Un servicio que cubra la asistencia propia de un centro de salud, que realice pruebas y ejecute otras medidas oportunas. Es la meta que persigue el Gobierno del Ejecutivo central para el CETI de Ceuta con la puesta en marcha de una licitación.
El objetivo es dotar al centro de estas prestaciones sanitarias. Cuenta para ello con un presupuesto total de 719.265,55 euros. La empresa a la que se le asigne finalmente la labor debe desempeñar sus funciones durante un año, un periodo que es prorrogable, según el pliego del contrato.
La meta no se reduce a prestar atención de carácter puntual, sino a configurar un sistema sanitario estructurado que proteja a este sector de la población vulnerable, del que se destaca su “diversidad cultural y su situación de especial fragilidad”. La iniciativa se articula en varias líneas de actuación destinadas a proporcionar un trabajo integral, tanto en el plano curativo como en el preventivo y social.
Analíticas y pruebas
La base del proyecto es la asistencia clínica. Los profesionales adjudicatarios deben asegurar pruebas diagnósticas esenciales en el momento de la llegada de cada residente. Estas son, por ejemplo, la tuberculina para descartar tuberculosis u otras como los test rápidos de VIH, los de detección de COVID-19 y los controles de constantes vitales.
La lista también contempla los análisis dirigidos a la detección de embarazo, de glucemia, el cribado neonatal mediante el talón, así como la valoración de analíticas solicitadas por especialistas externos del hospital público o del Centro de Orientación Familiar para el seguimiento de mujeres gestantes.
La compañía a la que finalmente se asigne esta responsabilidad debe estar ojo avizor con el calendario de vacunación, así como de las revisiones pediátricas periódicas forman parte de este entramado asistencial. Asimismo, es esencial que se encargue de crear dietas específicas en aquellos casos en que se detecten necesidades alimenticias particulares.
Concienciación
Las campañas informativas también son parte de la iniciativa, en especial, la de vacunación antigripal. Tras la difusión de recomendaciones sanitarias, los equipos tienen que encargarse de administrar la inmunización a los residentes.
Los documentos de la licitación también plantean la atención individualizada a pacientes en observación, la derivación a especialistas cuando exista prescripción médica y la coordinación permanente con los demás servicios del centro, como, por ejemplo, las plantillas destinadas a funciones sociales o psicológicas. El texto especifica que es obligatorio abrir, mantener y custodiar los expedientes clínicos de cada usuario, así como la preparación de la burocracia precisa cuando el usuario sea traslado fuera del CETI.
La vigilancia epidemiológica se integra en el proyecto sanitario como un elemento estratégico. El personal debe comunicar y alertar en un plazo máximo de 24 horas sobre cualquier enfermedad de declaración obligatoria que se localice.
Asimismo, se compromete a emitir informes mensuales. El propósito de esta tarea es facilitar la anticipación ante posibles brotes y con la consecuente aplicación de medidas pertinentes para proteger la salud tanto de la población acogida como de la ciudadanía.
Promoción de la salud
Existe dentro del escrito una cláusula orientada a la promoción de la salud. La misma incide en el desarrollo de actividades centradas en la prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Este propósito se rige bajo la línea de la sensibilización y la educación con fines de prevención.
Es por ello por lo que esta parte del programa sanitario también propone el reparto de preservativos ente los usuarios, la puesta en marcha de charlas, la organización de talleres sobre higiene y hábitos de vida saludables, así como el acompañamiento a los residentes a centros médicos cuando resulte necesario.
Otro de los aspectos destacables dentro del contrato versa sobre el servicio de dispensación de medicamentos. La empresa adjudicataria se responsabiliza de la entrega de tratamientos prescritos, el control del almacén de fármacos y la petición de nuevos productos al responsable del centro.
Todo ello debe hacerse bajo los criterios de la sanidad pública que priorizan el uso de genéricos. Esta tarea se encuentra regulada por la normativa vigente en materia de fármacos y productos sanitarios, un cumplimiento que asegura un proceso riguroso.
