, ha afirmado, al tiempo que ha recordado las históricas entregas a cuenta para las entidades locales en 2022: un 13% más que en 2021, hasta alcanzar 22.062 millones de euros.
El Estado funciona en los momentos más difíciles
La ministra ha subrayado que en la experiencia durísima vivida, “el Estado ha funcionado y las políticas públicas han permitido contener y gestionar la pandemia con acuerdos beneficiosos para todos”. Y ha citado el mayor ejemplo, la vacunación: “Hemos sido uno de los primeros países del mundo en alcanzar el objetivo del 70%, y hoy, el 76% de la población tiene ya la pauta completa”.
“Hemos apostado por una salida de la crisis opuesta a las recetas de austeridad y recortes de otras épocas. Hoy, cuando en Europa y en España hablamos de vuelta a la normalidad, hablamos de justicia social, de igualdad y de progreso, impulsando una transformación del país, sobre la base de la transición ecológica, la digitalización y la cohesión social, territorial e intergeneracional”, ha señalado.
Isabel Rodríguez ha expuesto las principales líneas a desarrollar desde el Ministerio de Política Territorial, centradas en varios pilares: cogobernanza, diálogo, fortalecimiento de todas las entidades locales, incluídos los municipios en riesgo de despoblación, y la Administración General del Estado en el territorio.
Cogobernanza
EFE
Cuanto mayor es el grado de descentralización de un país, ha asegurado la ministra, mayor importancia cobra la colaboración entre administraciones, tanto a nivel multilateral como bilateral, “un imperativo de nuestro marco constitucional”.
Para Isabel Rodríguez, “la cogobernanza implica animar a los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades a colaborar entre ellos”, y se ha referido a nuevos objetivos para los foros de cooperación:
Conferencia de Presidentes. En esta legislatura se ha reunido tres veces más que en todas las legislaturas anteriores juntas. Política Territorial quiere un funcionamiento más ágil: “Reducir plazos de convocatoria, crear espacios para tomar decisiones políticas y adoptar acuerdos, crear una Secretaría Permanente para fomentar la coordinación, dotar de continuidad a los trabajos de la Conferencia y mejorar la comunicación con sectoriales”.
Conferencias Sectoriales. Articular los procedimientos de toma de decisiones y el carácter vinculante o no de las mismas.
Articular mejor el papel de las Delegaciones del Gobierno en las comisiones territoriales de coordinación.
Escuchar a las entidades locales a través de la FEMP, fomentando su participación activa en la Conferencia de Presidentes y en las sectoriales.
Impulsar la digitalización de los mecanismos de cooperación interadministrativa con fórmulas telemáticas para ganar agilidad y eficacia.
Diálogo
“La cooperación bilateral funciona”, ha subrayado Isabel Rodríguez. Por ejemplo, la colaboración normativa, en el marco del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se ha incrementado, fomentando la negociación cuando existen controversias competenciales: “De 68 recursos en la XII legislatura hemos pasado a 29 en las legislaturas XIII y XIV. Las impugnaciones se han reducido más de un 70% gracias al dialogo entre las autonomías y el Estado”.
“Desde el Gobierno queremos que los litigios se utilicen como último recurso, una vez agotadas todas las vías de negociación. El diálogo es y va a seguir siendo la piedra angular de la política territorial de este Gobierno”, ha reiterado.
En esta legislatura se han reunido comisiones mixtas de transferencias con País Vasco, Navarra y Comunitat Valeciana. Se reunirán próximamente las comisiones bilaterales con Galicia, La Rioja, Canarias y Aragón, y comisiones mixtas de transferencias con varias CCAA, entre ellas, Castilla-la Mancha, para impulsar el traspaso de los parques nacionales de las Tablas de Daimiel y Cabañeros.
El 2 de agosto se reunió la Comisión Bilateral con Cataluña, tras un paréntesis de tres años. “Con Cataluña, no cabe el inmovilismo ni la vía unilateral, hemos abierto la senda del dialogo con la ley y la Constitución como límite para recuperar la afectividad entre el conjunto de la ciudadanía española con la catalana y entre la una sociedad catalana dividida. Cataluña tiene que implicarse en el proceso de recuperación, representa el 20% del PIB de España, debe volver a ser un motor económico y no quedarse al margen de la transformación del país”, ha indicado.
