El deporte de lucha de Ceuta vuelve a lucir en los grandes escenarios. La Federación de Kickboxing y Muay Thai destacó en el XFK Fighters Championship, sumando buenos resultados, gracias al rendimiento de sus deportistas y cuerpo técnico.
Uno de los nombres propios de la velada fue Tarik Puerto, presidente caballa, quién compitió y completó una actuación que la entidad califica como “una muestra de veteranía, contundencia y jerarquía en cada uno de los asaltos”.
Además, la federación subrayó en su comunicado el papel de Mustafa Triki, seleccionador absoluto, y de Yihad Nakabi, responsable de Tatami Sport, cuya labor en la preparación y dirección de los combates fue clave para el rendimiento del equipo.
Gonzalo Rodríguez venció por KO técnico
Una de las actuaciones más destacadas fue la de Gonzalo Rodríguez, que logró un magnífico resultado al imponerse a su rival por KO técnico (TKO), después de que el adversario no pudiera continuar el combate tras el castigo recibido.
También dejó una buena imagen José Navas, quien, pese a no obtener la victoria, completó un combate en el que mostró valentía y un notable nivel técnico, según destaca la federación en su comunicado.
Por su parte, Mohamed Hichou protagonizó uno de los enfrentamientos más intensos de la noche en categoría neoprofesional. El ceutí mantuvo un duelo igualado, sin embargo, una lesión en la rodilla en el tercer asalto, lo obligó a abandonar el combate.
Agradecimiento al ICD
Tras la experiencia en el XFK Figthers Championship, torneo disputado en Los Barrios, la federación se encargó de agradecer el respaldo recibido por el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) y de Sergio Aguilera, a quienes reconoce su apoyo en el desarrollo del deporte local.
Con esta actuación, la Federación de Kickboxing y Muay Thai de Ceuta refuerza el crecimiento de los deportes de contacto en la ciudad y consolida el trabajo desarrollado por deportistas, técnicos y dirigentes.
Laautoridad judicialha condenado en tres procedimientos distintos acuatro personas de nacionalidad marroquí por hechos relacionados con el uso o facilitación dedocumentación falsapara superar los controles de embarque del Puerto de Ceuta y acceder a la península.
Los casos, ocurridos esta pasada semana, presentan un mismo patrón: los acusados trataron de utilizardocumentos de identidad o residencia falsificadospara superar el control documental de la Policía Nacional.
En dos de los procedimientos, los acusados que pretendían viajar a la península se encontraban ensituación irregular en Españay carecían de documentación que acreditara su residencia legal. En el tercero, además de la persona que pretendía utilizar el documento falso, fue condenado el acompañante quefacilitó la documentación durante el control policial.
Las resoluciones judiciales establecen penas deprisión y multapor delitos de falsificación de documento público. En los casos en los que se acordó la sustitución de la pena privativa de libertad, esta fue sustituida por laexpulsión de Españay la prohibición de regresar durante un periodo decinco años.
Un DNI falso para embarcar hacia Algeciras
El primero de los casos tuvo lugar cuando unamujer marroquí de 22 añosse presentó, sobre las 19:00 horas del pasado sábado, en el control de documentación de viajeros del Puerto de Ceuta para embarcar en un ferry con destino aAlgeciras.
Los agentes de la Policía Nacional le solicitaron que acreditara su identidad y, según consta en la resolución, la acusada exhibió unDNI íntegramente falsoque utilizó como propio.
El documento habría sido empleado con el propósito deengañar a los funcionarios, superar el control documental y acceder al buque con destino a la península. La resolución señala que la acusadacarecía de la documentación administrativa necesaria para residir legalmente en España.
Por estos hechos se le impuso una pena dedos años de prisióny unamulta de seis meses, con una cuota diaria de seis euros. La pena de prisión fue sustituida por laexpulsión del territorio nacional, junto con una prohibición de entrada en España durantecinco años.
