Muface: así se presenta una queja si la aseguradora incumple el concierto

“Ante la situación generada en torno a la renovación del concierto sanitario de Muface”, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) ha recalcado una vez más la “necesidad de garantizar la continuidad del sistema de asistencia sanitaria que ofrece la mutualidad y de asegurar que esa asistencia se preste en las mejores condiciones posibles para las personas afiliadas y beneficiarias”, incluyendo los de Ceuta.

Es por ello que recuerdan que los afectados están en pleno derecho de presentar una queja “si la compañía aseguradora incumple el concierto”.

En este sentido, desde el sindicato han recordado un despliegue desde el primer momento “de varias líneas de acción para defender el mantenimiento de la mutualidad”.

Al respecto, han recalcado que abordaron el asunto “directamente con los responsables políticos, denunciando la situación ante los medios de comunicación, planteando movilizaciones junto a otras organizaciones sindicales e informando a sus afiliados de las novedades al respecto.

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza ha señalado que “después de la concentración convocada la semana pasada por la plataforma intersindical contra el colapso sanitario, de la que ANPE forma parte, Muface ha iniciado el proceso para modificar las condiciones de la segunda licitación del concierto sanitario”.

De acuerdo con lo que ha expresado el sindicato “esta decisión supone dejar sin efecto el plazo de presentación de ofertas, que expiraba el lunes, 27 de enero. Una vez se modifique el pliego, se acordará un nuevo plazo”.

Sobre este asunto, ANPE ha recordado que “Muface ha recalcado que, independientemente de este hecho, los mutualistas van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que se les viene prestando hasta ahora”.

¿Cómo presentar quejas o reclamaciones?

Ante este panorama, ANPE ha indicado a sus afiliados que, “en el caso de que la compañía aseguradora por la que hayan optado dentro de Muface se niegue a realizar tratamientos o pruebas, o lleve a cabo cualquier otra acción que suponga un incumplimiento del concierto” están a disposición de los afectados una serie de documentos para poder presentar las respectivas quejas o reclamaciones.

Para reclamaciones por asistencia sanitaria de Entidades Concertadas los interesados pueden PINCHAR AQUÍ para acceder a la información.

Esto se corresponde con las instrucciones de Muface para la reclamación que será planteada en la Comisión Mixta Provincial entre Muface y la correspondiente aseguradora.

También está disponible, PINCHANDO AQUÍ, Instrucciones para presentar queja ante Muface.

Para finalizar, la plataforma intersindical de la que ANPE forma parte, ha puesto a disposición de los afiliados y afiliadas un formulario anónimo de recogida de quejas y reclamaciones presentadas previamente a Muface, “que pedimos se nos remita a la dirección de correo electrónico an**@**pe.es para poder llevar a cabo una mayor presión, que propicie la solución de esta situación de incertidumbre”.

CCOO y UGT piden el acuerdo sobre Muface “a la mayor brevedad”

Las federaciones de Servicios a la Ciudadanía y Enseñanza de CCOO y UGT– Servicios Públicos exigen al Gobierno y a las aseguradoras que alcancen un acuerdo sobre Muface “a la mayor brevedad”. Un acuerdo del que están pendientes muchos trabajadores públicos de Ceuta.

Esta demanda se realiza, “sobre todo tras el Consejo de Ministros celebrado ayer, que modifica las condiciones recogidas en la segunda licitación del concierto sanitario, y que deja a las aseguradoras sin argumentos para no presentarse a la licitación”, indican desde las formaciones sindicales.

Asimismo, instan a ambas instituciones a alcanzar un acuerdo “razonable y satisfactorio”, que garantice “la estabilidad en los servicios de asistencia y calidad sanitaria del colectivo de mutualistas”.

“Desde CCOO y UGT-Servicios Públicos denunciamos que en este impas se están existiendo inaceptables incumplimientos por parte de las aseguradoras de la Orden de servicios, con desatenciones a las personas mutualistas, que deben solucionarse de inmediato con las medidas oportunas”, señalan.

