Tres años y 4 meses de prisión. Esa es la condena impuesta al llamado M.S.S. por incurrir en un delito contra la salud pública, después de que la Guardia Civil lo detuviera en Ceuta justo cuando desembarcaba procedente de Algeciras con el coche cargado de pastillas.
Ante la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1, el acusado ha reconocido los hechos, aceptando la pena impuesta que le llevará a continuar en prisión, en donde ingresó el pasado 10 de mayo en preventiva.
A la condena de cárcel por delito de tráfico de drogas en su modalidad de notoria importancia, se le añade una multa de 725.380 euros, que es el valor que tenía el lote de pastillas que fue intervenido por los agentes del Instituto Armado.
A los agentes de la Benemérita les resultó sospechoso, por eso procedieron al registro de su coche, localizando las pastillas en los diferentes huecos naturales.
En concreto, había 8.820 del medicamento denominado Clonazepam, otros 1.573 de Alprazolam y 1.204 de Pregabalina.
El varón, de 40 años y vecino de nuestra ciudad, quedó detenido al momento, procediéndose después al dictado de un auto de entrada en prisión preventiva a la espera de un juicio que no ha tenido que celebrarse ya que al existir un reconocimiento del delito se aplicó la figura jurídica de la conformidad.
La ruta de las pastillas
La intervención ejecutada por la Benemérita no fue un caso aislado. De hecho, el decomiso de pastillas está a la orden del día en una ciudad como Ceuta que sirve de puente de paso hacia Marruecos. Precisamente, se trata de una mercancía que tiene como destino final su introducción y venta en el vecino país.
El modus operandi seguido es la utilización de coches con dobles fondos para ocultar esas pastillas y poder sortear de esta manera tanto el filtro aplicado por la Benemérita en el puerto o incluso en la frontera, además del ejercido por las fuerzas marroquíes.
Las inspecciones llevadas a cabo por los agentes persiguen eso, abortar la línea seguida en torno a este tráfico de sustancias.
Por qué esa demanda en Marruecos
La vía de tráfico es constante entre España y Marruecos ya que este tipo de pastillas se usa para la realización del karkubi, también denominada la droga de los pobres que se realiza mezclando esas pastillas con hachís.
El consumo de esta sustancia junto con el alcohol o pegamento genera unos efectos muy dañinos. El consumidor al otro lado de la frontera repuntó de manera notable haciéndose fuerte ese negocio entre España y Marruecos.
Se trafica con hachís desde el vecino país a Ceuta para, a la inversa, proceder a la introducción de pastillas llegadas de la Península en grandes cantidades para el comercio clandestino que tiene lugar en el vecino país.
Investigaciones abiertas
En este caso, el servicio llevado a cabo por los agentes del Instituto Armado terminó con la detención de esta persona, sin concretar el destino final de la mercancía decomisada, por lo que queda en el ámbito de las meras sospechas el mercadeo que se iba a llevar a cabo con las mismas.
Tras su registro, el coche quedó intervenido, las pastillas decomisadas para su posterior destrucción y el arrestado, con los grilletes puestos, presentado ante la autoridad judicial para proceder a su posterior ingreso entre rejas que, ahora, ha venido confirmado por una sentencia firme.
Ceuta, al igual que otras zonas estratégicas del Estrecho de Gibraltar, se encuentra en el epicentro de la lucha contra el narcotráfico que desde hace años azota el sur de España.
Un nuevo ejemplo de la temeridad con la que operan estas redes criminales se ha vivido este sábado en Punta Umbría (Huelva), donde la Guardia Civil protagonizó una persecución a plena luz del día a una narcolancha que terminó varada en la playa, repleta de bañistas, ante el asombro general.
Según recoge Huelva Información, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil persiguió a una embarcación semirrígida que, acorralada por los agentes desde el mar, acabó encallando en la orilla. La escena, captada en vídeo desde la playa, muestra cómo los presuntos narcotraficantes optaron por fugarse en plena zona turística para escapar de las autoridades, sin importarles la multitud presente.
La asociación Jucil, que agrupa a agentes de la Guardia Civil, se ha hecho eco del incidente a través de la red social X, donde compartieron las imágenes con un mensaje contundente:
⚓ La 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗜𝗔 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗟 persigue a plena luz del día a una 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢𝗟𝗔𝗡𝗖𝗛𝗔 en Punta Umbría, #Huelva
🧐 Observen cómo la gente ya no presta atención, en el sur de España es el pan nuestro de cada día. ¡¡𝗘𝗟 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗𝗔𝗡𝗢 𝗟𝗢 𝗧𝗜𝗘𝗡𝗘… pic.twitter.com/IXufENwCQP
Desde el colectivo insisten en la urgencia de dotar de más medios y personal a los cuerpos de seguridad para hacer frente a estas organizaciones cada vez más violentas y mejor equipadas. Unos hechos que, lamenta, «el ciudadano lo tiene normalizado».
Seguridad Nacional reconoce la mayor violencia del narco
Este episodio se enmarca en una preocupante tendencia que ha sido confirmada por el último Informe Anual de Seguridad Nacional de 2024, al que ha tenido acceso Europa Press. El documento reconoce un «aumento en la sensación de inseguridad» relacionada directamente con la creciente violencia empleada por los grupos criminales dedicados al narcotráfico, especialmente en el área del Campo de Gibraltar.
El informe, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, subraya que los narcotraficantes no dudan en utilizar la violencia para proteger sus cargamentos o entorpecer la labor de las autoridades, lo que ha motivado la intensificación de la presencia policial en las costas andaluzas.
