El PSOE le recuerda a «la ultraderecha ceutí» que entraron en el Puerto por apoyar al PP

Este fin de semana la formación de Vox Ceuta se expresaba a raíz de la noticia de que su presidente en nuestra ciudad, Juan Sergio Redondo, sería relegado de su puesto en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria (APC) siendo sustituido, en su lugar, por el líder de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández.

Ahora, es el PSOE el que responde a las críticas lanzadas desde el partido de Redondo. Hacen referencia, específicamente, a que la formación hubiese hablado de un «uso torticero» que había ejercido, a su juicio, el Gobierno de la Ciudad de la autoridad que «se le confiere» para el nombramiento de los miembros de dicho consejo. Ante esto, los socialistas les achacan que fue este mismo Ejecutivo, al que ahora critica «la ultraderecha ceutí», el que «les abrió» en su día al Consejo Administrativo de la Autoridad Portuaria. Lo hicieron, añaden, «restándole un representante al PSOE para que el puesto fuese ocupado por el responsable de la ultraderecha ceutí tras el acuerdo de apoyo alcanzado entre ambas formaciones».

Desde el partido de Manuel Hernández no entienden por qué entonces «no se trataba de un uso torticero» y sí ocurre ahora. Algo que achacan a en un principio «favorecía» a Vox mientras que, en esta ocasión, son ellos los perjudicados. Rechazan que el partido que lidera Redondo solo haya utilizado «discursos islamófobos, xenófobos y supremacistas, golpeando de manera reiterada uno de los pilares básicos de la sociedad ceutí como es la convivencia» desde que operan en nuestra ciudad, y le recuerdan frases que en otras ocasiones hablaban de «la purga socialista» o de «acabar con los chiringuitos», que son «todas las asociaciones y colectivos que no siguen sus postulados y, por ende, no son de su agrado».

La entrada de otro miembro del PSOE en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, decía Vox y ahora reproducen los socialistas, «es una muestra más de que el Gobierno de Vivas se sostiene, desde hace ya tiempo y siendo una estafa para sus votantes, con el apoyo de los socialcomunistas y los promarroquíes». Ante estos juicios, el PSOE concluye que ha sido la formación de Redondo «la que ha venido sosteniendo al Gobierno local hasta hace unos pocos meses, imponiendo sus criterios excluyentes».

Vox propone que los hijos no nacidos puedan inscribirse en el Registro Civil

Vox ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para posibilitar la inscripción en el Registro Civil, con plenos efectos jurídicos, de los hijos no nacidos, a solicitud de uno o ambos progenitores, desde el momento de su concepción. El objetivo de esta iniciativa es que le asistan derechos tanto al concebido como a su familia y que, incluso antes del nacimiento, se puedan beneficiar de ellos.

Aunque el Código Civil señala que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, Vox subraya que no es óbice para que el nasciturus (concebido pero no nacido) sea considerado un bien jurídico protegido por el ordenamiento. Así lo describe una sentencia del Tribunal Constitucional donde se concluye que “la vida del nasciturus, en cuanto este encarna un valor fundamental -la vida humana-, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional”.

De esta manera, Vox defiende que la inscripción del nasciturus “traería aparejada una serie de efectos beneficiosos para él e, indirectamente, para su familia”. “El primero y principal es el mero reconocimiento de su existencia (y de su eventual fallecimiento, si el embarazo se frustra), y de él derivan todos los demás”, señala el partido en su PNL.

Además, cita algunos de estos beneficios como el de efectuar y registrar una disposición preventiva de tutela del nasciturus para el caso de que sus progenitores falten, solicitar la asignación de médico especialista, cuando se prevea que lo requerirá por razones de salud, o solicitar el empadronamiento, lo que posibilita la obtención de otros derechos, como la solicitud de plazas escolares o de guardería.

El nasciturus, aunque no sea persona jurídica, “sí debe gozar de la protección del ordenamiento en tanto que bien jurídico protegido”, insiste Vox Ceuta para señalar cómo “dicha protección se materializa en aceptar la aplicación de las normas y el reconocimiento de los derechos que le sean favorables”. Además, recuerda la formación, reconocer la posibilidad de que la existencia del nasciturus se inscriba en los libros del Registro desde su inicio “se halla en plena consonancia con los valores de la Constitución Española”.