Por otra parte, indican que “el futuro aún no está del todo claro, sobre todo porque nos encontramos con unas aseguradoras que, en su ambición insaciable de rédito económico y anteponiendo su cuenta de resultados a la prestación del servicio, siguen presionando para que el Gobierno aumente la financiación de manera injustificada”.

Sin embargo, desde CCOO y UGT entienden que en este momento “la situación es mucho más cercana a un acuerdo que dé tranquilidad a las personas mutualistas, por lo que consideramos que es momento de dar una oportunidad a la negociación”.

Finalmente, ambas formaciones sindicales consideran que será imprescindible “abrir un espacio de reflexión para garantizar a futuro la asistencia sanitaria de funcionarias y funcionarios, evitando esta inasumible incertidumbre cada dos o tres años”.

“Ambos sindicatos, igual que trabajamos intensamente por que exista una solución a corto plazo, queremos trabajar para que exista un plan a medio y largo plazo”, concluyen.

AUGC denuncia «discriminación» por discapacidad en la Guardia Civil del siglo XXI

La representación en Ceuta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles anuncia que AUGC ha abierto una cuenta solidaria para ayudar a Jacobo Barchín, guardia civil que lucha por un puesto adaptado.

Los fondos recaudados serán destinados a cubrir los gastos derivados de su lucha, ya que, asegura la asociación, este compañero «no está recibiendo ingresos laborales debido a problemas burocráticos».

Jacobo, un «valiente» guardia civil de 34 años y natural de San Clemente (Cuenca), como lo describe AUGC, cumplió «su sueño» de entrar en el Cuerpo en 2015, tras haber servido en el Ejército de Tierra.

Destinado actualmente en la localidad de El Campello (Alicante), donde trabaja desde 2020 y que tras un accidente en bicicleta, se encuentra en una silla de ruedas, al sufrir una grave lesión medular, expone la asociación.

«Jacobo ha dedicado su vida a servir y proteger a los ciudadanos, y ahora, en un momento de necesidad, se enfrenta a una situación que no solo es injusta, sino también profundamente discriminatoria», lamenta esta representación de guardias civiles.

La Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa han tomado la decisión de «no permitir» que Jacobo continúe ejerciendo en la Guardia Civil y desempeñe cualquier puesto burocrático o administrativo, pues ha demostrado su «capacidad, validez y autosuficiencia», denuncia AUGC en un comunicado de prensa.

Esta decisión, que a su juicio «atenta» contra los derechos de los guardias civiles con discapacidad, no solo «ignora» su valía como profesional, sino que también «desestima» su derecho a trabajar y a contribuir a la sociedad, un derecho que, entiende la entidad profesional, debería ser «inalienable» para todos, «independientemente de las circunstancias que puedan afectar su capacidad física».

«El Gobierno no debería cerrar las puertas a un guardia civil que sólo quiere seguir sirviendo a su país»


Desde AUGC hacen un llamamiento a la «responsabilidad y humanidad» por parte del Gobierno, «que no debería cerrar las puertas a un guardia civil que sólo quiere seguir sirviendo a su país».

«Es fundamental recordar que la discapacidad no define a una persona», añade la asociación.

«Jacobo sigue siendo un guardia civil en su esencia, con la misma dedicación, compromiso y amor por su trabajo que siempre ha tenido y merece por lo tanto una nueva oportunidad», ha destacado AUGC.

«La verdadera medida de una sociedad se encuentra en cómo trata a sus miembros más vulnerables, y en este caso, estamos fallando», critica esta agrupación de guardias.

«La exclusión de Jacobo no solo es un golpe a su dignidad, sino también un mensaje negativo para todos aquellos que enfrentan desafíos similares», agrega en su nota de prensa.

