En el marco de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, han realizado un balance de la evolución de las líneas de subvención de apoyo al sector comercial incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y presentaron las novedades para las convocatorias de 2023. De esa cantidad, la ciudad de Ceuta recibe un total de 4.149.814 euros en el ejercicio de la pasada campaña.
En 2021 y 2022 el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha movilizado cerca de 258 millones de euros para mejorar la actividad comercial, de los 208 millones han financiado 227 proyectos a través de las líneas de mercados sostenibles, mercados en zonas rurales y fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas. El resto, 50 millones, corresponden al Fondo Tecnológico que gestionan las comunidades autónomas (CC.AA.). Esto supone la ejecución del 62% del total del presupuesto destinado para el periodo 2021-23.
Para la ministra Reyes Maroto “los buenos resultados alcanzados con las líneas de apoyo al sector comercial incluidas en el Plan de Recuperación ponen de manifiesto la buena acogida que han tenido entre las entidades locales y diputaciones, que han aprovechado estas ayudas del Gobierno para desarrollar proyectos de gran calidad y un gran impacto en el comercio de proximidad. Estos proyectos están permitiendo mejorar la actividad comercial y dinamizarla, generando un efecto positivo en la actividad económica de los pueblos y ciudades, la generación y mantenimiento del empleo, la cohesión social y la lucha contra la despoblación” ha explicado en una nota de prensa.
Todas las CCAA que han presentado solicitud han recibido ayudas, salvo una, la ciudad autónoma de Melilla. Las comunidades que más fondos han recibido han sido Andalucía (12,5% del total), Cataluña (11,1% del total) y la Comunidad Valenciana (10,5% del total).
100 millones para el Fondo Tecnológico
Junto a estas ayudas, se suma el ‘Fondo Tecnológico’ para apoyar la transformación digital y sostenibilidad de los pequeños comercios y que cuenta con una dotación de 100 millones de euros a repartir de manera equivalente en 2022 y 2023. Este fondo “será gestionado por las Comunidades Autónomas y va dirigido directamente a las pequeñas y medianas empresas del sector comercial que podrán presentar sus solicitudes de manera individual o a través de sus asociaciones de comerciantes. En 2022 se transfirieron los primeros 50 millones, actualmente en proceso de adjudicación” tal y como recoge en una nota de prensa enviada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En total, las ayudas que recibirá el sector comercial dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia alcanzarán los 415 millones de euros de 2021 a 2023.
Novedades convocatorias 2023
En la Conferencia Sectorial han abordado también las novedades para la convocatoria de las tres líneas de ayuda para el 2023. Entre ellas, destaca la valoración de proyectos de la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético en el sector comercial, sirviendo como aliciente a las entidades locales para promover acciones de eficiencia y ahorro energético en sus demarcaciones.
Además, se aumenta la dotación económica de la línea de ayudas de zonas rurales con una cuantía de 22 millones para el 2023. La línea de mercados sostenibles se mantendrá con 60 millones y la línea de zonas turísticas contará con 24 millones.
Por último, se informó de los resultados y los programas previstos en el marco del convenio anual entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España para el desarrollo de actuaciones para mejorar la competitividad del comercio minorista a través de las cámaras de Comercio regionales.
Recuperación y crecimiento del empleo en el comercio
Durante la reunión, se puso en valor la importancia del sector comercial a nivel nacional y la oportunidad que ha supuesto el Plan de Recuperación para mejorar las capacidades y condiciones del sector comercial en nuestro país.
Este sector continúa siendo una fuente muy importante de empleo para la economía española: el 9,1% del total de ocupados de la economía están empleados en el comercio minorista. Así, el empleo en el comercio minorista se recuperó en el último año y creció un 2,2% en 2022, situándose como la tasa más elevada del total de la serie, tal y como muestra el Índice de Ocupación del INE.
Por otra parte, las ventas del comercio al por menor, medidas a precios constantes, se han ido recuperando tras el impacto de la pandemia en 2020. De acuerdo con el Índice de comercio al por menor elaborado por el INE, las ventas medias a precios constantes en el conjunto de 2022 crecieron un 0,8% respecto a 2021.
Para finalizar, la confianza de los consumidores se recupera paulatinamente desde la segunda mitad del año 2022 según el Índice mensual de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado este lunes que la apertura ordenada y gradual de las aduanas de Ceuta y Melilla que se ha iniciado con Marruecos lo que busca es crear «una zona de prosperidad compartida».