Mención especial merece el caso del Estrecho, donde las rutas del hachís y la cocaína convergen y donde también se aplican medidas reforzadas del Plan Especial de Seguridad activado en 2018.
Las narcolanchas, uno de los principales retos
Además, el documento constata que las narcolanchas continúan siendo uno de los principales retos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas embarcaciones de alta velocidad son empleadas de forma intensiva, especialmente en el frente Atlántico, para introducir cocaína y hachís en territorio español.
A pesar de los esfuerzos policiales, el informe indica que las redes criminales recurren a todo tipo de métodos, incluyendo semisumergibles, encuentros con naves nodrizas en alta mar y rutas marítimas cada vez más sofisticadas.
En octubre de 2024, por ejemplo, se registró el mayor alijo de cocaína en un contenedor en la historia de España: más de 13 toneladas ocultas en un envío procedente de Ecuador, interceptado en el puerto de Algeciras, el más afectado por estas actividades junto a los de Barcelona, Valencia y Vigo.
La entrada de cocaína
El informe también revela que la entrada de cocaína parece haberse estabilizado en 2024, tras años de crecimiento sostenido desde la pandemia. Sin embargo, no por ello se reduce la amenaza. Las autoridades advierten del uso de rutas que atraviesan África Occidental y del incremento de intentos de introducir drogas por vía aérea, tanto en vuelos comerciales como en paquetería.
En cuanto a otras sustancias, se constata una disminución notable del tráfico de marihuana y hachís, lo que se atribuye al cambio de rutas derivado de la presión policial. El cultivo de cannabis bajo techo («indoor») sigue siendo el más extendido, mientras que los cultivos al aire libre prácticamente han desaparecido en algunas regiones.
Las nuevas drogas
No obstante, la amenaza de nuevas drogas no deja de crecer. Seguridad Nacional advierte sobre la posible entrada de opioides sintéticos como el fentanilo y los nitazenos, que suponen “un riesgo potencial grave contra la salud pública”.
En este contexto, lo ocurrido en la playa de Punta Umbría no es un hecho aislado, sino una expresión más de la audacia con la que operan las mafias del narcotráfico en el sur de España.
Un fenómeno que se ha normalizado hasta el punto de no sorprender ya a muchos ciudadanos, tal como denuncian Jucil y los propios agentes que se juegan la vida cada día para frenar esta amenaza.
Desde Ceuta hasta Huelva, pasando por el Campo de Gibraltar, la lucha continúa, pero las fuerzas de seguridad exigen con urgencia más medios, refuerzos y respaldo institucional para no perder terreno ante un enemigo cada vez más profesionalizado.
Prevenir las adicciones en la adolescencia para incentivar hábitos de vida saludable. Es el propósito de la campaña de sensibilización Skapa, que ya tiene adjudicatario. Este año Pilar África Fuentes es la encargada de su diseño, creación y posterior difusión en redes sociales.
Llevar a cabo esta parte de la iniciativa, que pertenece al Plan sobre drogas y otras conductas, alcanza un importe de 13.944,38 euros y deberá ser ejecutada en un año. La misma se desarrolla con estudiantes de secundaria.
El objetivo es ordenar y planificar “el creciente número de demandas recibidas cada año por parte de los centros” en cuanto a la formación y concienciación sobre esta problemática, tal y como señalan en la web oficial que versa sobre esta propuesta.
A su vez, esta actuación impulsada por la Consejería de Sanidad pretende ofrecer “una intervención integral en la comunidad, desde docentes a alumnos y sus familiares”, inciden. Así, esta estrategia permanece en los institutos a través de periodos fijos. A lo largo de estos calendarios, se llevarán a cabo intervenciones en los diferentes cursos.
Necesidad del contrato
Los pliegos técnicos del contrato indican que la promoción de este recurso para luchar contra las adicciones “necesita de la creación y gestión profesional de las redes sociales para optimizar su presencia social y mejorar el posicionamiento de la marca”.
Es por ello por lo que la elegida para estas labores tendrá que realizar una serie de tareas vinculadas a la comunicación con la finalidad de dotar de visibilidad a “Skapa”. Este trabajo incluye la planificación y el uso de habilidades de social media orientados al ámbito educativo; la implementación de pautas publicitarias en portales digitales; la investigación de mercado o la gestión de perfiles en plataformas como Instagram o Facebook entre otros aspectos.
No solo se debe encargar de toda la parte digital implícita, también de la visual, es decir, del trazado de diseños y de “artes” para la impresión o difusión en medios de comunicación. La idea también incluye la grabación de vídeos, el seguimiento presencial de las charlas y actividades. El servicio de fotografía también debe estar disponible.
La encargada de estas funciones también debe ejercer como asesora sobre redes sociales. “La empresa adjudicataria debe cumplir con la prestación de un psicopedagogo”, recalcan también en el documento.
Mayor impacto
La estrategia no solo busca dotar de más presencia a las actuaciones del Plan de drogas, también pretende generar mayor impacto, implicación y, por consiguiente, un cambio de actitud del alumnado al que se dirige hacia el concepto de las adicciones, según explican en la web.
La misma información hace referencia a cómo ello permite que “interioricen la promoción de la salud en los principales ámbitos en los que desarrolla el joven su vida, en concreto, la escuela, la familia y su grupo de iguales”. No solo se darán ponencias en las aulas. Se pondrá a disposición de los estudiantes materiales con datos orientados a la sensibilización como, por ejemplo, dípticos.
El programa como tal se divide en tres bloques, el primero, destinado a la concienciación sobre el perjuicio de las adicciones a través de la difusión en redes sociales y de la Unidad Móvil RULE; el segundo responde a la formación tanto en los centros como con los allegados del público objetivo y, el tercero y último, se encarga de un apartado con tintes de ocio que consta de un taller de animación lúdica y de enseñanza online gratuita.
