Convocadas subvenciones a personas mayores, con discapacidad y en dependencia

El Imserso -Instituto de Mayores y Servicios Sociales- ha convocado la concesión de subvenciones a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia residentes en las ciudades de Ceuta y de Melilla, durante el año 2021.

Con una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, el Imserso -que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030- se convocan estas subvenciones para las que el Gobierno destina un total de 889.336,50 euros en total para ambas ciudades autónomas, de los que 540.432,5 corresponden a Ceuta.

En concreto, en el apartado de subvenciones para personas mayores, se da un total de 166.250 euros a Ceuta (53.530 a Melilla), para personas con discapacidad se dedica una partida de 274.182,50 en nuestra ciudad (195.374 en Melilla) y 100.000 euros para personas en situación de dependencia, subvención individual (misma cantidad en la ciudad hermana).

Estas subvenciones -convocadas en régimen de concurrencia competitiva- tienen como objetivo facilitar la prestación de servicios, la adquisición de ayudas técnicas y facilitar la movilidad y comunicación y la autonomía personal a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia, residentes en Ceuta y Melilla, y a las entidades y organizaciones no gubernamentales de atención a personas mayores y personas con discapacidad con ámbito de actuación en ambas ciudades.

Entre los requisitos está residir en Ceuta (o en Melilla) al menos con un año de antelación a la fecha de la presentación de la solicitud o no haber percibido en los últimos cuatro años subvenciones para la realización de obras o adquisición de ayudas técnicas con el mismo fin, salvo algunas excepciones (todo ello se puede consultar en el documento adjuntado al inicio de esta noticia).

Para las personas mayores, se debe tener la condición de persona asegurada o benerficiria del Sistema de la Seguridad Social, así como tener 65 o más años; para las personas con discapacidad la primera misma condición y tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%; y para las personas en situación de dependencia se pide tener reconocida esa situación y acreditar la necesidad de la ayuda técnica o el producto de apoyo, entre otras.

A las entidades u ONG que se apunten a estas ayudas también se le piden unos requisitos, como tener su domicilio social o su ámbito de actuación en Ceuta (o en Melilla), estar legalmente constituidas, carecer de fines de lucro, dedicarse con carácter habitual a la atención de personas mayores y con discapacidad o hallarse al corriente de cumplimiento de las obligaciones tirbutarias, entre otras

Para solicitar estas ayudas, existe un mes de plazo que comienza a contar a partir de este miércoles, 28 de abril, día siguiente al de la publicación en el BOE. Estarán disponibles en la sede electrónica así como en la web del Imserso, con posibilidad de poder presentarla a través de Internet.

Dieciséis zonas de la ciudad tendrán aparcamientos para discapacitados

El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, someterá este miércoles a la consideración del Pleno la aprobación inicial de una Ordenanza reguladora de “estacionamientos reservados a vehículos que transportan personas con movilidad reducida” que establece que un total de al menos 16 zonas de la ciudad, las consideradas “centros de actividad de los núcleos urbanos”, deberán disponer de “al menos una plaza de aparcamiento por cada cuarenta reservada y diseñada” para su uso por parte de personas titulares de la tarjeta que las identifique como poseedoras de una discapacidad que las sitúe en “clara situación de desventaja respecto de los demás para realizar un gran número de actividades cotidianas y, de forma particular, para acceder a los espacios y servicios comunitarios”.

Entre esas zonas se encuentra en área de las Murallas Reales-Asamblea y Mercado Central; el entorno del Paseo del Revellín y el del ‘Ceuta Center’; la zona de la Delegación; el Campus Universitario; el Tanatorio; los alrededores del Centro de Salud de Recinto; el corazón de Hadu; y el área del Hospital, entre otras.

Además de las zonas establecidas expresamente como “centro de actividad en núcleo urbano” se podrá reservar para el uso por parte de personas con discapacidad plazas de estacionamiento “en aquellos equipamientos que por su gran afluencia de público, por interés general, por su singularidad u otra condición” se considere pertinente.

Las solicitudes de este tipo de reservas podrán ser tramitadas mediante solicitud genérica ante el Registro de la Ciudad e irán dirigidas a “vehículos adscritos a personas discapacitadas que presenten movilidad reducida por discapacidad motórica igual o superior al 33% administrativamente reconocida”.