«Frente a quienes decían que esto no sería posible», ha afirmado, tras la primera prueba piloto el pasado 27 de enero, el viernes pasado tuvo lugar otro paso experimental «exitoso» de mercancías.
«Esto va a permitir crear una zona de prosperidad compartida a través de un flujo legal y controlado de bienes a ambos lados de la frontera«, ha defendido, insistiendo en que los dos gobiernos han pactado un calendario para la reapertura «de forma ordenada».
Según el ministro, es «resultado de un trabajo diplomático discreto, paciente, no acorde con los tiempos de Twitter, para evitar escenas del pasado y consolidar una frontera del siglo XXI entre dos países que por tener una frontera terrestre deben tener las mejores relaciones de vecindad».
«Mayor estabilidad y prosperidad para todos esta nueva etapa»
«Frente a los que decían que la nueva dinámica no iba a aportar resultados, basta con señalar los hechos», ha esgrimido, citando en concreto la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada unilateralmente por Marruecos, en 2018, y la apertura de una nueva en Ceuta, donde hasta ahora no existía.
Albares ha esgrimido nuevamente el argumento de que tanto Ceuta y Melilla, como también Canarias y Andalucía, están constatando ya «los beneficios de la mayor estabilidad y prosperidad que trae para todos esta nueva etapa así como las grandes oportunidades que se abren para nuestras empresas y nuestros ciudadanos en sectores como las energías renovables».
Finalmente, ha dejado claro que ambos gobiernos «vamos a continuar este trabajo en un clima de tranquilidad y serenidad, conforme a la hoja de ruta que nos hemos fijado, para consolidarla y hacerla irreversible y para conseguir que la historia de la democracia española no sea la historia también de las crisis con Marruecos».
El precio medio de la vivienda libre se encareció un 3,3% en 2022, hasta los 1.749,2 euros por metro cuadrado al cierre de cuatro trimestre del año 2022, la cifra más elevada desde el segundo trimestre de 2011, cuando alcanzó los 1.752,1 euros por metro cuadrado, según la estadística publicada esta semana por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
El dato del cuarto trimestre de 2022 fue el más alto de ese año, con un ligero repunte trimestral del 0,5%.
Por comunidades autónomas, siete superaron la media nacional, además de las dos ciudades autónomas. En Melilla, el repunte fue del 8,7%, hasta los 1.814,7 euros por metro cuadrado, y en Ceuta, del 5,9%, hasta los 1.852,9 euros.
La comunidad autónoma en la que más se incrementó el precio medio de la vivienda libre en 2022 fue Navarra, con un 6,1%, hasta los 1.547,2 euros por metro cuadrado al cierre del año.
Baleares se situó en segundo lugar, con un alza del 5,9%, hasta los 2.696,6 euros por metro cuadrado, seguido de Andalucía, con el precio del metro cuadrado de la vivienda libre un 4,7% más elevado, hasta los 1.431,5 euros.
Las viviendas más caras, en Guipúzcoa
La única comunidad con ajuste de precios fue Murcia, con una contracción anual del 0,1%, hasta los 1.025,6 euros por metro cuadrado.
Por precio, la comunidad con los valores más altos fue Madrid, con el metro cuadrado de la vivienda libre en 2.888,1 euros al cierre de 2022, un 4,6% más cara. En la parte contraria, Extremadura es la región con el metro cuadrado de la vivienda libre más barato de España, en 864,2 euros.
En la variación por provincias, destacan Guadalajara, donde los precios de la vivienda libre se han disparado un 9%, hasta los 1.239,7 euros; Málaga, con un 7,8%, hasta los 2.071,4 euros; y Segovia, con un 7,5%, hasta los 1.061,1 euros por metro cuadrado.
El precio medio de la vivienda libre se contrajo en ocho provincias en 2022: Almería Salamanca, Zamora, Cuenca, Castellón, Cáceres, Lugo y Álava. Los descensos más pronunciados fueron los de Castellón, con una caída del 3,4%, hasta los 1.067,6 euros por metro cuadrado, y la de Cuenca, con el precio del metro cuadrado un 3,2% más barato al cierre del año, hasta los 769,2 euros.
La provincia con el precio del metro cuadrado de la vivienda libre más caro fue Guipúzcoa, en 2.875,8 euros, un 4% más que el año anterior, mientras que la más asequible fue Ciudad Real, en 729,6 euros por metro cuadrado, un 2,1% más que el año anterior.
