Las bonificaciones a la Seguridad Social y el Plus de Residencia en Ceuta son dos temas que preocupan al Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y que ya han sido trasladados al secretario de Estado de Empleo.
Al respecto, MDyC señala que las bonificaciones a la Seguridad Social, de mantenerse el actual texto que las regula, Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, “supondrían una cuantía a bonificar que podría dificultar la contratación en Ceuta”.
Para tratar este tema han mantenido contactos con el actual secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, adscrito al Ministerio que dirige Yolanda Díaz, con el propósito de trasladarle la petición “de modificar la redacción del actual texto para mantener la bonificación a la Seguridad Social del 50%”.
Desde MDyC han argumentado que “es más que justo ya que esta bonificación no deja de ser parte esencial de nuestro régimen económico fiscal especial al igual que el de Melilla”.
Han recordado que la finalidad de la misma “es la de ayudar al desarrollo económico y social de ambas ciudades, contrarrestando los condicionantes objetivos”, pero que tal y como está regulado, “la sustitución del porcentaje de bonificación por una cantidad fija supone una cuantiosa reducción de la misma y podría repercutir negativamente en el mantenimiento y la creación de empleo”.
El Plus de Residencia en relación Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
Pero este no ha sido el único tema abordado entre MDyC y Pérez Rey, pues el movimiento localista también se ha referido a las reivindicaciones “que nos ha hecho llegar el sindicato Comisiones Obrerasde nuestra ciudad”, en lo concerniente al Plus de Residencia en relación Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
“Como es sabido, desde hace más de un siglo, Ceuta y Melilla vienen disfrutando de un Régimen Económico y Fiscal Especial, cuya finalidad no es otra que la de amortiguar el fuerte impacto negativo que sobre el funcionamiento del sistema económico en su conjunto, y sobre las economías domésticas de las familias residentes en Ceuta y Melilla, provoca la singularidad geopolítica, y de manera muy determinante la condición de insularidad, que mediatiza el desarrollo socioeconómico y la vida en general de las dos ciudades”, han recordado.
En este sentido, han recalcado que coinciden con el sindicato “en considerar que el Plus de Residencia no debería sumar el total de las retribuciones, puesto que dicho plus se paga por vivir en Ceuta o en Melilla, motivo por el que la solución a seria que el Plus de Residencia no sumara el total de retribuciones”.
Desde MDyC han asegurado que el Secretario de Estado “ha mostrado su predisposición a estudiar ambas cuestiones desde el Ministerio de Trabajo para tratar igualmente la viabilidad de ambas”.
La directora general de Planificación y Gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), María del Ángel Muñoz, cerró ayer su visita de tres días a Ceuta con un encuentro con la Junta de Personal Docente No Universitario en la que la alto cargo prometió a los sindicatos estudiar a fondo de qué manera establecer en 23 horas semanales la jornada lectiva de los maestros.
Para conseguirlo se barajan dos opciones que también dependen del encaje de la medida en Melilla: incrementar el cupo docente local en unos 60 efectivos, con el consiguiente coste económico, o reorganizar horarios y reducir refuerzos.
Se trata, en cualquier caso, de una decisión con la que el MEFP ya va con retraso para cumplir con sus propias recomendaciones en lo que a la reversión de los recortes introducidos por Mariano Rajoy se refiere.
La administración también parece dispuesta a implementar otra de las reivindicaciones de la parte social, concretamente la relativa a ofrecer cada año antes que a los interinos a docentes con plaza la posibilidad de acceder a vacantes que les resulten más atractivas dentro de la ciudad.
Se intentará dar toda la estabilidad posible al personal en las aulas de Educación Especial
Idéntica voluntad de atender las solicitudes de los sindicatos mostró con Muñoz en relación con la demanda de dar “toda la estabilidad posible dentro de las limitaciones legales” a los profesionales que trabajan en las aulas de Educación Especial existentes en los colegios e institutos de la ciudad, donde la rotación es especialmente contraproducente para el alumnado atendido.
Con respecto a la incorporación de más profesionales para trabajar con los estudiantes con necesidades especiales, el MEFP sigue alegando múltiples problemas que parecen dar aliento a la posibilidad de recuperar la fórmula de la externalización para reducir las complicaciones que actualmente demoran cualquier incorporación o sustitución.
Muñoz se ha reunido durante su paso por Ceuta con los equipos directivos de todos los centros y con los responsables de las familias.