La iniciativa va en línea con la ya presentada en diciembre por el Grupo Parlamentario Vox solicitando que se considerara al nasciturus como miembro de la unidad familiar para el cómputo en las solicitudes de plaza escolar. Ahora se da un paso más y Vox insta a que los hijos concebidos, aún antes de nacer, puedan figurar en el Registro Civil con plenos efectos jurídicos.

Balance de Vox tras un año del estado de alarma: «Hasta seis prórrogas aprobó el Estado»

Vox Ceuta hace balance al cumplirse un año desde que el Gobierno central decretaba públicamente el estado de alarma para frenar el avance de la pandemia por coronavirus. Un acontecimiento que conllevó el confinamiento domiciliario en todo el país durante meses aunque, en una primera instancia, se anunciase para tan solo dos semanas. «Hasta seis prórrogas aprobó después el Ejecutivo», recuerda Vox en un comunicado remitido este domingo.

Con unas limitaciones sanitarias que se extenderán, previsiblemente, hasta el próximo 9 de mayo según lo anunciado por el Gobierno, la formación recuerda que muchos españoles no pueden desarrollar su trabajo «con normalidad» y que sectores como el turismo, la hostelería y el comercio están «seriamente dañados» por ello, argumentando desde Vox a que las ayudas que han recibido son «insuficientes». El presidente de la formación en nuestra ciudad, Juan Sergio Redondo, subrayaba que su partido ha tenido como objetivo contribuir a paliar la «difícil situación» que han vivido, especialmente en el caso de la hostelería.

«Hemos trabajado para aportar ideas y el granito de arena que les ayudase a superar esta situación tan crítica por la que estamos pasando», añade el líder de la formación. Dicen haber acompañado a esta labor también desde Madrid, a través del Congreso y del Senado, por parte de las parlamentarias de Vox por Ceuta, la diputada nacional, Teresa López, y la senadora, Yolanda Merelo. “Durante este año de pandemia hemos luchado incansablemente y con numerosas iniciativas», dice, para frenar las «nefastas consecuencias» de las políticas gubernamentales.

Transmiten su preocupación por el colectivo sanitario y el de las fuerzas de seguridad

Merelo recuerda cómo “uno de los colectivos más afectados ha sido el de los sanitarios, que se han dejado la piel en primera línea de lucha contra el virus, a pesar de no poseer ni los medios materiales ni humanos necesarios durante esta pandemia”. Ambas parlamentarias dicen haber posado su atención en dicho colectivo, así como por el de «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, o trabajadores de servicios esenciales».

Vox critica seguir con el toque de queda a las 22:00: no da “un respiro” a la hostelería ni a la Semana Santa

Vox ha solicitado al Gobierno de la Ciudad ampliar el toque de queda en Ceuta a las 24.00 horas durante Semana Santa después de conocer que las restricciones de movilidad se van a mantener durante este periodo. Nadie podrá entrar ni salir de nuestra ciudad -salvo las causas justificadas en vigor desde hace ya unos meses- y por eso la formación ha planteado que, al menos, tanto los ceutíes como la hostelería tengan un mayor margen durante estos días de vacaciones.

En la Junta de Portavoces celebrada este jueves y a la que no asistió Caballas, expresa la formación, Vox Ceuta planteaba al Ejecutivo que flexibilizara los horarios del toque de queda y la primera propuesta fue que este se extendiera hasta las 24.00 horas. Sin embargo, la respuesta fue negativa y por ello Vox insistió en que, por lo menos, se ampliara de las 22.00 a las 23.00 horas. Una hora que, defiende el partido, es necesaria para que la hostelería pueda trabajar estos días con un pequeño desahogo.

«Pero el Gobierno, con el apoyo de PSOE y MDyC, ha desoído las propuestas de Vox y ha optado por mantener el toque de queda a las 22.00 horas», dice la formación. No hay novedades respecto al tramo horario de toque de queda en Ceuta. Es, dicen desde Vox, «una medida más restrictiva que la pactada por el Ejecutivo central con las comunidades autónomas. Y es que, en la orden ministerial donde se recogerán las limitaciones para el puente de San José y Semana santa se fija el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas y Ceuta optará por ampliarlo a costa de la hostelería».