El Deportivo UA Ceutísigue sumando de tres en tres en sus encuentros en el ‘Molina’. Los deportivistashicieron un gran partido ante la Peña Barcelonista de Melilla y consiguieron el triunfo por 7-5.
El partido estuvo muy movido desde el principio y aunque los ceutíes lograron tener ventajas importantes, tuvieron que echar mano de sus recursos para imponerse por 7-5.
El conjunto que dirige Sergio Bermúdez empezó muy bien el encuentro y consiguió adelantarse en el marcador. Pero los melillenses fueron siempre a remolque e intentaron reaccionar. Sin embargo, los deportivistas controlaron el partido bien.
Consiguieron tener una ventaja importante hasta colocarse con 4-1 en el marcador. En ese momento, la Peña Barcelonista empezó a ir arriba y consiguió acercarse hasta colocarse con 5-4 en contra.
La situación se le había complicado al Deportivo UA Ceutí, pero este equipo tiene recursos para ir a más. Y en el tramo final del encuentro volvió a sacar su carácter y su mejor versión hasta conseguir ganar por 7-5.
La victoria lo mantiene en la sexta posición con un total de 32 puntos, demostrando que está yendo a más conforme avanza el campeonato. El equipo deportivista sigue atravesando por un gran momento y quiere seguir ganando cada partido.
Puerto Atlético
El Puerto Atlético no pudo disputar su encuentro de Liga ante la Peña Real Madrid de Melilla, debido a las condiciones climatológicas en la ciudad melillense. El partido se tenía que disputar este sábado, pero debido al mal tiempo la expedición caballa no pudo desplazarse.
Un fuerte temporal en Melilla impidió este sábado que los del Puerto Atlético se hayan podido desplazar aunque estaban desde primera hora en el aeropuerto de Málaga para realizar el viaje. La compañía Iberia aplazó los desplazamientos a Melilla y luego no le garatizaba al Puerto el regreso a Málaga, además de problemas para buscar una pista donde jugar.
Los ceutíes, por tanto, han tenido que regresar a Ceuta sin poder jugar el partido ante la Peña Madridista. El Puerto Atlético deberá esperar para disputar el siguiente encuentro y salir de la zona baja de la tabla.
Alrededor de 70 familiares de inmigrantes marroquíes desaparecidos en su intento de llegar a Europa por tierra o mar protagonizaron este viernes una protesta frente a la Delegación de la Unión Europea (UE) en Rabat para pedir ayuda para identificar a los cuerpos que se encuentran en las vías migratorias, en cuyas rutas se encuentran Ceuta y Melilla.
En la protesta, organizada por la asociación Ayuda a Migrantes en Situación Vulnerable (AMSV), participaron familias venidas de diversas regiones del país para reclamar «verdad y justicia», explicó Hassan Ammari, presidente de dicha organización.
Según Ammari, solo su asociación tiene registradas en los últimos 3 años a 1.000 personas desaparecidas después de cruzar por tierra desde Marruecos a Argelia, Túnez o Libia (desde donde salen pateras a España, Italia o Grecia), o de hacerlo por mar desde las costas marroquíes a las Islas Canarias o al sur de España.
En Ceuta, los intentos de entrada de marroquíes en territorio español se suelen producir a nado en el entorno marítimo de los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú.
Permitir a las familias obtener visas para buscar a sus hijos y allegados
Su asociación presentó una carta abierta a la embajadora de la UE en Rabat, Patricia Llombart, en la que pide a la UE y al Estado marroquí «responder a las demandas de las familias de los desaparecidos y de los fallecidos».
En este sentido, reclama «simplificar y acelerar el proceso de identificación de los muertos, llevar a cabo el proceso de ADN y permitir a las familias obtener visas para buscar a sus hijos y allegados».
La UE, afirma la carta, tiene una responsabilidad «política y moral» en la tragedia migratoria, debido a «las políticas asesinas que lleva a cabo y las leyes que ha promulgado contrarias a los pactos internacionales ratificados por sus países».
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río (Jódar, Jaén, 1956), suele visitar la ciudad autónoma dos o tres veces al año.
Este jueves hizo su primer viaje de 2023 con el objetivo específico de reunirse con la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz para, entre otras cosas, tratar la necesidad de fijar cuanto antes la vista oral del ‘caso Emvicesa’, y conocer de primera mano las recién inauguradas dependencias del Banco de España, una solución a medias según se ha constatado tras tantos años de obras para los problemas locales de falta de infraestructuras.
