Según el diario El Mundo, la Policía Nacional ha detenido a uno de los máximos representantes sindicales que tiene el cuerpo: Víctor Duque, secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP). Duque estaba oficialmente destinado en la ciudad autónoma de Ceuta, pero vivía en Madrid como liberado sindical, una situación que provoca siempre malestar entre muchos compañeros del cuerpo, porque el destino en Ceuta o Melilla incluye un sobresueldo importante y un menor pago de impuestos, pero en realidad no se está trabajando allí.
El arresto se produjo el pasado jueves, según han confirmado diversas fuentes policiales a el diario El Mundo, y el motivo está relacionado con el acoso a una compañera del sindicato que también es agente de Policía.
Las mismas fuentes explicaron que se trata de un asunto de acoso cibernético relacionado con los celos. Al parecer, el sindicalista y la agente mantuvieron una relación sentimental que, al terminar, derivó en un acoso por parte del policía hacia su compañera. Las mismas fuentes afirmaron que la detención se produjo tras una denuncia de la víctima.
“Cuando miles de personas salen a la calle pidiendo JUSTICIA ‘con razón’ es que algo no ha funcionado como debía”
Cuando miles de personas salen a la calle pidiendo JUSTICIA “con razón” es que algo no ha funcionado como debía. Podemos definir “justicia” como un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. En estas premisas fundamentales hemos avanzado en nuestro país. Somos un ejemplo en el mundo de cómo se debe avanzar en estos valores y del sacrificio que hemos hecho todos los españoles. Debemos sentirnos orgullosos y presumir de ello es casi una obligación para que las nuevas generaciones tengan conciencia de que vivimos en una sociedad de pleno derecho gracias al esfuerzo de todos.
Pero si hablamos de seguridad, sacrificio, compromiso y lealtad con los valores democráticos es hablar de los guardias civiles y policías que en el ámbito de la seguridad ciudadana hemos sufrido la discriminación y la zarpa terrorista como ninguna otra Institución. Este compromiso ha sido reconocido por la sociedad española en todas las encuestas en nuestra larga y sólida democracia. Un reconocimiento también valorado por los distintos gobiernos y la clase política en general.
El nuevo modelo policial dotó de más competencia a las policías locales, además del nacimiento de una nueva figura en el ámbito policial, las Policías Autónomas. Ambas policías comienzan a disfrutar de unos derechos laborales y retributivos superior a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Desconozco realmente el motivo, pero quizás la mayor proximidad a la clase política o la menor complicación administrativa para mejorar los salarios a las policías autónomas y locales han provocado una brecha salarial injusta que venimos sufriendo desde hace más de treinta años los guardias civiles y policías nacionales.
Ayer fue un día histórico -miles de guardias civiles y policías nacionales- salieron a la calle a pedir JUSTICIA SALARIAL, a pedir lo que honradamente nos pertenece “IGUALDAD RETRIBUTIVA”, porque es el único punto a reivindicar. Estamos encantados con nuestro estatuto profesional, con el color de nuestro uniforme, con nuestro tricornio, pero eso no nos impide salir a la calle para que la sociedad tome nota de una injusta situación que se alarga más de lo debido.
Antes de comenzar la manifestación, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que la equiparación salarial comenzará con los presupuestos del 2018, además de agradecer y reconocer el trabajo de los guardias civiles y policías; reconocimiento que siempre hemos tenido de los distintos gobiernos, de la clase política y de la sociedad española, aunque ese reconocimiento no se materializó en una justa EQUIPARACIÓN SALARIAL. No pedimos más, pedidos lo mismo, ser tratados igual, en definitiva, venimos a pedir algo tan justo como el principio de igualdad salarial, porque no es justo tener unas Fuerzas de Seguridad del Estado de primera división en efectividad, pero de tercera a nivel retributivo.
Como decía, cuando miles de personas salen a la calle a pedir JUSTICIA CON RAZÓN, es que algo no ha funcionado como debía y ese algo debe de corregirse de una vez por todas.