Un documento francés falso para permitir el embarque de otra persona
El segundo procedimiento afecta ados hombres de nacionalidad marroquí. Los hechos ocurrieron también el pasado sábado sobre las 14:30 horas, cuando ambos se presentaron en el control documental de vehículos y personas del Puerto de Ceuta para embarcar en un ferry con destino a la península. Viajaban en un vehículo, uno de ellos como conductor y el otro como acompañante.
Según la resolución, ambos actuaron con la finalidad común de que el acompañante pudierasuperar el control documental. Durante la inspección, el conductor entregó a los agentes la documentación correspondiente a los dos ocupantes, entre la que se encontraba undocumento francés de identidad íntegramente falso.
Los dos acusados conocían, según los hechos declarados probados, lafalsedad del documentoy que el acompañante no disponía de documentación que autorizara su residencia legal en España.
Al acompañante se le impusierondos años de prisión y una multa de seis meses, con una cuota diaria de seis euros, pena de prisión que fue sustituida por suexpulsión de España y prohibición de entrada durante cinco años.
Un permiso de residencia francés alterado
El tercer caso tuvo lugar ese pasado sábado, sobre las 20:55 horas, cuando otro ciudadano marroquí se presentó en el control de documentación de viajeros del Puerto de Ceuta para embarcar en un barco con destino aAlgeciras.
Al ser requerido para acreditar su identidad, presentó un supuestopermiso de residencia francésexpedido a su nombre.
Los agentes comprobaron que la tarjeta estabaíntegramente alterada. Según la resolución, se trataba de una tarjeta de PVC cuyos datos habían sido incorporados mediante unaimpresión de baja calidadque no se correspondía con las características de los documentos originales.
El acusado había obtenido el documento de forma ilegal tras pagar, según consta en el procedimiento,2.000 euros.
El acusado fue condenado ados años de prisióny una multa de seis meses, con una cuota diaria de seis euros. Al encontrarse en situación irregular y carecer de los permisos exigidos para residir legalmente en España, la pena de prisión fue sustituida por laexpulsión del territorio nacionaly laprohibición de entrada durante cinco años.
En lostres procedimientos, los hechos están relacionados con el intento de superar los controles documentales del Puerto de Ceuta mediantedocumentación falsa. Son ya varias las condenas por esta índole.
Es maestro en las especialidades de Educación Primaria, Educación Infantil y Educación Física por la Universidad de Granada, además de graduado en Pedagogía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Con este currículum llegaba a la plaza de los Reyes en febrero de 2026. La crisis de Ceuta ha terminado con su cargo.
Relevo de Triano
Foto: Wikipedia
En Moncloa indican que el relevo puede ser David de la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María, dirigente del PSOE de Cádiz y nacido en Ceuta.
Es el nombre por el que se apostaría para relevar al delegado del Gobierno una vez que ha mostrado su intención de irse, de no poder más.
La crisis de Ceuta ha terminado con una gestión que ha sido puesta en el punto de mira sobre todo por la sociedad caballa.
El delegado del Gobierno terminaría así su mandato en la ciudad con este petición expresa a Moncloa.
En las últimas semanas decía siempre que no iba a dimitir pero el escándalo de los mensajes con el CNI han terminado por pasarle factura.
Ya antes se marchó su jefe de gabinete y poco a poco se irá deshaciendo el equipo una vez que Moncloa ordene todos sus cambios.
El cambio al frente de la administración central en la plaza de los Reyes se va a producir en cuestión de días.
Ahora, la decisión de marcharse por parte de Triano, que ha sido aceptada en Madrid, tiene que materializarse en una consecuencia oficial fija.
Así, se llevará a Consejo de Ministros en donde quedará plasmado negro sobre blanco esa firme decisión de Triano de marcharse de la Delegación.
Esos tiempos serán los que se sigan para conocer al sustituto que, de momento, apunta a que será De la Encina.
La era política del delegado termina con la crisis de Ceuta y las acusaciones en la calle, en donde se le ha acusado de no ponerse de lado del pueblo.