Para Vox Ceuta, esta limitación es “excesiva” y así lo denuncia la formación. “Si nadie puede salir ni entrar a la ciudad, qué menos que se amplíe el horario de la hostelería para que los ceutíes puedan tener un respiro en estos días de Semana Santa”, señala el presidente de la formación, Juan Sergio Redondo.

Vox Ceuta vincula la inmigración con la “vía de entrada para el terrorismo”

Vox-Ceuta ha vinculado los datos de marroquíes detenidos por su vinculación con causas yihadistas con la inmigración. Así, la formación aprovecha la respuesta del Gobierno de la Nación sobre que 23 de los 37 yihadistas detenidos el pasado año en España eran de nacionalidad marroquí para hablar de la crisis migratoria calificándola de “riesgo para la seguridad nacional”.

En la actualidad, y desde 2018, han ingresado preventivamente en prisión un total de 11 detenidos por delito de terrorismo que carecían de documentación que les habilitará para estar en territorio Schengen. Vox habla de la necesidad de adoptar políticas efectivas en la lucha contra “el terrorismo infiltrado por la inmigración ilegal” y así se lo preguntó al Gobierno de la Nación. “Sin embargo, la respuesta no ha podido ser más decepcionante y de ella se desprende que el Gobierno de Sánchez e Iglesias no tiene intención de reforzar el control para poner cerco a los yihadistas”, expone en una nota de prensa.

El Ejecutivo responde que “los protocolos y medidas de actuación en la lucha contra el terrorismo se encuentran amparados en la regulación de materias clasificadas, en aplicación de acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996”. Vox insiste en la importancia de reforzar la lucha contra el terrorismo tras la crisis migratoria sufrida en 2020.

Los datos oficiales y su traducción, según Vox

De los 37 detenidos por delitos relacionados con el yihadismo, 23 procedían de Marruecos, 5 de Argelia; 2 de Siria, 1 de Egipto y 6 de España. Sobre las investigaciones en torno a la forma de acceso a territorio nacional de los detenidos en situación irregular, el Gobierno señala que “están bajo secreto sumarial”. Para Vox la inmigración ilegal es “vía de entrada para el terrorismo” por lo que ven con “especial preocupación estos datos que aporta el Gobierno”. Según el presidente de la formación en Ceuta, Juan Sergio Redondo, la ciudad “es un punto importante por su situación geográfica” y advierte del peligro que suponen “estos elevados porcentajes de entrada de yihadistas en España procedentes de Marruecos y Argelia”.

Redondo señala cómo el partido ha venido poniendo sobre la mesa esta cuestión. “En el último pleno llevamos una propuesta para retirar los visados a los ciudadanos de países que no controlan la inmigración ilegal, sobre todo cuando esta inmigración ilegal es una vía de entrada para el terrorismo yihadista al territorio español y después a otros países de la Unión Europea”, resalta.

“Desde Ceuta estamos muy preocupados por la inacción del Gobierno ante el control de la inmigración ilegal, así como por qué no se está exigiendo a los países de origen de esta inmigración ilegal que controlen sus fronteras”, subraya Redondo. Piden “mayor contundencia” en su control y “mayor atención a este tipo de terrorismo que tiene como punto central de origen tanto Marruecos como Argelia”.

Rechazada la PNL para crear una especialidad médica de Urgencias y Emergencias

Vox ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley para reconocer la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Sin embargo, dicha propuesta ha sido rechazada en el seno de la actividad parlamentaria por 15 votos a favor y 19 en contra. Ahora, la diputada de la formación que lidera Santiago Abascal, Mercedes Jara, ha valorado este rechazo de la Cámara subrayando, entre otras cosas, que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha sido uno de los factores que «ha puesto de manifiesto» la «importancia de los servicios de urgencias que ofrecen los hospitales así como de la medicina de urgencias extrahospitalaria». «Se ha hecho evidente que la dotación de los servicios de urgencias, tanto a nivel técnico como humano, es insuficiente en circunstancias normales y que se desbordan en situaciones especiales como la pandemia actual”, ha señalado la representante de Vox.