Abierto a especializar parte de la planta judicial para atender la litigiosidad de violencia de género o menores, el magistrado y jurista se confiesa tan preocupado por la politización de la Justicia como por la judicialización de la política. En el cargo desde hace ya más de doce años, atiende a El Faro en el despacho del juez decano de Ceuta, en Serrano Orive, por derecho, sin corsés ni cuestionarios previos, como tanto se estila. ¿Cuál es el motivo concreto de esta, su primera visita a la ciudad autónoma de 2023?
Quería hacer una visita de inspección a la Sección VI de la Audiencia Provincial, ver cómo estaba tras una baja médica de su presidente [Fernando Tesón] durante meses y conocer personalmente el estado de procedimientos complejos pendientes de señalamiento. Me gusta venir varias veces al año a la ciudad, hablar con el juez decano, tomar contacto con la problemática de los órganos unipersonales y abordar asuntos de infraestructuras que en Ceuta siempre están un poco como asignatura pendiente. La cobertura de bajas como la del magistrado Tesón ha sido a veces complicada, obligando incluso a la suspensión de juicios orales. ¿Está resuelto?
Sí. Fue una disfunción que se produjo y que no debería haberse dado. Hay sustituciones voluntarias con profesionales que automáticamente pueden hacerlo. Y si no, podemos acudir al resto de magistrados de la provincia de Cádiz. Con tiempo y buena organización no tiene que darnos problemas.
«Es preferible usar nuevas tecnologías a mudar toda la infraestructura judicial para macrojuicios»
¿Qué es lo que más le inquieta dentro de sus competencias cada vez que piensa en Ceuta?
Ahora me preocupa que hay causas delicadas pendientes de enjuiciamiento que quiero que cuanto antes tengan una respuesta judicial. Es un ejemplo de trabajo, que la ciudadanía tenga respuestas cuanto antes. También la indefinición de las infraestructuras porque llevo tiempo viendo las muy malas instalaciones de juzgados como los de lo Contencioso y otros, los problemas del Registro Civil, los del ‘Ceuta Center’… Hay que definir esa unificación de sedes teniendo cuatro o cinco. Entre esas causas a la que alude está la del ‘caso Emvicesa’. ¿Está decidido cómo y dónde se hará la vista oral?
Hemos estado hablando de ese y otros temas. Yo he dicho que es prioritario el señalamiento y fijación de juicio oral, es una decisión que no se puede demorar. El ponente y los magistrados son conscientes y lo van a hacer. Hay muchas pruebas, acusados, peticiones, etcétera, pero ha pasado un tiempo prudencial y ahora se trata de poner fecha y que el juicio dure lo que corresponda, cuatro o seis semanas. ¿Apostarán entonces por un formato telemático, apoyado en las nuevas tecnologías, sin trasladarse al Auditorio del Revellín, como se barajó?
No creo que sea necesario hacerlo. En Barbate ya hemos probado ese modelo de conexión siempre que haya una sala como la del ‘Ceuta Center’ y una anexa para la prensa, cierto público… Creo que es preferible a mudar toda la infraestructura judicial. Quizá la gran novedad de este viaje para usted ha sido poder ver, por fin, abierta la nueva sede del Banco de España. ¿Qué le ha parecido?
La he visto y como obra me parece muy buena, digna. Otra cosa es la ubicación de los órganos judiciales porque me llegan noticias que me preocupan. En principio se planteó para la Audiencia y los juzgados de lo Penal con todo su servicio de ejecución para liberar el ‘Ceuta Center’, pero ahora parece que hay problemas… Ahora se habla del Registro Civil y ciertos servicios comunes. Hay una indefinición que me preocupa porque el edificio está terminado y hay que dotarlo plenamente, saber qué hacer. No sé… Pienso hablar ya con la Gerencia Territorial…
He visto que los Sociales, los Contenciosos o Vigilancia Penitenciaria están mejor porque se encontraban muy mal, pero me llegan noticias de un traslado del Registro Civil que tenía que haberse pensado antes y hubiera podido ir en un edificio anexo para atender sus colas que ahora parece no ser posible. Se han hecho calabozos y un montón de dependencias pensando en la jurisdicción penal y ahora parece que las salas de vistas no están preparadas para determinados juicios y habría que mantener la del ‘Ceuta Center’… Todo esto se ha alargado demasiado tiempo en Ceuta, yo nunca he tenido una infraestructura casi terminada tanto tiempo sin ser ocupada.
