España y Marruecos han proclamado este jueves que sus relaciones bilaterales atraviesan «el mejor momento» de su historia tres años después del «punto de inflexión» que supuso, en abril 2022, el espaldarazo del presidente español, Pedro Sánchez, al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Tras la comparecencia no ha habido alusiones a Ceuta y Melilla, ni tampoco preguntas de los medios, pero se ha valorado la apertura de los pasos.
De igual manera se ha recalcado la importancia de la lucha contra la inmigración irregular o el aumento de las conexiones aéreas y portuarias.
Ese clima de buenas relacionesha sido expuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, el español José Manuel Albares, y el marroquí Nasser Bourita, en una declaración conjunta tras el encuentro que han mantenido en Madrid.
Albares se ha referido a su homólogo como su «buen amigo», destacando los «excelentes vínculos» que unen a los dos paísesy ha subrayado que los compromisos adquiridos hace tres años por ambas partes se están cumpliendo «a buen ritmo», destacando avances en materia de lucha contra la inmigración irregular y también en el ámbito comercial.
EFEBourita, ha hablado de una «nueva etapa» en las relaciones hispanomarroquíes y ha vuelto a definir el plan marroquí de autonomía para la excolonia española como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto.
Confianza y respeto
De su lado, el ministro marroquí ha destacado que ese giro, concretado en la entrevista que Sánchez mantuvo con Mohamed VI el 7 de abril de 2022 en Rabat, supuso un «punto de inflexión» y que la relación que ahora mantienen los dos países es un «ejemplo a seguir» a la hora de enfrentar los «desafíos» actuales.
Así, se ha congratulado de la «confianza» que se ha generado entre ambas partes. «Antes había crisis periódicas porque no había tanta confianza ni canales para la comunicación», ha relatado, poniendo en valor que ahora ambos países se tratan con «respeto muto» y trabajan «como aliados» para «encontrar soluciones a los problemas».
Buenas relaciones con Marruecos
Tras la comparecencia los dos ministros han puesto de relieve las buenas relaciones existentes, poniendo de manifiesto el nivel de inversiones que se están gestando entre ambos países, así como las mejoras en el ámbito educativo que se han materializado en el inicio de construcción de un nuevo colegio.
Se ha destacado la importancia de este encuentro, además, en un día como este Jueves Santo que es festivo, algo que ha sido alabado por el mandatario marroquí.
Las crisis que hubo antes entre ambos países también han sido referidas en este encuentro, haciendo hincapié en la hoja de ruta que se ha cumplido con posterioridad y los intercambios comerciales que han superado los 23.000 millones el pasado año.
Inmigración, Mundial…
En el encuentro se ha hecho mención a grandes temas como la colaboración en materia migratoria, las relaciones comerciales o los preparativos para el Mundial de fútbol de 2030.
Albares y Bourita se han referido a la nueva hoja de ruta y al trabajo conjunto para evitar que haya acciones unilaterales.
Ambos titulares han mostrado su aprecio a las buenas relaciones que marcan la actual situación en los dos países animándose a mejorarlas y avanzando en temas que son de común interés para ambos.
España y Marruecos abordarán este jueves el “excelente” estado de sus relaciones en un encuentro confirmado hoy mismo por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sobre la mesa hay varios temas que analizar, algunos afectan directamente a Ceuta como es lo relativo a las relaciones comerciales alcanzadas tras la apertura de la aduana comercial.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá con su homologo marroquí, Nasser Bourita, para «celebrar”, se insiste, “el excelente estado» de las relaciones bilaterales entre los dos países y trazar un balance de «los avances en la aplicación de la hoja de ruta» acordada entre España y Marruecos en 2022.
Inmigración, seguridad y cooperación ante la dana
Este encuentro entre Albares y Bourita, señala el Ministerio de Exteriores, abarcará diferentes temáticas en materia de cooperación, como asuntos migratorios, económicos, comerciales y de seguridad.
Además, la reunión bilateral será una ocasión para «agradecer» a Marruecos «por la ayuda prestada tras el desastre de la dana«. Ambos harán una declaración ante los medios en la sede del Ministerio, en el Palacio de Viana.
Encuentros políticos
De esa forma, el titular de Exteriores vuelve a reunirse con representantes del Gobierno marroquí tras participar individualmente en diciembre de 2023 a la cumbre bilateral en la capital Rabat y tras acompañar en febrero de 2024 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su quinto viaje a Marruecos.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación africana y marroquíes en el extranjero, Nasser Bourita, vuelve a España de visita oficial tras el último encuentro con el entonces ministro de Exteriores en funciones Josep Borrell, que se celebró en territorio español en noviembre de 2019.
Aduanas, Ceuta y Melilla
Una carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI de Marruecos puso fin hace ahora tres años a la grave crisis bilateral y abrió una nueva etapa en la relación que desde el Ejecutivo tildan de «extraordinaria» y «sin precedentes» y que ha tenido por el momento, al margen del refuerzo de la cooperación en materia antiterrorista y migratoria, en la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla su principal hito, aunque aún limitado.