Apuesta por el municipalismo
EFE
Isabel Rodríguez ha anunciado la actualización de la ley de Bases del Régimen Local. “Este Gobierno confía en los ayuntamientos, respeta la autonomía local y
la reforma nos permitirá clarificar el sistema competencial, garantizando a las entidades locales el margen de maniobra que necesitan para atender a la ciudadanía. Queremos reconocer la labor de los ayuntamientos, particularmente en el ámbito social, y proponemos suprimir la lista de competencias a delegar, que ha generado confusión. Confiamos en la gestión de los municipios”, ha recalcado.
Municipios despoblados
Isabel Rodríguez se ha solidarizado con los municipios de menor población o en riesgo de despoblamiento. “Tenemos en España 6.827 municipios con menos de
5.000 habitantes y el reto demográfico consiste en asegurar la igualdad de oportunidades para todos, independientemente del lugar de residencia”.
Es un problema de las zonas rurales, pero afecta también a ciudades medias, capitales de provincia y cabeceras de comarca. Este Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Medidas ante el Reto Demográfico que contará con una inversión superior a 10.000 millones. Entre los compromisos del Gobierno está la descentralización de la Administración pública.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno se ha comprometido expresamente con el desarrollo de un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población y de los Municipios en Riesgo de Despoblamiento, añadiendo un nuevo título a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
“Queremos contribuir a la fijación de la población en el territorio, con servicios básicos de calidad, oportunidades de empleo e infraestructuras. El Estatuto garantizará la gestión pública de los municipios más pequeños, así como de aquellos que presentan una tendencia demográfica negativa”, ha explicado.
La ministra ha explicado que el objetivo es atender a las necesidades de esos municipios y también crear una estructura administrativa, en base a las secretarías de los juzgados de paz, para cubrir el servicio de la Administración de Justicia en
7.000 núcleos poblacionales para resolver las demandas vecinales.
Administración General del Estado en el territorio
Isabel Rodríguez se ha comprometido con la modernización de la Administración General de Estado en el territorio: “Nuestras delegaciones de Gobierno realizan un trabajo excepcional con pocos medios y con solo 6.400 empleados públicos”.
Se va implementar el plan estratégico integral para la mejora de servicios prestados por la AGE en el Territorio, que mejorará la coordinación, los recursos humanos y la digitalización en los próximos tres años. “Queremos que los servicios prestados a los ciudadanos desde la Administración General de Estado en el territorio se conviertan en un referente de calidad”, ha recalcado.
“Este objetivo es especialmente importante en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde, por su organización estatutaria, corresponde a la Administración del Estado la prestación de una serie de servicios adicionales” ha añadido.
Isabel Rodriguez se ha referido finalmente a las ayudas por catástrofes y emergencias que atiende el Ministerio de Política Territorial para reparar infraestructuras municipales: “Trabajamos para agilizar las subvenciones manteniendo el rigor necesario en la concesión de estas ayudas, enlazándolas con la importancia de la transición ecológica y de la cohesión intergeneracional”.
El Gobierno trabaja para mejorar la vida de las personas
Isabel Rodríguez ha concluido su intervención remarcando el objetivo de las reformas del Gobierno, que pasan por “mejorar la vida de las personas”, subiendo el salario mínimo interprofesional, que al terminar esta legislatura alcanzará el 60% del salario medio; más recursos para quienes que más lo necesitan a través del ingreso mínimo vital; reforma del sistema de pensiones, que se revalorizarán conforme al IPC; o la nueva ley de Formación Profesional, que ajusta los perfiles profesionales a las demandas de las empresas. La ministra las ha definido como “medidas de marcado carácter social que forman parte ya de un proyecto de país”.
El Gobierno de España también apuesta por la cogobernanza, ha incidido Isabel Rodríguez, “como una nueva dinámica de relación entre las administraciones públicas, que nos permita sentar las bases de un marco de colaboración más eficaz”. Asimismo, “aspiramos a construir un país en el que la ciudadanía conviva desde la diversidad, el respeto y los proyectos compartidos en un país fuerte, que acompaña a los más vulnerables y que no deja a nadie atrás”.