Al margen de las limitadas para su utilización general por parte de ese colectivo, cuando una persona con ese perfil sea el conductor de un vehículo que deba utilizar para su actividad podrá pedir una reserva de aparcamiento “lo más cercana a su domicilio o lugar de trabajo habitual para el desempeño de su profesión”. En estos casos se deberá probar no disponer de un garaje privado y el horario será limitado a la jornada laboral.

Requisitos para la concesión de plazas específicas

Para ser beneficiario de una reserva de estacionamiento para vehículos adscritos a personas con discapacidad de uso exclusivo el solicitante deberá “justificar sus graves problemas de movilidad” y estar en posesión de la tarjeta específica, así como no disponer de un garaje en el inmueble que constituya su lugar de residencia habitual o domicilio de trabajo.

También se exigirá que el recorrido peatonal accesible desde su oficina a la plaza asignada no sea superior a cien metros y que no haya tenido “ninguna sanción” a lo largo de los dos últimos años por “mal uso” de la tarjeta de estacionamiento, así como que sólo la use para sí.

La Ciudad regulará las tarjetas para estacionar ligadas a movilidad reducida

Alejandro Ramírez propondrá este miércoles al Pleno aprobar inicialmente una Ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad con el fin de establecer el marco normativo de su concesión a quienes presenten movilidad reducida dictaminada oficialmente (o no si se dan “razones humanitarias”) o problemas de agudeza visual.

Los carnés estarán expedidos a favor de la persona que reúna los requisitos “para su utilización en los vehículos que use para sus desplazamientos”.

Será “única, personal e intransferible” y sólo se podrá utilizar para aparcar en las plazas de estacionamiento reservadas “cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él”.

Los usuarios también tendrán derecho a parar “en cualquier lugar de la vía por motivos justificados y por el tiempo indispensable”, estacionar en zonas de carga y descarga sin ocasionar perjuicios o acceder a espacios con circulación restringida para residentes.

Podemos reclama que las plazas no son para «el uso indebido de los convivientes»

Podemos también apoya la reforma de una Ordenanza municipal obsoleta respecto a las tarjetas especiales dirigidas a los estacionamientos reservados a personas con diversidad funcional, donde hay que distinguir entre los aparcamientos y los vados, encontrándose con la problemática en muchas ocasiones de que las plazas están ocupadas por personas que carecen de autorización para ello o hacen un uso indebido los convivientes del discapacitado. La formación aclara que las tarjetas de aparcamiento las concede Servicios Sociales y los vados la LODIU (Fomento).

En este sentido, el secretario general de Podemos de Ceuta y Unidas Podemos, solicita que, se concedan vados y tarjeta de aparcamiento al conductor discapacitado que supere los seis puntos de reducción de movilidad y el 33% de discapacidad marcado, sin necesidad de convivientes y sin tener que ajustarse a otras definiciones por parte de ambas consejerías y sin más ambages.

El Consejo de Gobierno aprueba plazas para atención residencial a mayores

El Consejo de Gobierno en Ceuta ha dado luz verde este viernes a la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de la provisión de plazas de profesores de música (contrabajo, flauta, lenguaje musical…) y de artes escénicas mediante un contrato laboral fijo a través del sistema concurso-oposición. Las bases han sido aprobadas en la mesa de negociación y con la junta rectora del Patronato de Música y las vacantes fueron aprobadas en la Oferta Pública de Empleo de 2018 y 2020. La solicitud debe ser presentada en el plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación en el BOE, preferentemente por vía telemática. La fase de oposición constará de una prueba teórica y práctica y otra de carácter dinámico.

En consejo también se ha abordado la firma del convenio con el Ministerio de Sanidad dentro del acuerdo marco para fijar las condiciones de la adquisición de la vacuna frente a la gripe estacional con una vigencia de dos años. Por otro lado, la Consejería de Servicios Sociales ha llevado la aprobación de un contrato mayor para la reserva de ocupación de 54 plazas para la atención residencial a mayores en el periodo 2021/2022. Este asunto vuelve a pasar por Consejo de Gobierno después de subsanarse un error detectado en marzo. El presupuesto es de más de 2 millones en dos anualidades.