En aquella misiva, cuyo contenido desveló Rabat, Sánchez sostenía que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, que Marruecos presentó en 2007, constituía «la base más seria, creíble y realista» para solucionar el contencioso, alineándose así con la tesis de la marroquinidad de la antigua colonia española manifestada en diciembre de 2020 por la Administración de Donald Trump y plegándose a los deseos del reino alauí.
La tormenta política que se desató en España, con los socios de coalición y parlamentarios unidos con la oposición encabezada por el PP condenando el giro en lo que era la postura tradicional de neutralidad española y de apoyo a las resoluciones de la ONU, todavía no ha sido acallada, pero eso no ha hecho al Gobierno dar marcha atrás en su apuesta estratégica por hacer las paces con Marruecos.
Cooperación y narcotúnel
En materia de cooperación que afecta directamente a Ceuta se incluye la contención de inmigrantes que intentan cruzar a la ciudad por el vallado o las campañas de localización de personas que instan, a través de mensajes en redes sociales, a cruzar a nuestra ciudad.
Recientemente se ha llevado a cabo la que sin duda es la operación de mayor envergadura en materia de narcotráfico realizada por la Guardia Civil que culminó con la localización de un narcotúnel y la petición a Marruecos para la cooperación.
Reuniones y hoja de ruta
El 7 de abril de 2022, Sánchez aterrizaba en Rabat para reunirse con Mohamed VI y escenificar el fin de una crisis que vino motivada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento de COVID-19 en abril de 2021 pero que Marruecos aprovechó para forzar un cambio en el posicionamiento español respecto a la antigua colonia.
De esa cita salió una hoja de ruta, que se revalidó en la Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat en febrero de 2023, en la que se fijaban una serie de objetivos y metas a cumplir, pero de cuya implementación apenas han trascendido detalles por parte de los dos gobiernos.
El Ministerio de Interior ha publicado este martes su informe quincenal de Inmigración Irregular 2025, con datos acumulados del 1 al 15 de abril, informando sobre 3 inmigrantes llegados a Ceuta por vía marítima y 437 por vía terrestre, incluyendo los espigones.
Con datos acumulados provisionales hasta el martes 15 de abril de 2025 y comparándolos con el mismo periodo de 2024, Interior indica sobre las entradas por vía marítima un aumento del 300% con 3 ingresos en 2025 sobre ninguno en 2024.
En el documento también se habla de 437 entradas irregulares por vía terrestre, que dentro de lo que igualmente se contempla la ruta de los espigones. Esto frente a 901 entradas registradas en 2024, lo que se traduce en 464 personas menos, para un -51,5%.
La situación en el transcurso de 15 días
De acuerdo con lo que se establecía en el informe anterior, es decir, el informe quincenal con datos acumulados hasta el 31 de marzo de este año, el número de inmigrantes llegado a Ceuta por mar se mantiene igual con un total de 3.
Sin embargo, los ingresos por la vía terrestre plantean un escenario diferente, pues en el documento anterior se hablaba de 340 hasta la fecha señalada, lo que significa que en los 15 días de diferencia que separan ambos reportes, habrían entrado a la ciudad autónoma de manera irregular y bajo esta ruta 97 personas.
Ceuta, con la mayor parte
Sobre las cifras combinadas de ambas ciudades autónomas, Interior da cuenta de un total de 480 en 2025, frente a las 908 registradas hace un año, lo que se traduce en 428 entradas menos, es decir -47,1%.
Ceuta abarca la mayor parte de las entradas irregulares a las dos ciudades autónomas, de acuerdo con lo que señala el Ministerio de Interior en su informe. Aunque con una tendencia a la baja respecto al año pasado, al registrar 437 por vía terrestre, un 51,5% menos que en 2024, cuando hubo 901; y tres en la vía marítima, un 300 % más que hace 12 meses, cuando aún no se había dado ninguna llegada.
En líneas generales, en España se han contabilizado hasta el momento un total de 13.390 entradas irregulares, lo que supone un descenso del 23,8 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto en función de los datos que han sido aportados por el Ministerio de Interior.
La situación en Melilla
En el caso de Melilla, las entradas irregulares de migrantes han sufrido un aumento calculado en un 514,3% en lo que va de año como consecuencia del repunte de la vía terrestre.
En el caso de la vía marítima, el reporte indica que se mantiene igual, según los datos oficiales del Ministerio del Interior.
Este informe quincenal de inmigración irregular, publicado este miércoles indica que hasta el 15 de abril han sido 43 los migrantes que han conseguido entrar a Melilla por vía terrestre, frente a los siete que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado, por lo que la cifra se ha sextuplicado.
En cambio, en la vía marítima la tendencia se mantiene sin cambios, ya que en los primeros tres meses y medio de 2025 solo se ha contabilizado una entrada irregular, al igual que en el mismo periodo de 2024.
Otros datos del informe
En el documento también se refleja que las llegadas irregulares de inmigrantes a Canarias han caído en un 25 % en lo que va de año, comparadas con el mismo periodo de 2021, al llegar un total de 3.215 personas menos que el año anterior y descender de los 14.027 los registrados entre enero y el 15 de abril.