La madrileña tiene atribuidas, entre otras, las competencias de “programación y gestión de actuaciones para promover la excelencia de los estudiantes en la educación no universitaria”, así como “la coordinación y el apoyo” a las unidades periféricas del MEFP en Ceuta y Melilla, la planificación de las necesidades de infraestructuras y equipamientos educativos en las ciudades autónomas y el régimen de funcionamiento de los centros docentes y la coordinación de la política de personal docente en el ámbito territorial del ministerio.
La Fundación ‘la Caixa’ ha abierto la convocatoria de Proyectos Sociales 2023 para Ceuta y Melilla, a la que destinará 100.000 euros. Hasta el 9 de marzo, las entidades sociales ceutíes y melillenses pueden presentar sus proyectos y solicitar ayudas de hasta 50.000 euros.
Este año, la convocatoria prestará una atención especial a la situación actual de crisis económica, social, sanitaria y energética, que está provocando un aumento del número de personas en situación de vulnerabilidad y también un agravamiento de las situaciones que éstas sufren.
Las convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación ‘la Caixa’ tienen como finalidad impulsar iniciativas desarrolladas por entidades sociales, en este caso las de Ceuta y Melilla, que estén dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad social y que tengan por objetivo la inclusión social, la promoción de la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida.
Estas convocatorias refuerzan y complementan las líneas de actuación propias que la Fundación ‘la Caixa’ desarrolla en el ámbito social en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda de Naciones Unidas.
Siete ámbitos de actuación actualizados
Los proyectos que se presenten deberán estar enmarcados en alguno de los siguientes ámbitos de actuación, actualizados en esta nueva convocatoria: personas mayores, personas con discapacidad o trastorno mental, salud y enfermedad, pobreza e inclusión social, inserción sociolaboral, convivencia e interculturalidad, y acción social.
Pueden presentarse a la convocatoria las entidades sociales sin ánimo de lucro y aquellas entidades de la economía social en cuyos estatutos conste explícitamente el interés social o la cohesión social como su principal objetivo. Pueden presentarse aquellas entidades y delegaciones con convenio vigente en las Convocatorias de Proyectos Sociales 2022.
El modelo territorial se consolida
En 2023, siguiendo el modelo territorial iniciado el pasado año, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación ‘la Caixa’ se organizan por comunidades y ciudades autónomas. De esta forma, se consigue estar más cerca de las personas en situación de vulnerabilidad y de las entidades sociales de cada territorio.
Solamente los proyectos de acción social en el ámbito rural y los de cooperación internacional mantienen sus convocatorias de alcance estatal.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido este miércoles en Madrid con los 19 delegados del Gobierno, incluido el de Ceuta, para seguir reforzando la coordinación y la ejecución de las políticas del Departamento por todo el territorio nacional, especialmente en materias como la seguridad ciudadana, la lucha contra la violencia de género, la ciberseguridad, la protección civilo la seguridad vial.
Los delegados del Gobierno en las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas españolas también han tenido la oportunidad de transmitir sus sugerencias y opiniones sobre estas materias.
Grande-Marlaska ha aprovechado la reunión para recordarles que la fuerte recuperación de efectivos policiales diseñada desde 2018, con 12.463 agentes netos más hasta alcanzar los 154.535 efectivos, ha permitido reforzar todas las áreas operativas especializadas y de seguridad ciudadana de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por todo el territorio.
Dicho refuerzo ha permitido que, como demuestran la tasa de criminalidad y los indicadores comparativos de delincuencia ofrecidos por Eurostat y otros organismos internacionales, que España es uno de los países más seguros de Europa y del mundo.
El ministro del Interior ha anunciado además a los delegados del Gobierno que su departamento mantendrá durante este 2023 su apuesta por la mejora de los recursos humanos y materiales a disposición de las Fuerzas de Seguridad, y les ha pedido que los utilicen para redoblar los esfuerzos preventivos y operativos en ámbitos como la lucha contra la violencia de género y la ciberdelincuencia.
En este sentido, Grande-Marlaska les ha recordado dos recientes iniciativas de su departamento: por un lado, un importante refuerzo de la estrategia policial para prevenir y perseguir a los agresores reincidentes en el ámbito de la violencia de género y, por otro, la campaña institucional impulsada para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de adoptar medidas de autoprotección en internet que dificulte la acción de los ciberdelincuentes y facilite el trabajo policial.