Jara ha advertido de la importancia de «atender las reclamaciones de estos profesionales que desde hace treinta años han venido reclamando el reconocimiento de la especialidad primaria de Urgencias y Emergencias mediante el sistema formativo MIR». Hasta este momento, ha recordado, este trabajo lo realizan «médicos de familia, médicos generales, residentes de diferentes especialidades y médicos extracomunitarios».

“Todos hacen un esfuerzo muy importante cuando se le presentan situaciones clínicas para las que sus programas formativos no los han preparado como es el caso de atención de accidentes con múltiples víctimas, situaciones de catástrofes o situaciones de pandemia”, ha apuntado. Para atender a estas contingencias que constituyen el segundo motivo de demanda asistencial en nuestro Sistema Nacional de Salud, Jara ha insistido en que es necesario “el reconocimiento de la especialidad primaria de Urgencias y Emergencias”. Un reconocimiento que, matiza, «ya existe en 22 países de la Unión Europea y en 115 a nivel mundial, así como en el ámbito militar español desde 2016».

 

La diputada pide el cese de la «manipulación ideológica y de género» de los jóvenes

Vox ha abogado este martes en el Congreso por la promoción de la salud y bienestar de los jóvenes, pero lo ha hecho advirtiendo de que es fundamental empezar por “eliminar de la política el adoctrinamiento de que los niños son violentos y las niñas van a ser maltratadas”. La diputada de Vox por Ceuta, Teresa López, ha sido la encargada de defender la enmienda del partido a la Proposición No de Ley de Ciudadanos para mejorar la salud de los jóvenes. Con ella, que ha sido aceptada parcialmente, se pedía “un sistema que permita contar con datos epidemiológicos concretos sobre los trastornos depresivos de niños y adolescentes”.

Nada más iniciar su intervención, López ha recordado a los jóvenes que crecieron con estrés postraumático por ser víctimas de una atentado de ETA. “Ahora tenemos que ver a sus herederos en las instituciones”, ha lamentado para añadir: “La apisonadora del presidente del Gobierno pasa cada día sobre nuestra infancia con cada crimen sin resolver, con cada sobreseimiento judicial de un atentado, con cada acercamiento de presos, con cada deleznable propaganda de blanqueamiento de ETA de este ilegítimo Gobierno”.

A continuación, López ha señalado cómo las consecuencias de la pandemia y la crisis económica que esta ha conllevado son especialmente perniciosas en los jóvenes. “En Vox apostamos por establecer con urgencia un plan integral que abogue por desbancar del ranking de efectos negativos en el ámbito educativo, laboral, económico y de salud mental a nuestros jóvenes”, ha subrayado la diputada por Ceuta, que ha reprochado al Gobierno que “no ha hecho nada” hasta ahora.

Pocos datos sobre trastornos depresivos porque falta una partida

López ha recordado cómo en el informe de impacto en la infancia y la adolescencia del proyecto de Presupuestos del Estado, el Gobierno reconoce que “existen pocos datos epidemiológicos sobre los trastornos depresivos en infancia y adolescencia». Por ello, ha señalado, VOX preguntó al Gobierno “por qué conociendo esa carencia, no contemplaba una partida para paliar la falta de un sistema que permita contar con esos datos epidemiológicos” y la respuesta fue que “la metodología de elaboración de los PGE no contempla detallar tan exhaustivamente la finalidad de los créditos asignados”.

Ante la falta de información, Vox ha presentado esta enmienda a la propuesta de C’s que insta a crear un sistema que permita “contar con datos epidemiológicos concretos sobre los trastornos depresivos de niños y adolescentes”. “Y recuerden, no hagan esclavos de su ideología a los niños”, ha reclamado la diputada por Ceuta para pedir que no se adoctrine a los menores con ideologías globalistas y de género.

Se han dado de alta a pacientes crónicos para aliviar las listas de espera en Atención Especializada

La diputada de Vox por Ceuta, Teresa López, preguntaba en enero por el incremento en 59 días, llegando a los 134, para operarse en la ciudad, y en caso de la primera consulta con especialista hasta 115 días. Ahora, el Gobierno ha informado, según detalla esta formación, de que aunque las listas de espera tanto quirúrgicas como con especialistas han aumentado, en contrapartida se han incrementado las cirugías sin ingreso. No obstante, no aclara qué pasa con operaciones como la de prótesis de cadera, a las que se refiere el Ejecutivo en la respuesta a Vox para decir simplemente que son “no urgentes” y que al requerir hospitalización o estancia en la UCI se han reducido las de este tipo.