Igualmente, ha descendido, en un 9,7 %, el número de personas que han llegado de forma irregular por mar a la península y a las Islas Baleares, al llegar 2.391 en lo que llevamos de 2025 frente a las 2.647 del mismo periodo de 2024.
Hace tan solo unos días se le dio luz verde al decreto ley que promete aliviar la situación de “sobreocupación” de menores en Ceuta. Previa a la jornada de votación del mismo, distintas voces políticas se pronunciaron al respecto.
Ya publicado en el BOE, ha sido Alejandro Ramírez, consejero de Fomento, el que ha reaccionado al respecto y el que ha insistido en que el Gobierno local está conforme con la aprobación. A su vez, ha revelado que su expectativa es que no se produzca algún intento de bloqueo del reparto por parte de alguna comunidad autónoma.
Ha asegurado que “entiende” que las regiones que “no estén de acuerdo” con la modificación efectuada en la Ley de Extranjería están “en su derecho” a acogerse a los procedimientos pertinentes para frenar la medida. Sin embargo, estima que deberían tener en cuenta el escenario actual que atraviesa la ciudad antes de tomar ese camino.
Situación conocida
“La Ciudad, desde el inicio de la problemática con los menores, ha instado a las regiones en las diferentes conferencias sectoriales y reuniones celebradas a que comprendan la situación de Ceuta y que apliquen el principio de solidaridad, ya que creemos que es una cuestión necesaria”, ha recalcado.
Ha señalado que, de darse este supuesto, desde el Gobierno local “poco pueden hacer” y que “cada uno tiene capacidad para utilizar los mecanismos que marcan la norma para ir en contra del decreto ley”. Ya hay varias comunidades autónomas que han anunciado un recurso al Constitucional contra el decreto al considerar que invade sus competencias.
Sin embargo, Ramírez ha matizado que al tratarse ya de una norma más que definida, todas “tendrán que acatarla dentro de su marco legislativo sin ninguna duda, salvo que se dé una sentencia que la modifique”.
Conforme con el decreto ley
Ramírez ha alegado que la Ciudad está conforme con la decisión del Ejecutivo central en esta materia ya que, desde primera hora, han demandado el desarrollo y puesta en marcha “de cualquier tipo de medida por parte del Gobierno de la nación para llevar a cabo un reparto equitativo de menores”.
“Desde que ha sido aprobada la reforma el presidente Juan Vivas ha estado en contacto con los dos ministros involucrados en la gestión del asunto, que son el de la cartera de Política territorial y de el de Juventud e infancia. Mantiene con ambos una relación fluida desde el año pasado”, ha mencionado.
“Esperamos que, si en la próxima mesa sectorial del 28 de abril no se llega a un acuerdo, se aplique de forma inmediata lo que recoge el decreto. En el caso específico de Ceuta y Canarias supondría el reparto entre diferentes regiones”, ha comentado.
400 menores
La ciudad traspasaría en ese momento a “la totalidad de los menores que actualmente generan sobreocupación”. Los cálculos señalan que en este proceso serían trasladados en torno a cuatrocientos.
Ramírez ha indicado que las cifras continúan en unos índices altos, en concreto, en un 75% del uso de los recursos de emergencia y en una congestión que alcanza el 400%. “Se va a celebrar este encuentro y el objetivo del mismo es analizar el propio decreto ley, así como poner en práctica los distintos mecanismos que recoge el documento”.
“Como ocurre con cualquier otra norma, será necesario dictar un reglamento que desarrolle la misma en profundidad. Sobre ese tema, es cierto que no tenemos información específica en mayor detalle. Una vez que este se determine, y si existe un acuerdo, habría que esperar a que el Ministerio sea el que ejecute cuanto antes el decreto ley”.
Ramírez ha asegurado que, según las informaciones remitidas al Gobierno local, la intención es que la distribución de menores se lleve a cabo antes del inicio del verano. “Nosotros, como es evidente, esperamos que esto suceda cuanto antes, más que nada por la sobreocupación que sigue manteniendo Ceuta”.
Ese decreto ley recoge medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias y fue convalidado esta misma semana por 179 votos a favor, 170 en contra y una abstención. Vox y PP fueron las únicas formaciones que se opusieron a esa norma.
La medida afecta a 4.000 menores atendidos en Canarias y 400 en Ceuta, que serán los que protagonizarán los traslados a las distintas autonomías de acuerdo con el nivel de ocupación y la capacidad de atención que estas tengan.
Sectorial de Infancia
El 28 de abril se ha fijado la celebración de una sectorial de Infancia y Adolescencia precisamente para concretar cómo se ejecutarán esos traslados, atendiendo a los datos facilitados por las comunidades autónomas, salvo las rebeldes como Madrid o Extremadura, que han sido imprecisas, o Aragón, que no los ha aportado.
El Gobierno ha insistido en que no está aplicando criterios políticos para ese reparto, sino que se tienen en cuenta otros parámetros.