Ha sido esa presión social la que le ha pasado factura a pesar de que él siempre mantuvo que hizo lo correcto y que, como el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, había solicitado a Madrid apoyos ante la presión migratoria que se estaba registrando en Ceuta antes del estallido del 30 de julio.
El papel del delegado del Gobierno en el mayor azote a Ceuta
La entrada masiva de inmigrantes ha sido el punto y final de la etapa política de Triano, quien ha terminado recibiendo el azote de la pésima gestión del gobierno central con Ceuta.
Pero sin duda, la desclasificación de los informes del CNI le ha pasado factura, toda vez que allí se produjo la primera quiebra con su mano derecha, el jefe de gabinete Gonzalo Sanz. Este insistió en que le trasladó la advertencia del CNI. Triano no solo lo negó, sino que además siempre dijo que nunca esos avisos apuntaron a las casi 100.000 personas que llegaron a cruzar.
Las veces que se le preguntó a Triano si dimitía
Pasará prácticamente a la historia periodística la de veces que se le preguntó al delegado del Gobierno si iba a dimitir.
Las últimas comparecencias fueron extremadamente duras, toda vez que el delegado terminó siendo directo con los medios y hasta enojado no encontró razones para irse.
No obstante, la llegada al límite se ha producido trasladando así su intención de abandonar la Delegación.
La Justicia ha acordado la expulsión de un ciudadano marroquí de 27 años tras condenarle a dos años de prisión por un delito de lesiones cometido el pasado viernes en la barriada del Príncipe, en Ceuta.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas, en las inmediaciones de la calle Agrupación Este, cuando el acusado se vio involucrado en un forcejeo con una mujer.
Durante el enfrentamiento, el ahora condenado sacó un objeto indeterminado y trató de alcanzarla en varias ocasiones con intención de menoscabar su integridad física.
Finalmente, el hombre consiguió herir a la mujer en la zona de la oreja izquierda y la región mastoidea.
La víctima sufrió una herida de unos cuatro centímetros en la región mastoidea, además de una herida avulsiva del hélix de la oreja izquierda, según consta en los hechos del procedimiento.
Heridas que requirieron tratamiento médico
Las lesiones sufridas por la víctima precisaron tratamiento médico-quirúrgico para su curación, que incluyó la sutura de la herida, curas, tratamiento antibiótico y la administración de analgésicos a demanda.
El informe médico establece que las lesiones requirieron 21 días para su curación o estabilización, todos ellos considerados de perjuicio personal básico.
Por estos hechos, la autoridad judicial impuso al acusado una pena de dos años de prisión. No obstante, la pena privativa de libertad fue sustituida por la expulsión del territorio nacional, con una prohibición de regreso a España durante cinco años.
De este modo, tras la condena por el delito de lesiones, el hombre deberá abandonar el territorio nacional y regresar a Marruecos, en cumplimiento de la resolución judicial.
La medida supone que la pena de prisión queda sustituida por la expulsión, por lo que el condenado no cumplirá en España los dos años de cárcel impuestos, quedando sujeto a la prohibición de entrada durante cinco años.
La autoridad judicial ha ordenado la expulsión de España de un ciudadano marroquí que accedió de manera irregular a Ceuta a finales de julio y que ha sido condenado por coaccionar a otros inmigrantes en las duchas ubicadas en la playa del Trampolín.
El acusado exigía dinero a otros residentes a cambio de permitirles utilizar las duchas públicas instaladas en la zona.
El ahora condenado reconoció los hechos ante la autoridad judicial y aceptó una pena de dos años de prisión por un delito de coacciones. Los hechos se produjeron en el asentamiento existente en la playa del Trampolín, donde, según recoge la resolución judicial, el acusado venía impidiendo el acceso de otros residentes a los servicios públicos.
Al tratarse de un ciudadano extranjero en situación irregular en España, la pena de prisión ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional, junto con una prohibición de entrada durante cinco años.
