El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta condenó a un preso por un altercado en la prisión, por ser criminalmente responsable de los delitos de atentado, daños y leve de lesiones.
El acusado, que vino conducido desde la cárcel, lugar en el que se encuentra cumpliendo condena por otra causa, reconoció los hechos y aceptó la pena de 6 meses de prisión por el delito de atentado, 12 meses más de cárcel por el delito de daños, así como también el pago de una multa de 12 meses a razón de 5 euros diarios.
Por el delito leve de lesiones tendrá que pagar un mes de multa a razón de 5 euros diarios.
Además, el acusado abonará en concepto de responsabilidad civil la cantidad de 120 euros al funcionario por las lesiones causadas y 483 euros a Instituciones Penitenciarias por los daños causados en la prisión de Mendizábal.
Los hechos a los que se hizo referencia en esta conformidad ocurrieron el 21 de febrero de este mismo año. Sobre las 18:20 horas, el acusado se encontraba en su celda cuando destrozó tanto la ventana como el colchón, enchufes y restantes elementos de la celda.
Ante su comportamiento, acudieron a su chabolo diversos funcionarios de prisiones, debidamente uniformados y en el ejercicio de sus funciones. En cuanto abrieron la celda, con ánimo de menoscabar el principio de autoridad que representan los funcionarios de prisiones y de causarles lesiones, el ahora condenado les acometió, resistiéndose de forma violenta a su reducción.
Como consecuencia de estos hechos, uno de los funcionarios sufrió una herida de 3 centímetros de la mano derecha. El acusado ocasionó daños en la celda por importe de 483,5 euros.
El ahora condenado tendrá que cumplir 18 meses más de prisión, así como afrontar el pago de las multas. De no hacerlo se le sumaría más tiempo de condena en Mendizábal.
El acuerdo previo entre las partes le sirvió al acusado para una importante reducción de la pena, ya que en un principio Fiscalía le pedía 4 años de prisión por el delito de atentado y 2 años por el de daños.
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Intentar el pase de casi 30 kilos de hachís le sale caro
El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a un vecino de Toledo por un delito contra la salud pública.
El acusado, H.T.L., que vino conducido por la Policía Nacional desde la prisión, reconoció los hechos y aceptó la pena de 3 años y 2 meses de prisión. Además tendrá que hacer frente al pago de 197.310 euros con 3 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Los hechos a los que se hizo referencia en este juicio ocurrieron el 30 de abril de este mismo año.
Sobre las 21:25 horas, el acusado se encontraba en la estación marítima con el propósito de emprender viaje con destino a Algeciras.
Al infundir sospechas a los agentes de la Guardia Civil que prestaban servicio en el control de embarque procedieron a la intervención del vehículo en el que viajaba, cuya propiedad formal es de un tercero, si bien se había producido la transferencia de la titularidad al acusado de manera material.
El can detector de sustancias estupefacientes dio signos evidentes de que había escondida droga en el vehículo. Como consecuencia del registro efectuado, se encontró oculto en el interior de los faldones laterales y en el suelo del vehículo lo que resultó ser hachís en una cantidad de 104 bloques, que tras ser analizada arrojó un peso neto de 29.059 gramos de hachís, con un índice de THC del 33,5% y con un valor en el mercado de 197. 310 euros, que el acusado pensaba destinar a la venta o donación de terceras personas.
El ahora condenado deberá cumplir la pena de prisión impuesta, sin tener en cuenta los meses que ya lleva en prisión, es decir, desde el pasado 30 de abril.
El acuerdo previo entre la Defensa y el Ministerio Fiscal evitó la celebración de la vista oral que estaba fijada para este jueves en la sala de lo Penal número 2 de nuestra ciudad. El acuerdo también le sirvió al acusado para una reducción de la pena, ya que en un principio el Ministerio Público le pedía 3 años y 6 meses de prisión.
A prisión un agente de la Guardia Civil por violencia de género
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta, con competencia en asuntos relacionados con la violencia sobre la mujer, ordenaba en la noche de este martes el ingreso en prisión de un agente de la Guardia Civil.
