Autor: José L. Echarri

La Asociación de Vecinos Poblado Regulares quiere expresar públicamente su malestar por no haber sido invitada, junto al resto de asociaciones vecinales, a la reunión mantenida con el presidente Vivas y las diferentes consejerías.

Consideramos que nuestra barriada no puede quedar al margen de las reuniones en las que se abordan los problemas que afectan a nuestros vecinos. Poblado Regulares atraviesa en estas últimas semanas una situación especialmente preocupante en materia de seguridad y convivencia, que está generando inquietud entre los residentes.

Nuestra barriada, junto con el Príncipe Alfonso, es una de las zonas que está sufriendo con mayor intensidad esta problemática. Los vecinos reclaman una mayor presencia y actuación de las administraciones competentes ante situaciones que están afectando a la tranquilidad y a la convivencia en nuestras calles.

Desde la asociación queremos dejar claro que nuestra reivindicación no pretende señalar ni criminalizar a ningún colectivo. Pedimos, sencillamente, que se garantice la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de las normas para todos los vecinos, independientemente de su origen o situación.

Por ello, solicitamos al Gobierno de la Ciudad que cuente con la Asociación de Vecinos Poblado Regulares en las próximas reuniones y actuaciones relacionadas con nuestra barriada. Los vecinos tenemos derecho a ser escuchados y a participar en las decisiones que afectan directamente a nuestro día a día.

Poblado Regulares necesita soluciones, presencia institucional y respuestas. No queremos quedar fuera de las decisiones que afectan a nuestra barriada.

Soy una ciudadana que escribe desde la Península, pero lo hago pensando en quienes estos días no contemplan lo que ocurre en Ceuta desde una pantalla, sino desde la ventana de su casa.

Creo es muy fácil hablar de inmigración cuando la frontera queda lejos y que es muy fácil pronunciar palabras como solidaridad, acogida o humanidad cuando son otros quienes conviven con las consecuencias de una entrada masiva; pero es mucho más difícil es hablar de los límites. Pero, sin embargo, una sociedad responsable tiene que ser capaz de hablar de ambas cosas.

Lo primero debería ser evidente: ninguna persona pierde su dignidad por ser inmigrante, pero tampoco adquiere impunidad por serlo.

Marruecos no es un país en guerra. Eso no significa que no puedan existir personas concretas con motivos legítimos para solicitar protección internacional y para eso existen procedimientos que deben estudiarse individualmente. Pero pienso que no se puede convertir automáticamente cualquier entrada irregular en una huida de la guerra, porque sencillamente, no lo es. Y tampoco deberíamos tener miedo de decirlo.

Me preocupa especialmente que el debate haya llegado a un punto en el que plantear preguntas elementales parezca sospechoso. ¿Quién entra? ¿Es realmente menor quien afirma serlo? ¿Tiene derecho a permanecer en España? ¿Dónde va a alojarse? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué capacidad real tiene Ceuta para asumir nuevas llegadas? ¿Qué ocurre cuando alguien comete un delito?

Preguntar esto no es xenofobia, y esas preguntas deberían hacérselas quienes quieren gobernar con buena voluntad y responsabilidad.

Después están los hechos que resultan mucho más difíciles de digerir, como los acontecidos tras la última entrada, ya que se están investigando presuntas agresiones sexuales, algunas de ellas contra menores. También hemos conocido actuaciones relacionadas con allanamientos y otros incidentes. Ante esto, mi posición como ciudadana es muy sencilla: si alguien llega buscando una vida mejor, encontrará en España derechos, garantías y dignidad. Si alguien llega y comete un delito, encontrará el Código Penal. Y es exactamente el mismo que debe encontrar cualquier español.

Porque proteger al vulnerable no consiste en decidir previamente quién merece nuestra empatía según su nacionalidad.

Una niña presuntamente agredida sexualmente es vulnerable.

Una mujer que tiene miedo también lo es.

Un anciano que ve alterado su barrio también merece tranquilidad.

Una familia cuya vivienda es invadida merece protección.

Y un policía que se coloca delante de una frontera ante cientos de personas merece poder hacer su trabajo con medios, respaldo y seguridad.