El año pasado, con nueve, fue el que más protestas acumuló por “actuaciones incorrectas”
La Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta ha registrado durante los últimos diez años un total de 61 quejas imputadas a sus efectivos por malos tratos o actuaciones incorrectas ante cualquier instancia, jurisdiccional o no, según la información facilitada por el Gobierno de Mariano Rajoy a la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora, que pidió que la respuesta se desglosase por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por dependencias o lugares en los que se sitúan los hechos denunciados.
Según la contestación del Ejecutivo central, el número de quejas se ha mantenido muy inestable desde 2007 hasta el año pasado, el último con datos cerrados, oscilando entre dos en 2010, el año con menos, y nueve en 2016, el ejercicio con el mayor número.
En lo tocante a la Policía Nacional solamente se da cuenta de una en 2014 por el trato dispensado en los calabozos a un arrestado por un robo con fuerza.
Con respecto a la Benemérita, los artículos de la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil que aparecen más frecuentemente como presuntamente vulnerados en los expedientes disciplinarios incoados son los que atañen, en 2016, a “la infracción de cualquier deber u obligación legal o reglamentariamente establecida que resulte inherente al cargo o a la función, cuando se produzca de forma grave y manifiesta”, en un total de ocho casos, así como “el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo” (en dos ocasiones) o la negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales o de las órdenes recibidas (en otras tantas).
Con respecto a las denuncias por malos tratos o actuaciones incorrectas a personal del Instituto Armado durante la última década, la Guardia Civil de Ceuta ha registrado un total sobre 36 funcionarios en 23 procedimientos judiciales, aunque no se aportan datos sobre los denunciantes.
Mora también preguntó por cuántos expedientes disciplinarios, por qué razón y con qué resultado se han incoado contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos diez años y para conocer “en cuántos de dichos expedientes se adoptaron medidas cautelares y cuáles fueron las medidas adoptadas” y qué número finalizó “con sanción disciplinaria”.
Sin arresto disciplinario desde hace diez años
En la Ley de Régimen Disciplinario de la Benemérita aprobada hace ya diez años las novedades más importantes introducidas, según el Gobierno, se enmarcaron en el objetivo que impregna toda norma de “encontrar un equilibrio correcto entre los instrumentos que el Cuerpo precisa para el mantenimiento de un modelo disciplinario eficiente y actual, con la supresión de determinadas figuras jurídicas cuya aplicación, en circunstancias ordinarias, resultan desfasadas, difícilmente justificables y excesivamente gravosas para los miembros”. Así, por ejemplo, se suprimió la figura del arresto del cuadro de sanciones disciplinarias.
Cuatro policías nacionales por “torturas” desde 2003
Un total de cuatro funcionarios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta se han visto involucrados en supuestos casos de torturas y malos tratos con conocimiento de los Tribunales de Justicia en el periodo que va desde el año 2003 hasta el ejercicio en curso, según la respuesta del Gobierno a la senadora de Podemos Maribel Mora, que también pidió números sobre “otras actuaciones incorrectas constitutivas de cualquier tipo de delito o falta cometidos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” de las que se tenga conocimiento desglosadas por dependencias o lugares en los que se situaran los hechos denunciados.
La Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional se aprobó en 2010
En la ciudad autónoma se han tramitado durante el último lustro un total de siete expedientes disciplinarios por supuestas faltas muy graves sobre un total de ocho funcionarios.
La Ley Orgánica del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía se aprobó hace siete años para dotarlo de un marco “plenamente adaptado a la realidad de nuestro tiempo” que permitiese “conciliar las reivindicaciones de sus integrantes con las garantías derivadas de la misión encomendada por la Constitución” y que sirviese para “mejorar y perfeccionar el régimen estatutario de una institución policial del siglo XXI” para avanzar en “el servicio público policial”.
Así ha estado representada Jusapol Ceuta en la concentración de Madrid para reivindicar que los salarios de policías nacionales y guardias civiles se equiparen con los de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.
Miembros de Jusapol Ceuta se han trasladado a Madrid para participar en la concentración para reivindicar que los salarios de policías nacionales y guardias civiles se equiparen con los de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.
