Ceuta ya ha soportado demasiado desde aquella entrada masiva que puso a la ciudad contra las cuerdas. Demasiado coste económico, demasiada presión sobre los servicios públicos y demasiados recursos destinados a atender una emergencia cuyas consecuencias todavía estamos pagando. Lo que no puede permitirse ahora es que la situación termine generando un mercado laboral paralelo basado en la economía sumergida y en la vulneración de derechos.
La operación desplegada por Guardia Civil, Policía e Inspección de Trabajo para detectar mano de obra ilegal llega después de semanas en las que los propios vecinos han sido testigos de una creciente actividad que, cuando menos, está bajo sospecha. Obras y reformas que se multiplican, trasiego de materiales, trabajos realizados a horas poco habituales o escombros abandonados impunemente en solares a plena luz del día.
Ahora serán las inspecciones las que determinen qué h ay detrás de cada caso. Pero resulta significativo que aquello que los ciudadanos llevan semanas observando haya terminado dando lugar a una operación específica para comprobar si se está utilizando mano de obra en situación irregular.
Y conviene dejarlo claro: no se trata de criminalizar al inmigrante. Se trata de perseguir a quien se aprovecha de una situación de vulnerabilidad para conseguir mano de obra barata. Porque cuando alguien trabaja sin contrato, sin cotizar y sin las garantías laborales establecidas, quien obtiene el beneficio es quien puede reducir costes saltándose las reglas.
Y quien cumple las reglas y las leyes, pierde.
La Confederación de Empresarios de Ceuta ya ha alertado del incremento de pequeñas obras y reformas que podrían estar realizándose con trabajadores no regularizados.
También ha advertido de un aumento de la demanda de determinados materiales que estaría dificultando el suministro a empresas legales.
Si estas prácticas se confirman, el daño no será únicamente laboral. Afectará a las empresas que pagan sus impuestos, a los autónomos que cumplen sus obligaciones y a los trabajadores que cotizan. También a las arcas públicas y a la calidad de los trabajos.
A ello se suma el impacto sobre la convivencia: escombros arrojados sin control y obras que podrían no cumplir la normativa.
La ciudad ha demostrado una enorme capacidad para resistir una crisis que no ha provocado. No puede pagar ahora una segunda factura permitiendo que sus consecuencias distorsionen el mercado laboral.
Hay que inspeccionar, comprobar y sancionar cuando corresponda. Sin criminalizar a nadie, pero tampoco mirando hacia otro lado.