“Las desviaciones se producen principalmente en patologías que no se consideran urgentes y además requieren hospitalización”, defiende el Ejecutivo sin dar más explicaciones de cuáles son el tipo de operaciones que más se han cancelado, continúa Vox.. Eso sí, aseguran desde Moncloa que “las actuaciones para evitar aumentos de tiempos y pacientes en lista de espera han sido una de las prioridades y se ha contenido la lista de espera e incluso se ha reducido en el segundo semestre, aplicando un sistema de priorización de consultas y cirugías”. Cuál es el sistema o en qué proporción se han reducido las listas es una incógnita que no se aclara.

En cuanto a las consultas externas, en la respuesta a Vox, se indica que se ha realizado “una exhaustiva revisión de las solicitadas desde Atención Primaria a Atención Especializada”. No obstante, el Ejecutivo no aclara qué significa la “exhaustiva revisión”¨dando a entender -dice Vox- que lo que se ha hecho es reducir la prescripción de consultas con especialistas por parte de los médicos de cabecera.

Por último, desde Moncloa señalan que también se ha reducido “la necesidad de acudir al hospital dándose de alta a usuarios que pueden ser seguidos por su médico de Atención Primaria por tratarse de patología crónica estable”. Un cambio de criterio cuyas consecuencias preocupan a Vox. Además, el partido se pregunta cómo, ante «la falta de recursos personales que adolece el Ingesa y que se ha incrementado estos meses», se va a cumplir con el plan de reactivación de actividad habitual para el año 2021 que, asegura el Gobierno, se está elaborando.

Vox no asistirá a los actos del 8-M por ser «actos de propaganda»

Los cargos electos de Vox Ceuta en todas las instituciones en las que tiene representación han comunicado que no participarán en las convocatorias que organicen con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, porque se han «convertido en un acto de propaganda de una agenda ideológica que este partido no comparte».

En lugar de eso, esta formación presentará una Declaración Institucional propia en la que se solicitará que el día 8 de marzo sea declarado, a partir de ahora, como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus.

Con ello, la formación ha publicado una declaración institucional con este motivo, con el objetivo de que este 8M sea declarado Día de las Víctimas del Coronavirus. A continuación reproducimos el contenido completo de la Declaración Institucional, que reproducimos a continuación:

«Desde hace un año, España, y toda Europa, vive inmersa en una emergencia sanitaria, social y económica permanente. Alrededor de 90.000 compatriotas han perdido la vida a causa de la COVID-19, sin que siquiera conozcamos el número exacto. Cientos de miles de trabajadores y autónomos han perdido su medio de vida y otras tantas empresas y comercios se han visto abocados al cierre total.

Un año después de la llegada a España del coronavirus procedente de China, recordamos tristemente el 8 de marzo de 2020 como el día en el que el Gobierno de la nación, teniendo ya amplia información de autoridades sanitarias nacionales e internacionales sobre la efectiva propagación del virus en territorio nacional y el riesgo inminente de una explosión sanitaria, optó por ocultarla a los españoles.

El gobierno, a pesar de la grave información de que disponía, mantuvo las fronteras abiertas, ignoró la necesidad de hacer acopio de material sanitario y aparentó normalidad con el único objetivo de llevar a cabo su agenda ideológica en forma de manifestaciones feministas por toda España.

La mayor crisis sanitaria del siglo mostró lo peor de un gobierno centrado en protegerse a sí mismo en vez de a los españoles, dispuesto a sacrificar la vida, la salud, la libertad y la prosperidad de todos para salvar una movilización ideológica subvencionada. Un gobierno que ocultó y negó los riesgos para, a los pocos días, confinar a millones de españoles en sus casas en el cierre más severo de Europa, que paralizó la actividad económica y arruinó el futuro de miles de compatriotas.