La aparición de Jusapol ha vuelto a poner encima de la mesa esta vieja exigencia y, así, los partidos y el Gobierno se han enganchado a la rueda de esta reivindicación. Hasta el punto de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo recientemente en el Senado que los Presupuestos de 2018, si finalmente salen adelante, serán el inicio de la senda de esa equiparación porque el Ejecutivo tiene “el mayor empeño” en atenderla.
Miles de policías y guardias civiles están convocados hoy en la Puerta del Sol de Madrid para reivindicar que sus salarios se equiparen con los de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, en una protesta promovida por Jusapol, una asociación que agrupa a agentes de ambos cuerpos creada hace apenas unos meses.
A la marcha, que partirá a las 11.30 horas del kilómetro cero de la capital, se espera que acudan unas 30.000 personas, entre agentes y familiares de éstos, en una manifestación que culminará las movilizaciones que esta joven asociación ha llevado a cabo en sus escasos meses de vida.
Un miembro de Jusapol Ceuta, junto a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Cedida
Igualdad, futuro, queremos hechos, promesas incumplidas, justicia salarial, dignidad y reconocimiento son las palabras que salpican el cartel de la convocatoria, en cuyo centro aparecen los escudos de la Policía y la Guardia Civil, el signo igual y los escudos de los Mossos, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra.
Desde hace tres décadas los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado demandan de forma reiterada esa equiparación, una reivindicación que ha unido a todos los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles en un frente común.
La aparición de Jusapol ha vuelto a poner encima de la mesa esta vieja exigencia y, así, los partidos y el Gobierno se han enganchado a la rueda de esta reivindicación. Hasta el punto de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo recientemente en el Senado que los Presupuestos de 2018, si finalmente salen adelante, serán el inicio de la senda de esa equiparación porque el Ejecutivo tiene «el mayor empeño» en atenderla.
Imagen cedida.
Pero no parece clara la cantidad que podría destinarse a ello, que, según replicó al ministro el senador socialista Francisco González Cabaña, sería solo de 50 millones de euros, es decir, 24 euros por agente y mes si se aplicara de forma lineal.
Sin embargo, el senador tiene sus propios cálculos y estimó que la equiparación salarial real implicaría 391 millones de euros para la Policía Nacional y 541 millones para la Guardia Civil.
Fuentes de Jusapol han llegado a cifrar en 1.500 millones en tres años la cantidad que haría falta para lograr esa igualdad.
Durante estos días se están dando muchas vueltas al tema de qué hacer con la antigua prisión de Los Rosales. Se ha intentando, no sabemos si para si colaba, que fuera el área de Menores la que se hiciera cargo de la misma con la intención de que el centro de reforma de ‘Punta Blanca’ pudiera cambiar de ubicación. Ya se sabía, de antemano, en Menores que sería imposible, porque no nos olvidemos que hablamos de una prisión que albergaba un mínimo de doscientos internos, cuando en el centro de Calamocarro no hay más de treinta o cuarenta. A pesar de ello fueron allí, pero se confirmaron los peores augurios. Tanto los técnicos de Menores como los de la Consejería de Fomento llegaron a la conclusión de que no servía para nada.
Vuelta a empezar. De momento, allí consumen turnos agentes de la Policía Local que se quitan de otros servicios que quizás son muy necesarios, porque no olvidemos que ahora tienen muchas más competencias asumidas, desde que colaboran más estrechamente con la Policía Nacional. La Ciudad deberá pensar qué va a hacer, pero, al final, lo mejor sería lo que el presidente Vivas dijo en su día, es decir, una gran instalación deportiva para todas las barriadas de los alrededores. Los vecinos deberían ser los primeros que estarían obligados a presionar a la Ciudad para contar con un lugar que sirviera de esparcimiento y que tanta falta les hace desde tiempo inmemorial.
Los hechos ocurrieron en el Tarajal cuando impidieron el paso del sujeto al carecer de documentación
La magistrada del Juzgado número 1 de lo Penal ha dejado visto para sentencia el juicio contra H.E.A., de nacionalidad marroquí, acusado de un delito de resistencia o desobediencia grave a la autoridad policial, además de amenazar a varios agentes con un cuchillo mellado.