La misma Consejería de Asuntos Sociales también ha llevado a Consejo de Gobierno la tramitación de un contrato mayor para la reserva y ocupación de 21 plazas discapacidad intelectual y mayores. La demanda del número de plazas residenciales no puede ser asumida por las residencias de mayores de ahí que se tenga que contratar plazas adicionales del centro de noche (11) y de día (el resto). El precio del contrato es de 1,4 millones por dos años de duración y en su momento, en octubre de 2018, se tramitó un contrato administrativo que se prorrogó de manera forzosa. En aquel momento el contrato fue de 405.000 y se le adjudicó a la casa de Cruz Blanca.

La Ordenanza de plazas de aparcamiento de discapacidad irá al Pleno

El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, prevé elevar al Pleno de este mes en la Asamblea de Ceuta el texto de una Ordenanza reguladora de los estacionamientos reservados a vehículos que transportan personas con movilidad reducida con el objetivo de “continuar favoreciendo la integración social de los colectivos de personas discapacitada” .

El texto habilitará a la Ciudad para “crear reservas especiales para estacionamiento de vehículos adscritos a personas discapacitadas que presenten movilidad reducida por discapacidad motórica igual o superior al 33% administrativamente reconocida, que cuenten con tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad”.

En “los principales centros de actividad” urbanos tendrá que haber “un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción”.

Cuando la persona discapacitada padezca problemas graves de movilidad y sea el el conductor de un vehículo del que no pueda prescindir para el desarrollo de su vida cotidiana podrá disponerse una reserva de estacionamiento que esté ubicada “lo más cercana a su domicilio o lugar de trabajo habitual, para el desempeño de su trabajo, profesión, comercio o industria”.

La falta de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad ha sido una de las demandas más repetidas en los últimos tiempos, con varias denuncias de ceutíes con algún tipo de discapacidad o sus familias expresando como algunas zonas de la ciudad no están adaptadas para los vehículos que transportan personas con movilidad reducida.

Ceuta y Melilla, a la cola: 65 dependientes fallecieron en 2020 esperando sus ayudas

La pandemia de COVID-19 y sus demoledoras consecuencias sobre la población mayor han dejado huella en la gestión de la dependencia. El año 2020 cierra con más beneficiarios y menos personas en lista de espera, pero como consecuencia de que se han tramitado menos expedientes y, sobre todo, el “altísimo número de personas fallecidas por COVID pendientes de recibir sus prestaciones”. Así se recoge en el XXI dictamen del Observatorio de la Dependencia, un informe que cada año elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que ofrece una radiografía sobre el sector en España.
En base a los datos que proporcionan el Imserso y el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria en España (MoMo), el estudio concluye que entre marzo y diciembre de 2020 fallecieron en Ceuta y Melilla 65 personas en lista de espera para recibir ayudas de la dependencia: 33 estaban pendientes de la resolución de grado y 32 tenían ya el derecho reconocido pero no una prestación o servicio asignado. Además, otras 52 personas que cursaron la solicitud murieron antes de acreditar su condición de dependientes.
A pesar de haber fallecido 32 personas con derecho y sin resolución de prestación, la lista de espera de resolución de prestación se incrementó en 52 personas. En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Ceuta y Melilla 364 personas con solicitud de dependencia, un 35,7% más de lo esperado. Una vez excluidas las 47 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 317 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución de grado.
En los últimos 12 meses también se ha reducido la atención en todas las prestaciones. Destaca el descenso de la atención en residencias en 28 personas, en la prestación económica vinculada al servicio en 7 personas, en el servicio de centro de día en 10 personas, en la ayuda a domicilio en 24 personas, en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en 18 personas y en el servicio de promoción en 27 personas. La teleasistencia se redujo en 62 personas.
En el resto de parámetros del sistema, tales como valoraciones, personas con derecho, reflejan igualmente valores negativos, lo que no hace sino certificar el estancamiento del sistema en los mismos términos en que lo viene haciendo en los últimos tres años.
Todas las prestaciones del catálogo de atención a la dependencia alcanzaron en 2020 tasas de reposición negativas, excepto las ayudas económicas vinculadas al servicio.
Además, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la inversión realizada en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se redujo en 442.613 euros, un 3,6% inferior a la realizada en el ejercicio precedente. El Observatorio de la Dependencia indica que año tras año se sigue reduciendo el promedio de gasto por persona dependiente, siendo de 71,2 euros por habitante, igualmente un 53,4% inferior a la media nacional.

