Tras la entrada masiva en Ceuta a finales de julio, la Fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, se ha pronunciado de forma tajante sobre las propuestas de retornos exprés. Según la fiscal, la iniciativa de devolver de manera colectiva a estos jóvenes «no tiene sentido», recordando que España está sujeta a estrictos compromisos legales que impiden expulsiones directas sin evaluar primero cada caso.
Esto en alusión a lo manifestado por el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, de devolver a los menores inmigrantes llegados a Ceuta.
En este sentido, se hace hincapié en que el ordenamiento jurídico español prohíbe las devoluciones automáticas de menores de edad. Gisbert ha subrayado la ineludible obligación de «valorar» de forma previa y «a título personal» el «interés superior del menor». Esta evaluación de carácter individual busca garantizar la seguridad del niño y analizar sus condiciones particulares.
La fiscal ha descartado por completo la viabilidad de retornar «directamente» y de manera «instantánea, directa y exclusiva» a los menores que cruzaron la frontera el pasado 30 de julio sin proceder antes a «conocer sus circunstancias».
Ha destacado que cualquier medida de repatriación requiere una investigación exhaustiva del entorno familiar del joven en su país de origen para asegurar que no se le exponga a situaciones de vulnerabilidad o desamparo.
Un bloque normativo con garantías legales europeas
La atención y protección de los menores inmigrantes que acceden de forma irregular a España está estrictamente regulada por leyes nacionales y tratados internacionales. Gisbert recuerda que existe «una serie de requisitos» que constituyen «garantías legales» obligatorias. Estas normas se recogen en «el Convenio Europeo de Derechos Humanos», «la Convención sobre los Derechos del Niño», «la Ley de Extranjería» y «la Ley de Protección Jurídica del Menor».
Además, la fiscal recuerda que «la normativa está clarísima y es europea», haciendo hincapié en la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) el 12 de junio de 2026.
Bajo este marco legal, el protocolo exige realizar «entrevistas personales con intérpretes», evaluar detalladamente su «situación familiar y personal» y elaborar «informes de la situación familiar en origen» para constatar que el retorno no suponga «una situación de desprotección». Cumplir con este sistema de garantías «lleva su tiempo», pero Gisbert es clara: «lo que no se puede hacer es no cumplir con la legislación».
Tensiones con las comunidades autónomas por la acogida
La distribución de los menores tutelados por el territorio nacional ha generado importantes fricciones políticas. La Fiscal de Sala ha señalado que, aunque algunas comunidades autónomas inicialmente «ponen pegas» para acoger a los jóvenes en sus centros, finalmente «ceden» cuando la Fiscalía interviene formalmente. Las regiones no pueden rechazar los traslados regulados por «los reales decretos de contingencia migratoria».
Gisbert ha lamentado las justificaciones autonómicas, como la falta de plazas libres, y ha acusado a ciertos gobiernos de «intentar entorpecer» el proceso de acogida legal. Asimismo, la fiscal ha detallado que solo le constan trabas en autonomías gobernadas por el PP y Vox, territorios en los que ha tenido que intervenir de manera «personalmente» para garantizar el cumplimiento de la ley.
Superpoblación en Ceuta y el testimonio de los menores
La realidad humanitaria en Ceuta es sumamente compleja. Antes de la crisis migratoria de finales de julio, la ciudad autónoma ya sufría «una superpoblación». Para paliar esta saturación, la Fiscalía priorizó el traslado de 500 niñas a la península atendiendo a criterios de extrema vulnerabilidad.
La voluntad de los menores y sus familias también choca con las propuestas de devolución exprés. Los jóvenes entrevistados coinciden en que «no quieren volver a Marruecos» sino «ir a la península».
Paralelamente, la Fiscalía no ha recibido llamadas de ningún «padre» o «madre» reclamando que le «devuelvan» a su hijo. Por el contrario, «muchos progenitores» han contactado con las autoridades para confirmar que conocen el paradero de sus hijos y que les parece «estupendo» que sean acogidos por «los sistemas de protección de España».