Los criterios seguidos
El mayor peso corresponde a la población (50%), y a continuación figuran parámetros como la renta per cápita de cada territorio, su nivel de paro y la diferencia entre las plazas disponibles y el número ideal que cada sistema debería tener (según un cálculo del Ministerio de Juventud e Infancia). Estos suponen un 13%, respectivamente.
Un 6% del reparto dependerá del número de menores acogidos en cada comunidad en los últimos 6 meses (a mayor esfuerzo, menos menores se trasladarán) y otro 2% irá en función de la dispersión demográfica. La norma señala que el resto deberán viajar a territorios “no insulares” y que “no sean frontera”.
Los pasos a seguir
De momento una vez obtenido el respaldo político se tendrán que sentar las bases para organizar los traslados de menores.
En el caso de Ceuta, son más de 420 los que están acogidos en los diferentes recursos habilitados por la Ciudad. Algunos en naves del Tarajal, puntos impropios que han dado pie a problemas de conducta y enfrentamientos. El propio Gobierno local ha reconocido la tensión en sus centros producto de esa sobreocupación.
Tras la sectorial se concretarán las fases de esos traslados, con vistas a que territorios como Canarias y Ceuta puedan recuperar las cifras de acogida previas a los repuntes vividos el pasado verano.
Los problemas con territorios como Baleares
Al Gobierno central le ha salido un sarpullido en territorios como Baleares, que ya ha anunciado la presentación de un recurso contra esos traslados ante el Tribunal Constitucional.
Es una postura a la que se pueden ir sumando otros territorios y que evidencian el rechazo a acoger a menores llegados tras bordear fronteras, a pesar de que se trate de un asunto de competencia nacional que está repercutiendo en territorios concretos como es el caso de Ceuta por ser frontera sur.
Melilla, a través de su presidente Juan José Imbroda, también se mostró crítico con la acogida de menores derivados de otros territorios, a pesar de que la ciudad hermana ha vivido momentos de importante presión y puede exponerse a un verano similar al de Ceuta.
El propio portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, no fue crítico con la postura de la ciudad hermana, pero sí dejó claro que Melilla, como ahora Ceuta, puede verse afectada por repuntes migratorios lo que le llevará a tener que pedir auxilio a otros territorios.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recalcado este viernes que la tutela de los menores inmigrantes no acompañados que se distribuyan desde Ceuta y Canarias al conjunto de regiones y ciudades autónomas españolas es siempre de las comunidades y no del estado, así como la de los que tengan derecho a asilo.
El ministro canario ha calificado como “un hito histórico” el resultado de la votación de este real decreto ley porque, según ha dicho, responde a “una reivindicación de 30 años por parte de los territorios fronteras, no sólo Canarias, sino también Ceuta, Melilla, en su momento Andalucía, Baleares, Murcia y otros lugares, y da respuesta a cualquier territorio que entre en una contingencia migratoria”.
Agradece el voto afirmativo de los partidos
Torres ha agradecido el voto afirmativo que han dado nueve grupos políticos y la abstención de otro, al tiempo que ha lamentado el voto en contra de dos: “el de la ultraderecha de Vox, que pretende que se devuelva a estos menores a sus países, cosa que impide el derecho internacional, o que se queden confinados en los territorios frontera, lo que va en contra del derecho del menor, y el del PP”.
A su juicio, el PP, y más concretamente, los seis parlamentarios canarios de ese partido, que cogobierna Canarias, “deberían haber votado en conciencia”, como cree que hubieran hecho si hubiesen tenido libertad de voto “porque saben la importancia de la medida y seguro de que la comparten”.
“Fueron votados en las islas para defender los intereses de los canarios, que piden también mayoritariamente que esos menores que están en estos momentos hacinados en centros de muchos municipios del archipiélago estén en condiciones dignas”, ha aseverado.
Responder solidariamente
El titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha apostillado que, desde este jueves, cuando un menor llegue a cualquier lugar de España, “llega a este país y todos tenemos la obligación legal de responder solidariamente a esa realidad”.
Además de preguntar a las comunidades del PP que han anunciado que llevarán este real decreto ante el Tribunal Constitucional “para paralizarlo, cuál es la alternativa” que plantean, Torres ha advertido a las que dilaten la aceptación de estos menores e incumplan los plazos y criterios de distribución que se acuerden el 28 de abril -en la próxima sectorial de Infancia- que el Estado actuará “en función de lo que establece el procedimiento administrativo, jurídico y judicial”.
“Espero que eso no ocurra, porque se podría incurrir, incluso, en responsabilidades penales, espero que no lleguemos ahí”, ha manifestado.
Derecho a asilo
Preguntado por el millar de menores inmigrantes que permanecen en Canarias y que, según el reciente fallo del Tribunal Supremo, tienen derecho a asilo u otra protección internacional, el ministro ha abogado por que se aplique, dado su hacinamiento y en los casos que lo permitan, el mecanismo de derivación que establece el real decreto ley por el que se ha modificado la Ley de Extranjería, respetando, además, siempre sus derechos como menores que son.