El 70% de las prestaciones realizadas en Ceuta y Melilla se realizan en atenciones low cost

Así las cosas, Ceuta y Melilla cuentan en estos momentos con un total de 2.799 personas dependientes atendidas, lo que supone un descenso del 3,68% (-107) con respecto al año anterior. Contrariamente a lo que ha sucedido en el conjunto de CCAA, el número de personas desatendidas (limbo) se ha incrementado hasta alcanzar las 243 personas a la espera, con un aumento inter anual superior al 64%. Con todo, al ritmo de atenciones realizado en los últimos tres años, las ciudades autónomas aún tardaría 4,3 años en reducir su lista de personas desatendidas, indica el informe.
Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 Ceuta y Melilla perdieron un 7,3% de su empleo, al reducirse hasta los 429 puestos generados. Sobre todo, por la pérdida de servicios de naturaleza residencial en un año de especial incidencia de la COVID en este tipo de servicios. Su tasa de generación de empleo desciende hasta los 30,6 empleos por millón, cuando en la media de CCAA se sitúa en 35,3 empleos/millón.

Ceuta y Melilla suspenden en atención a la dependencia, según un informe

Ceuta y Melilla han obtenido un 2,6 en atención a la Dependencia, según el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esto significan que no solo suspenden en esta materia asistencial, sino que incluso retroceden, según recoge el mismo estudio.

Por territorios, el informe muestra que se mantienen las «enormes desigualdades» entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Ocho comunidades aprueban la escala este año, y siete comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1) destacan positivamente. Mientras, Ceuta y Melilla (2,6), Canarias (2,1) y Cataluña (1,4), retroceden hasta las últimas posiciones.

Según datos de este informe difundido por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el tiempo medio de tramitación de expedientes de dependencia desde la solicitud hasta la resolución de la prestación asciende en Ceuta a 76 días. Se trata de la cifra más baja de todo el país, muy alejada del promedio en España.

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Más de 55.000 dependientes mueren sin ser atendidos en el año de la covid

La lista de espera de la dependencia se redujo en 2020, pero a costa del aumento de personas fallecidas en el año de la pandemia: murieron 55.375 personas -152 cada día- esperando un servicio al que tenían derecho o una respuesta de la administración. Siguieron desatendidas otras 232.243 personas.

El total de dependientes fallecidos durante 2020 ascendió a 248.751 personas, según el balance del Observatorio Estatal para la Dependencia en el año de la covid, que advierte de un exceso de mortalidad de 52.835 personas, siendo abril el mes más crítico en muertes, seguido de marzo y diciembre.

«Ha sido un año de retroceso marcado por la pandemia, ha sido terrorífico, de muchísimo dolor, sufrimiento y muerte», ha explicado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, en la presentación de esta evaluación, quien ha lamentado que «uno de cada cuatro dependientes fallecidos estaba en la lista de espera».

Limbo de beneficiarios

Hay nueve comunidades que ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición de beneficiarios en el último año, Cataluña (-4,2 por ciento), Aragón (-4,3 por ciento) Madrid (-7,1 por ciento) y La Rioja (-7,8 por ciento). Por el contrario, en otras comunidades la tasa de variación interanual de personas atendidas ha sido muy positiva en el último año, como C. Valenciana (+15,7 por ciento), Asturias (+14,8 por ciento), Baleares (+11,6 por ciento) y Canarias (+7,2 por ciento). Las comunidades con limbo de la dependencia en situación muy preocupante son Cataluña (31,9 por ciento), La Rioja (29,3 por ciento) y Canarias (24,4 por ciento). Cataluña (73.386), Andalucía (56.534) y Madrid (28.494), con personas en desatención suponen más de dos de cada tres (68 por ciento) del ‘limbo’ que hay en España (232.243), y cuyas dificultades tienen carácter sistémico.