En el encuentro también han participado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la subsecretaria del departamento, Isabel Goicoechea, entre otros altos cargos del ministerio.
Prevención de catástrofes y emergencias
El encuentro ha servido para repasar la ejecución de las políticas del Ministerio en todos sus ámbitos de actuación. Al tratarse el 2023 de un año marcado por convocatorias electorales en las que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno juegan un papel determinante, el ministro ha agradecido a los asistentes la “extraordinaria disposición” que muestran en los trabajos preparatorios que ya están en marcha.
En materia de protección civil, el ministro ha insistido a los delegados del Gobierno en la importancia del Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres ‘Horizonte 2035’, que busca potenciar las capacidades de prevención del conjunto del sistema nacional para reducir los efectos de catástrofes y emergencias en la población, sus bienes, el medio ambiente, así como el patrimonio histórico y artístico-cultural.
Grande-Marlaska ha incidido en la trascendencia de esa labor preventiva en ámbitos como el de los incendios forestales, imprescindible para combatir episodios como los vividos en 2022, año en el que se registraron 618 incendios, 133 de ellos con consecuencias en materia de protección civil que dejaron un trágico saldo de cuatro fallecidos, 921 heridos y más de 30.000 personas evacuadas, amén de centenares de hectáreas forestales arrasadas.
En materia de protección internacional, el ministro del Interior ha anunciado en la reunión que el ministerio estudia nuevos mecanismos internos de coordinación entre su Dirección General de Política Interior -que tiene atribuida la competencia en esa materia- y la Policía Nacional –que recibe las manifestaciones de voluntad de solicitar asilo- para reducir el tiempo que media entre la manifestación de voluntad y la formalización de la petición de asilo.
Por último, y en materia de seguridad vial, el ministro del Interior ha recordado que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil verá incrementada su plantilla este año con 114 efectivos más, lo que permitirá reforzar la vigilancia en carretera, y ha informado de un plan de choque para paliar la carencia de personal de las jefaturas provinciales de Tráfico y mejorar el servicio que este organismo presta a los ciudadanos.
La ciudad autónoma vuelve a contar con cerca de 10.000 empleados públicos. Según los datos de la última edición del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas que acaba de publicar el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ceuta cuenta actualmente con 9.947, casi 250 más que Melilla y cerca de un millar por encima de las cifras de hace un lustro. En 2017 eran 9.143, muy por debajo también de los datos de 2012, cuando el censo local se elevaba a 9.757.
El total actual se reparte entre 8.364 efectivos de la Administración General del Estado y 1.583 de la Ciudad Autónoma, en ambos casos con casi el doble de hombres que de mujeres: 5.617 y 1.011 frente a 2.747 y 572, respectivamente.
Por departamentos, para la Administración del Estado de manera estricta trabajan 3.742 personas en Ceuta, mientras que 4.423 lo hacen para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras 199 lo hacen para la Administración de Justicia.
Desglosados por su tipología, un total de 1.288 están al servicio de organismos autónomos como el Instituto de Gestión Sanitaria (764 como funcionarios de carrera y 77 como personal laboral), mientras que los adscritos al núcleo central de la Administración del Estado son 1.315 empleados con plaza y 313 ‘laborales’. En el cajón desastre de ‘Otros’ se insertan más de mil trabajadores extra.
En el área de docencia no universitaria trabajan 1.524 personas en Ceuta, un total de 627 como interinos, mientras que para entidades universitarias lo hacen 163 docentes y Personal de Administración Servicios (PAS).
Hace 20 años, en 2002, eran 10.671 los empleados públicos destinados en la ciudad autónoma, un 7% más que ahora. En 2010 su número todavía seguía por encima de los 10.000 (10.078).
En el conjunto del país hace dos décadas había 2,3 millones de empelados públicos, mientras que ahora se cifran en 2,7. En 2010 eran 2,6.
La llegada de Mariano Rajoy al Gobierno en 2011 en plena crisis supuso un frenazo en la contratación pública. La tasa de reposición cero supuso una drástica disminución de efectivos públicos. Entre 2012 y 2017 la Administración estatal recortó su plantilla en cerca de 60.000 efectivos.