A la adjudicación relativa al diseño de la campaña Skapa se suma otra más dentro del mismo contrato. Esta elige a la empresa encargada de organizar un campamento para el curso escolar ganador del certamen Clases sin Humo. Serán 35 niños acompañados de dos profesores los que se embarcarán en esta experiencia que durará cuatro días. El presupuesto para el desarrollo de la actividad es de 8.264 euros y la compañía a cargo es Complejo de Luque Sepúlveda.
No se salva casi nadie. El TSJA ha ratificado la mayoría de las condenas que impuso la Audiencia de Cádiz a los integrantes del clan de los Castaña, liderado por Antonio Tejón. Solo han prosperado los recursos interpuestos por los letrados de 6 de esos acusados, entre ellos un vecino de Ceuta cuyos intereses fueron defendidos por el abogado Jorge Gil Pacheco.
La Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica condenas para casi 100 personas implicadas en el mayor juicio por narcotráfico que se ha celebrado hasta la fecha en España contra un grupo criminal que movió grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos para su introducción en la Península utilizando narcolanchas.
En este procedimiento hubo ceutíes implicados, en concreto 5. Todos fueron penados con cárcel menos uno, en una sentencia conocida en enero del pasado año.
Ahora, el TSJA estima el recurso presentado por el abogado Jorge Gil Pacheco a favor del identificado como A.V.B., quien fue condenado a 3 años y 10 meses de prisión. Se revoca esa sentencia y se procede al dictado de un fallo absolutorio.
La resolución, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta, avala en su esencia la estocada judicial que dio la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz al clan de los Castaña, uno de los más activos en el tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar contra el que luchó el OCON-Sur de la Guardia Civil estrechando el cerco sobre sus negocios.
EFE
El abuelo en un velero, Tejón y la Guardia Civil
Unos negocios que tuvieron su conexión con Ceuta, ya que varios de los implicados en este procedimiento son de nuestra ciudad y además el Servicio Marítimo de la Guardia Civil tuvo un papel activo en la persecución a una de las lanchas que, cargada de hachís, cruzaba el Estrecho.
El TSJA ha ratificado la pena de más de seis años de prisión para Tejón por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal en el Campo de Gibraltar, desestimando el recurso de apelación presentado por su defensa.
Al considerado como uno de los líderes del clan los Castaña ya lo condenó la Audiencia de Ceuta en octubre de 2014 por su relación con un británico de casi 80 años a quien se le descubrió una tonelada de hachís en su velero.
Detrás de aquel abuelo a quien la Guardia Civil le colocó los grilletes estaba Tejón. En la trayectoria del Castaña hay más aspectos que le asocian a Ceuta. Así, en este procedimiento en concreto, el 30 de marzo de 2020, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil persiguió una de las narcolanchas de esta organización.
Terminó con siniestro incluido. Los agentes adscritos a la Comandancia de Ceuta siguieron la lancha, dotada con 4 motores y cuatro personas en su interior, pero su piloto hizo caso omiso incurriendo en maniobras evasivas hasta impactar con la goma oficial del Cuerpo.
Los agentes intervinieron 20 fardos de hachís y consiguieron detener a uno de los ocupantes, condenado en esta causa. El resto logró huir en la semirrígida. La cantidad de droga intervenida alcanzó los 600 kilos de hachís, valorados en más de un millón de euros.
Tejón no se salva
El TSJA considera “razonable, concreta y minuciosamente motivada” la valoración de las pruebas realizada por el tribunal de instancia. En su resolución, afirma que “los indicios son más que suficientes para acreditar la participación del recurrente en el delito contra la salud pública objeto del pronunciamiento de condena combatido en la alzada”.
La defensa de Tejón había solicitado en su recurso una rebaja de la pena a tres años y un día de prisión, alegando falta de proporcionalidad en la condena. No obstante, el alto tribunal andaluz ha rechazado también este argumento, al entender que la pena impuesta se ajusta “cabalmente a las circunstancias del caso, los hechos y su autor”.
La defensa interesó además la nulidad, es decir, que se devolvieran las actuaciones al tribunal de instancia para que motivara la recusación planteada por su patrocinado contra la magistrada.
Se reclamó del tribunal de alzada la revisión y rectificación de la valoración de la prueba de cargo que condujese al tribunal de instancia a declarar la culpabilidad del acusado y en su mérito emitiera un pronunciamiento de naturaleza absolutoria.
El recurso del apelante ha chocado con el “detallado y concienzudo análisis de la prueba practicada”, reseñándose además la abundante prueba tras los “múltiples e ilustrativos testimonios prestados por el contingente de agentes de la Benemérita destacados en su día en el operativo del grupo OCON-Sur”.
El recurso de Gil Pacheco que sí ha prosperado
Muy distinto ha sido el camino seguido para otro de los condenados, un ceutí representado por el abogado Jorge Gil Pacheco, que sí queda absuelto por insuficiencia probatoria.
El llamado A.V.B. había sido condenado por tráfico de drogas en el subtipo agravado de notoria importancia y empleo de embarcación a 3 años y 10 meses de cárcel. Ahora queda exonerado de toda culpa.
En ese recurso se aludió a la existencia de vulneración de derecho a la presunción de inocencia y se invocó la inexistencia de prueba de cargo que detente la entidad y suficiencia necesarias para determinar un pronunciamiento de signo incriminatorio.
La sentencia impugnada había vulnerado no solo la presunción de inocencia, sino también el derecho a un proceso con todas las garantías».