Llamamiento a la sociedad para que se una en solidaridad


Desde AUGC hacen también un llamamiento a la sociedad para que se una en solidaridad con Jacobo.

«Es momento de alzar la voz y exigir un cambio», sentencia.

La inclusión y la diversidad son valores que deben ser promovidos y defendidos en todos los ámbitos, especialmente en instituciones que representan la seguridad y el bienestar de todos, argumenta el colectivo.

La lucha de Jacobo es una lucha por la igualdad, por el derecho a ser tratado con respeto y dignidad, y por la oportunidad de demostrar que, a pesar de las adversidades, se puede seguir contribuyendo a la sociedad», señala en su comunicado de prensa.

A la clase política, le insta a que tomen medidas concretas para «garantizar» que las políticas laborales sean inclusivas y justas.

«Sólo pedimos empatía y voluntad institucional y no promesas vacías», espeta esta agrupación de agentes.

Es esencial que se implementen programas de sensibilización y formación que promuevan la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, especialmente en instituciones como la Guardia Civil, proponen.

La diversidad en el lugar de trabajo enriquece

La diversidad en el lugar de trabajo no solo enriquece a las organizaciones, sino que también refleja una sociedad más justa y equitativa.

«Jacobo y su familia no están solos en esta lucha», advierten.

«Todos nosotros, como sociedad, debemos unirnos para apoyarlo y para abogar por un cambio real», subraya.

La historia de Jacobo es un recordatorio de que la resiliencia y la determinación pueden superar cualquier obstáculo, pero también es un llamamiento a la acción para que todos trabajemos juntos hacia un futuro donde la inclusión y la igualdad sean la norma, no la excepción.

AUGC adelanta que no cesará en su labor de denuncia y apoyo hasta que Jacobo Barchín obtenga lo que le corresponde, su derecho al trabajo digno y adaptado.

CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo las vacantes sin cubrir de Servilimpce

Comisiones Obreras da un paso más al frente respecto a las vacantes sin cubrir de Servilimpce. La organización se persona en Inspección de Trabajo para que tome partido en esta cuestión, un asunto que ya ha generado de forma previa reacciones entre otros sindicatos de Ceuta.
La entidad denuncia a esta institución la falta de ocupación de 25 plazas, huecos provocados principalmente por jubilaciones y puestos reservados por incapacidad. El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, enuncia que, la intención, es poner en conocimiento “el incumplimiento” del artículo 31 del convenio colectivo de limpieza pública viaria y saneamiento.
La cláusula en cuestión, tal y como apunta el texto, establece que la empresa debe reemplazar en un máximo de seis meses este tipo de ausencias. “Estas contrataciones no se están produciendo” lo que “supone una amortización”, indica. Finalmente, tal y como refleja la declaración, se solicita a este organismo que intervenga para que se acate el mencionado apartado.

Desde enero de 2024

“Hay personas disponibles como para meterlas esos cargos que están vacíos”, manifiesta Javier Lirio, delegado del sindicato en la ciudad. “Todo esto viene de hace tiempo, de enero de 2024. A día de hoy la situación sigue igual”, detalla.
A su vez, especifica la compañía le ha trasladado que no se reponen estos empleos por la inexistencia de un convenio en vigor. “No lo hay, pero tampoco un plan de servicios, una relación de puestos de trabajo ni una plantilla definida”, comenta. Acorde con su testimonio, esta circunstancia conlleva una serie de consecuencias para los trabajadores y para Servilimpce. “Va a la deriva. Se han quedado los mismos que estaban antes de su municipalización”, considera. Hace hincapié en que, en caso de resolverse este paradigma, ello implicaría “una mejora para los que tienen un contrato solo de fin de semana y festivos” tanto a nivel económico y laboral, ya que pasaría de “tener 14 horas semanales a 35”.