Investigado por la presunta comisión de delitos de violencia de género y agresión sexual, se adoptó la medida privativa de libertad procediéndose a su traslado a la cárcel de Mendizábal como orden cautelar.
Tal y como han corroborado fuentes judiciales a El Faro, dicha medida se sustentó en el riesgo de que pudiera atentar contra la víctima y en la posible reiteración delictiva. Así se ha recogido en el auto judicial dictado y tras que la defensa de la denunciante también lo solicitara.
Violencia de género y protocolo
El delito de violencia de género alude a la violencia tanto física como psicológica ejercida sobre la mujer, un tipo de violencia en la que se manifiesta el ejercicio violento del poder del hombre sobre la mujer por el hecho de serlo.
En este caso en concreto tuvo que intervenir la Policía Nacional al existir una denuncia de la fémina ante los componentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer del CNP) de una serie de hechos de gravedad, procediéndose a la detención del agente y a su puesta a disposición judicial este pasado martes.
No fue hasta la noche cuando se acordó la medida privativa de libertad con carácter cautelar.
Críticas al protocolo
La víctima estuvo desde primera hora de la mañana hasta prácticamente las nueve de la noche en dependencias judiciales.
Una situación anómala que ha sido puesta de manifiesto en multitud de ocasiones ya que los protocolos no funcionan de forma adecuada y eficiente en este tipo de casos, solicitándose que se dé prioridad a este tipo de asuntos sobre cualquier otro correspondiente a la guardia.
El ‘Canty’, en busca y captura, se enfrenta a cárcel por disparos en el Príncipe
El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta tuvo que suspender un juicio seguido por delitos de amenazas y tenencia ilícita de armas al no comparecer el apodado Canty, sobre el que pesa una orden de busca y captura. Figuraba como acusado junto al llamado N.Ch.M., quien no reconoció los hechos con los que se le relaciona y que se produjeron en septiembre de 2023 en la barriada del Príncipe.
Al ‘Canty’ lo busca la Policía. Se han tenido que suspender varios juicios porque no comparece ni tampoco dan con su paradero.
En esta ocasión debía responder de unos hechos ocurridos en su propio barrio, en la noche del 4 de septiembre, cuando, según informó la Policía y mantiene que se produjo el Ministerio Fiscal, los dos acusados acudieron a la plaza del zoco.
Con revólveres en mano
El ‘Canty’ con dos revólveres, el otro acusado, con uno. Así empezaron a encañonar a las personas que allí se encontraban al tiempo que hacían disparos al aire y les amenazaban en voz alta.
Lo hacían con expresiones como: «No quiero ver a nadie por aquí, chivatos, os voy a matar, hijos de puta». Provocaron no solo temor entre los presentes, sino también la huida de los vecinos que temían verse alcanzados por los disparos efectuados al aire.
Allí no terminó la tensión. Solo un día después, el 5, los acusados abordaron a una vecina en la calle Norte y la encañonaron a una distancia de 8 metros al tiempo que el ‘Canty’ la amenazaba gritando: «¡Puta, ven que te voy a matar!», «¡hoy voy a matar a alguien!» al tiempo que efectuaba disparos al aire.
Penas que pide Fiscalía
La vista no se pudo celebrar, aunque la Fiscalía recoge en su escrito de calificación inicial una petición de cárcel para ambos. Por un delito de amenazas la pena de 3 años de prisión, la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como el abono de las costas procesales.
Por otro delito de amenazas, el perpetrado contra una mujer, la pena de 2 años de prisión, la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con la misma por cualquier medio durante 2 años.
Por tenencia ilícita de armas, solicita una pena de 2 años de prisión y la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Condenado tras ser pillado con droga en el salpicadero
El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta condenó al llamado M.B. por un delito contra la salud pública.
El acusado, que vino conducido desde la prisión por la Policía Nacional, reconoció los hechos y aceptó la pena de 3 años y 2 meses de cárcel, así como al pago de una multa de 26.919 euros con 3 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Además, el Ministerio Fiscal pidió que al cumplir dos tercios de la condena el acusado pueda ser expulsado del territorio español por un periodo de 5 años. Una expulsión que queda supeditada a expensas de que el acusado pueda acreditar arraigo en nuestro país.