“El auto es claro, no entra a hablar de la tutela y, en ningún caso, dice que tengan que salir o quedarse en Canarias, tendremos que hacerlo caso a caso, lo que también comparte el Gobierno canario, estamos hablando de menores que llevan años en las islas, están escolarizados, tienen su núcleo familiar y amigos, unos 500 están federados como futbolistas, otros en otros deportes, integrados”, ha referido.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se le condena como autora criminalmente responsable de un delito de provocación a la discriminación y odio a las penas un año de prisión. Además, se le pena a una inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de seis meses, de con una cuota diaria de seis euros.
A Peralta se la juzgó la semana pasada como consecuencia de un discurso que lanzó contra la inmigración en una manifestación ante la Embajada de Marruecos que tuvo lugar en mayo de 2021. En el juicio, mantuvo que sus palabras contenían un «mensaje político» contra las instituciones marroquíes y españolas por permitir el asalto masivo de la frontera de Ceuta que se produjo en aquellas fechas a raíz de un conflicto diplomático entre Marruecos y España.
Durante la protesta, según los hechos probados, Peralta repitió algunas de las consignas que coreaban los concentrados, como «No es inmigración, es una invasión», «Contra el Islam, lucha radical». Los concentrados aplaudieron el discurso, mientras gritaban otras consignas tales como: «España cristiana y no musulmana» y «Bastión Frontal», exhibiendo las banderas propias del grupo».
Delito de incitación al odio
Los magistrados consideran en la sentencia que los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de provocación a la discriminación y odio.
Esgrime la Sala que tal incitación resulta concurrente en la expresión: «Por eso no os vengáis abajo, que las represalias, que la policía, que la represión y que las multas no sean absolutamente nada, porque hace menos de doscientos años, los jóvenes españoles como nosotros, se enfrentaron a ellos cara a cara y daban la vida, la dieron Flandes, la dieron en el Sáhara, y la dieron donde hiciera falta porque no hay trozo de tierra sin una tumba española, por eso les vamos plantar cara y vamos a luchar contra ellos porque no vamos a dejar que nos invadan, ¡Muerte al invasor! «.
Según el fallo, «la acumulación de eslóganes coreados con un contenido que resulta globalmente descalificador y denigratorio del colectivo, pero que se encuentra dentro de los límites de la argumentación política, experimenta un cambio cualitativo en la parte final del discurso, en el que, con referencia a episodios de combates históricos, se concluye con un llamamiento a plantar cara, a luchar contra ellos para impedir la invasión, y se grita ¡Muerta al invasor!».
EFE
La Sala destaca que «resulta irrelevante que otros grupos o personas también convocaran concentraciones frente a la Embajada de Marruecos para protestar por los mismos hechos», ya que afirma que «no se sanciona la convocatoria, ni tampoco la manifestación ni la participación en la misma, sino las expresiones vertidas en su seno».
«Las expresiones proferidas son suficientemente elocuentes como para hacer innecesario razonar sobre su intrínseco contenido denigrante e intimidatorio, que resulta objetivamente demostrativo de la intención de la acusada de lesionar la dignidad de los destinatarios», arguye.
Apremiar a la violencia
El fiscal solicitaba 42 meses de prisión para Peralta por delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de provocación a la discriminación y odio. Se le acusa de «apremiar a la violencia y hostilidad» como consecuencia de sus prejuicios hacia los colectivos de marroquíes y musulmanes.
Para la Fiscalía, sus manifestaciones «han producido un gran desasosiego y un impacto negativo entre los miembros del colectivo migrante, así como las personas que profesan el Islam, constituyendo además un atentado a la dignidad de las personas destinatarias, mediante la difusión de prejuicios y estereotipos negativos».
“Lo advertimos y no nos hemos equivocado”, adelante Juan Sergio Redondo que habla de llegadas de “decenas de menores marroquíes a Ceuta el mismo día en el que se debatía en el Congreso la aprobación del real decreto que permite el reparto de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) por otras comunidades a criterio del Gobierno”.
No llegaron decenas, llegaron 7. Y el día anterior, 5. Lo que este medio publicó es que decenas de inmigrantes se echaron al mar para cruzar, entre adultos y sobre todo menores. Vox habla de “brutal” efecto llamada y alerta de que fijar por ley el traslado inmediato de estos menores “cronificará e incrementará el problema”.
“Cientos de MENA”
Para Redondo, ese efecto llamada “brutal” “no es nuevo”, ya que desde que el Ejecutivo del PP de Ceuta comenzó a reclamar ese traslado a otras comunidades “han sido cientos los MENA que han llegado a la ciudad”.
Además, el presidente de Vox Ceuta subraya que el Gobierno socialista “no para de incrementar este efecto con medidas como la aprobada en el Congreso”.
Y, en cuanto al PP, a pesar de que los populares votaron en contra del real decreto en la Cámara Baja, Redondo recuerda que “Vivas ha sido el principal instigador de esta medida incluso ante la oposición de su propio partido porque ha reclamado, por activa y por pasiva, que los menores salgan a otras autonomías”.