«La distribución del Banco de España tendría que haberse pensado antes… Se ha alargado demasiado»
¿Ahora hemos llegado a la conclusión de que los Penales y la Audiencia están mejor donde se encuentran que en el Banco de España?
Es una reflexión que me han hecho llegar. No quiero fijar una postura, pero se ve que la sala de vistas no es la adecuada… Hay que definirlo claramente. La ministra de Política Territorial presentó en octubre un Plan Integral que dice que “a largo plazo, el objetivo es centralizar todas las infraestructuras en una Ciudad de la Justicia en Ceuta”. ¿A qué le suena?
Eso ahora mismo es un sueño. A largo plazo no hay previsto un edificio único. Seguiremos con dos e incluso con tres. ¿Las condiciones de este inmueble de Serrano Orive son…?
Son las que son. Al no existir una alternativa hay que entender que debe seguir, pero hay instalaciones que no son lógicas. No es el edificio adecuado, el Servicio Común está en el sótano… Son inmuebles que nacieron para otra cosa y que ha habido que ir readaptando totalmente. Es la situación menos mala al no haber otras posibilidades.
Planta judicial
En toda España se habla de la especialización judicial para violencia de género, para menores con el modelo islandés ‘Barnahus’… ¿Alguno de esos ejemplos se pueden trasladar a Ceuta?
Como mínimo ha y que estudiarlo. Aquí existe un número de asuntos relacionados con familia y menores que está ahí. A nivel general tenemos cifras de carga de trabajo que en Ceuta son correctas, que no son una excusa. Hay que ir caminando hacia una especialización en ciertas materias. Todo va a estar muy relacionado con si sale o no un proyecto de eficiencia organizativa en la Justicia que ya está publicado en el Diario de Sesiones de las Cortes y que antes de verano podría o debería ser una realidad.
A partir de ahí podremos cambiar la nomenclatura y la forma de organización de los juzgados con una única sección civil y especializaciones de jueces durante uno o dos años en materias concretas. En Ceuta podría ser bastante beneficioso porque no obligaría a crear juzgados que individualmente no estarían justificados sin funciones exclusivas. Ese enfoque de trabajo colegiado permitiría avanzar en esa línea muy coherente.
«Hay que estudiar la especialización en el marco del proyecto de eficiencia organizativa»
Tras la tormenta política entre el PSOE y el PP de los últimos meses y otras disputas a nivel local y estatal, ¿le preocupa más la judicialización de la política o la politización de la Justicia?
Las dos cosas porque, desgraciadamente, una lleva a la otra. Existe mucha judicialización de la política, hay un exceso de pleitos que vienen de decisiones o controversias entre políticos que deberían solucionarse fuera de los tribunales.
Por otro lado, yo creo que los jueces desde el punto de vista personal son independientes, solo hay que ver sus resoluciones con independencia de las tendencias de las personas afectadas. Es distinto en esos órganos de gobierno como el Consejo General del Poder Judicial cuando no se renuevan porque dos partidos se enfrentan por quién debe estar ahí. No ejercen jurisdicción, pero a ojos de la ciudadanía se proyecta un aura de politización dañino, como si hubiera un control político. Es una percepción que no va más allá, pero que yo no puedo negar.
«Me la judicialización de la política como la politización de la Justicia: una lleva a la otra”
¿Usted cree que la ciudadanía está entendiendo qué está pasando con la ley del ‘solo sí es sí’ y determinadas rebajas de condenas por abusos sexuales, al menos dos ya en Ceuta?
Es difícil entenderlo, pero yo creo que la ciudadanía sí está sintiendo que algo se ha hecho mal. Sin capacidad técnica es complicado, pero tras unos meses todos somos conscientes de que algo se ha hecho mal. La ley ha podido tener una intención muy correcta para poner el consentimiento en el centro, que ya lo estaba, porque sin él nunca se había condenado, pero con esa reforma se ha hecho un cambio de marco de penas unificando las agresiones y las violaciones.
Ha habido una rebaja en los límites y técnicamente ha habido fallos. Yo creo que lo asume todo el mundo. Los jueces no están haciendo revisiones por capricho, sino porque la ley actual, en algunos supuestos concretos, favorece unas penas más leves que hay que imponerlas.
“Discreto, moderado, conciliador y dialogante”
Hijo y hermano de jueces, Lorenzo del Río se licenció en Derecho por la UNED y opositó a la judicatura inmediatamente. Aprobó en 1980 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), desde donde ascendió a la categoría de magistrado en Las Palmas de Gran Canaria. En 1983 concursó a la Audiencia Provincial de Cádiz, en la que su padre también había sido magistrado.