Otro lunes frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta. Los trabajadores transfronterizos se han concentrado una vez más, a las 9.30 horas, para exigir que se respeten sus derechos. Esta vez, no solo sosteniendo los carteles en los que se reflejan sus reclamos, sino también sus tarjetas de extranjería.
“¡No es una tarjeta, es una condena!, ¡libertad!, ¡justicia!, ¡lo que pedimos es que hagan justicia!”, ha gritado el grupo de manera repetitiva, para demostrar su descontento por lo que está ocurriendo.
En esta oportunidad, Hassan Arahou ha hablado en nombre de los presentes y mostrando su tarjeta de extranjería ha asegurado que a los trabajadores transfronterizos les están quitando “su humanidad y sus sueños”. Ha lamentado la situación por la que están atravesando, señalando que ellos también han hecho mucho por la ciudad.
“Nosotros aquí somos trabajadores, trabajadores que luchamos por esta ciudad, porque sentimos que es nuestra ciudad, todo este desarrollo que vemos es gracias a esos pulsos o con colaboración de esos pulsos, esos esfuerzos, es mucho el sudor y lágrimas, y es gente que solamente quiere reconocer que están aquí, quieren justicia, quieren el derecho a estabilizarse, quieren el derecho a quedarse, quieren el derecho a soñar que mañana será mejor”.
Ha dicho que no puede haber gente de primera, de segunda o de tercera y ha denunciado que se sienten como en una jaula, por lo que ha exigido soluciones humanitarias para lograr la estabilidad que quieren. Se han dirigido a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, pero también al presidente de la Ciudad, Juan Vivas.
“Al señor Vivas con saludos y con todo el amor del mundo, te digo que nosotros no queremos que solucionen lo de más de cien mil o doscientas mil personas, nosotros aquí somos cincuenta, gente que se ha quedado aquí más de un año y medio. Que hay un conflicto de ley, si somos legales o ilegales, entonces solucionen ese problema, que nosotros solo somos cincuenta más o menos, habla con nosotros”.
La semana pasada los transfronterizos habían manifestado que estaban dispuestos a acudir a los tribunales para luchar contra leyes que consideran extremas, y al respecto Arahou ha señalado que “cada paso viene a su momento”. Ha lamentado que a la fecha a pesar de las concentraciones y los reclamos, nadie se ha comunicado con ellos para escuchar sus reclamos y ofrecerles posibles soluciones.
Poco antes de finalizada la concentración, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, se ha acercado al lugar para conversar con los trabajadores transfronterizos y explicarles cuál es su situación.
Comienza en Ceuta la segunda semana lectiva de este curso escolar 2020-2021 y el informe de los datos de coronavirus en los centros escolares vuelve como una parte más de la nueva rutina adquirida tras la aparición del coronavirus.
Según informa la Delegación del Gobierno, en su balance de este lunes, 20 de septiembre, permanecen cerrados seis grupos de cuatro centros educativos en Ceuta: cinco de educación infantil y uno de Primaria, que afectan a los colegios CEIP ‘Mare Nostrum’, ‘Reina Sofía’, ‘Ciudad de Ceuta’ y ‘Ramón y Cajal’.
Estos cuatro centros en total han arrojado un total de 27 positivos confirmados en covid y han motivado que 209 alumnos permanezcan en cuarentena, además de dos docentes también positivos, cuya suma total asciende tres contando con los dos declarados en el día de hoy.
En relación con el anterior parte, del 17 de septiembre, se presenta un grupo escolar más en cuarentena, pero 9 positivos menos, si bien el número de alumnos confinados se ha visto incrementado en 32 escolares más, pasando de 177 a 209 en el día de hoy.
Recordatorio: medidas básicas para evitar los casos de coronavirus
Ante este regreso a las aulas, desde las instituciones se sigue recordando las medidas básicas para evitar el aumento de los casos de coronavirus: higiene individual, distancia de 1,5 metros, lavado de manos… Es fundamental no acudir a los colegios en caso de presentar algún síntoma compatible con el COVID-19.
Es esencial, recuerdan desde las instituciones sanitarias, insistir a las familias en la importancia que tiene que los niños y niñas permanezcan en casa en el caso de sospechar que podrían haber contraído la enfermedad ayudando, así, a prevenir la propagación del virus.
