El Gobierno marroquí sostiene que lo ocurrido no fue consecuencia de circunstancias espontáneas, sino del efecto combinado de varios factores. Entre ellos cita la actuación de las redes de trata de personas, la difusión de información engañosa, la explotación del espacio digital y las interpretaciones erróneas de recientes decisiones judiciales españolas relacionadas con las devoluciones en frontera.
En paralelo, el Ministerio del Interior ha informado de que la Fiscalía marroquí ha abierto una investigación judicial para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.
Rabat defiende su actuación durante la crisis
El Gobierno marroquí asegura que actuó desde el inicio mediante «un enfoque proactivo e integral», basado en el aumento de la vigilancia y de la movilización de los distintos servicios de seguridad.
Según el Ministerio del Interior, las autoridades reforzaron la preparación de los distintos cuerpos de seguridad y de las autoridades territoriales, además de intensificar el control terrestre y marítimo.
A juicio de Rabat, estas medidas permitieron «controlar el curso de los acontecimientos, proteger vidas, preservar el orden público y asegurar las fronteras», respetando las disposiciones legales y el principio de proporcionalidad en la intervención.