“No soluciona el problema”
“Lo hemos dicho en muchas ocasiones y la realidad nos está dando la razón: trasladar a los MENA no soluciona el problema, sino que lo reparte por toda la geografía nacional y Vivas es consciente de ello”, insiste Redondo.
“Por mucho que se empeñen en destruir Vox Ceuta, no dejamos de tener razón y quizá ahí este el empeño, en que saben que la tenemos”, apunta, sin concretar quiénes son los que quieren destruir Vox.
Redondo afirma que no cejarán “en el esfuerzo por señalar a los responsables del desastre. Sin miedo a nada ni a nadie”.
En esta línea, carga contra Vivas por “instigar una reforma que no sólo no aliviará la presión migratoria sobre la ciudad, sino que la va a incrementar como ya hemos podido ver este jueves y seguiremos viendo en los próximos días”, insiste.
La situación
La propia Guardia Civil indicaba ayer a este medio que la presión vivida en el mar la atribuían al temporal a pesar de esa coincidencia en la votación del Congreso.
Decenas de inmigrantes se echaron al mar para intentar llegar a Ceuta, lo que llevó a la Guardia Civil a tener que movilizarse de manera constante.
Muchos eran menores, fueron rescatados 7, otros quedaron en el mar o desistieron terminando en los arenales marroquíes.
Esperas en los arenales
Menores acogidos en los recursos de la Ciudad esperaban en los arenales las llegadas de otros menores. Ocurrió ayer y viene sucediendo desde hace tiempo, porque los propios que llegan conocen a los que ya están y, de hecho, contactan.
Ayer mismo en redes sociales asociadas a movimientos migratorios se colgaron vídeos que recogían no solo llegadas sino también salidas de las costas de Marruecos.
No es una imagen aislada, sino que se ha repetido en cuantiosas ocasiones como la de ayer tarde.
Decenas de inmigrantes se han echado al mar para intentar llegar a Ceuta bordeando el espigón del Tarajal. Durante toda la jornada, agentes del Servicio Marítimo han estado sacando a adultos, pero sobre todo menores, del agua evitando que perecieran ahogados.
La situación se ha ido complicando conforme avanzaba el día debido a las malas condiciones del mar. Eso, por un lado, animaba a nadadores marroquíes a buscar el cruce a España, pero a su vez podía convertirse en una trampa mortal.
A pie de terreno, componentes de la Guardia Civil lo atribuyen más, por su experiencia, a un tiempo adverso que conlleva este tipo de prácticas en muchos casos suicidas.
Localizando cuerpos en el mar
Los integrantes del Servicio Marítimo han ido localizando en el mar los cuerpos de jóvenes que, enfundados en trajes de neopreno y algunos con aletas, buscaban la manera de llegar a este lado de la frontera.
En algunos momentos ese rescate se complicaba debido a las dificultades para poder sacar a quienes estaban siendo arrastrados por el oleaje.
Se trata de una labor en la que el riesgo es evidente. Lo es para todos: para quienes tienen el papel de salvar vidas como para los que, estando en el mar, buscan a la desesperada el cruce, la huida del vecino país.
Apoyo de las patrullas en tierra
Los guardias civiles del Servicio Marítimo han llevado a cabo cuantiosas salidas durante todo el día, mientras que en tierra las patrullas iban apoyando procediendo a traslados de los nadadores hasta las casetas ubicadas en el espacio fronterizo.
Allí se ha contado con la presencia de voluntarios de Cruz Roja para la atención inicial y el reparto de mantas.
Algunos de estos inmigrantes han llegado por sus propios medios hasta los arenales, en donde esperaban los guardias civiles para hacerse cargo de ellos.
Menores acogidos en Ceuta esperando a recién llegados
En una de las ocasiones, a un joven enfundado en traje de neopreno que llegó hasta la playa le estaban esperando varios menores de los que la Ciudad tiene acogidos en los recursos de las naves.
No es una imagen anecdótica, muy al contrario. Los menores acogidos en Ceuta son contactados por quienes buscan la entrada, coincidiendo en ese espacio temporal y terrestre que hasta el momento les había estado separando.
Cuando las fuerzas flaquean…
Los guardias civiles han procediendo al traslado de todos los rescatados, mientras que en Marruecos seguían echándose al mar ante la ausencia de embarcaciones en sus costas.
En algunos casos, los nadadores que ya no podían continuar con su rumbo se veían obligados a quedar en los arenales del vecino país.
Durante toda la jornada varios jóvenes han estado saliendo desde distintos puntos de la costa marroquí al objeto de llegar a este lado del paso fronterizo. Componentes de la Guardia Civil han realizado rescates sin descanso en una frontera sur donde la presión no cesa, donde hablar de números es equivocarse porque tan solo se puede ofrecer una aproximación de todos los que buscan dejar atrás su país.
Al margen quedan las denuncias sobre desaparecidos, los hallazgos de cuerpos sin vida que ni siquiera logran ser identificados por la Guardia Civil y las historias personales que quedan rotas en un mar que separa dos vidas opuestas y hasta dos modos de control completamente enfrentados.