Guardias civiles que no declaran
El arresto de A.V.B. se produjo tras la intervención de unos guardias civiles que fueron alertados de movimientos sospechosos en torno a un posible desembarco.
Los agentes interceptaron un coche, identificaron a sus ocupantes, realizaron fotografías y hallaron a bordo del turismo ropa náutica.
La clave está en que esos guardias civiles no depusieron en el plenario sin causa que los justificase, lo cual ha incidido en una vulneración de la presunción de inocencia a la que se aferró el letrado ceutí en un recurso que ha terminado prosperando.
Era necesario contar con el testimonio en el juicio de los agentes policiales para que el tribunal sentenciador cumpla con su derecho a formarse un juicio sobre la veracidad o credibilidad del testimonio indirecto.
Lo que dice el TSJA
“Nuestra Ley Adjetiva Penal no permite valorar como prueba testifical la declaración de cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino única y exclusivamente la de aquel o aquellos funcionarios de la Policía Judicial que intervino o intervinieron personalmente en las diligencias de investigación a su cargo, presenciando la perpetración del hecho punible o efectuando la recogida del cuerpo del delito o la detención de su autor o autores”, se recoge en sentencia.
“En el caso que nos concierne, y según se desprende de lo plasmado en la sentencia de instancia, resulta evidente que los agentes uniformados de la Guardia Civil que interceptaron el vehículo en el que se desplazaba” el condenado, “no prestaron declaración en el juicio oral, sin que consten la causas o razones justificativas de tal avatar. De lo que se concluye que la resolución impugnada ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías”.
La operatividad del grupo
En la sentencia dictada por el TSJA se alude a cómo durante el año 2020 se encontraba asentado en la zona del Campo de Gibraltar un grupo de personas que, concertadas para ello, se dedicaban a la introducción de importantes cantidades de hachís procedentes de Marruecos para su posterior distribución a terceros.
El transporte de la sustancia hasta las costas españolas se realizaba utilizando embarcaciones de alta velocidad sin matriculación, con motores de gran cilindrada que previamente preparaban, que eran especialmente aptas para el tráfico de hachís en aguas del Estrecho, y que tenían una valoración superior a 50.000 euros.
Una vez en tierra, se cargaba la sustancia en vehículos, algunos de los cuales constaban como sustraídos, y se transportaba hasta su lugar de depósito, para su posterior salida y distribución final.
Para la realización de esta actividad disponían de una amplia infraestructura de medios materiales que comprendía desde varias naves que se utilizaban indistintamente como guardería de las embarcaciones, hasta maquinaria para su preparación, remolques para su transporte, tractores para su traslado al punto de botadura, o vehículos para la carga tanto de la mercancía como de las personas que intervenían en la misma.
Infraestructura para los pases
También era amplia la infraestructura personal, y los integrantes de la misma actuaban previamente consensuados para la comisión de distintas operativas de tráfico de hachís que se fueron desarrollando en este periodo. Dicha infraestructura gozaba de absoluta capacidad para conseguir a las personas necesarias para cada fase o momento, comprendiendo al personal encargado de la preparación y botadura de las embarcaciones, del suministro de gasolina y avituallamiento de las mismas, pilotos y tripulantes, personas con funciones de vigilancia o “puntos”, y personal en tierra que realizaría la descarga de la sustancia y su traslado y guarda.
El concierto habido entre los anteriores para el desarrollo de esta actividad tuvo su plasmación en una serie de actos de tráfico ilícito, que se desarrollaron desde febrero hasta septiembre de 2020.
Un marroquí de 42 años, con permiso de trabajo y residencia en España, ha sido condenado por el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta a 3 años y medio de cárcel.
La Guardia Civil le puso los grilletes en la tarde del 14 de mayo de este año, tras sorprenderlo cuando quería embarcar con algo más de 30 kilos de hachís escondidos en su vehículo modelo Mercedes.
El llamado A.A. ha reconocido su implicación en un delito contra la salud pública y ha aceptado la pena de 3 años y 6 meses de cárcel. Una vez que cumpla los dos tercios de la misma, será expulsado a Marruecos y no podrá volver a territorio español durante 5 años.
A la pena de prisión se añade una multa de 56.398 euros con 3 días de responsabilidad en caso de impago.
Se le apreció la droga en el interior de la carrocería del vehículo, en un paño izquierdo intermedio. Allí, en los dobles fondos naturales, se habían depositado todos los kilos de la narcótica sustancia a la espera de su posterior embarque.
El ahora condenado quiso burlar el control del Instituto Armado sin éxito. Terminó en una celda de Mendizábal y ahora ya con una sentencia firme en su contra.
Servicios llamativos
El mismo día en el que lo detuvieron, la Guardia Civil arrestó a más personas intentando embarcar con droga de muy dispares maneras.
Así, uno ocultó pequeños bloques en su patinete eléctrico. En su caso, al igual que en el de este marroquí, llevaba la droga envuelta en papeles de chocolatinas.
Hay más vías de tránsito con el único fin de colar los estupefacientes al otro lado del Estrecho. El puerto de Ceuta se convierte en el punto de traslado de esa droga, un punto del que echan mano las pequeñas organizaciones que usan a enlaces como pasadores para la carga de la narcótica sustancia, las llamadas mulas, o su ocultación en vehículos.
El Boletín Oficial de la Guardia Civil recoge el pase a la situación de suspensión de funciones de los dos agentes del Instituto Armado que fueron detenidos en Ceuta en el transcurso de la Operación Hades, ejecutada por Asuntos Internos con apoyo de la UCO y el CRAIN.