Los hechos a los que se hizo referencia en esta conformidad ocurrieron el 12 de agosto de este mismo año. Sobre las 05:30 horas, el acusado se encontraba en la estación marítima con el propósito de embarcar con destino a Algeciras.
Al infundir sospechas a los funcionarios de la Guardia Civil que prestaban servicio en el control de embarque procedieron al registro del vehículo, propiedad del acusado, a lo que él mostró su consentimiento.
Como consecuencia del registro efectuado, los agentes de la Guardia Civil encontraron oculto en el chasis del vehículo, bajo el salpicadero, la cantidad de 71 bloques conteniendo en su interior pastillas rectangulares de sustancia lo que resultó ser hachís, que tras su análisis arrojó un peso bruto de 14.050 gramos, con un índice de THC superior al 40% y con un valor de 26919 euros en mercado.
El acusado pensaba destinar la sustancia intervenida a la venta o donación a terceras personas.
El acuerdo entre la Defensa y el Ministerio Fiscal evitó la celebración de la vista oral que estaba fijada para este martes en la sala de lo penal número 2 de nuestra ciudad. Este reconocimiento de los hechos del acusado también le sirvió para una reducción de la pena ya que en un principio Fiscalía pedía una pena de hasta 4 años de prisión.
La Audiencia se enfrenta al mayor juicio contra el blanqueo
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta acoge este martes la sesión de cuestiones previas antes del inicio del mayor juicio contra el blanqueo de capitales celebrado en la ciudad con 13 acusados y el cabecilla fugado de la justicia.
Las distintas partes representadas en este procedimiento tienen hoy la posibilidad de presentar una serie de cuestiones anteriores a la celebración de la vista oral que comenzará el 8 de octubre y se extenderá durante todo este mes y parte de noviembre.
Los abogados han ido llegado a la sede del máximo órgano judicial en nuestra ciudad a las 10:30 horas, atendiendo a la citación cursada. En esta primera jornada no hay declaración de acusados, únicamente se atienden las cuestiones formuladas que deben ser resueltas antes del inicio de la vista oral.
Se trata de uno de los juicios más importantes de los celebrados hasta la fecha en nuestra ciudad por blanqueo de capitales.
El máximo órgano judicial en nuestra ciudad afronta una de las vistas más complejas con declaraciones no solo de los acusados -entre los que se encuentra una agente de la Policía Local de Ceuta y miembros de la misma familia– sino también de los autores de la investigación que fue coordinada por la Guardia Civil.
El cabecilla fugado desde 2019
No se podrá contar con el señalado como cabecilla de esta trama, que sigue fugado de la justicia desde que se produjeron las detenciones tras el desarrollo de una operación perpetrada por la Benemérita que comenzó, en su primera fase, en 2019.
Con la misma, la Guardia Civil aseguró haber desmantelado una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Hubo registros y detenciones tanto en la ciudad autónoma como en puntos del sur peninsular. Los agentes se adentraron en casas, chalés además de inmuebles ubicados en el Campo de Gibraltar.
Este operativo se enmarcó en las actuaciones que llevaron a cabo los componentes del OCON-SUR con apoyo del Grupo de Acción Rápida -GAR- amén de efectivos de Policía Judicial e Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.
Las penas que en su calificación inicial solicita el Ministerio Fiscal se elevan a hasta 14 años de cárcel por delitos de blanqueo y organización criminal para las personas que sitúa en la cúpula.
A ojos del Ministerio Público se había constituido toda una empresa criminal dedicada al blanqueo del dinero procedente del tráfico de drogas contando con la participación de miembros de la misma familia.
Las detenciones se llevaron a cabo en dos fases operativas distintas, pero en ninguna de ellas se pudo dar con el presunto cabecilla y uno de sus hermanos que llevan todo este tiempo escondidos.
Lo que sospecha la Fiscalía
La Fiscalía considera la existencia de una organización que, con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, realizó labores oportunas para la compraventa, transporte y posterior distribución y comercialización de una gran cantidad de hachís por la zona del campo de Gibraltar y Ceuta.