Son síntomas compatibles con el coronavirus la fiebre o febrícula, tos y la sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Otros síntomas como el dolor de garganta (odinofagia), la pérdida de olfato (anosmia), la pérdida del gusto (ageusia), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2.
La Delegación del Gobierno ya ha suspendido todos los procedimientos por las sanciones impuestas durante el primer estado de alarmaque aún permanecían pendientes de resolución, un total de 1.879. A partir de ahora, la institución de la Plaza de los Reyes prevé proceder a “anular” total o parcialmente los procedimientos que ya se concluyeron mediante resolución sancionadora con el pago de las correspondientes multas, que son 107. Una vez anuladas estas resoluciones “se comunicará a los interesados cómo solicitar la devolución de los pagos realizados”, según han avanzado.
El Tribunal Constitucional declaró a mediados de julio inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez en la pandemia, que abarcó el período de marzo a junio del 2020 y que implicó un confinamiento domiciliario.
De los 4.491 expedientes sancionadores incoados en la ciudad autónoma a lo largo de esos tres meses y una semana (del 14 de marzo al 21 de junio), “más del 90%” se debieron precisamente a “permanecer fuera del domicilio sin causa justificada”.
El importe de las sanciones oscilaba entre los 601 y los 300.000 euros
El importe de aquellas multas oscilaba entre los 601 y los 30.000 euros. Sin embargo, en la mayor parte de los casos los expedientes señalaban el castigo mínimo. No en vano, el pago medio de aquellos que tienen propuesta de resolución es de 732 euros y el de las sanciones de pronto pago se queda en 687 euros.
En Ceuta se han completado solamente 107 casos con el pago de las cantidades correspondientes, pero la sentencia emitida no conllevará que todos los importes abonados sean devueltos, sino solamente los correspondientes a las multas aplicadas por las restricciones de movilidad consideradas inconstitucionales.
“Si una persona hallada en la calle sin justificación fue denunciada, además, por desobediencia u otras infracciones como tenencia de drogas, por ejemplo, dichas sanciones seguirán siendo válidas”, han advertido las fuentes consultadas por este periódico.
Durante el segundo estado de alarma las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impusieron un total de 327.853 propuestas de sanción a ciudadanos por violar algunas de las restricciones impuestas para controlar la expansión del coronavirus. Así, se pusieron unas 1.821 multas cada jornada en los aproximadamente 180 días que duró este estado de alarma, vigente en nuestro país entre el 25 de octubre de 2020 y el 9 de mayo de 2021.
La cifra es bastante inferior a la alcanzada durante el primer estado de alarma. Como declaró el ministro del Interior, las sanciones bajaron en un 70 %, en parte porque el segundo estado de alarma fue menos estricto que el primero, que estuvo vigente entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020. Además, también el número de detenidos durante el segundo estado de alarma fue inferior.
Medidas justificadas si lo hubiera sido en estado de excepción
De todo lo impugnado por Vox, el Tribunal Constitucional solo le dio la razón en la inconstitucionalidad del artículo 7 por el que se decretó el confinamiento, y no en su totalidad, sino a los apartados 1, 3 y 5. Éstos limitaron al máximo las actividades por las que se permitía la movilidad de los ciudadanos (como ir a comprar, al médico o al cuidado de dependientes) y habilitaban al ministro del Interior para decretar el cierre de la circulación.
El Constitucional ha considerado que las medidas no fueron inadecuadas
De acuerdo con la sentencia, el estado de alarma permite limitar pero no suspender derechos fundamentales para hacer frente a situaciones como catástrofes o pandemias. De ahí que el grueso de la sentencia analiza si hubo una suspensión y, finalmente, resuelve que la «altísima intensidad» de las restricciones en lo referente a la libre circulación supuso de facto una suspensión o «vaciamiento» de los derechos.
El estado de excepción sí hubiera permitido decretar la suspensión de derechos, aunque requiere la autorización previa del Congreso (cosa que la alarma no). A juicio del Constitucional, se daban las condiciones para decretar el estado de excepción, ya que ha asumido que las medidas decretadas “no pueden considerarse materialmente inadecuadas” por sí mismas, ya que iban orientadas “a la protección de valores e intereses constitucionalmente relevantes”.