Llegó a ser presidente de su Sección Segunda entre 1988 y 1998, cuando fue nombrado presidente de la Audiencia, puesto que ostentó hasta que en 2010 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Padre de tres hijos y casado con su “novia de toda la vida”, según un perfil de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de la que fue portavoz, su trabajo “ha estado presidido por la discreción y la ausencia de polémica” y “de talante moderado y conciliador, quienes lo conocen destacan su actitud dialogante y su cercanía”. Para su segundo mandato fue elegido por unanimidad por ‘progresistas’ y ‘conservadores’.
Los puestos de trabajo de personal sanitario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta y Melilla han sido reconocidos como de difícil cobertura. Una reivindicación histórica de los sindicatos y del Colegio de Médicos que por fin se ha materializado en un real decreto.
El Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de ambas ciudades autónomas recogía esta histórica reivindicación de que el Área Sanitariade Ceuta y de Melillafueran declaradas como de puestos de difíciles desempeño y cobertura médica «ex lege», una medida que finalmente ha entrado en vigor este año.
Concretamente, en el apartado de Servicios Públicos del citado plan, aprobado por el Gobierno de España, se señalaba, como paquete de medidas de refuerzo de los recursos humanos en el sistema sanitario, la puesta en marcha de distintas iniciativas entre la que se encuentra la «declaración de áreas/puestos de difícil desempeño y cobertura médica en Ceuta y otros incentivos, estableciendo un plan de incentivos encaminado a fidelizar al personal sanitario existente y captar a nuevos profesionales».
De forma puntual, en el plan se proponía asimismo introducir una disposición adicional en el proyecto de Real Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del Ingesa específica para Ceuta y para Melilla, declarándolas áreas/puestos de difíciles desempeño y cobertura médica «ex lege».
Adicionalmente, se proponía el establecimiento de un complemento retributivo con el que incentivar y fidelizar el arraigo profesional en la Ciudad Autónoma.
«Importante objetivo» para el Ingesa
De esta manera, el Ingesa, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado en una nota de prensa de que esta medida ha sido incluida en el real decreto de organización y funcionamiento publicado en el Boletín Oficial del Estado de este pasado miércoles, 22 de febrero que, entre otros aspectos, revisa su estructura organizativa.
Este reconocimiento de los puestos de trabajo del personal sanitario como de difícil cobertura era “un importante objetivo” del Ingesa, cuya dirección queda habilitada para establecer las medidas necesarias que incentiven la contratación de profesionales en estos puestos.
Este real decreto tiene en cuenta los múltiples cambios legislativos «producidos en los últimos tiempos», sobre todo en el ámbito sanitario, y «refunde, actualiza y amplía las normas reguladoras de sus competencias».
También aborda la regulación del Centro Nacional de Dosimetría del Ingesa, que carecía de una norma que estableciera su estructura y funcionamiento, y atribuye a dicho organismo competencias en materia de contratación centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios para el Sistema Nacional de Salud.
Gestión de la reserva de medicamentos y productos sanitarios
El Ingesa podrá llevar a cabo la administración y gestión de la reserva estratégica nacional de medicamentos y productos sanitarios y realizar funciones que le sean encomendadas por el Ministerio de Sanidad para dar respuesta a futuras emergencias en materia de salud pública y crisis sanitarias.
El Ingesa se constituye como un órgano de gestión de varias áreas funcionalmente homogéneas, para la administración y gestión de servicios sanitarios, que se organiza en dos subdirecciones generales, pertenecientes ambas a los Servicios Centrales, y dos Direcciones Territoriales, una en Ceuta y otra en Melilla.
Expertos en microbiología, vacunología y atención primaria han destacado hoy que el futuro de la covid-19 es incierto «pero apunta a estacionalizarse», lo que requerirá concienciar a la población sobre la necesidad de un calendario de «vacunas actualizadas» (en Ceuta solo el 20% tienen la pauta completa), como ocurre con la gripe, y acabar con el concepto de «dosis de recuerdo» que ha provocado fatiga pandémica.
Así lo han puesto de manifiesto durante una jornada en el Congreso de los Diputados de divulgación y reflexión sobre la estrategia de control de la covid-19, una iniciativa puesta en marcha por petición de la sociedades españolas de Medicina de Familia y Comunitaria y de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas.