La Ciudad contaba hace 20 años con casi 10.700 empleados públicos, un 7% más
El Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta presenta como una de las debilidades de la ciudad su “estructura productiva con escasa diversificación y alta dependencia del sector público”.
El documento señala expresamente entre sus objetivo acometer “refuerzos de personal” no solamente en ámbitos básicos como Educación, Sanidad o Servicios Sociales, sino también en la Delegación del Gobierno, el Instituto de Medicina Legal, la Dirección Territorial del SEPE o la Tesorería General de la Seguridad social.
Para los sanitarias se ha planteado la declaración de áreas/puestos de difícil desempeño y cobertura médica en Ceuta y otros incentivos, estableciendo un plan encaminado a fidelizar al personal existente y a captar a nuevos profesionales.
En las aulas la idea es poner en marcha un incremento del personal docente y otro personal escolar al servicio del Ministerio de Educación”. Concretamente, se producirá “un incremento del cupo de personal docente para acceder a la media estatal de ratio docente/alumnos, y una mejora de la provisión del personal laboral escolar”.
En 2022, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) el sector público creó 50.700 empleos y finalizó el año en un nuevo máximo de 3,5 millones de ocupados, en tanto que el empleo privado acabó 2022 con 16,9 millones de trabajadores. La EPA muestra 408.000 empleados públicos más que a cierre de junio de 2018, fecha que coincide con el desembarco de Sánchez en La Moncloa.
A lo largo 2023 se prevé que el empleo público seguirá creciendo y que se seguirán convocando nuevas oposiciones, en buena parte para cubrir plazas vacantes por jubilación y, también, para convertir en fijos a los interinos. Durante el presente ejercicio, marcado por las elecciones de primavera y fin de año, se convocarán hasta 27.509 plazas en la Administración General del Estado, una estela que seguirán las administraciones económicas y locales. Hasta 11.417 plazas serán de ingreso libre y otras 16.000 de promoción interna.
Más de 30 años de estudio del sector público
El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas tiene como objetivo “presentar la información que facilite el conocimiento de los efectivos al servicio de las distintas Administraciones Públicas”.
Comenzó a publicarse en 1990 y tiene carácter semestral. Desde la edición de julio 2019, el Boletín presenta una estructura de datos adaptada a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; esto implica la desagregación de la información distinguiendo los departamentos ministeriales de sus organismos autónomos, la inclusión de las universidades públicas dentro de la Administración de las Comunidades Autónomas o la inclusión de nuevos organismos en el sector institucional del Estado.
Los apuntes
BOE
Más de 27.000 para 2023. El número de plazas convocadas a principios de este año en el BOE para el Estado asciende a 27.509. De estas, 13.157 corresponden al Cuerpo General Administrativo; otras 6.474 se concentran en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado; y otras 4.086 para el Cuerpo General Auxiliar.
Evolución
Récord. El número de funcionarios en España se sitúa ya en 2.731.117, una cifra histórica de empleo público que incluso queda lejos de las que se contabilizaban en los peores años de la recesión económica, que se inició en 2008. Las administraciones autonómicas tienen ya más de 1,6 millones de ‘funcionarios’, mientras que las corporaciones locales dan empleo a casi 599.000 efectivos, la mayoría personal laboral. Por su parte, el sector público estatal suma ya 515.000 trabajadores, 264.000 en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad.
Futuro
Jubilaciones, sobre todo en el Estado. La Administración Pública Estatal, en la que el 82% de la plantilla es funcionario de carrera, tiene como principal problema el envejecimiento de la plantilla. La mayoría de sus trabajadores lograron plaza en los 80 y está a punto de jubilarse. En total, será más de 300.000 empleados que se jubilarán antes de 2025.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este lunes en la necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos ya que es «la prioridad número 1» en política exterior y porque no tenerla resulta «lesivo» para los españoles, en particular para quienes viven en Ceuta, Melilla, Canarias o Andalucía.
Todos los presidentes y ministros de Exteriores de la democracia han definido a Marruecos como «la prioridad número 1 de la política exterior», ha sostenido el ministro durante un foro organizado por Llorente y Cuenca con motivo de la próxima Presidencia española de la UE.
La labor de todo ministro de Exteriores, ha abundado, es «buscar la mejor relación» con el reino alauí, algo que resulta prioritario para Ceuta y Melilla, pero también para Canarias y Andalucía, ha defendido. «Rechazar tener una buena relación con Marruecos es algo muy lesivo para los españoles» en general y para quienes viven en estos territorios en particular, ha valorado.
