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El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha dictado sentencias condenatorias para los 10 acusados por su relación con la conocida como Operación Puntilla, llevada a cabo por la Policía Nacional en 2019 y que terminó con el arresto de dos empresarios, uno en nuestra ciudad y otro en Sevilla, como cabezas visibles del pase de hachís que se llevaba a cabo mediante el empleo de un narcocamión. El vehículo había sido específicamente preparado para la ocultación de hachís.

En su calificación inicial el Ministerio Fiscal pedía hasta 6 años de cárcel para algunos de los acusados, pero una conformidad entre las partes ha llevado a una reducción importante de condenas, aplicándose a todos ellos la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia. Así para el llamado M.J.M se ha dictado una condena de 2 años y 8 meses de prisión por un delito contra la salud pública y una multa de 368,316 con 3 días de privación de libertad en caso de impago.

Para los llamados N.A.M, C.A.S, A.C.R, I.M.N., por el delito contra la salud pública 2 años y 3 meses de prisión con multa de 368,316 euros con 3 días en caso de impago. Para el llamado A.M.H. se ha dictado por el delito contra la salud pública 2 años y 1 de prisión, con una multa del 368.316 con 3 días en caso de impago así como 3 meses más de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas.

Para el llamado F.M.G. 12 meses de prisión por el delito de encubrimiento y para los identificados como M.B., F.J.L., M.L.M., por ser cómplices en un delito contra la salud pública, 12 meses de prisión y una multa de 184.158 euros con 3 días de responsabilidad en caso de impago. Se le suspende la pena a los que tienen menos de 2 años de prisión, siempre y cuando no cometan delito en un periodo de 3 años y paguen una multa de 600 euros.

Todos los acusados han reconocido su implicación en los hechos conformándose con dichas penas. Dada la cantidad de personas citadas se ha tenido que celebrar esta conformidad en la sala destinada a las vistas orales enjuiciadas por la Sección VI de la Audiencia Provincial con sede en Ceuta. En total fueron 20 detenidos, pero en instrucción se decretó el archivo para una decena al no quedar constancia clara de su vinculación con los delitos investigados.

Así fue la operación que ha derivado en este acuerdo judicial

En esta investigación se logró bloquear el tráfico de drogas que se servía de un vehículo dotado con un innovador sistema de apertura en el suelo de la caja, a través de una compleja técnica con mando a distancia y brazo hidráulico, que incluía medidas de seguridad para evitar que el hachís fuera detectado hasta con un escáner. Ese narcocamión había sido preparado en Sevilla por uno de los dos empresarios detenidos, vinculado al sector de la construcción que disponía de una nave en Alcalá de Guadaíra. Iba a servir para la carga del hachís, con la colaboración del segundo de los empresarios investigado en esta causa, con naves en el puerto.

De acuerdo con las conclusiones del Ministerio Fiscal, contenidas en su escrito de calificación inicial, los acusados formaban parte de un grupo que de manera concertada entre sí y de común acuerdo tenían como finalidad llevar a cabo las labores oportunas para proveerse de hachís y posteriormente introducirlo en la Península para proceder a su venta o distribución. Para la realización de los pases, los acusados se relacionaban entre sí y se informaban acerca de la existencia del cargamento, concretando entre ellos las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de introducción y alijo de la sustancia estupefaciente. Entiende el Ministerio Público que gracias a la operación del CNP no solo se frustró el pase de drogas sino que además se asestó un golpe a un conglomerado de personas que funcionaba repartiéndose funciones concretas para asegurar el buen fin de la operación.

Varios de los acusados se pusieron de acuerdo para conseguir el hachís que fue introducido en el camión, modelo Mercedes Iveco, propiedad de otro. Este vehículo fue preparado en el taller de reparación que tenía el empresario sevillano, donde se practicó el doble fondo con el que se colaría la mercancía burlando todas las medidas de seguridad. Tenía al menos hasta diez personas encargadas de la fabricación y manipulación de sofisticados dobles fondos en camiones y toda esta ingeniería de modificación del vehículo destinado el transporte y ocultación del hachís fue vendida a los narcotraficantes por 50.000 euros. “Se trata del sistema más profesional y complejo detectado por los investigadores hasta el momento, contando con varios cortafuegos y siendo necesario conectar varios mecanismos simultáneamente para proceder a su apertura”, contaron en su día los investigadores.

A principios de mayo de 2019 se trasladó el camión hasta la nave de reparaciones, allí se dispuso lo necesario para la práctica y construcción del doble fondo valiéndose de la ayuda de un electricista y de los trabajadores de su empresa aunque no consta ni se ha acreditado que ellos supieran el fin ilícito que iba a tener ese trabajo.
Esa maquinaria preparada para el pase de drogas fue llevada en julio de ese mismo año a otro punto, en Albolote, para cargarlo de palés de frutas y verduras para “dar normalidad” al trayecto que se iba a realizar desde Algeciras a Ceuta. No les importaba su calidad ya que era una carga que funcionaba de mera tapadera. A su llegada, escoltados por apoyo de vigilancia, acudieron a una de las naves del puerto, propiedad de otro de los empresarios detenidos, para descargar los alimentos y cargar la mercancía.
Una vez que el camión había sido provisto con la droga desembarcaron en Algeciras donde la Policía lo detuvo, hallando casi 500 kilos de hachís. No sería hasta pocos meses después cuando se organizó un amplio operativo policial para, a la vez, intervenir en distintos registros y detenciones tanto en Ceuta como en el Campo de Gibraltar, decomisando relojes, joyas, dineros, varios vehículos de todo tipo además de una pistola en la vivienda de uno de los arrestados.
La organización pretendía sostener sus beneficios fruto del tráfico de drogas haciendo empleo de este tipo de tapadera, que fue abortada y por tanto anulada en la operación del CNP. Considera el Ministerio Fiscal que los acusados lo son de delito contra la salud pública y otro de constitución de grupo criminal, añadiendo en el caso de uno de los investigados un tercer delito de tenencia ilícita de armas.