Los acusados se relacionaban entre sí y se informaban acerca de la existencia de la mercancía y precio y se concretaban las fechas y circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación de compraventa y transporte de la sustancia estupefaciente. Ese negocio ilícito supuso la base del posterior blanqueo de los bienes obtenidos.
En el marco de las investigaciones desarrolladas por el Instituto Armado se ‘marcó’ al presunto cabecilla de este entramado en el que sus integrantes, a pesar de carecer de ingresos suficientes procedentes de actividad laboral, profesional o empresarial lícita, obtuvieron elevados y pingües beneficios patrimoniales ilícitos y manejaron grandes cantidades de efectivo con los que pudieron adquirir un alto número de bienes inmuebles, vehículos a motor y motocicletas, embarcaciones, sociedades mercantiles y hasta ganadería con caballos de pura raza española.
Las Defensas harán valer la inocencia de sus patrocinados
Las Defensas intentarán hacer valer sus informes para avalar la nula relación con los hechos de sus patrocinados.
Los distintos letrados se sientan frente al representante del Ministerio Fiscal que figura como única acusación en este procedimiento.
La vista correspondiente a estas cuestiones previas ha comenzado prácticamente a las doce del mediodía.
Una de las acusadas no tuvo que seguir la sesión
La Defensa de una de las acusadas, la única que asiste a la sesión por videoconferencia, ha pedido el sobreseimiento del caso respecto de su cliente argumentando el estado de salud que sufre.
De hecho, la acusada está ingresada en el hospital y, por ejemplo, está sometida a una fuerte medicación.
La Defensa ha pedido un sobreseimiento provisional, es decir, que el juicio siga respecto de los demás acusados menos de ella.
“Es inhumano”, ha advertido la abogada. Ha indicado que su clienta tiene una incapacidad permanente total absoluta, por lo que ha pedido que sea eximida de someterse a esta vista.
“No puedes estar en este acto”, ha insistido.
La Fiscalía ha pedido un pronunciamiento al respecto del médico forense y la Sala, tras un receso, ha considerado que queda eximida de continuar en esta sesión de cuestiones previas sin perjuicio de que se valore si tendrá que seguir presente durante el juicio cuando las sesiones comiencen el 8 de octubre.
Así se frustró el 30-S: ¿por qué fracasó el pase a Ceuta?
Las tornas cambiaron por completo. En esta ocasión no es que los periodistas llegaran al lugar de los hechos cuando se había producido una entrada de inmigrantes en Ceuta, ahora eran ellos los primeros en el terreno esperando la comprobación de la veracidad del llamamiento al pase a través de redes.
No se produjo y en algunos medios marroquíes ya han señalado al ‘culpable’: la labor previa llevada a cabo.
Así, el periódico electrónico Hespress alude a la vigilancia informativa de la Dirección General de Seguridad Nacional, que «jugó un papel decisivo en frustrar los llamamientos incitadores a la inmigración colectiva hacia Ceuta».
Conforme se publicaban esas incitaciones al pase se fue confirmando la detención de decenas de personas que se involucraron en la promoción de la operación en varias ciudades.
Esos provocadores de masas, encargados de instar al pase colectivo, fueron detenidos y, en varios casos, encarcelados. Esa reacción inmediata ha sido, valoran, lo que ha cortado la fuerza del movimiento harraga.
Según los mismos datos, las personas detenidas fueron interceptadas en Sefrou, Kelaa des Sraghna, Benguerir y El Araich, además de Tetuán y Casablanca, donde se reveló que la mayoría de ellos tienen antecedentes penales relacionados con fraude, estafa y robo, un dato que indica que el amplio proceso de promoción de la inmigración colectiva semanas antes era «sospechoso».
Mohamed Benissa, presidente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos, declaró que «el fracaso de los llamamientos a la inmigración irregular a través de Ceuta el 30 de septiembre, que se lanzaron por medio de las redes sociales” tiene que ver con ese nuevo escenario.
Algo ha cambiado
Lo ocurrido este pasado septiembre demuestra que algo ha cambiado en el horizonte inmediato migratorio.
La movilización por redes sociales supone un movimiento complicado de controlar, pero persuasivo hasta el punto de convertirse en un problema de seguridad gravísimo.