En este sentido, ha defendido que lo que ahora está haciendo el Gobierno es dar un nuevo «encaje» a esta relación para «evitar esas crisis sucesivas que parece que nos ponen al borde una crisis que parece definitiva» y ha sacado pecho de que se ha conseguido superar «una crisis muy profunda por lo alto» sin que se haya cerrado «en falso».
Ahora, ha señalado Albares, se han sentado las bases para una nueva relación basada en el respeto mutuo y en no recurrir a actos unilaterales y ya se están viendo los primero resultados. Entre ellos, ha resaltado la disminución en las llegadas irregulares de inmigrantes y las «miles de muertes» que esto permite evitar en el Mediterráneo y el Atlántico, así como el incremento del comercio.
Ningún presidente español «con tantas reuniones con Mohamed VI en tan poco tiempo»
Por otra parte, el ministro de Exteriores ha vuelto a justificar el hecho de que el rey Mohamed VI no recibiera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Reunión de Alto Nivel (RAN) del pasado 2 de febrero, insistiendo en que es una cumbre a nivel de gobiernos y esgrimiendo que en ella se firmaron 20 acuerdos y hubo 28 ministros, cuatro veces más que en la última de 2015.
La cumbre vino precedida de la llamada telefónica entre el rey alauí y Sánchez, «para garantizar que va a haber éxito», y no como en ocasiones anteriores, en las que hubo «a posteriori un contacto protocolario» y además Mohamed VI ha invitado a Sánchez a una visita oficial, ha recordado.
En este sentido, Albares ha destacado que «no ha habido ningún presidente español que en tan poco tiempo haya tenido tantas reuniones» con Mohamed VI, con quien ya se ha visto en dos ocasiones, lo que demuestra, a su juicio, una «relación especial» que supone un valor añadido.
Las relaciones de vecindad, ha dicho el ministro, siempre son complejas y más cuando hay fronteras terrestres de por medio, pero «los resultados están ahí y vemos cómo vamos mucho mejor que hace un año y medio en que estábamos sumidos en una nueva crisis que es la historia de las crisis con Marruecos».
La Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta y Melilla informan de que desde el miércoles hasta el viernes pasado se mantuvieron varias reuniones compuestas por el director territorial de Melilla, Omar Haouari, el gerente del Área Sanitaria de Melilla, José Antonio Martínez, parte del equipo directivo y el equipo multidisciplinar encargado de la entrada en funcionamiento del nuevo Hospital Universitario de Melilla, con el objetivo de mantener varias reuniones de trabajo con representantes de Ingesa en Ceuta para intercambiar experiencias.
Por parte de Ingesa Ceuta, el director territorial, Jesús Lopera Flores, el gerente del Hospital Universitario de la ciudad autónoma (HUCE), Carlos Ramírez Rodrigo, el director médico Mohamedi Abdelkader Maanan, la directora de Enfermeria, Concha Díaz y la directora de Gestión y Servicios, Carmen Merino.
En la misma línea también se han mantenido reuniones y entrevistas de trabajo entre facultativos y técnicos de ambas administraciones quienes han intercambiado conocimientos sobre los servicios hospitalarios.
La reunión de trabajo, que ha sido calificada de “fructífera”, ha tenido como objeto el establecer las líneas de trabajo encaminadas a los procesos de traslado que se tienen que realizar en Melilla para la apertura del nuevo hospital, asegurando la implicación y formación de los profesionales para asegurar la máxima calidad y seguridad de los pacientes.
Colaboración y sinergia entre la institución
Estas reuniones de trabajo confirman la colaboración entre Ingesa, que se desarrolla desde hace años mediante la comunicación continua y fluida de la administración.
El director territorial de Ingesa en Ceuta, Jesús Lopera, comenta que “es fundamental este tipo de reuniones con el propósito de conseguir la máxima calidad mostrando la sinergia que existe entre la institución y así poder implementar las acciones necesarias para mejorar y lograr los objetivos marcados”.