Esther Redondo, responsable de Vacunas del Grupo de Trabajo Infecciones, Migrantes, vacunas y Actividades Preventivas de Atención Primaria (IMVAP) de la sociedad de médicos Semergen, ha afirmado que en estos momentos no hay conceptos claros sobre la evolución del virus, pero con toda probabilidad apunta a estacionalizarse, por lo que habrá que asentar en la sociedad un calendario otoño-invierno de vacunación dirigido principalmente a mayores y vulnerables.
Ha apelado a luchar contra la fatiga pandémica y al hartazgo vacunal que produce hablar de «la tercera, cuarta, quinta o sexta dosis» para concienciar sobre una «vacuna actualizada» a las variantes o subvariantes que estén circulando en cada momento ya que las reinfecciones por el virus se seguirán produciendo.
Redondo ha lamentado el poco éxito de la campaña de vacunación con la dosis bivalente (la adaptada a ómicron y sus subvariantes) con una disparidad territorial «que debe ser estudiada»: mientras en Galicia entre los mayores de 59 años alcanza el 70 %, en otras comunidades como Baleares o Canarias no llegan al 40 % y baja al 20 % en Ceuta o Melilla.
Asimismo, la especialista ha recordado que la covid-19 seguirá tensando el sistema sanitario con hospitalizaciones, muertes, empeoramiento de patologías y aumento de secuelas por infección (pulmonares, cardíacas, renales y neurológicas, las más frecuentes) y ha alertado de que si la sociedad pierde el miedo a un virus por la sensación de protección de vacunas anteriores, volverá a emerger.
Rafael Cantón, jefe de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal, ha explicado que ómicron es «como una sopa de letras», por lo que ve necesario que la secuenciación del virus sea «una realidad rutinaria por motivos de salud pública en todos los laboratorios».
Ha asegurado que aún quedan «lagunas» para que la comunidad médica y científica entienda el comportamiento del Sars-cov-2, y la infección covid-19, dada «la complejidad del genoma de proteínas» del virus y ha apelado a una respuesta «multidisciplinar» con vigilancia, estudio y detección precoz para poder «apresurar» vacunas que mejoren la respuesta inmunitaria futura.
Entre otros ponentes, ha participado el jefe de la Unidad de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos, Juan González del Castillo, quien también ve necesario aumentar la secuenciación del Sars-cov-2 y las pruebas de detección en centros sanitarios para «organizar el flujo de pacientes».
González, al igual que otros expertos que han participado en la jornada, han señalado que los síntomas de la covid-19 han cambiado y que muchos pacientes no acuden a urgencias por síntomas de infección, sino por una «descompensación de su patología base», que puede producir una hospitalización prolongada que deriva en que un paciente que vivía de forma independiente pase a ser crónico y dependiente.
Ceuta recibirá algo menos del 1% del total de los 200 millones que repartirá el Estado para la protección de las familias, combatir la pobreza infantil, desarrollar prestaciones básicas de los servicios sociales y la atención al pueblo gitano. En concreto, la ciudad autónoma contará con 1.844.499 euros de esta partida nacional.
El dinero se repartirá entre Atención Primaria (125.000 euros), familias y pobreza infantil (1.287.874 euros), servicios sociales (500.000 euros) y colectivo gitano (4.400 euros).
Estas cuantías salen del acuerdo que este miércoles han oficializado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades.
En la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrada este miércoles, se ha dado el visto bueno a la distribución propuesta por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que suma 198.704.000 euros para que las comunidades (excepto Navarra y País Vasco) financien en 2023 el Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil.
Además, se ha acordado el reparto de 2 millones de euros para atender las necesidades de las personas gitanas más desfavorecidas y promover el desarrollo y la inclusión de este colectivo.
La cuantía total de los créditos, ya establecidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, se otorgarán a las comunidades una vez el Consejo de Ministros autorice su distribución y el Consejo Territorial la apruebe definitivamente, explica Derechos Sociales.
Respecto al desglose de los fondos, 65 millones se destinarán al programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil: 50 millones para financiar proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias (comida, higiene, ropa) y mejorar el acceso a salud, educación, vivienda y de empleo, y otros 15 millones al programa de vacaciones escolares (Veca).
Otros 25 millones de euros para programas de refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, según lo previsto en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Y el resto, 108,7 millones de euros se destinarán a prestaciones básicas de los servicios sociales, con el fin de mantener la red de esos servicios en atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán aportar al menos una dotación económica de igual cuantía que la que le corresponde en la distribución y determinarán las aportaciones de las corporaciones locales para participar en la cofinanciación, explica el Gobierno.