A la segunda fue la vencida. El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto-ley para la reubicación de menores inmigrantes no acompañados desde zonas con recursos tensionados, como Ceuta o Canarias, a otras comunidades en las que puedan recibir una mejor atención.
Tras un intenso de debate de meses en los medios y la amenaza de los gobiernos autonómicos del PP de llevar el texto al Constitucional, la medida ha salido adelante en la Cámara Baja. Finalmente, PP y Vox votaron en contra, mientras que el bloque de la investidura de Sánchez ha dicho que sí.
El acuerdo inicial del PSOE, Sumar y Coalición Canaria ha contado desde el primer momento con el respaldo del Gobierno de Ceuta, que considera que la Ciudad se encuentra desbordada y sin capacidad de acoger a más menores inmigrantes con unas mínimas garantías.
Cambios de postura
Aunque en las horas previas se daba por hecho que le reforma saldría adelante, los vaivenes de la legislatura y los cambios de postura de algunos de los grupos que habitualmente suelen apoyar al Gobierno (sobre todo Junts) hizo que los grupos prefirieran no lanzar las campanas al vuelo.
También había expectación por ver la postura que adoptaba el PP de Feijóo en esta votación, ya que la mayoría de comunidades que gobiernan los populares se han mostrado en contra de las “formas” que se han seguido para esta modificación. Finalmente, han votado negativamente al decreto-ley.
El gobierno autonómico del PP de Ceuta sí está a favor del decreto, viendo en el mismo una posibilidad de superar la saturación de los centros de menores de la ciudad.
La defensa del ministro Torres
El ministro de Política Territorial y Administración Pública, Víctor Ángel Torres, ha sido el que por parte del Gobierno defiende esta medida, con un discurso en el que ha recordado al expresidente canario Adán Martín, quien ya alertó en Europa hace 20 años de la presión migratoria a algunos territorios.
Por ello, ha reclamado “altura de miras” a los grupos para aprobar una medida que califica como “una histórica para una demanda histórica, pero justa”, ha sentenciado el ministro, quien justificó “más de un año de trabajo” para una ley “que no es la del verano, porque entonces era solo para Canarias, Ceuta y Melilla, ahora es para todos”, ha precisado.
El ministro ha pedido el apoyo de todos los grupos, incluido Vox “aunque me llamen iluso” y criticó que haya comunidades autónomas con cinco millones de habitantes que se sientan saturadas por atender a 600 menores. “Qué dirían ustedes de Ceuta, que atendió en 2024 hasta 867 menores de 84.000 habitantes”, se preguntó el ministro.
EFE
Agradecimiento al esfuerzo de Ceuta
Torres ha recordado que el real decreto ley establece que el Gobierno convocará una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia antes del 20 de junio, pero avanzó que será antes de esa fecha.
Calificó el decreto ley como una respuesta «definitiva, estructural y equilibrada» no solo para esta crisis humanitaria, sino también para «las que puedan venir», ya que de ella se podrán beneficiar en un futuro otras regiones.
En caso de que la reforma no llegara a aprobarse, el ministro cuestionó que “¿cuál es la alternativa, que esos niños se queden en Ceuta, Melilla o Canarias?”. En el turno de agradecimientos, Torres incluyó “el esfuerzo” que han realizado en atención a los menores los gobiernos de Ceuta, Melilla y Canarias.
Las razones del no del PP
Estaba por ver cuál sería la postura del PP, que finalmente no ha variado y ha anunciado su voto en contra de este decreto-ley. Su portavoz, Ana Alós, ha apuntado que la crisis migratoria se ha convertido en “crónica” y que “este parche” no va a solucionarla.
Ha reprochado al Gobierno del PSOE su “hipocresía en este asunto al criticar a las comunidades del PP mientras que el Estado asume a un millar de menores de Canarias porque el Tribunal Supremo les obliga”. Alós ha pedido a la izquierda que “no nos dé lecciones” y ha criticado que el Ejecutivo central no ha tenido como objetivo resolver los problemas de Ceuta y Canarias, sino “utilizar de manera partidista esta crisis”.
La diputada ha lamentado que los socialistas hayan cedido al “chantaje” de Junts a cambio de ceder a Cataluña más competencias. Respecto a la reforma planteada, Alós ha dicho que vulnera las competencias autonómicas sobre menores y envían más menores a Melilla que a Cataluña. “Esto no tiene un pase”, ha sentenciado antes de calificar el texto como “una chapuza administrativa”.
Solidaridad territorial y también recursos
La dirigente popular ha cuestionado también la partida económica de 100 millones que se ha anunciado para desarrollar el decreto y lo ha calificado como “un fondo fantasma”.
Ana Alós ha exigido que la solidaridad “vaya acompañada de recursos y ha afirmado que “la política migratoria más inhumana es la que no existe”, como la que en su opinión está aplicando el Gobierno central.
En Ceuta hay en la actualidad 420 menores extranjeros acogidos, un 400% por encima de la capacidad que puede soportar la ciudad. El 75% está atendido en establecimientos o recursos de emergencia que ha tenido que habilitar el Gobierno local.