Por su parte, el director territorial de Ingesa en Melilla ha calificado de muy productivas las reuniones celebradas en Ceuta, ya que no solo se ha compartido la experiencia en temas relacionados con la apertura del nuevo hospital (estrategia del traslado, cartera de servicios, plantilla, etcétera), sino que también, se ha acordado mantener una comunicación permanente en todas las áreas de gestión de las distintas direcciones, pues ambas áreas de salud comparten muchas cuestiones que son muy similares. Todo ello permitirá mejorar las decisiones y dar respuestas a problemas comunes. Este es el caso, de los sistemas de información clínica, en los que ya se está trabando conjuntamente.
Del tránsito de una furgoneta con mercancía de uso personal a espaldas de los medios de comunicación se pasó a la única confirmación de que se disponía de otra carga de aceite para vehículos que nunca llegó a cruzar a Marruecos. Fuentes oficiales solo confirman que “se trabaja en el calendario de cómo se va a llevar” todo lo relativo a ese tránsito comercial que nunca antes se había producido entre España y el vecino país a través del paso del Tarajal.
Sobre la entrada de pescado en Ceuta nada se sabe al no haberse hecho pública ninguna acción previa de preparativos por parte de Sanidad Exterior para recibir este tipo de mercancía y que fuera considerada de consumo público, ya que una certificación sanitaria de Marruecos no tendría validez alguna.
Hasta la fecha lo que se ha indicado por parte del Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores es que no se quiere volver a la época del porteo o comercio atípico ni tampoco a la de las avalanchas. No hay por tanto confirmación de fechas sobre esa progresiva apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla en su totalidad tanto en lo que afecta al tráfico de mercancías como concretando el de personas, ahora sometido a las restricciones de petición del visado.
Versión oficial y única: «Se trabaja en el calendario de cómo se va a llevar a cabo todo esto»
Según el Ejecutivo central no se quiere informar de fechas para evitar el denominado efecto llamada, es decir, el movimiento de personas en masa que quisieran acceder a Ceuta atraídos por la posibilidad de hacerlo tras la eliminación de las restricciones. Eso es precisamente lo que frena el dar fechas determinadas. Esa falta de transparencia afecta también a lo que es el funcionamiento de la propia aduana comercial y al escaso manejo de datos que hay por parte de los empresarios.
El Gobierno de la Ciudadsigue considerando, estadísticas y datos en mano, que la mejor forma de seguir controlando la presión en áreas como educación o sanidad pasa por continuar con la petición del visado.
Esta postura se le ha trasladado al Estado en cuantas reuniones ha mantenido el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en Madrid, pero además constituye la base del mensaje que se repite en cada una de las comparecencias públicas que lleva a cabo.
El PP pregunta por las instalaciones
El senador por Ceuta David Muñoz Arbona, junto a otros dos colegas de formación electos por Pontevedra y Valencia, han registrado una pregunta en torno a la aduana comercial al objeto de conocer en qué fase se encuentran las infraestructuras e instalaciones así como qué calado y características prevé establecer dicha aduana de “carácter regional”.
En dicha pregunta, se recuerda cómo los gobiernos de España y Marruecos anunciaron que en el mes de enero de 2023 se crearía en Ceuta la primera “aduana regional” del mundo sin que se tengan detalles sobre la misma. Una aduana “con fuertes restricciones a la circulación de mercancías”, recuerdan los parlamentarios.
“Según las fuentes de la Administración General del Estado, en la Comisión Técnica constituida y sobre la base del acuerdo firmado en el Palacio Real de Rabat durante la visita que Pedro Sánchez realizó en abril, que recogió el compromiso mutuo de la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”, indican. “Esta, en principio, no será comparable a ninguna de las que existen en África o en otros continentes, ni a las que tuvo España con sus vecinos antes de su incorporación, en 1986, a lo que hoy en día es la Unión Europea. En el derecho comparado no existía hasta ahora la aduana regional”.
La Dirección General de la Guardia Civil ha incluido a Ceuta y Melilla como Unidad de Fiscal y Fronteras en el borrador del proyecto de modificación de la Orden General. En base a esto se atiende una de las reclamaciones que desde hace tiempo hizo la Asociación Española de la Guardia Civil -AEGC-. La declaración supondrá además que los guardias civiles cobrarán un plus por ello.
Ya el pasado abril la Dirección recalcaba que consideraría la propuesta de la asociación lo que conllevaría la reestructuración de la Comandancia, algo que ya parece ser factible de acuerdo a lo recogido en este borrador de proyecto.