Impedía el paso a las duchas
Los hechos concretos por los que ha sido condenado tuvieron lugar sobre las 17.00 horas del pasado sábado, cuando el acusado se encontraba en el asentamiento de la playa del Trampolín. Según recoge la resolución, se interpuso en el camino que debía utilizar otro inmigrante para acceder a las duchas públicas.
Su objetivo era, según la sentencia, imponer su voluntad y obtener dinero de esta persona. Para ello, le impidió el paso y le exigió la entrega de una cantidad económica a cambio de permitirle acceder a las instalaciones.
La víctima se negó a entregar el dinero, pero el acusado mantuvo su oposición y continuó impidiendo que pudiera acceder libremente a las duchas. La actuación fue considerada constitutiva de un delito de coacciones.
Una práctica que se habría repetido durante varios días
La resolución judicial señala además que el condenado ya había impedido el acceso a las duchas durante los días anteriores, utilizando, según recoge el fallo, violencia e intimidación para evitar que otros residentes del asentamiento pudieran hacer uso de los servicios públicos con normalidad.
La condena contempla así una pena de dos años de prisión, que finalmente no tendrá que cumplir en España al haberse acordado su sustitución por la expulsión, atendiendo a su situación administrativa irregular.
La medida implica que el condenado deberá abandonar el territorio nacional y no podrá regresar a España durante un periodo de cinco años, de acuerdo con lo establecido en la resolución judicial.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva a Ceuta de personas procedentes de Marruecos a finales de julio, escuchará esta semana como testigos al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, así como al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz y al jefe de la Policía Local, Sebastián Vega.
Vivas prestará declaración este miércoles, mientras que el exjefe de gabinete y el responsable policial están citados el jueves.
El presidente ceutí ya avanzó en varias entrevistas en televisión que tiene intención de informar en sede judicial de todas las llamadas y alertas que envió al Gobierno central en los días previos a los hechos.
Vivas afirmó que es el primer interesado en conocer quién está detrás de lo que calificó como una «agresión a la integridad territorial», aunque se mostró convencido de que el responsable es Marruecos, puesto que considera impensable que las autoridades del país vecino no tuvieran conocimiento del desplazamiento de miles de personas hacia la frontera.
Sanz, declaración tras ser apartado de su puesto
Un día después de Vivas, la jueza tiene previsto escuchar al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, que dimitió semanas atrás después de conocerse que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de los hechos.
Al asumir la causa, Tardón apuntó a «permisividad» y «una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos» que «se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos».
El exjefe de la Policía Local, Sebastián Vega, también prestará declaración.
Informes solicitados
La magistrada acordó estas declaraciones testificales una semana después de admitir la personación de Ceuta como acusación particular en el proceso, al entender que la ciudad autónoma fue «víctima directa e inmediata» de los «graves hechos» sucedidos en la frontera del Tarajal, que provocaron la muerte de al menos 83 personas en su intento de llegar a territorio español.
En un informe encargado por Tardón, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional achacó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes «el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso» durante la entrada masiva de personas, señalando que hubo «planificación» tanto «previa» como «táctica».
El CENIF también advirtió de que lo ocurrido no fue «incidental», «ocasional» ni «espontáneo» y apuntó a la existencia de «una autoría intelectual anterior y otra material» relacionada con «funciones de seguimiento y control».
En ese sentido, la Policía subrayó que hubo uniformados marroquíes que habrían dado «indicaciones a las personas que cruzaron irregularmente la frontera para superar obstáculos» y habrían «organizado el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes».
Y resaltó la presencia de «agentes dinamizadores» no uniformados, «de complexión fuerte o atlética» y con un comportamiento que «no encaja con la dinámica de comportamiento de la masa que realiza la entrada y salida de territorio español».
Otras diligencias
Tardón acordó además la práctica de múltiples diligencias, a instancias de la Fiscalía, entre ellas, librar a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal, de la Comisaría General de Policía Judicial, para que procedan al análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores incorporadas a los anexos del informe policial y lo remitan al órgano judicial.