Sin embargo, también nos enseñó lo mejor de decenas de miles de trabajadores de distintos sectores: transportes, logística, seguridad, alimentación, agricultura, pesca, ganadería… Y también, especialmente, del sector sanitario, que actuó como último retén en turnos maratonianos y con medios insuficientes, comprometiendo su propia salud para salvar la de sus pacientes.

Son cientos de miles de españoles los que, transcurrido un año, pueden considerarse Víctimas del coronavirus y de la negligente gestión del gobierno: nuestros mayores aislados en residencias de ancianos, el personal sanitario indefenso ante la explosión violenta de la pandemia, los trabajadores despedidos o en ERTE, los dueños de negocios condenados al cierre por efectos de las medidas de confinamiento coactivo. En fin, todos los españoles que han visto cómo sus derechos y libertades eran violentados por decisiones arbitrarias del gobierno.

Hace años que el día 8 de marzo se ha convertido en una fecha manipulada ideológicamente y utilizada como arma arrojadiza en una guerra de sexos que envenena la sociedad. Este día ha sido utilizado para dividir a las familias enfrentando a hombres contra mujeres y colectivizar a la mujer trabajadora, como si necesitara de unos políticos que la defiendan para saber que su dignidad y derechos son los mismos sin importar su sexo.
El 8 de marzo de 2020 forma ya parte de la historia de nuestra Nación. Millones de españoles reclaman de nosotros que honremos con nuestra conducta la memoria de todos los fallecidos, de todos los violentados, de todas las víctimas del coronavirus. Millones de españoles nos exigen que no olvidemos y que el 8 de marzo no sea ya recordado por la ignominia de un gobierno irresponsable, sino que recordemos a cuantos con su esfuerzo, entrega y dedicación hicieron posible nuestra supervivencia en los momentos más duros del confinamiento domiciliario forzoso: todos los empleados públicos y trabajadores de los sectores de la sanidad, la seguridad, la logística y transporte, sector primario y alimentación.

Es por eso que en el día de hoy, Vox pide que se declare el día 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus en homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que se sacrificaron en los momentos de mayor dificultad los meses de marzo y abril de 2020 y a todos los afectados por el coronavirus, pasados, presentes y futuros».

El Gobierno culpa a la Dirección de Educación de los retrasos en el pago a interinos, según Vox

Varios han sido los meses en los que casi un centenar de profesores interinos de Ceuta «no han cobrado su nómina por problemas informáticos». Al menos, eso es lo que Vox asegura que se señala desde la Dirección Provincial del Ministerio de Educación ante las reclamaciones de los afectados. Sin embargo, ante las preguntas de la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, desde Moncloa «tiran balones fuera y responsabilizan de lo ocurrido al equipo de Educación en la ciudad».

En la respuesta a Vox, el Ejecutivo señala que “las competencias para el nombramiento, cese, prórroga y abono de las correspondientes nóminas de los funcionarios interinos docentes se encuentran delegadas en la persona que ostenta el cargo de director provincial, y los correspondientes procedimientos se tramitan desde la Dirección Provincial de Ceuta y no desde los Servicios Centrales del Departamento”. Además, reproduce la parlamentaria, «niegan que la aplicación de Gestión de Personal haya sido el problema».

“No se tiene registrada ninguna incidencia derivada del funcionamiento de la aplicación GDED y que haya supuesto retrasos imputables a su mejor o peor funcionalidad”, asegura el Gobierno a Vox que sí «achaca» el retraso en el pago de nóminas a un «incremento de trámites relacionados con nombramientos, ceses y prórrogas de interinos como consecuencia de la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19». El aumento de la carga de trabajo, justifica el Ejecutivo, “supone una mayor necesidad de contar con personal de refuerzo para la tramitación de estos procedimientos”.

Según informan desde Moncloa, se ha efectuado una «reorganización mediante el refuerzo de personal» en cantidad y en horas de dedicación para hacer frente al alta en nómina en el mes de diciembre de 2020, y se han «priorizado» aquellos nombramientos que pudieran efectuarse con la «mayor rapidez». Concluye Vox en su nota de prensa: «Debido al volumen de expedientes de alta se solicitó la colaboración de las unidades implicadas tanto en la firma como en otros trámites para agilizar las actuaciones. Sin embargo, no aclaran por qué se ha tardado más de tres meses en abonar la nómina a casi un centenar de interinos».