La propuesta de acceder a través de un examen

Recientemente, el anuncio de acceder a estas vacantes a través de un examen generó reacciones negativas por parte de CCOO, que se unió a las reclamaciones de UNT. Lirio en esa ocasión trasladó que ellos “han sido subrogados con todos sus derechos adquiridos” y que por este motivo no deberían someterse a una prueba. “Lo que deberían hacer es mirar la vida laboral y hacer una lista por orden de antigüedad”, destacó.

Concentración por la defensa de las medidas de protección social

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han informado que llevarán a cabo una concentración, que tendrá lugar el próximo domingo a partir de las 11.00 horas en la plaza de la Constitución de Ceuta, con el objetivo de protestar por el bloqueo político “que pone en peligro las medidas de protección social”.

La movilización, que se han comentado que se ha notificado debidamente a la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma, tiene como intención principal sumar a Ceuta a la convocatoria en todo el país “para evitar que millones de personas queden desprotegidas” debido a la no aprobación del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, explican que entre las medidas que se han visto afectadas está la revalorización de las pensiones, por lo tanto, “pensionistas que no verían revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas”.

Por otra parte, las personas perceptoras del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) también se verán afectadas, así como los usuarios del transporte público, que verán como la bonificación no continuará por le momento.

Para finalizar, hacen referencia a las personas “personas vulnerables en riesgo de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos”, entre otras.

Motivan a que la población se movilice

“Esperamos que la sociedad ceutí se movilice teniendo en cuenta la importancia de esta convocatoria”, comentan desde ambas formaciones sindicales para incentivar a la participación de la sociedad caballa en la concentración.

Para finalizar, expresan su total rechazo a las políticas que dejan de lado a la población expresando que “no vamos a tolerar esta política antisocial que supone una agresión sin precedentes a la mayoría social y especialmente a las personas vulnerables, clase trabajadora y clases populares en general”.

«¿Se puede vivir con 1.599 euros al mes y tener derecho a una vivienda digna?»

«¿Se puede vivir con 1.599 euros al mes y tener derecho a una vivienda digna? ¿Dónde? En Vigo, en Granada, en Barcelona, en Madrid, en cualquier barrio de Madrid, en Sevilla. ¿Dónde se puede vivir?», se ha cuestionado este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Una lista a la que podría sumarse Ceuta.

Durante su participación en los ‘Desayunos Informativos’ de Europa Press y preguntada, en concreto, por si «la virtud está en el término medio» para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Díaz ha afirmado que «más o menos» y, de hecho, tras la propuesta del Comité de Expertos, el Ministerio de Trabajo ha propuesto a los agentes sociales un aumento del 4,4%, que son 50 euros más al mes. Este miércoles se vuelve a reunir Trabajo con los agentes sociales para cerrar definitivamente la subida.

La vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que el problema no son los salarios mínimos o el salario mediano, que se sitúa en 1.599 euros al mes, en un país en el que, a su juicio, se ha «roto» el ascensor social y el principal problema se llama vivienda y «lo distorsiona todo».

Igualmente, ha afirmado que el problema en España no es la subida del SMI sino los salarios «obscenos» de algunos directivos empresariales: «Hay consejos de administración, consejeros y consejeras, que ganan a razón de 42.000 euros al día en España en un país que tiene unas brechas de desigualdad brutales», ha subrayado.

Que se actualicen las licitaciones públicas y esté exento de IRPF

La ministra ha defendido, además, la propuesta patronal de que se actualicen los precios de las licitaciones públicas a la subida del SMI al considerar que es de «justicia social».

Asimismo, se ha mostrado partidaria de dejar exento de tributación en el IRPF el nuevo SMI, de algo más de 16.000 euros, teniendo en cuenta que el Gobierno ha propuesto la exención fiscal del 100 por 100 para los propietarios que alquilen vivienda en determinadas condiciones.

«El país acaba de plantear una exención fiscal en el IRPF del 100% a los arrendatarios. Bien, ahora nos encontramos con unas rentas salariales que superan los 16.000 euros (tras la subida del SMI). Bueno, pues yo defiendo, desde luego, que lo que hemos hecho hasta ahora (dejar exento el SMI de tributación en el IRPF) se mantenga en nuestro país», ha reiterado.