Se da luz verde a la modificación de la Orden General con lo que al personal que se encuentre ocupando puestos de trabajo en las Compañías de Ceuta y Melilla “se le reconocerá de oficio la cualificación específica FFD o FFB, según corresponda. Dichas cualificaciones específicas serán efectivas al día siguiente de la publicación de esta Orden General”, se concreta.
La especialidad de fiscal y fronteras integra el conjunto de capacidades que habilitan a la Guardia Civil para el desempeño de las funciones y actuaciones de policía fiscal y aduanera tendentes a prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico y demás tráficos ilícitos en el ámbito de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente.
Así también recoge la custodia, control y vigilancia de las costas, fronteras, puertos y aeropuertos y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular.
Vigilancia del perímetro y la costa
La compañía de Seguridad Ciudadana se encarga de la vigilancia del perímetro y la costa, áreas donde prácticamente dedica todos sus efectivos cumpliendo con unas funciones que no se equiparan con su propia categoría.
AEGC reclamó que estos agentes estuvieran encuadrados en la especialidad de Fiscal y Fronteras, según determina la Orden General número 21/2021 de 9 de septiembre, por la que se regula la especialidad de fiscal y fronteras de la Guardia Civil y, por tanto, percibiendo el Complemento Específico Singular de dicha Especialidad.
Esta petición la hacía AEGC en septiembre de 2021, instando a la Dirección a catalogar las compañías de seguridad como de Fiscal y Fronteras, algo que ahora será aceptado por la Dirección tal y como se recoge en el borrador del proyecto.
Las asociaciones llevan tiempo esperando que se cumpla con una resolución adecuada a la realidad de tener a guardias civiles tanto en Ceuta como en Melilla haciendo funciones que en cambio no les son reconocidas de manera oficial.
Desde AUGC se hacen eco del anuncio
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también se ha hecho eco de la información y ha dado a conocer el ‘Resumen del Grupo de Trabajo para la modificación de la Orden General 21/2021 que regula la especialidad de Fiscal y Fronteras’, haciendo referencia al reconocimiento de la especialidad para ciertos agentes de la promoción 126ª, determinadas Unidades de Seguridad Ciudadana, para el personal en Equipos Pegaso, en el Servicio Marítimo, en COS-SIVE-CCPA, así como la cualificación en Cataluña, País Vasco, Ceuta y Melilla.
Recordando que la Orden General 21/2021 que regula la especialidad de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil fue sometida recientemente a debate en el Grupo de Trabajo, se han referido también a otros temas que fueron abordados, como por ejemplo, los requisitos para quienes prestan servicio en Centros de Vigilancia Marítima, el no reconocimiento para COS-SIVE-CCPA, los cursos de formación y las dos nuevas compañías en Tenerife.
Cuando Pedro Sánchez fue defenestrado del PSOE cogió su coche y recorrió España para convencer a los militantes de que debía ser su líder. Tras ser despedido de TVE por un Gobierno presidido por Sánchez (“no me echó la derecha, eso es un bulo”), el periodista Jesús Cintora (Soria, 1977) está haciendo lo mismo con su último libro, ‘No quieren que lo sepas’, en una ruta contra la censura con la que este miércoles ha hecho escala en Ceuta. Melilla es la única autonomía por la que todavía no ha pasado.
En la Biblioteca Pública Adolfo Suárez ha llenado más de media entrada de la Sala de Usos Múltiples. José Antonio Alarcón le ha descrito como “historia viva de nuestros medios de comunicación”. Tras un cuarto de siglo sobre todo en televisión, pero también en radio y prensa escrita, “destacando como un periodista independiente y valiente”, Cintora se ha descrito como una persona “progresista, pero no sectaria”, y “absolutamente libre”. Por encima de todo, “independiente”.
“No quieren que lo sepas’ es mi voluntad de seguir trabajando y reponerme a la censura: lo digo en una tierra donde hay que defender que la gente conviva”, ha explicado el comunicador, un convencido de que este es un país “muy diverso”. “La libertad de expresión, la información y los bulos, la importancia de la cultura y la información pública y los cantamañanas” han sido los cuatro pilares sobre los que ha organizado su exposición.
En primer lugar Cintora ha dejado claro a los presentes que hay una “guerra soterrada” entre “lo que pasa” y “lo que nos cuentan”, lo que al final “cala” en la gente. “Hay personas que en un contexto en el que las grandes empresas multiplican sus beneficios y el común de la población pierde poder adquisitivo por la inflación señala a los migrantes, a los que son más pobres, como rivales”, ha identificado parte de la importancia de lo que se transmite y lo que no.