El acusado se encontraba en la frontera del Tarajal el pasado 26 de octubre para intentar cruzar a nuestra ciudad, lo que le fue denegado por parte de agentes de la Policía Nacional al carecer de la documentación necesaria para el tránsito.
Días antes, H.E.A. ya había amenazado a una agente del Cuerpo Nacional de Policía gritándole que la iba a apuñalar, a la vez que gesticulaba pasando su mano por el cuello para indicar su intención de degollarla.
El Ministerio Fiscal ha solicitado un año de prisión, aunque no se ha opuesto a la suspensión de la pena al no tener el imputado antecedentes penales.
Anunciado por Zoido, permitirá que los comerciantes puedan denunciar los hurtos en el mismo establecimiento donde éste se produce
El ministro del Interior ha subrayado que este protocolo será beneficioso tanto para el empresario como para las Oficinas de Denuncias, que van a ganar en agilidad
Zoido ha anunciado que a partir del 2018 se llevará a cabo la implantación de un protocolo de denuncia policial ‘in situ’; es decir, un procedimiento para que los comerciantes puedan denunciar los hurtos en el mismo establecimiento donde éste se produce. De esta forma se facilitará la tramitación de la denuncia a las empresas, ya que los comerciantes no tendrán que desplazarse para ratificar o formular el correspondiente atestado policial y así se evitarán la molestia de tener que cerrar sus establecimientos momentáneamente para ello.
El ministro del Interior ha destacado que la implantación de este protocolo va a permitir un sistema eficiente y riguroso desde el punto de vista policial, así como beneficios tanto para el empresario como para las Oficinas de Denuncias que van a ganar en agilidad y, además, va a tener efectos disuasorios para el delincuente.
Juan Ignacio Zoido ha precisado que el procedimiento de denuncia ‘in situ’ sólo será aplicable en el caso de la presunta comisión de un delito leve cuando la persona está identificada y presente en el propio establecimiento comercial.
Un sistema similar ya viene aplicándose de manera experimental en algunos lugares, como en centros comerciales de Huelva por parte de la Guardia Civil, a través del Plan Coopera con las empresas de seguridad privada, o la tramitación de denuncias ‘in situ’ por parte de Unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, aunque aún de manera manual.
El ministro del Interior ha subrayado que el Protocolo será “una herramienta altamente beneficiosa para todas las partes interesadas en reducir las pérdidas por hurtos sufridos en los comercios y al tiempo que mejorará tanto la agilidad como la eficacia de las denuncias”.
En el desarrollo de este protocolo está trabajando un grupo coordinado por la Secretaría de Estado de Seguridad, que paralelamente ha ido generando subgrupos de trabajo más específicos, constituidos por representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y de la propia Secretaria de Estado de Seguridad.
El argelino fue acusado de golpear a una mujer que no quiso acceder a favores sexuales
Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior detuvieron al presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido contra una ciudadana marroquí. El llamado A.B., de 28 años y origen argelino, fue acusado de agredir a una mujer en las cercanías del antiguo Hospital de la Cruz Roja, por no someterse a los favores sexuales pedidos. No obstante al no quedar clara la relación con los hechos, ayer mismo quedó en libertad tras ser oído en sede judicial.
La denuncia hacía mención a unos hechos ocurridos sobre las 20.00 horas del pasado día 5 de noviembre, cuando la víctima se encontraba en la parte trasera del Hospital de la Cruz Roja, momento en el que fue abordada por el presunto autor, el cual le solicitó favores sexuales a cambio de dinero y, al negarse ésta, fue agredida por el varón, provocándole una luxación de muñeca y sustrayéndole los 100 euros que en ese momento portaba la víctima, según informó ayer la Jefatura.
Tras interponer la víctima la correspondiente denuncia, funcionarios adscritos a esta Jefatura Superior especializados en la investigación de delitos violentos, iniciaron las correspondientes averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y a determinar la presunta autoría de los mismos. Así se logró identificar a A.B., de 28 años de edad, de nacionalidad argelina, procediendo a su detención e instruyendo el correspondiente atestado policial. Ayer las cosas en el juzgado no quedaron tan claras, por lo que el detenido quedó en libertad.