El personal de Servilimpce de fin de semana, contra las cuerdas

No quieren que el acceso a las vacantes de lunes a viernes en Servilimpce se haga vía examen. Quieren que se respete el criterio de la antigüedad, como prevalecía en Trace. El sindicato UNT advierte del pesar que impera en los trabajadores de fin de semana en Ceuta e insta al consejero Alejandro Ramírez a que escuche no solo la voz de este sindicato sino también de otros como CCOO.

Los trabajadores de fin de semana que quieren pasar a jornada completa demandan que se tenga en cuenta la vida laboral a la hora de adjudicar las vacantes que puedan surgir, primando por tanto la antigüedad en la empresa.

UNT indica que los de fin de semana siempre han estado dedicados al servicio de la limpieza, “disponibles tanto en Urbaser, Trace como ahora con Servilimpce. Incluso cobrando el desempleo les han llamado para trabajar un día y han parado para hacerlo”, explica el delegado sindical Francisco Javier Guerrero.

“Incluso han estado de vacaciones en la Península, los han llamado para 3 días y han venido. Han estado trabajando en otra empresa por 3 meses, los han llamado para trabajar 7 días en feria, y han dejado el otro trabajo para ir teniendo antigüedad y poder estar de los primeros en los listados para incorporarse a jornada parcial o completa”, añade.

Plazas de peón a peón

“Tras trabajar días sueltos y concretos, llega su contrato fijo de fin de semana y ahora, tras varios años dejándose la piel, les comunican que para tener acceso para cubrir las plazas que van a salir a jornada completa tiene que ser mediante exámenes”, denuncia el sindicato.

UNT insiste en que las plazas que van a salir son con la categoría de peón, “por lo que solo se tendría que modificar su contrato de jornada parcial a completa”.

“No se puede valorar como quiere Servilimpce con unos parámetros de que quien tenga Bachillerato, carné de conducir o el CAP dispone de una puntuación de 10 puntos, cuando las categorías son todas de peón a peón”.

“Les han quitado la ilusión”

UNT recoge el malestar de trabajadores que confiesan que se les ha quitado la ilusión para entrar a jornada completa y así ganar en estabilidad.

Hay quienes exponen que no pueden luchar con una juventud que está bien preparada en estudios, aunque ellos presenten por delante la antigüedad laboral.

“Yo estoy de acuerdo en que, para una superior categoría, pidan exámenes, pero para pasar de peón a peón, de parcial a completa, quiero la igualdad”. Desde UNT reclaman al consejero Ramírez que reflexione y escuche las peticiones de los que no tienen estudios, pero son grandes trabajadores, quieren un listado como siempre se ha hecho tanto en Urbaser como en Trace.

Empleados de ‘Estructuras del Estrecho’ cumplen con su rebelión

Los trabajadores de ‘Estructuras del estrecho’ se han concentrado esta mañana a las 12:30 horas en Ceuta junto al Edificio Trujillo, sede de la Confederación de Empresarios, con motivo de exigencia por los impagos de los que son víctimas.

Lo avisaron y han cumplido. Con el apoyo de Comisiones Obreras, los trabajadores han acudido a su cita con un único objetivo: percibir la totalidad de la cantidad que se les debe, tanto de la última como de otras nóminas incompletas.

El secretario de organización de Comisiones Obreras, Ángel Lara, ha comparecido en defensa de los trabajadores. “Este señor, el dueño de la empresa, sigue jugando con la ley, es decir, mantengo a los empleados con el retraso de tres meses de la nómina, con lo cual, si se van de la empresa y reciben sus contratos de trabajo, no tienen derecho a indemnización. Se la saben todas”, ha manifestado sin tapujos.