Ambos funcionarios, que se encuentran presos preventivos, reciben esta medida que se aplica al existir un procedimiento judicial en curso que les afecta directamente.
Uno estaba destinado como mecánico en el puerto y otro es integrante de la UDAIFF.
El narcotúnel y los sobornos en frontera
Uno de esos entramados utilizaba un narcotúnel para meter droga en la ciudad que posteriormente se ocultaba en dobles fondos de vehículos pesados y semirremolques. El otro se aprovechaba de los sobornos a turnos de aduaneros marroquíes.
Así, además de estos dos agentes de la Guardia Civil, se detuvo al diputado y funcionario de prisiones, Mohamed Ali Duas, amén de quedar en calidad de investigados no detenidos otros dos funcionarios del Instituto Armado.
Procedimiento interno
Paralelo a ese procedimiento judicial seguido, por parte de la propia Guardia Civil se ha procedido a la adopción de esta medida que se aplica a todos los casos judiciales que afectan directamente a componentes del Instituto Armado.
En las declaraciones ofrecidas a preguntas de la magistrada de la Audiencia Nacional que instruye esta causa, ambos agentes negaron relación con esos entramados dedicados al tráfico de estupefacientes.
Incluso, uno de ellos se confesó como cabeza de turco, negando que hubiera percibido cobros por dejar de ejercer sus obligadas funciones de control en la zona de embarque del puerto.
Alijos investigados en este asunto
Hasta tres envíos de hachís son objeto de investigación en la Operación Hades. Se trata del interceptado en junio de 2023, con 1.977 kilos ocultos en un camión detenido en Málaga; los más de 3.000 kilos entre animales muertos hallados a finales de diciembre de ese año en Algeciras; y el camión detectado cuando descargaba la mercancía en una nave de Villanueva del Trabuco.
La Guardia Civil asocia dos de ellos a uno de los entramados delictivos descubierto, el que introducía hachís por el narcotúnel; mientras que el otro cargamento lo vincula con otra de las organizaciones integrada por varios miembros de la familia del diputado.
Las investigaciones continúan mientras se van conociendo más datos sobre esta actividad.
Últimas decisiones de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional mantiene en prisión provisional a la amplia mayoría de los detenidos en la Operación Hades. La semana pasada, tal y como informó este periódico, se notificaron varios autos negando el levantamiento de las medidas cautelares privativas de libertad para arrestados en el operativo.
El Juzgado central número 3 se mantiene ajeno al cine, a los reportajes y a las cuantiosas crónicas publicadas hasta la fecha.
Opta por mantener privados de libertad a buena parte de los arrestados, mientras que los investigadores continúan avanzando con la meta de llegar hasta el final de una Operación Hades que sigue dejando interrogantes en Ceuta, pero también en Marruecos.
Del país vecino no ha trascendido información oficial, pero sí se conoce que el hallazgo del narcotúnel ha tenido sus consecuencias en forma de ceses tras provocar un escándalo en sus principales estructuras de seguridad.
Los letrados de los acusados que han reconocido el delito, todos menos el guardia civil, se han conformado con las peticiones de cárcel hechas públicas por el Fiscal en su informe final leído al filo de las dos de esta tarde.
Habrá que valorar, ya en la resolución judicial, si se concede el beneficio o no de la suspensión de las penas acordadas.
El funcionario pudo aceptar también un acuerdo extrajudicial bastante beneficioso respecto de la petición final llevada a juicio. No lo hizo.
¿Cuáles son las penas que se solicitan?
Son 7 acusados y dos bloques bien distintos. Por un lado, el que representan los 6 autores confesos. Por otro, el componente del Instituto Armado.
Para todos los acusados, excepto el guardia civil, el fiscal aplica un atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia tras la confesión del delito.
La pena solicitada para H.Ch. (uno de los hermanos organizadores de los pases) es de 2 años y 1 mes de prisión, amén de multa de 332.350 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 3 días. Además, el fiscal se opuso a la suspensión de la pena.
Para su hermano M.Ch., la pena de 2 años de prisión y multa de 332.350 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 3 días. No se opone a la suspensión.
Ya para los acusados J.E.K.M., H.A.H, B.CH.A. y J.B.S., la pena es de 1 año y 8 meses de prisión y multa de 332.350 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 3 días.
En este caso, el representante del Ministerio Fiscal se opuso a la suspensión de entrada a prisión sobre J.E.K.M. y H.A.H.
La pena más grave, sin suspensión, para el agente
En lo que se refiere al guardia civil acusado de tráfico de drogas, A.L.H., el fiscal ha solicitado la pena de 5 años y 6 meses de prisión con una multa de 1.994.100 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 200 días.
Además, reclama la inhabilitación absoluta de 20 años, es decir, perdería el uniforme.
Lo que dice la Fiscalía: hay un grupo con guardia civil ‘comprado’
A ojos del Ministerio Fiscal no cabe más que el dictado de una sentencia condenatoria. Existía un grupo criminal con distintas funciones. Dos hermanos se dedicaban a orquestar los pases de droga de Ceuta a Algeciras, contando con 3 chóferes (uno ya fallecido).
Dos de esos pases se interceptaron, uno en marzo de 20 kilos de hachís y otro en junio, de 90, en la Península.
Este grupo contaba con un nivel de logística bueno, con dobles fondos en la zona del tanque de combustible de los coches para despistar al guía canino. En varias ocasiones lo lograron.
Fiscalía mantiene que el guardia civil colaboraba con ellos. “Participaba activamente con el grupo, sin él no se podría haber pasado esa droga. El grupo era claramente consciente de los momentos en los que trabajaba” el agente.