También requiere a las direcciones de Policía y Guardia Civil para que elaboren un informe cuyo objeto sea el de precisar, en la medida de lo posible, la identidad, el cuerpo policial de pertenencia, unidad operativa, empleo o graduación, funciones desarrolladas y actuación observada de los efectivos que aparecen reflejados en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa y reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio.
Sospechan que hay trapicheo de droga, pero tienen que demostrarlo, y eso no es fácil. La Policía Nacional lleva semanas insistiendo en los controles sobre los asentamientos de inmigrantes en Ceuta, en donde está ocurriendo ya de todo.
Este domingo, pudieron detener a dos de estos inmigrantes, de origen marroquí, cuando estaban trapicheando con hachís.
Los dos marroquíes no han querido reconocer los hechos, porque conllevaba a su expulsión, por lo que han ingresado de manera provisional en prisión hasta la celebración del juicio.
Los dos detenidos fueron conducidos a dependencias policiales para responder de delito contra la salud pública y este lunes serán trasladados a los juzgados.
Repunte de delitos y órdenes de busca y captura
La presión de delitos asociados a las entradas masivas del 30 y 31 de julio continúa, a pesar de que Interior siga manteniendo por boca de su ministro, Fernando Grande-Marlaska, que se trata de una inseguridad subjetiva.
Ayer no solo detuvieron a dos marroquíes por venta de droga, interviniéndoles pequeñas cantidades de hachís, sino que siguieron arrestos e intervenciones por robos o por tener órdenes de busca y captura.
Muchos de los que accedieron a Ceuta las tienen, o bien prohibiciones de entrada en territorio nacional o bien señalamientos de búsqueda dictados por juzgados de Ceuta y de distintos puntos de la Península, con órdenes de entrada en prisión.
Cuando las puertas quedaron abiertas en las avalanchas, muchos de los que cruzaron tenían cuentas pendientes con la justicia, así como reclamaciones.
De los prácticamente 400 expulsados judiciales, los hay por esas causas, siendo las más graves las asociadas a temas de terrorismo.
Controles de la UIP
Los distintos grupos de la UIP destacados en Ceuta están llevando a cabo controles continuados en los asentamientos del Guano, Trampolín y Benítez, en donde se han sucedido sucesos de todo tipo.
Y muchos son de gravedad, con heridos a punto de sufrir amputaciones por peleas con catanas, hasta agresiones sexuales.
Diez menores han sido detenidas en Ceuta tras protagonizar una serie de agresiones en el centro de acogida para niñas en desamparo que gestiona Samu, ubicado en Loma Margarita.
Los incidentes se saldaron con dos educadores lesionados. Los hechos tuvieron lugar la noche de este domingo en torno a las 23:00 horas y obligaron a intervenir a la Policía Nacional.
Según las informaciones recabadas por El Faro, el incidente comenzó después de que las menores reclamaran poder salir a fumar y se les negara esta posibilidad.
A partir de ese momento se produjo una situación de tensión que terminó con agresiones, insultos y amenazas dirigidas a los educadores del centro.
Lanzamiento de mobiliario
Durante el altercado también se produjo el lanzamiento de diferentes objetos y mobiliario, entre ellos sillas, provocando lesiones de carácter leve a dos educadores.
Las diez jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, fueron detenidas. En torno a las 23:40 horas fueron trasladadas hasta la Jefatura Superior de la Policía Nacional, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.
Agresiones y lesiones
A las menores se les atribuyen inicialmente delitos relacionados con agresiones y lesiones, así como una posible riña tumultuaria, a la espera de que se concreten las circunstancias de lo ocurrido y las responsabilidades individuales de cada una de ellas.
Además, dada la condición de convivientes de las menores y los trabajadores del centro, también podría contemplarse la aplicación de un delito en el ámbito familiar, este último deberá determinarse durante la investigación.