Así, se decide si el objeto de atención de los medios son los desahucios o las okupaciones, si mientras se siguen asesinando mujeres se cuestionan las leyes de protección vigentes contra la violencia de género, si los ecologistas llegan a ser señalados como responsables de los incendios forestales… “En este país hemos tenido durante décadas un jefe del Estado con dinero oculto y palacetes para vicios, pero se nos ha presentado como modélico y campechano y ahora sigue el círculo de impunidad”, ha ejemplificado sobre Juan Carlos I.
Por un lado está lo que se cuenta y lo que no, así como la intensidad con la que se hace (o no). Las mentiras. Los bulos. En Cuatro, Cintora llegó a ser líder de las mañanas en televisión. En 2015, cuando Podemos llegó a aparecer en las encuestas como la formación con más proyección electoral de España. “Pasaron muchas cosas aquel año”, ha recordado el periodista, habitualmente tildado de rojo, aunque Julio Anguita fue quien le dio puerta en una entrevista más rápido y con Sánchez en La Moncloa le puso TVE en la calle.
“La información es un aparato locomotor”
“Llevo un año y medio, más que nunca en toda mi carrera, fuera de los medios de comunicación de masas y sufriendo campañas infames para desacreditarme: a mí que soy de Soria me han llamado proetarra, me han dicho que soy del PSOE y de Podemos, que ganaba más de 40.000 euros por programa…”, ha repasado su itinerario en la diana de unos y otros. “Creo firmemente que en la democracia la información es un aparato locomotor para avanzar y la censura no nos lleva a nada bueno”, ha resumido.
Convencido de que “las sociedades avanzan conociendo” y firme defensor de la Educación pública, Cintora vio a su propia editorial abogar por suprimir una parte de ‘No quieren que lo sepas’, la relativa al emérito, algo a lo que se negó. “Hay gente condenada por mentir y siguen en televisión, pero yo no he recibido ni una querella”, se ha comparado el soriano, que asume una obligación “generacional, cívica y democrática” de “decir la verdad”.
“Yo no tengo detrás a ningún Pérez más que a abuelo, peón de albañil, no gran constructor”, se ha desmarcado también de quienes alcanzan cargos sin el más mínimo mérito. “Defiendo la formación y la experiencia, la Educación pública, porque mis maestros me cambiaron la vida en mi pueblo”, ha señalado Cintora, que cree que “a medio y largo un país puede mejorar sustancialmente con cultura, formación e información”, la mejor receta contra el “veneno”.
“Defiendo el oficio y la experiencia de quien lleva años trabajando de forma decente, no difundiendo bulos o sirviendo a determinados intereses”, ha concluido Cintora su exposición con una alusión directa a “los cantamañanas” que “dedican más tiempo a si Díaz se lleva mal con Iglesias y Feijóo con Ayuso que al cartel de las empresas de la construcción que se repartían los concursos públicos”.
“Conocer es vital para avanzar”
“El conocimiento, la información y la cultura nos hace mejores: conocer es vital para tomar decisiones y para avanzar”, ha defendido este nieto de exiliado del Franquismo que ha constatado que “saber nos hace mejores y poner nerviosos a mucha gente que tiene la sartén por el mango… A mucha gente que maneja la conviene tener a la ciudadanía conformista y sumisa… En este país se ha recortado en programas de información y actualidad porque tiene que haber entretenimiento, pero hoy veo mucho karaoke…”.
Dispuesto a irse de España si le llega “una oferta razonable” o a lanzar su propio medio si vence el miedo a emprender, donde no se le verá será en la plataforma que impulsa Pablo Iglesias, Canal Red, porque será “un medio de partido”. Tampoco en un alto cargo público, ha descartado.
“A veces me he arrepentido de elegir el periodismo, si no lo reconociese sería un cretino, pero también he tenido la enorme suerte de trabajar con gente como Gabilondo, Carlos Llamas…”, ha contrapesado en el turno de preguntas. Su objetivo sigue siendo “intentar poner luz donde otros quieren oscuridad”, lo que buscaba su amigo el reportero navarro David Beriain, asesinado hace casi dos años en Burkina Faso.
