La Oficina de Extranjería es la que dio la voz de alarma. No era normal no solo el aumento de peticiones de autorización de residencia presentadas en Ceuta por extranjeros amparadas en circunstancias excepcionales por arraigo para la formación, sino tampoco que quienes supuestamente habían sido formados en una academia no supieran ni siquiera hablar español.
Difícilmente se podía acreditar con un certificado haberse formado si no se sabe hablar ni escribir en ese idioma para seguir las clases o responder a los cuestionarios tipo test presentados. Pero lo acreditaron y eso fue lo que hizo levantar todas las sospechas.
Durante más de un año, los agentes de la UCRIF de la Policía Nacional han estado colocando las piezas oportunas hasta armar este rompecabezas bautizado como Operación Tetuán.
Del conjunto de todos los indicios obtenidos, la Policía concluye que no se está ante “meras irregularidades administrativas que pueden ser subsanables”, sino ante una “forma de actuar coordinada para lograr el enriquecimiento mediante la expedición de documentos falsos” a marroquíes.
Una “empresa criminal activa”
Da cifras, tal y como se recoge en la investigación judicializada a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta. La UCRIF habla, en este caso, de ganancias que se elevan a casi 76.000 euros en base a una actividad que no duda en etiquetar de propia de una “empresa criminal activa” conformada por “una pluralidad de integrantes”.
El asunto está judicializado en el Juzgado de Instrucción número 6 que, poco antes de la Semana Santa, ya empezó a tomar declaración a varios de los investigados, tal y como adelantó este medio.
Las irregularidades se producían con cursos de formación impartidos a ciudadanos extranjeros para que lograran la residencia por arraigo para la formación. Cursos en una empresa de limpieza en la que se tenía que desarrollar la fase práctica, mientras que la teórica se llevaba a cabo en la academia.
Este miércoles los agentes detuvieron a 4 personas. Evitaron llamar la atención, mostrando un excesivo celo, sin dispositivos formados ni agentes uniformados.
Policías de paisano esperaron a que dos de los detenidos salieran de sus casas a primera hora de la mañana para llevarlos, en coche camuflado, a la Jefatura.
Otros agentes, mientras, acudían a la academia Proceuta para hacer lo mismo con una tercera investigada -la única mujer-, mientras que el cuarto detenido se presentó voluntariamente en las dependencias del Paseo de Colón junto a su abogada.
En libertad con cargos
Todos están en libertad, pero investigados por su presunta relación con delitos de organización criminal, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y los derechos de los trabajadores.
Se trata del responsable (administrador único) de la academia Proceuta, dos de sus trabajadores (una de ellas su apoderada) y el responsable de una empresa de limpieza.
La Policía habla de “organización y ejecución”, con individuos que se reparten roles y tareas bien definidas como la captación de clientes, intermediación y traducción, el cobro de dinero o la provisión de documentos falsos creando una apariencia de legalidad.
Y además haciendo esas funciones no de manera ocasional “sino en el tiempo”.
Modus operandi, pagos de 1.400 euros
La UCRIF no solo recoge en la Operación Tetuán el modus operandi para desarrollar lo que considera un fraude, sino que mantiene que quienes optaron a esos cursos, es decir, los alumnos, de Marruecos, se concertaron para, previo pago de 1.400 euros, obtener esas certificaciones para acceder a la tramitación de un permiso inicial de residencia y posteriormente, en su caso, un permiso de residencia y trabajo.
Lo hacían gracias a la documentación emitida en Proceuta, ya que, de no ser así, no hubieran podido obtener permiso alguno dada su situación administrativa de irregular en España.
La UCRIF mantiene que los alumnos eran conscientes de que lograban esas certificaciones de manera fraudulenta “dado que no recibieron ninguna formación real, tan solo guardaban apariencia de recibir la misma, acudiendo de forma esporádica al centro de formación”.
Sólo después de las inspecciones realizadas al centro desde la Delegación Provincial del Ministerio de Educación, los responsables de Proceuta obligaron a algunos de los alumnos a acudir para evitar ser sorprendidos por nuevas inspecciones.
Las consecuencias del fraude
Para la Policía, el haber obtenido una resolución favorable ocasiona un perjuicio al interés general, pero también económico por obtener de manera indebida recursos y ayudas públicas.
También institucional, al permitirse una libertad de movimientos no solo por el territorio español sino por todos los países Schengen y el cruce libre de fronteras con Marruecos.
El perjudicado de estas actividades ilícitas es el propio Estado. En esta investigación hay 54 ciudadanos extranjeros investigados por presunto delito de falsedad documental: 6 investigados no detenidos, 27 detenidos y libres con cargos, mientras que 21 están no localizados.
La Policía los incluye en esta trama, aunque buena parte de sus abogados han formulado presentación como acusación particular en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6 porque los consideran víctimas, estafados. Cuando declararon en la sede policial lo tuvieron que hacer con intérprete y la lectura de derechos se le facilitó en árabe.