La Ciudad estudiará bonificar el coste del transporte en autobús a las personas con discapacidad

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves a petición del MDyC estudiar la posibilidad de “facilitar un carné para bonificación económica en el uso del transporte público en autobuses urbanos” a las personas con un grado de discapacidad de entre el 33% y el 65% siempre y cuando avale su viabilidad un informe técnico y económico sobre el coste de la ayuda y de su número potencial de beneficiarios.

La consejera de Asuntos Sociales, Dunia Mohamed, ha recordado que actualmente ya se bonifica a trabajadores, estudiantes, jubilados, desempleados y perceptores del IMIS con cerca de 400.000 euros al año. “Vamos a seguir trabajando por una sociedad accesible e inclusiva y la diversidad funcional va a seguir en primera línea de nuestra agenda, como demuestran los más de 2 millones de euros que se destinan cada año a las entidades que atienden a esas personas”, ha advertido.

El diputado del MDyC Youssef Mebroud ha explicado que actualmente cualquier ceutí con discapacidad superior al 33% no tiene “ningún tipo de bonificación” para adquirir su bonobús “a diferencia de lo que ocurre en cualquier ciudad de Europa”.

El objetivo del Movimiento es “dignificar” a los cientos de ceutíes con algún tipo de discapacidad y “fomentar” el uso del transporte público para, además, cuidar mejor del entorno medioambiental y frenar el incremento de la polución. “Sería una iniciativa positiva para la Administración y para el administrado, en concreto para las personas con movilidad reducida”, ha resumido su portavoz accidental.

El socialista José María Mas ha “coincidido” con Mebroud en la conveniencia de desarrollar la iniciativa y Verdejo, de Vox, ha valorado como “positivo” el “fondo” de la propuesta, aunque ha apostado por hablar de “diversidad funcional”, un término “más inclusivo”, y ha discrepado de la posibilidad de bonificar el coste del billete de autobús sin tener en cuenta los ingresos de los beneficiarios o su discapacidad concreta “si no afecta a la movilidad”.

El localista también ha ofrecido “diálogo y consenso” al nuevo consejero competente en Sanidad, Alberto Gaitán, para combatir la pandemia y ha avanzado que su partido volverá a proponer la creación de una Comisión para dar cabida a la opinión de la oposición.

Un error informático impide que los militares retirados por incapacidad cobren sus pensiones

En los últimos días ha ido surgiendo una polémica que rodea a militares que contaban con contrato de larga duración y que por motivos médicos obtuvieron la incapacidad permanente absoluta, y en muchas ocasiones el paso al retiro. Estas personas están denunciando, anónimamente por miedo a represalias, que la subdelegación de Defensa no se está haciendo cargo de las pensiones que estas personas deberían recibir y por tanto quedan totalmente desamparados. No pueden trabajar y tampoco reciben la paga que por ley les correspondería por lo que se les hace inviable poder subsistir sin ingreso alguno.
Militares que están en esta situación se han puesto en contacto con El Faro de Ceuta para denunciarlo, ya que según explican se encuentran “desesperados” y necesitan una solución para poder hacer frente a los distintos gastos. Según afirman, el Ministerio de Seguridad Social e Inmigración es el que tramita estas pensiones, ya que el Ministerio de Defensa delegó las competencias en él, y ahora por un error en la plataforma está sucediendo esta problemática. “No nos tienen en cuenta por un error en la plataforma. Se creó una llamada ‘Plan retira al Personal’ y solo se tiene en cuenta a los de carrera. He puesto mis quejas y me han explicado que es un error de meses atrás y que va para largo”. Una situación que no entienden, ya que los meses pasan y tienen que hacer frente a distintos pagos, como por ejemplo las hipotecas de sus domicilios.
Asimismo, estos militares lo han puesto en conocimiento de AUME, que “desconocía” lo que estaba ocurriendo con estas personas. Además, han enviado escritos tanto al general de Personal como al Ministerio, pero de momento no han obtenido respuesta alguna. Reconocen que están cogidos de “pie y mano” porque en el fondo siguen perteneciendo al Ejército, y no pueden alzar más la voz para que no tengan unas consecuencias aún más negativas de las que ahora mismo tienen. Piden una solución inmediata para poder subsistir y ayudar económicamente a sus familias.