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Lara ha acusado al responsable de los impagos de pretender una obra de mano barata mientras su riqueza crece. “Juega a aburrir a los trabajadores para que dejen el trabajo”, ha añadido.

“Desde aquí pedimos a los poderes públicos, que son los que tienen que establecer medidas, que hagan cambios normativos”, ha reiterado.

Impagos de 1.600 euros por empleado

Los trabajadores afectados ascienden aproximadamente a unos 50, acumulando impagos de hasta 1.600 euros por empleado.

Además de los impagos, el colectivo laboral denuncia que “esta empresa habitualmente no paga la paga extraordinaria; ni prorrateada ni sin prorratear. Simplemente se las ahorra y van al beneficio empresarial. Eso nos transmiten los empleados de la empresa”, transmite Lara.

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Con lo acordado en la asamblea celebrada entre la organización sindical y los trabajadores de ‘Estructuras del estrecho’ ya están presentadas las demandas pertinentes en Inspección de Trabajo, una acción que CCOO está realizando “de manera gratuita, sin cobrar”.

El próximo jueves 30 de enero está prevista otra concentración para exigir el derecho de estos trabajadores a recibir nómina.

Huelga desde el 3 de febrero

En caso de que la manifestación no dé los frutos esperados, se pretende comenzar una huelga el 3 de febrero mediante la que los trabajadores no acudirán a su lugar de trabajo, si todos los factores están a favor.

“Empezaremos probablemente con una huelga parcial y ya iremos viendo si esta huelga parcial pasa a una huelga ya continua y, desde luego, indefinida.
Lara también ha mostrado su desconcierto en relación a la actitud mostrada por UGT en toda esta polémica.

“Esta situación no es nueva, llevamos desde el mes de abril. La cuestión es porque el otro sindicato no ha hecho nada hasta que nosotros hemos convocado la primera concentración. Yo no lo entiendo, ¿qué acuerdo? No hay ningún acuerdo, es una tomadura de pelo. Los extraños que no estén aquí manifestándose”, dijo en relación al supuesto acuerdo entre UGT y la empresa de solventar los pagos.

“El sueldo es un derecho, no un favor”

Ayer se realizó el acta de convocatoria de huelga y se registrará de manera formal a lo largo de la mañana de hoy o el próximo lunes.

A los gritos de “Empresario, ladrón, paga ya”, “El sueldo es un derecho, no un favor”, “Tu deuda es nuestra lucha”, “Exigimos nuestros derechos, ¡paga ya!”, “Queremos cobrar” y “No queremos excusas, queremos nuestros derechos”, los trabajadores de ‘Estructuras del Estrecho’ han mostrado su indignación con la situación vivida en su ámbito laboral.

Manifestación y huelga: los empleados de ‘Estructuras del Estrecho’ en pie de guerra

Los trabajadores de ‘Estructuras del Estrecho’ de Ceuta han mantenido este jueves una reunión en la sede de Comisiones Obreras (CCOO) y han acordado llevar a cabo la manifestación este viernes, a partir de las 12:00 horas, en el paseo del Revellín, concretamente frente al Zara.

Además, han acordado que la huelga dará comienzo a partir del lunes 3 de febrero, como medida de protesta por los impagos. El tema es que, a fecha de hoy, y a pesar del anuncio que hiciera el sindicato UGT del que la plantilla siempre se sintió recelosa, solo han percibido la mitad de una nómina. En total, 600 euros cada uno. Le siguen debiendo más nóminas completas y la mitad de la percibida.

Los afectados acudieron ayer a la sede de CCOO para firmar y avalar esa convocatoria de huelga, además de que ya, este mismo viernes, se reunirán a para protestar por su situación.

¿Qué se había acordado?

Esta misma semana, el sindicato UGT anunciaba que después de una semana de movilizaciones y la posibilidad de una huelga por parte de los trabajadores de ‘Estructuras del Estrecho’, había logrado alcanzar un acuerdo con la empresa para que procediera al pago de las nóminas pendientes a los afectados.