¿Qué es la figura del arraigo para la formación?
Gracias a la figura del arraigo para la formación, extranjeros en situación irregular en España pueden obtener una autorización de residencia durante 12 meses, siempre que cumplan requisitos, y entre ellos figura comprometerse a realizar una formación reglada para el empleo o a obtener un certificado de profesionalidad, entre otras.
Una vez se consigue esa formación, el interesado puede presentar una solicitud de autorización de residencia y trabajo ante la Oficina de Extranjería con un contrato de trabajo, demostrándose haber superado esa formación.
Extranjería puede conceder entonces autorizaciones de 2 años para trabajar en el ámbito en el que se ha formado.
Qué sucedió, el Ministerio de Educación y las irregularidades
La academia Proceuta pidió al Ministerio de Educación dos acciones formativas presenciales para conceder certificados de limpieza de superficies y mobiliario en edificios locales.
Los cursos debían impartirse en fase teórica y práctica tanto en la academia como en una empresa de limpieza.
El Ministerio solicitó a Proceuta que subsanara irregularidades al haber detectado errores en las solicitudes. De hecho, puso en conocimiento de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio un informe poniendo de manifiesto las irregularidades detectadas cometidas por Proceuta.
Desde el Ministerio se cursó visita a la sede, ubicada en el conocido como barrio de las Latas, en el puerto, comunicando ya en mayo de 2024 que no era posible autorizar el periodo de prácticas.
¿Abierta la academia el día del final de Ramadán?
Además, se comprobó que los alumnos no entendían español, por lo que era imposible que hubieran adquirido conocimientos teóricos. A pesar de ello, habían terminado y aprobado la formación.
Las personas que acudieron a Extranjería a solicitar residencia excepcional por arraigo para la formación presentando documentos de la academia Proceuta llamaban la atención porque, por ejemplo, no sabían español, tenían dificultad incluso para escribir o para comprender lo que se les decía.
Hay casos en los que tenían la titulación de un curso, pero la Policía no los ha encontrado en el listado de alumnos. Otros en los que declaraban que iban a la formación en turno de tarde, pero en cambio sus supuestas firmas y asistencias constan como de mañana.
En toda esta maraña de incongruencias a la Policía le llamó poderosamente la atención un dato que consideran “indicio muy relevante”. Los alumnos manifestaron haber acudido a clases, presentan documentos y firma de ello, incluso el mismo día de la celebración del final del Ramadán, festivo en Ceuta y con todos los establecimientos cerrados, también la academia.
Otros documentaban clases de prácticas que no se habían llevado a cabo porque no consta altas en la seguridad social, como es el caso de un alumno que indicó haber cumplido esa fase en una cafetería propiedad también del responsable de Proceuta.
“Si realmente acudieron en alguna ocasión a la sede de la academia Proceuta sería con el único propósito de mantener una apariencia de legalidad ante la posibilidad de que hubiera una inspección”.
Certificados falsos y certificaciones de prácticas en la misma línea.
Alerta en la Seguridad Social
En el transcurso de la investigación los policías de la UCRIF constataron que la empresa de limpieza tampoco cumplía con los requisitos para dar de alta a los alumnos de Proceuta.
Los alumnos no tenían ningún número de la Seguridad Social a modo de identificación. Ni estaban afiliados al sistema ni tenían vida laboral. Así lo pudo corroborar la UCRIF. Para los agentes se está ante una organización criminal perfectamente estructurada y con reparto de tareas.
Mantienen los agentes que se lucraban mediante la promesa de lograr regularizar su situación administrativa en materia de extranjería en España. Esas personas, en situación irregular, figuraban como alumnos inscritos para la realización de un curso formativo cuyas certificaciones y diplomas “emitidos falsamente”, permitirían su regularización.
El resultado es la obtención fraudulenta de esa autorización de residencia. Mantiene la Policía que los cursos nunca se impartieron, ni tampoco hubo intención de hacerlo. Solo había una entrega de dinero a cambio de documentación con vistas a obtener esa regularización.
Se habría estado trabajando de manera concertada desde abril a octubre de 2024, aprovechándose de ciudadanos extranjeros que terminaron logrando un permiso previo pago de 1.400 euros por un curso que no era tal, sino una tapadera.
Los supuestos alumnos no sabían español, pero declaraban haber recibido un material de estudio, aunque no fuera cierto. No les daban un libro porque no sabían leerlo, sino un cuaderno en blanco y una bata.
Los exámenes que Proceuta presentó en el Ministerio como hechos por el alumnado eran nominales. ¿Cómo podían entender las preguntas si no sabían español? Ese requisito nunca se cumplió. Esa matrícula, sostiene la Policía, “tenía como única finalidad servir de cauce imprescindible y necesario para la regularización de todas las personas que estaban en situación irregular”.