Uno de los pases de droga se abortó porque el chófer encargado embarcó antes de tiempo.
Reproche penal específico contra el guardia civil
Fiscalía ha expuesto que varios de los coacusados reconocen plenamente a A.L.H., diferenciándolo del guardia civil que está preso preventivo en la operación ATAM-Macetero, por lo que no cabe sembrar dudas como el propio agente acusado ha querido evidenciar en su declaración.
Todos los acusados son autores del delito de tráfico de drogas, aunque con diferentes roles. “Todos persiguen lo mismo”, ha advertido la Fiscalía, que no es otra cosa que introducir el hachís para la venta en el mercado del narcotráfico.
El fiscal ha reprochado específicamente el papel del guardia civil por colaborar en esta “trama de corrupción”, toda vez que otros muchos agentes han perdido la vida luchando precisamente contra los narcos.
La Defensa del agente solicita su absolución
La Defensa del agente considera que nada ha quedado probado para incriminar a su patrocinado en esta trama de tráfico de drogas.
El letrado ha indicado que su cliente no podía dar esa seguridad que se le achaca para facilitar los pases de drogas. Es decir, no se trata de una pieza esencial para favorecerlos.
“No puede garantizarlo”, ha dejado claro el abogado en su exposición del informe.
El letrado ha indicado que los coacusados han embarcado en cuantiosas ocasiones sin que estuviera su cliente de servicio pudiendo haber traficado en diversas jornadas con droga. La única acusación existente es la aportada por los demás implicados que han asumido la comisión del delito en una especie de conformidad ‘encubierta’.
“Sus declaraciones tienen un valor probatorio relativo, es mucho menor. Debe haber otros elementos periféricos que confirmen sus declaraciones. Estamos ante declaraciones de coacusados que se benefician de rebajas de penas muy generosas. Ellos han dicho lo que tenían que decir para coger la conformidad ofrecida”, ha denunciado.
El abogado ha señalado además que sus manifestaciones han sido “genéricas” sin que se haya probado nada.
“No dicen cómo contactaban con” el agente, “cómo se le paga, cuándo, quién decida la cantidad que se pasa… Ha habido un reconocimiento genérico para señalar a una persona que no ha querido la conformidad”.
¿Dónde está la prueba?
Para la Defensa del agente no hay ni una sola prueba contra su cliente más allá de esas acusaciones del resto de personas que se sientan en el banquillo.
Ha puesto de manifiesto la falta de una investigación detallada sobre la forma en la que presuntamente operaría su cliente, indicando además que éste no podía nunca garantizar por sí mismo la cobertura de seguridad necesaria a los narcos.
¿Dónde está la prueba? El letrado ha apuntado a la vaga investigación de la Policía Judicial para armar una cadena de pruebas contra su cliente. De hecho, el máximo responsable de la investigación, el jefe de la UOPJ de la Comandancia de Ceuta, ofreció por videoconferencia una manifestación sin contundencia sobre el trabajo hecho, amén de marcada por la ausencia de recuerdos a pesar de ser un asunto de esta gravedad.
El letrado ha reseñado que es frecuente que un grupo criminal diga que tiene un agente comprado para convencer a los demás acusados y que así estuvieran tranquilos a la hora de embarcar con droga.
“No hay prueba, ni un acto atribuible a mi cliente, no queda probado que permitiera un pase de drogas. Y sobre el delito de pertenencia a grupo criminal” tampoco es posible una condena al no formar parte de ninguna estructura jerarquizada.
Era la declaración esperada. Más aún, después de que la amplia mayoría de acusados en este juicio de tráfico de drogas que se sigue en la Audiencia de Ceuta hayan señalado al guardia civil A.L.H. como la pieza fundamental y necesaria para que pudieran embarcar coches cargados con hachís sin ser vetados.
“Ha sido una falsedad, estos señores han engañado a los jueces y a usted”, ha dicho el agente mirando al representante del Ministerio Fiscal y en clara alusión a las manifestaciones de los otros acusados que le incriminaron en esta trama después de reconocer su relación con el tráfico de drogas.
Ese reconocimiento les ha servido a los seis coacusados para conformarse con penas que no exceden los dos años de prisión. El guardia civil, en cambio, no ha reconocido su relación con el tráfico de estupefacientes disponiéndose su declaración ante el tribunal del máximo órgano judicial en la fase final de este juicio, que prevé terminar este miércoles.
El agente ha dicho que conoce a H.Ch. (uno de los hermanos acusados de organizar los pases de droga), pero por sus tiendas de ferretería, ya que en su tiempo libre ajeno al Cuerpo se dedica a montar toldos y cortinas.
El «pescado» de las dos y media, ¿era hachís?
En la vista se han escuchado audios que, a ojos de la Fiscalía, ocultan un lenguaje en clave para referirse a pases de hachís, algo que ha negado el acusado.
“Mañana no comas, llevo un pescado que he hecho al horno, de 14:30 a tres y media. Y una tortilla para cenar”, le dice en una llamada el agente a un guía de perros con el que entraría en servicio el día en el que se produjo uno de los pases de droga.
“¿Se refería a que esa hora iba a pasar un coche con hachís?”, le ha preguntado el fiscal. “No”, ha zanjado el agente, confesándose como un “cocinitas” y situando esa conversación en un mero asunto gastronómico.
Imágenes de las cámaras, ¿es el acusado?
También se han visionado imágenes de las cámaras de la zona portuaria que supuestamente incriminan al agente y que obran en esta investigación.