Red de recursos
El Centro de Menores El Cortijo es de reciente creación y acoge a menores que llegaron a Ceuta durante las entradas masivas.
Lo excepcional de este suceso es que en esta ocasión todas las detenidas son chicas. Una imagen y escenario poco habituales.
Habitualmente, este tipo de altercados suelen ser protagonizados por varones.
CCOO exige medidas presupuestarias y organizativas que incrementen el personal por turno y fijen ratios adecuadas
Comisiones Obreras de Ceuta ha registrado un escrito formal ante el Área de Menores de la Ciudad Autónoma para exigir la adopción urgente de medidas presupuestarias y organizativas que incrementen el personal por turno y fijen ratios adecuadas en todos los centros de protección de menores.
Esta petición de CCOO responde al insostenible escenario de sobreocupación que sufren las instalaciones, atendidas con plantillas rotundamente insuficientes que ponen en riesgo tanto la correcta atención a los menores como la seguridad de los trabajadores.
CCOO manifiesta su rotundo apoyo al equipo de profesionales que la pasada madrugada sufrió una agresión en el centro ‘El Cortijo’. «El incidente se produjo cuando el personal, cumpliendo con su deber y para evitar situaciones de riesgo en el exterior, impidió la salida no autorizada de un grupo de niñas y jóvenes migrantes residentes, siendo agredidas en el ejercicio de sus funciones. Este hecho evidencia la extrema vulnerabilidad e indefensión a la que se enfrentan a diario los trabajadores», ha señalado.
Desde CCOO ponen en valor el trabajo incansable de los profesionales del sector social. «Mientras la ciudadanía vive con preocupación esta realidad, trabajadores como el personal social, los cuerpos de seguridad, personal sanitario o el ejército no pueden quedarse en casa y afrontan la situación en primera línea. CCOO denuncia que esta enorme responsabilidad se ejerce bajo condiciones retributivas precarias, con salarios que no compensan la penosidad y el riesgo asumidos», explica.
CCOO insta a la Ciudad Autónoma, como titular de las competencias y responsable de la concesión, a que exija de inmediato a la empresa adjudicataria;
Aumentar la contratación por turno para garantizar una atención de calidad y segura para los menores.
Fijar y adecuar de forma urgente las ratios de profesionales por menor a la ocupación real.
«No podemos tolerar que se normalice la exposición a la violencia de unos trabajadores claves para la paz social que garantizan que el derecho a la infancia en Ceuta sea una realidad», añade el sindicato.
Agentes de la Policía Nacional han localizado otro piso patera en Ceuta tras acudir a una llamada por un presunto caso de quebrantamiento de condena, tal y como ha explicado la Jefatura en una nota de prensa.
Los hechos ocurrieron sobre las 01:50 horas cuando indicativos de seguridad ciudadana fueron comisionados a una vivienda donde una mujer requería presencia policial ya que, al parecer, su expareja se encontraba allí y tenía en vigor una orden de alejamiento.
Una vez en el lugar, los agentes constataron tales extremos y procedieron al arresto del varón por quebrantamiento de condena. Fue así como descubrieron que esa casa tenía truco, ya que se dieron cuenta de la presencia de gran cantidad de personas hacinadas, en total 14.
Hacinadas, sin hablar español y pagando 15 euros diarios
Todas estaban indocumentadas y no hablaban español por lo que fueron trasladadas a dependencias policiales en virtud de la normativa vigente en extranjería. Al parecer, cada uno de ellos abonaba 15 euros diarios porla estancia en ese piso patera.
Por todo ello, los agentes procedieron al arresto de la mujer por un presunto delito detráficoilegaldeinmigraciónclandestina.
Al final lo que era una intervención para atender una llamada por quebrantamiento de condena se convirtió en un doble servicio, ya que la reclamante policial terminó siendo descubierta por la realización de estas prácticas que se están extendiendo por toda la ciudad.