CEMUDIS anima a participar en un estudio sobre la mujer con discapacidad

La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), agradece la colaboración del SEPE de Ceuta a través de sus servicios de inserción y orientación laboral, por el apoyo prestado al estudio de investigación que CEMUDIS ha llevado a cabo este año para conocer la situación social y laboral de las mujeres con discapacidad.

El estudio, iniciado en 2018, cuenta ya con la participación de 8.000 mujeres con discapacidad de toda España y con más de 600 organizaciones e instituciones colaboradoras, entre ellas COCEMFE Ceuta.

A pesar de las dificultades sufridas por la COVID, este año 2020 han contado con la participación de 4.000 mujeres con discapacidad residentes en todo el territorio nacional y principalmente Ceuta y Melilla, Baleares, Canarias, País Vasco, Cataluña y Extremadura.

Entre los objetivos del estudio se busca tener una aproximación a la realidad laboral tanto de las mujeres como de las mujeres con discapacidad con intención de poder afrontar la situación de desventaja social y discriminación interseccional; el origen y forma de la desigualdad; así como la búsqueda de estrategias para poder trabajar activamente en la definición de programas que respondan a sus necesidades y que contribuyan a eliminar las barreras que las separan de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de sus derechos.

La innovación de este estudio recae en que se tienen en cuenta múltiples variables que habitualmente son menos estudiadas, como el tipo de discapacidad (física y orgánica, psicológica, intelectual o mental), el contexto social, el acceso a servicios y a oportunidades, etc., en lugar de las típicas diferencias hombre/mujer o con/sin discapacidad.

Desde CEMUDIS se anima en estos últimos días a la población ceutí a participar aún en el estudio a través del enlace https://es.surveymonkey.com/r/cemudis.

Este estudio cuenta con la colaboración de COCEMFE Ceuta, con el aval de COCEMFE y con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la subvención del IRPF 2019, así como de la Fundación ONCE.

Ceuta, la mayor tasa de actividad de personas con discapacidad en 2019 con un 46,3%

El 46,3 por ciento de las personas con discapacidad legalmente reconocida en Ceuta fueron población activa en 2019 (en España el 34%), siendo junto a Melilla, las regiones con mayores tasas de actividad dentro del colectivo de las personas con discapacidad en el pasado año, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, este porcentaje es 7,4 puntos inferior al registrado en el año anterior, que fue del 53,7 por ciento.
A su vez, en 2019 hubo 9.900 personas de edades comprendidas entre los 16 y 64 años que tuvieron certificado de discapacidad en Ceuta. Esta cifra supuso un 0,5 por ciento menos que el año anterior, representando el 9,1% de la población extremeña en edad laboral (6,2% a nivel nacional), frente al 9,6 por ciento del año anterior.
En el conjunto del país, la tasa de paro entre las personas con discapacidad en España fue del 23,9% en 2019, 1,3 puntos menos que en 2018 y 10 puntos más que entre la población sin discapacidad, según los resultados del informe ‘El empleo de las Personas con Discapacidad. Año 2019’, del Instituto Nacional de Estadística.
Por comunidades autónomas, las mayores tasas de actividad dentro del colectivo de las personas con discapacidad en el año 2019 se dieron en Castilla-La Mancha (40%), Aragón (40%) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (46,3%). Por su parte, las menores tasas de actividad se registraron en Canarias (25,8%), Galicia (29,7%) y Andalucía (30,2%).
El estudio revela que en el año 2019 había 1,87 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), es decir, el 6,2% de la población total en edad laboral. De esta cifra, 638.600 eran activos.
Dentro de esta población activa con discapacidad se observó mayor porcentaje de hombres, más peso del grupo de 45 a 64 años y menor representación de personas con estudios superiores que en las personas sin discapacidad.
En cuanto al paro, en la población con discapacidad había mayor porcentaje de hombres, de personas de 45 a 64 años y de desempleados con estudios primarios y secundarios que en los parados sin discapacidad. Por el contrario, había menor representación de parados con estudios superiores y de personas de 16 a 24 años.