En una de esas fotografías se aprecia el brazo de un agente con tatuajes. El acusado, ofuscado, ha mostrado sus brazos sin dibujo alguno, negando por tanto que fuera él y dando el nombre de otro guardia civil que físicamente se le parece y que ahora, curiosamente, está preso preventivo por su relación con otro procedimiento de tráfico de drogas, el de la ‘ATAM-Macetero’.
El bulo del guardia comprado
El acusado ha indicado que H.Ch. se inventó un “bulo” para señalarle como facilitador de pases de droga a quienes trabajaban para él. “Se lo ha inventado para engañar al resto de personas”, ha asegurado el agente.
El guardia civil niega conocer a los demás señalados en este procedimiento, de hecho, ha dicho que, a uno de ellos, el llamado H.A., lo vio en la calle tras salir de prisión después de meses entre rejas afeándole que le hubiera implicado en algo con lo que, insiste, nada tiene que ver. Según el agente, H.A. le dijo que le habían instado a señalarle.
La Sala ha acordado un pequeño careo entre el agente y este acusado, quien ha ofrecido otra versión distinta de ese encuentro apuntando que le había amenazado.
“Este señor miente”
El agente ha indicado que J.E.K.M., detenido con 20 kilos de hachís y acusado en este asunto, “miente” cuando le incrimina con los pases de droga.
De los varios embarques que ha llevado a cabo en coche o moto, solo en cinco ocasiones estaba él de servicio.
Niega tener algo que ver con esta trama. De hecho, ¿si una organización criminal le pagara por dejar pasar coches con hachís, esto garantizaría que el pase llegara a buen puerto?
“Imposible”, ha dicho, puesto que en esos controles intervienen más agentes.
Hoy se ha contado con las manifestaciones de componentes del Instituto Armado que estaban destinados en el puerto, el mismo escenario laboral en el que prestaba servicio el acusado.
Precisamente, el agente A.L.H. es el único de todos los acusados que todavía no ha declarado y que no ha reconocido los hechos, que afloraron tras una investigación en 2023 de la Policía Judicial sobre embarques de vehículos cargados de hachís, preparados por una organización liderada por dos hermanos que tenían ‘comprado’ a un guardia civil.
Sin medios en la Guardia Civil para vetar el tráfico de drogas
Ante el tribunal del máximo órgano judicial en Ceuta han declarado varios integrantes de la Compañía Fiscal con el ánimo de visualizar cómo es el trabajo en el puerto. Y, si, por ejemplo, resulta factible que embarque un coche con droga sin ser interceptado en Ceuta.
Entre los testigos había un guía cinológico cuyos turnos han coincidido en varias ocasiones con el acusado A.L.H., componente de la Compañía Fiscal.
Ha ratificado la escasez de medios para que los agentes lleven a cabo su labor de manera adecuada, ya que tienen el densímetro estropeado por lo que la vigilancia se sustenta en la efectividad del perro antidroga.
El can trabaja 20 minutos y descansa, por lo que los controles son aleatorios. De los 500 o 600 vehículos que pasan en turno se revisan los que se pueden. Hay “perros buenos y malos”.
A esto se añade la presión ejercida sobre los guardias para que se aligeren los embarques ya que si hay retrasos que alteran los horarios de las navieras les dan toques a los agentes que ni siquiera tienen tiempo para tomar un café.
Este integrante del Instituto Armado ha indicado que nunca vio nada raro en el comportamiento del acusado, pero “ni para bueno ni para malo”.
Uno de los pases objeto de esta investigación se destacó porque se hizo uso de tela asfáltica. ¿Es un método infalible para engañar al can? El guía cinológico ha indicado que no.
Las presiones sobre los guardias civiles
Otro agente que estuvo destinado en el puerto y que fue apartado por motivos disciplinarios ha aportado su particular nota de color en torno al trabajo de los guardias civiles en el embarque, sobre todo por las presiones ejercidas por las navieras para cerrar a tiempo o, incluso, por la Delegación del Gobierno.
Esto influye notablemente en los registros que puedan hacerse para vetar el tráfico de estupefacientes oculto en dobles fondos.
“Pasa droga todos los días, puedes parar” el coche “y no verla…”, ha indicado el agente, quien además ha reseñado los años que llevan soportando medios de apoyo a los perros que están estropeados sin que nadie se preocupe de ellos.
“Me dijeron que iba a estar el gordito, pero no estaba ahí”
Otro guardia civil que, precisamente, fue llamado al puerto para cooperar en la vigilancia de un detenido en el mes de marzo con un coche cargado de droga ha recordado las manifestaciones que vertía el llamado J.E.K.M., quien está procesado en esta causa.
Ha indicado que cuando se le detuvo, el arrestado apuntaba que “cobraba 5.000 euros por pase, que había dado ya varios viajes…”.
También que “tenía que haber cogido otro barco”, cuando estuviera “el gordito”, pero se adelantó una hora y lo detuvieron.
Según este guardia civil, decía que le habían indicado “que iba a estar el gordito, pero no estaba ahí”.
Este acusado, de acuerdo con la investigación, debía cruzar a Algeciras contando con la connivencia del guardia civil A.L.H., quien físicamente es corpulento. El haber errado en su embarque le hizo terminar con las esposas puestas.
A pesar de las llamativas manifestaciones que este guardia ha dicho que escuchó, nunca las puso en conocimiento de superiores ni se recogieron en las diligencias.
«El gordito mira poco»
Otro guardia civil ha indicado que este detenido manifestó de manera espontánea que había pasado varias veces hachís en moto y coches sin ser nunca arrestado hasta esa fecha.
El alijo estaba escondido en el depósito de combustible, en un doble fondo.