En la reunión, Derechos Sociales ha presentado a las comunidades el anteproyecto de la que será la primera ley estatal de servicios sociales -aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 17 de enero- que quiere garantizar un suelo común de prestaciones en todo el territorio y la movilidad de esos servicios en caso de desplazamiento de los usuarios entre comunidades autónomas.
La tramitación de la norma se prevé compleja porque varias comunidades ya han alertado de que vigilarán de que no haya ninguna invasión de sus competencias.
Finalmente, los médicos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta y Melilla sí que irán a la huelga. Será el próximo 9 de marzo. Así lo ha confirmado el Sindicato Médico Profesional, que ha anunciado que los facultativos de ejercicio mixto de Ceuta, junto con sus homónimos de Melilla, se concentrarán en marzo, por lo que ya se ha anunciado formalmente esta convocatoria a la Delegación del Gobierno.
El motivo no es otro que la polémica penalización que sufren los facultativos que trabajan en la sanidad pública y lo compatibilizan con las clínicas privadas. «Desde hace años, los facultativos que compaginan la sanidad pública y la privada de las ciudades autónomas han solicitado acabar con la discriminación salarial. Esto es una penalización económica para aquellos médicos que compaginan sanidad pública y privada», han lamentado.
Tal y como explicó Enrique Roviralta Arango, presidente del Colegio Oficial de Médicosde Ceuta y del Sindicato de Médicos a El Faro, actualmente, Ceuta y Melilla, dependientes del Ministerio de Sanidad, son los «dos únicos espacios del estado español en el que esto ocurre». «Ni en Madrid (donde se encuentra Ingesa) ni en la comunidad autónoma más cercana, Andalucía, se mantiene esta penalización».
Un agravio, continúan en nota de prensa, que se traduce en otro motivo más para que los médicos «no quieran quedarse o venir a trabajar a Ceuta y Melilla», lo que repercute en la pérdida de profesionales, y «directamente en el buen funcionamiento de la sanidad».
Calendario de huelgas
La huelga comenzará con un solo día, el 9 de marzo, pero ese mismo día dará inicio a un calendario de huelgas que se incrementará de forma progresiva. «A la semana siguiente, serán dos días, y a la tercera semana, los facultativos convocarán huelga indefinida. Este calendario dependerá de si se da un diálogo entre los profesionales y el Ingesa», subrayan.
Este colectivo, según indican, llevaba un tiempo esperando alguna respuesta por parte del Ingesa a reivindicaciones históricas, pero ya no les ha quedado «otra opción que convocar la huelga».
Atienden a pacientes de Isfas, Muface y Mugeju
Otro aspecto que destaca el sindicato es que los médicos que realizan un ejercicio mixto suponen un gran alivio al Ingesa al atender a los mutualistas de Isfas, Muface y Mugeju, que suponen «cerca de un 30 por ciento de los pacientes de las ciudades autónomas».
“Descongestionan al sistema público, que se vería aún más colapsado si también acudieran de forma asidua estas casi 20.000 personas que acuden por lo privado”, ha expuesto el presidente, Enrique Roviralta.
Otra reivindicación de los facultativos, y que agrava la situación de estos en las ciudades autónomas, es que son también el grupo al que peor se le paga las horas de guardia. El sindicato ha vuelto a subrayar que lo único que quieren es mantener a los médicos en Ceuta y Melilla, pues «cada vez es más difícil conseguir que vengan a ejercer médicos a nuestra ciudad y la pérdida de profesionales repercutirá gravemente en la población».
«Largas» y sin respuesta por parte del Ingesa
Los médicos no han querido llegar a huelga con anterioridad por «responsabilidad con los pacientes», pero ya no pueden esperar más. “Nosotros seguimos apostando por el diálogo y la negociación. Hemos mandado escritos a Madrid sin respuesta alguna y en la Mesa Sectorial de Madrid el Ingesa nos ha ido dando largas«.
«Consideramos que es una falta de respeto no solo a los facultativos sino a la propia ciudadanía de Ceuta y Melilla. Queremos llegar a una solución conjunta, que no dañe el tejido sanitario, en el que no se vean afectado los pacientes. Hemos tenido mucha paciencia, pero no podemos continuar con esta situación”, han señalado.
Finalmente, el Sindicato Médico invita a otros compañeros médicos, que se vean afectados por estas reivindicaciones, a que participen en esta huelga, así como a toda la población ceutí que «quiera luchar por su sanidad».