Ya son varias las viviendas patera que han sido detectadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en estos días, tras la entrada masiva. Los que gestionan esos pisos se nutren del escaso dinero que tienen los inmigrantes.
El vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha estado este viernes en Ceuta para dejar dos mensajes claros.
Uno de ellos tiene que ver con las reuniones mantenidas con diferentes entidades, como la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio, la CECE y diferentes empresas. El otro, con el retorno de los inmigrantes que entraron a Ceuta y la tramitación de una ley que permita su devolución.
Todo ello, insisten, enmarcado en la línea de trabajar y ofrecer soluciones para que Ceuta recupere la normalidad porque “la sociedad ceutí está desesperada”, ha señalado.
Las reuniones mantenidas este viernes
En relación a las reuniones mantenidas este viernes, Juan Bravo ha detallado que la idea era conocer cuáles son las “necesidades que tienen hoy” y también las oportunidades de futuro que están sobre la mesa y que permitirían que “Ceuta recupere la auténtica normalidad”.
En el ámbito portuario, esas oportunidades se traducen en “autorizar la figura del puerto con depósito aduanero, las posibilidades de mejorar las condiciones en cuanto a las infraestructuras para poder dar más servicios, o incluso en tema de búnker”.
Por su parte, de los encuentros con los empresarios, la Cámara y la CECE han puesto sobre la mesa “la necesidad de retener y poder captar talento para que venga a vivir y a trabajar a Ceuta. Y, en ese sentido, es necesario darle mayor esfuerzo a la vivienda, a la educación, a los colegios y a la Formación Profesional”.
Asimismo, Bravo ha hablado sobre la necesidad de “reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la sanidad como instrumento de garantía de que vivir en Ceuta es tener los mismos servicios que podáis tener o que podamos tener en la Península”.
El retorno de los inmigrantes
Por otro lado, el vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha insistido en que, para que Ceuta vuelva a ser la misma de antes, hay que trabajar en el retorno de todas las personas que entraron de forma irregular.
Y es que, como ha podido comprobar él mismo, “Ceuta no ha vuelto a la normalidad y en ningún caso es una sensación subjetiva de inseguridad. Aquí queda mucho trabajo por hacer”, refiriéndose al retorno “de todos los que han entrado de manera irregular y tienen que volver a Marruecos”.
En esa línea, desde el Partido Popular piden que les dejen tramitar la ley que se presentó en el Congreso el 16 de julio y después en el Senado.
Según ha explicado, lo que plantea es que “si el Gobierno ha dicho que el problema, en parte, es la sentencia del Tribunal Supremo en su interpretación, el Tribunal Supremo ha hecho su trabajo y ahora nos está diciendo al legislativo que hagamos el nuestro. Y ese es que hagamos una reforma legislativa para que todos los supuestos de entrada a nado en Ceuta y Melilla estén recogidos y permita esa figura especial que es el rechazo en frontera, que permite recuperar la normalidad”.
Para ellos, “esta es una de las medidas prioritarias del primer paso, del punto cero de la recuperación de Ceuta, que es el retorno de todos los migrantes que han entrado de manera irregular y con el amparo legislativo”.
Los expedientes tramitados
Juan Bravo, a preguntas de los periodistas, se ha cuestionado “por qué, si hay dos mil trescientos expedientes tramitados, como ha dicho el ministro, ¿cuántos hay de expedientes de devolución? ¿Cuántos intentos de devolución se han hecho a Marruecos?”.
Tampoco entiende el hecho de que si “Marruecos los ha pedido varias veces y Europa lo ha respaldado diciendo que el Pacto de Migración y Asilo y la directiva de retorno lo permite, y los ceutíes habéis dejado muy claro que queréis que retornen, ¿por qué siguen aquí? ¿Por qué dedicamos tantos recursos a que estén aquí más cómodos y mejor?”.
“Donde más cómodos y mejor seguro van a estar es en su país, porque es su entorno familiar, porque es su entorno cultural, porque es su entorno de vida normal”, ha concluido.