Muchos de los incitadores al pase están presos, y además otros tantos están privados de libertad a la espera de resolución judicial.
Melchor León, citado a declarar este lunes como investigado
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta tomará declaración este lunes en calidad de investigado al presidente de la Gestora del PSOE, Melchor León. Lo hará tras la denuncia interpuesta por una trabajadora del Grupo Parlamentario Socialista tras la difusión en un chat del partido de su parte médico por incapacidad temporal.
León ha sido citado formalmente por el juzgado para que acuda asistido de su abogado, advirtiéndole de su obligación de comparecer ya que de no alegar causa justa que se lo impida, esa citación podrá convertirse en orden de detención.
Se le cita, tal y como han concretado fuentes judiciales a El Faro de Ceuta, en el marco de las actuaciones judiciales seguidas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal.
Los hechos a los que hace referencia esta decisión judicial tienen su origen en lo ocurrido a finales de junio de este año, cuando una trabajadora del Grupo Parlamentario Socialista que se encontraba de baja fue informada de que su parte médico, que contenía datos sensibles y referidos a su intimidad, había sido difundido en un chat de la Gestora por su presidente Melchor León.
Esa baja laboral, documento interno alusivo a una situación personal privada, se colgó en un chat en el que interactúan componentes de la Gestora sin contar con permiso de la afectada, que se enteró de que se había compartido su situación y el motivo de su baja por terceras personas.
Eso llevó a la presentación de una denuncia en la Jefatura Superior de Policía al haberse compartido un documento en el que se expresaban las razones de esa baja, ante un posible caso de revelación de datos que afectaban a su intimidad.
Tras un sobreseimiento inicial el auto fue recurrido y estimado lo que provoca la reapertura de las actuaciones por la difusión de una información reservada y sensible.
Y nueva denuncia en la Policía contra Melchor León
A este asunto judicial de envergadura se suma otro problema más para el Grupo Socialista, ya que esta misma trabajadora ha presentado esta semana otra denuncia en la Policía Nacional contra el presidente de la Gestora después de acudir a la sede en el Ayuntamiento a recoger sus pertenencias y encontrar la cajonera de su mesa forzada.
Tal y como se refleja en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, la denunciante acudió a la sede del Grupo donde trabajaba hasta hace unos meses. Lo hizo para recoger sus pertenencias. En concreto, dos carpetas personales con temarios de Amgevicesa, documentos médicos a su nombre, documentos privados de su hija, un par de gafas graduadas, documentación y un colgante de oro.
Esa cajonera fue abierta por personal de mantenimiento que, asegura, actuó por orden del presidente de la Gestora, Melchor León, sin conocer el motivo ni las circunstancias que rodeaban esa decisión y creyendo que era un encargo como cualquier otro que pudiera suscitarse en el Ayuntamiento. Nada sabían de que se trataba de una cajonera personal de una extrabajadora.
Todas esas pertenencias no aparecen, la denunciante dice que desconoce dónde están y que nunca fue avisada por el partido para que acudiera a recogerlas, conociendo lo ocurrido al presentarse en el lugar. La cajonera la había dejado cerrada con llave ya que en su interior tenía cosas personales sin regresar al trabajo al estar de baja médica.
Cuando acudió a la sede, lo hizo acompañada del asesor delegado del grupo socialista que fue quien abrió el despacho y una diputada del partido en la Asamblea, que ha sido testigo de los hechos.
La denuncia ha sido presentada en la Policía Nacional para que se esclarezcan estos hechos.
El conductor de un vehículo patera de la droga termina condenado
El pasado 9 de agosto, la Guardia Civil detenía en el puerto de Ceuta a un marroquí de 43 años cuando intentaba embarcar con destino a la Península conduciendo un vehículo cargado de hachís. Nada menos que 149 kilos.
Ahora, el Juzgado de lo Penal número 1 le ha condenado a 4 años y 1 mes de prisión por incurrir en un delito contra la salud pública. Además, tal y como se concretó en la sentencia dictada in voce, se impone una multa de 287.240 euros con 3 día de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
El acusado, que está en prisión preventiva en Mendizábal desde aquella noche, aceptó la condena reconociendo ser el autor del delito. Le había sorprendido in fraganti la Benemérita con toda la droga repartida en el vehículo de su propiedad modelo Renault Scenic.