Verificando lo dicho por otro compañero previamente, este componente del Instituto Armado ha recordado que el detenido manifestó también que solía “pasar cuando está el gordito porque mira poco”, por eso nunca le habían interceptado previamente.
Esa manifestación fue escuchada por el comandante.
¿Hay otros agentes que también eran “gorditos”? Una de las miembros del Instituto Armado ha indicado que no podía concretarlo.
El juicio por tráfico de drogas que se sigue en la Audiencia de Ceuta contra 7 personas, entre ellas un agente de la Guardia Civil, ha contado este martes con la declaración de varios integrantes del Instituto Armado tanto de Policía Judicial, autores de esta investigación, como de la Compañía Fiscal, en donde está destinado el agente acusado.
Se ha dado la curiosa circunstancia de que dos de los agentes que han prestado declaración como testigos están ahora presos preventivos en Alcalá Meco tras haber sido detenidos este mismo año en dos operaciones dirigidas contra el narcotráfico: ‘ATAM-Macetero’ y ‘Hades’, en esta última se consiguió dar con un narcotúnel.
Ambos han declarado a través de videoconferencia y esposados, aunque en este procedimiento figuran en calidad de testigos, para narrar cómo era el trabajo en el puerto, el punto de destino del acusado A.L.H., quien se enfrenta a cárcel e inhabilitación.
Esa zona portuaria se ha convertido en escenario de varias operaciones desarrolladas en los últimos años que terminan con nexos comunes: guardias civiles detenidos y los procedimientos bajo investigación son por tráfico de drogas.
La merma de vigilancia en el puerto que cuenta un detenido en la ‘Hades’
Uno de los guardias civiles preso preventivo en la Operación Hades, que fue detenido a finales de enero en una intervención de Asuntos Internos de la Guardia Civil, ha hecho hincapié en la merma de recursos existentes en el puerto para controlar los embarques de vehículos y dar con aquellos empleados para el tráfico de estupefacientes.
Ante la carestía de agentes, ha dicho que únicamente tienen como ‘arma’ de detección al can antidrogas, ya que “el densímetro lleva roto mucho tiempo”.
Sin el perro, solo vale la intuición. Todo ello en un turno en el que pueden embarcar entre 300 y 400 coches. “Revisamos el que nos infunde sospechas, no se revisa ni la cuarta parte, ni la mitad. A ojo es muy difícil”, ha explicado.
Una forma de trabajar muy distinta a la que se da en Algeciras, en donde “tienen todo el tiempo del mundo” para registrar los vehículos que desembarcan. “No tienen la presión de los horarios de las navieras porque si el barco no sale a su hora se quejan a la Delegación del Gobierno y esta, al teniente coronel”, ha expuesto.
Preso por la ‘ATAM-Macetero’
Este agente ahora mismo está privado de libertad por supuestamente servir a dos entramados delictivos que pasaban hachís en vehículos dotados con dobles fondos. Droga previamente introducida por la frontera sobornando a aduaneros marroquíes o por el narcotúnel.
Hoy también ha declarado como testigo otro guardia civil preso preventivo por la operación ATAM-Macetero, ya que supuestamente servía a organizaciones para dejar pasar coches cargados de hachís.
Él también ha indicado que sin perro es difícil dar con la droga. Ha reconocido a preguntas de la Fiscalía que está investigado por tráfico de drogas y que sus funciones eran las mismas que el agente acusado en este procedimiento.
Estos dos son los únicos guardias civiles que han declarado como testigos estando privados de libertad, dándose la circunstancia de que están privados de libertad. Y lo han hecho para describir un puerto falto de medios en donde todo recae sobre las espaldas de los agentes. Ahora están implicados en procedimientos de tráfico de drogas.
Investigación de la Policía Judicial, cómo comenzó
Hoy se ha contado con las declaraciones de guardias civiles que de una u otra manera participaron en esta investigación que fue dirigida por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Ceuta.
El responsable de la misma ha declarado que se inició la investigación después de que un preso preventivoapuntara a un guardia civil, mediante reconocimiento fotográfico, como la persona que actuaba en connivencia con quienes preparaban pases de droga en vehículos.
Esa toma de declaración no se hizo coaccionando al preso, sino porque quiso voluntariamente declarar señalando al agente que presuntamente facilitaba los embarques con droga.
A partir de ahí, Policía Judicial investigó viajes de los imputados en la ruta Ceuta-Algeciras, a personas, vehículos y se analizaron teléfonos.
Los pases investigados y las coincidencias
El responsable de Policía Judicial ha indicado en una declaración ofrecida por videoconferencia que no se le hizo ninguna investigación patrimonial al guardia civil detenido ni tampoco en su casa se encontró dinero durante el registro efectuado.
Los alijos que lograron intervenirse y que obran en este procedimiento lo fueron el 10 de marzo, día en el que se detuvo a J.E.K.M. con casi 20 kilos de hachís. Había acudido al embarque una hora antes de lo acordado. El guardia civil acusado en este asunto no había entrado todavía de servicio. Hoy ha señalado al efectivo del Instituto Armado como colaborador en el favorecimiento de los delitos.
La Guardia Civil cree que había llevado a cabo casi una decena de pases de narcóticos con anterioridad sin ser sorprendido. En todos los embarques que hizo conduciendo un coche o una moto estaba de servicio el agente acusado.
Los 90 kilos que llegaron a Algeciras
El 2 de junio se detuvo en Algeciras al llamado H.A.H. con 90 kilos de hachís. Había embarcado estando el guardia civil acusado de servicio.
Este acusado ha señalado en la vista oral celebrada este martes al agente como cooperador.