“En cuanto a las bases del acuerdo, Estructuras del Estrecho se compromete en los próximos días a abonar todas las cantidades pendientes a los trabajadores afectados, tal y como ha suscrito con miembros de este sindicato en la última reunión celebrada en la que se ha dado por cerrado el conflicto laboral”, explicó el sindicato.

CCOO advirtió de que iba a estar vigilante

Por su parte, desde Comisiones Obreras valoraron “de manera positiva” el acuerdo alcanzado entre UGT con la empresa para lograr el pago de las nóminas pendientes a los trabajadores de ‘Estructuras del Estrecho’.

No obstante, indicaron que estarían “vigilantes” para que la empresa “cumpliera con su compromiso”, así como por si se produce algún otro incumplimiento por parte de la misma.

CCOO y UGT convocan movilizaciones el 2 de febrero contra los recortes sociales

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una serie de movilizaciones para el próximo domingo 2 de febrero en toda España, también en Ceuta, con el objetivo de rechazar la reciente anulación de varias medidas de protección social y la financiación de la Seguridad Social. La decisión fue adoptada el 27 de enero en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra de los partidos JUNTS, Partido Popular y Vox. La revocación de estas medidas ha causado una fuerte indignación entre los sindicatos, que aseguran que millones de personas se verán directamente afectadas por esta decisión.

Según los sindicatos, la eliminación de estas medidas supone un «ejercicio de oportunismo político» que tendrá graves consecuencias para una parte importante de la población, especialmente para los colectivos más vulnerables. Pensionistas, tanto los que perciben pensiones contributivas como no contributivas, se verán perjudicados al no poder disfrutar de la revalorización de sus pensiones. Perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como los usuarios del transporte público, también se verán afectados por la eliminación de las ayudas y beneficios establecidos previamente.

Además, las personas en riesgo de desahucio o que dependen de ayudas para el pago de suministros básicos como electricidad y agua, también sufrirán las consecuencias de la medida. Los sindicatos denuncian que, en general, esta anulación de medidas representa una «agresión sin precedentes» a la clase trabajadora y a las clases populares, que son las más vulnerables en una situación económica ya complicada.

«Estamos ante un ataque directo a la mayoría social del país», ha declarado uno de los representantes de CCOO. En este sentido, los sindicatos afirman que estas medidas no solo responden a intereses políticos, sino que están poniendo en peligro los derechos básicos de millones de personas que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.

Por ello, CCOO y UGT han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en las movilizaciones del 2 de febrero, exigiendo la aprobación urgente de nuevas medidas que garanticen la protección social de las personas más desfavorecidas. En particular, los sindicatos piden al Gobierno la aprobación a través de un Real Decreto Ley de un nuevo paquete de medidas que reponga las medidas anuladas y proteja a la ciudadanía. Además, han solicitado que el Congreso convalide posteriormente esas normas, evitando que las personas más necesitadas se conviertan en «rehenes» de una guerra política.

Entre las principales demandas de los sindicatos, destacan la revalorización de las pensiones públicas, tanto contributivas como no contributivas; el mantenimiento y refuerzo del escudo social; la continuidad de las ayudas para el uso del transporte público; y la asignación de recursos para las personas afectadas por las catástrofes naturales como la DANA.

CCOO y UGT subrayan que las medidas anuladas por el Congreso no eran solo necesarias, sino que muchas de ellas ya habían sido previamente acordadas por los mismos partidos que ahora han votado en contra. De hecho, estas normas habían sido respaldadas en ocasiones anteriores por los grupos políticos que, en esta ocasión, han decidido revertirlas.

En este contexto, los sindicatos hacen un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que compartan sus reivindicaciones a unirse a las protestas. La participación masiva de la ciudadanía será crucial para presionar al Gobierno y al Congreso para que recapaciten y vuelvan a aprobar medidas que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad española.