Un vehículo patera para la droga
Los 415 bloques de hachís estaban escondidos en los huecos naturales del vehículo, salpicadero y depósito de combustible. El ahora condenado, con permiso de trabajo y residencia en España, quedará privado de libertad tras haber intentado burlar los controles antidroga establecidos por el Instituto Armado.
Se había convertido en el conductor de un auténtico vehículo patera preparado para ocultar droga, hasta el punto de que los agentes no pararon de sacar los bloques alcanzando uno de los decomisos más elevados de los detectados este pasado verano.
Las vigilancias efectuadas por la Benemérita en el puerto se llevan a cabo sobre los coches y furgonetas que embarcan en dirección a Algeciras, una línea explotada por quienes quieren hacer negocio con el tráfico de estupefacientes.
Los conductores de esos vehículos son usados como pasadores, eslabones necesarios en el negocio de la droga para conducir esa mercancía al otro lado del Estrecho y favorecer su entrega y distribución en el mercado europeo.
Juzgado por violencia doméstica tras cambiar de sexo registral
Es el primer caso que llega al Juzgado de lo Penal en Ceuta en el que la persona que figura como acusada ha cambiado su sexo en el Registro Civil de hombre a mujer. Y lo hizo antes de producirse los hechos que le han llevado a sentarse en el banquillo este jueves.
El procedimiento se ha seguido por tanto en el juzgado de instrucción número 5 como un caso de violencia doméstica y no como violencia de género hasta llegar ahora al Penal número 1.
La diferencia estriba en que en el primer caso se trata de una violencia ejercida en el hogar compartido y sufrida por cualquier miembro de la unidad familiar, mientras que en el segundo la violencia se produce de un hombre contra la mujer por el hecho de serlo. Las penas de cárcel a imponer son distintas según cada delito.
En este caso, la persona procesada es físicamente hombre, pero figura como acusada al haberse inscrito en el registro como mujer, en base a la aplicación del derecho a la autodeterminación de género que contempla la Ley 4/2023.
Una norma que reconoce que a partir de los 16 años es posible realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito. Hasta entonces para dar ese paso se exigía un diagnóstico que acreditase una disforia de género y haber recibido tratamiento médico durante al menos dos años “para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado”.
En la vista oral tanto la magistrada como la representante del Ministerio Fiscal se refirieron en sus preguntas en femenino, atendiendo así al sexo con el que consta en el registro y en el propio escrito de acusación del Ministerio Público.
El juicio, que versó sobre unos hechos ocurridos a principios de este mes en la vivienda compartida con su expareja sentimental, quedó visto para sentencia.
Guardia civil con «muchos años» de servicio y «ningún delito»
La Fiscalía considera que se está ante un delito de malos tratos simples en el ámbito familiar por lo que solicitó la imposición de un año de cárcel, así como la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros y comunicarse con la denunciante durante 5 años.
La Defensa, por su parte, pide su absolución al considerar que no ha quedado probada la comisión del delito.
La acusada negó en todo momento la agresión, indicando que fue la denunciante (su expareja) quien se tornó agresiva, llegando a gritarle y arrojándole finalmente una botella de agua y una lámpara cuando acudía a interesarse por qué lloraba el hijo que tienen en común.
Indicó que pertenece “a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ya que es guardia civil desde hace “muchos años”, y “nunca he cometido un delito”.
La expareja de la acusada se acogió a su derecho a no declarar.
Manifestaciones de testigos
En la celebración de la vista oral se escucharon varias testificales, entre ellas de policías que declararon para manifestar que actuaron porque entró una llamada en la Sala alertando de un posible caso de violencia de género.
Señalaron que cuando llegaron la supuesta víctima les manifestó que había sido zarandeada y agredida, además de que habrían sucedido hechos parecidos en otras ocasiones con anterioridad.
La Defensa puso en evidencia varias contradicciones y se aportó un vídeo para demostrar que su patrocinada no había golpeado la puerta para acceder a la habitación donde se habría producido el incidente que le ha llevado a sentarse en el banquillo.