Los derechos humanos no empiezan en la frontera y terminan cinco metros después.

También alcanzan a quienes viven al otro lado.

Me han impresionado igualmente algunas imágenes procedentes del lado marroquí. Exigir firmeza fronteriza no significa justificar que se golpee, apedree o maltrate a una persona. Si existen abusos de las fuerzas marroquíes, deben investigarse. La misma coherencia que me lleva a exigir responsabilidades a quien delinque en España me obliga a rechazar que un ser humano sea brutalizado al otro lado de la valla.

De eso debería tratarse: ley sin crueldad y humanidad sin ingenuidad.

Lo que resulta inaceptable es que Ceuta termine atrapada entre ambos extremos.

No puede convertirse periódicamente en el escenario donde Marruecos, España y Europa comprueban hasta dónde aguanta una ciudad de poco más de 18 kilómetros cuadrados.

Las playas no pueden transformarse indefinidamente en asentamientos improvisados.

Las calles no son centros de acogida.

Los vecinos no son responsables de solucionar un problema geopolítico.

Y los servicios sanitarios, policiales y sociales tienen límites materiales por mucho que la buena voluntad sea infinita.

Las normas sanitarias, de convivencia, de seguridad y de utilización del espacio público existen para todos.

Para todos significa también para todos. Porque una de las formas más extrañas de discriminación consiste en pensar que a determinadas personas, por ser inmigrantes, no se les pueden exigir las mismas reglas básicas de convivencia que exigimos a cualquier ciudadano.

Sí se puede. Y se debe. Y hay una responsabilidad de la que tampoco deberíamos apartar la mirada: la de Marruecos.

Marruecos es un Estado con Gobierno, policía, ejército, instituciones y fronteras. España no puede asumir indefinidamente las consecuencias de cada ocasión en la que miles de personas consiguen alcanzar simultáneamente el perímetro fronterizo.

Una frontera internacional tiene dos lados y por tanto, también tiene dos responsabilidades.

España debe cumplir la suya: rescatar cuando exista peligro, identificar, atender, proteger a los menores, tramitar las solicitudes de asilo, garantizar asistencia jurídica y respetar escrupulosamente los derechos fundamentales, pero Marruecos también debe cumplir la suya. Y Europa debería comprender definitivamente que Ceuta no es únicamente un problema español. Es una frontera exterior europea.

Ante la posibilidad de nuevos intentos de entrada masiva, espero que esta vez las administraciones hayan aprendido algo.

Que solidaridad no significa ausencia de límites.

Que acoger no significa renunciar a identificar.

Que proteger a un menor no significa mirar hacia otro lado ante un delito.

Que devolver a quien legalmente corresponda devolver no constituye una vulneración de derechos cuando se hace con todas las garantías.

Y que exigir seguridad no convierte automáticamente a nadie en racista.

Estoy cansada de ese debate infantil en el que parece obligatorio elegir entre dos caricaturas: o queremos fronteras completamente abiertas o carecemos de humanidad.

Me niego a elegir.

Quiero las dos cosas que cualquier democracia madura debería ser capaz de ofrecer al mismo tiempo: humanidad y orden.

Quiero que quien llegue exhausto reciba agua.

Que quien se esté ahogando sea rescatado.

Que quien tenga derecho a asilo sea protegido.

Que un menor desamparado sea atendido.

Pero también quiero que nuestras fronteras sean fronteras, que nuestras leyes sean leyes y que nuestras calles sean seguras. Y sobre todo, quiero que cuando hablamos de proteger a las personas no olvidemos sistemáticamente a una parte de ellas.

Ceuta no es solamente la puerta por la que algunos quieren entrar en Europa.

Ceuta es la casa de quienes ya viven allí,

y una casa puede abrir sus puertas para ayudar a alguien sin renunciar por ello a tener puerta.

Ni cerradura.

Ni normas.

Ni derecho a sentirse segura.

La humanidad sin ley termina siendo desorden.

La ley sin humanidad puede convertirse en injusticia.

Una democracia decente tiene la obligación de no renunciar a ninguna de las dos.

Atentamente,

Una ciudadana española desde la Península (Visan Montesinos Pérez).