Su portavoz, Alejandro Ramírez, ya comentó esta semana que “ojalá” la realidad que vive Ceuta con la sobrecarga asistencial de menores extranjeros “fuera entendida” por otras comunidades autónomas, ya que mañana pueden ser ellas las que se vean en una situación similar.
Algunos detalles del texto
El texto aprobado recoge que “resulta preciso posibilitar una redistribución de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de los territorios más saturados hacia otras comunidades y ciudades autónomas, que responda a una fórmula de solidaridad equitativa, que pondere el esfuerzo realizado por cada territorio en la atención a las personas menores de edad extranjeras no acompañadas”.
En otro de los párrafos se incluye que “se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada en aquellas comunidades o ciudades autónomas cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria”.
También se indica que el traslado a la comunidad o ciudad autónoma de destino “habrá de producirse en el plazo de 15 días naturales a contar desde la inscripción de la persona afectada en el citado Registro de Menores Extranjeros No Acompañados”.
EFE
Los criterios objetivos
Para determinar cuál será la ubicación de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las diferentes comunidades autónomas se seguirán una serie de criterios objetivos, que serán:
Un 50 por ciento de las niñas y niños en razón a la población de las comunidades o ciudades autónomas de acogida según los datos recogidos en la estadística continua de población.
Un 13 por ciento de las niñas y niños en razón a la renta disponible bruta per cápita de los hogares de las comunidades o ciudades autónomas de acogida, publicada por el INE.
Un 15 por ciento en razón inversa a la tasa de paro según la Encuesta de Población Activa del último cuatrimestre de las comunidades o ciudades autónomas de acogida.
Un 6 por ciento atendiendo al esfuerzo en atención a personas menores no acompañadas, valorando, en sentido inverso, el esfuerzo de la comunidad o ciudad autónoma en la atención a niñas, niños y adolescentes acogidos con base en los siguientes parámetros: promedio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados atendidos en los últimos seis meses; ratio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados por cada 100.000 habitantes de la población de la comunidad o ciudad autónoma.
Un 10 por ciento en razón inversa al dimensionamiento estructural de sistema de plazas de acogida estimado por el Ministerio de Juventud e Infancia. Se calculará en razón a la diferencia de plazas existentes con respecto al promedio deseable de disponer de una plaza por cada 2.500 habitantes.
Un 2 por ciento en razón a su realidad de ciudad fronteriza, estableciéndose una ponderación negativa a la Ciudad de Melilla del -100 % para atender a su situación fronteriza.
Un 2 por ciento en razón a la insularidad estableciéndose una ponderación negativa a Islas Baleares del -100 % para atender a su situación de insularidad.
Un 2 por ciento atendiendo a la dispersión de la población.
Reunión el próximo 28 de abril
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este jueves que reunirá el próximo 28 de abril a las comunidades autónomas para fijar las criterios de reparto de los menores migrantes que se encuentran solos, aunque ha advertido de que el Gobierno no cuenta aún con todos los datos que se han requerido a las comunidades.
Ha explicado que este real decreto contempla la celebración de una Conferencia Sectorial que el Gobierno va a convocar el 28 de abril y a la que llevará los criterios de reparto a pesar de que -ha asegurado- el Gobierno no tiene todos los datos.
«Ha habido comunidades del Partido Popular que no nos han facilitado los datos de las plazas de acogida», ha lamentado la ministra, que la calificado este hecho de «sorprendente» porque, más allá del real decreto, «hay una obligación de colaboración entre administraciones y gobiernos del país a todos los niveles, que no se está cumpliendo».
EFE
Rechazo contundente de Vox
La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Pepa Millán, ha mostrado su rechazo al decreto ley sobre y ha asegurado “que los menores deben estar con sus familias y en sus países de origen”. La diputada ha explicado que el reparto de los inmigrantes ilegales por las diferentes regiones de España no es la solución porque lo que se genera es un “efecto llamada” para que sigan llegando a manos de las mafias y esto daña precisamente a la inmigración legal.
La diputada de VOX ha alertado de que “como consecuencia de esa inmigración, está teniendo lugar una progresiva islamización muy alejada de los valores europeos. Que cuestiona la dignidad de la persona, la igualdad entre hombres y mujeres, y que en absoluto busca la integración sino la imposición”.
Se ha referido también a las consecuencias económicas de la inmigración ilegal porque “mientras formamos a nuestros jóvenes en nuestras universidades y los mandamos al extranjero forzados por los números rojos del Gobierno, ustedes supeditan nuestro futuro a personas que vienen de forma irregular, con baja cualificación, y que son beneficiarias netas de un sistema al que no contribuyen en la misma proporción”.
Pepa Millán ha asegurado que “ustedes dicen que la inmigración no es un problema y que magnificamos los números. La realidad es que España ha pasado de 1.2 millones de inmigrantes en 1998 a 9 millones el pasado año. Es decir, un aumento del 650% en menos de tres décadas”.
