Hay momentos en la historia de una ciudad en los que los acontecimientos ponen a prueba algo mucho más importante que su capacidad de respuesta ante una emergencia: ponen a prueba su identidad, sus valores y, sobre todo, su capacidad para reconocerse a sí misma.
Ceuta atraviesa uno de esos momentos.
La entrada masiva de personas migrantes del pasado 30 de julio ha supuesto un episodio de enorme impacto para nuestra ciudad. Es comprensible que un acontecimiento de estas características genere preocupación, incertidumbre y exigencias de respuestas eficaces por parte de las administraciones públicas. La seguridad fronteriza, la atención humanitaria, la protección de los menores y la garantía de los servicios públicos son cuestiones legítimas que deben abordarse con responsabilidad y sin demagogia.
Pero hay algo que me preocupa profundamente y que, a mi juicio, merece una reflexión mucho más profunda que la que habitualmente ocupa los titulares y los debates en las redes sociales: el riesgo de que una crisis migratoria termine convirtiéndose en una crisis de convivencia entre los propios ceutíes.
Porque lo que está sucediendo no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la inmigración, el control fronterizo o la seguridad. También debemos preguntarnos qué está ocurriendo en el interior de nuestra sociedad, qué sentimientos se están despertando y qué consecuencias puede tener que una parte de la población comience a ser señalada, cuestionada o considerada sospechosa por razón de su origen, sus apellidos o su religión.
Y lo digo como musulmán, como ciudadano español y como ceutí. No desde una posición de enfrentamiento, sino desde la preocupación de quien considera que la convivencia constituye uno de los mayores patrimonios de esta ciudad.
Cuando la identidad se convierte en motivo de sospecha
Los datos demográficos deberían invitarnos a una reflexión serena. En Ceuta, aproximadamente el 45 % de la población profesa el islam. Estamos hablando de prácticamente la mitad de nuestra sociedad. No se trata de una comunidad extranjera recién llegada, ni de una realidad ajena a la historia de la ciudad. Se trata de ciudadanos españoles, muchos de ellos nacidos aquí, cuyas familias llevan generaciones formando parte de la vida social, económica, cultural e institucional de Ceuta.
Sin embargo, los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto una peligrosa confusión entre conceptos que nunca deberían mezclarse: inmigración, nacionalidad, religión y pertenencia a una comunidad.
Ser musulmán no significa ser inmigrante. Tener apellidos de origen árabe no significa ser extranjero. Hablar dariya en el ámbito familiar no significa renunciar a la nacionalidad española ni a la identidad ceutí. Y, desde luego, profesar una religión distinta de la mayoritaria en España no convierte a nadie en menos español.
Cuando estas distinciones comienzan a difuminarse, aparece un fenómeno que la sociología ha estudiado ampliamente: la construcción de un «otro» al que se atribuyen los temores, las frustraciones y las incertidumbres de una sociedad.
El problema surge cuando la identidad deja de ser un elemento de reconocimiento y se transforma en una etiqueta que condiciona la manera en que los demás nos perciben. Entonces, el vecino deja de ser simplemente un vecino y empieza a ser observado a través de prejuicios colectivos.
Los datos publicados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ofrecen una señal de alarma. Durante los días 30 y 31 de julio se detectaron 9.590 mensajes de odio en redes sociales, coincidiendo con la entrada masiva de migrantes en Ceuta. No estamos hablando de una impresión personal ni de una exageración retórica. Estamos ante un fenómeno documentado que revela hasta qué punto una situación de tensión puede convertirse en un escenario propicio para la propagación de discursos racistas, xenófobos e islamófobos.
Y conviene recordar algo esencial: el odio que se expresa en las redes sociales no siempre permanece en ellas. Los prejuicios difundidos de forma reiterada pueden trasladarse a las conversaciones cotidianas, a los espacios educativos, a los centros de trabajo y a las relaciones personales. Cuando eso ocurre, el daño deja de ser exclusivamente digital y comienza a afectar a la convivencia real.
El peligro de convertir a media ciudad en una sospechosa permanente
Desde una perspectiva sociológica, existe un riesgo especialmente preocupante cuando se atribuyen a un colectivo las conductas de determinados individuos o se responsabiliza a toda una comunidad de un acontecimiento protagonizado por personas que no forman parte de ella.
Es el mecanismo de la generalización y de la estigmatización. Se construye una imagen colectiva simplificada, se asocian determinados rasgos culturales o religiosos con amenazas y, poco a poco, se normaliza una mirada de desconfianza hacia quienes comparten esos rasgos.
En una ciudad como Ceuta, las consecuencias de este proceso pueden ser especialmente profundas.
No estamos ante una sociedad en la que la diversidad religiosa y cultural sea una realidad reciente, introducida exclusivamente por los movimientos migratorios contemporáneos. Nuestra diversidad forma parte de la propia estructura histórica de la ciudad. Las distintas comunidades religiosas han contribuido, con sus particularidades y sus diferencias, a construir una sociedad que ha aprendido a compartir espacios, instituciones y una identidad urbana común.
Por eso, cuando se pone bajo sospecha a una parte tan significativa de la población musulmana, no se está cuestionando únicamente a un colectivo religioso. Se está poniendo en riesgo una parte esencial del propio tejido social ceutí.
Y aquí conviene formular una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué sucede cuando una persona empieza a sentir que debe demostrar constantemente que pertenece a la sociedad en la que ha nacido, crecido y vivido toda su vida?
¿Qué ocurre cuando un ciudadano español percibe que su nacionalidad deja de ser suficiente para evitar que se le identifique con una realidad migratoria que no le corresponde? ¿Qué consecuencias puede tener para nuestros jóvenes crecer con la sensación de que su identidad religiosa o sus apellidos pueden convertirlos en ciudadanos permanentemente cuestionados?
La respuesta no es sencilla, pero la investigación sociológica sobre la discriminación y la exclusión social permite identificar algunos riesgos: debilitamiento del sentimiento de pertenencia, pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de las relaciones entre grupos y aparición de dinámicas de aislamiento social.
La cuestión no es menor. Una sociedad que obliga a una parte de sus ciudadanos a justificar constantemente su pertenencia termina debilitando los vínculos que hacen posible la convivencia.
La convivencia no es una fotografía: es un proceso que hay que cuidar
Durante años, Ceuta ha proyectado una imagen de convivencia entre culturas y religiones que constituye una de sus principales señas de identidad. Sin embargo, convendría abandonar cualquier interpretación ingenua de esa realidad.
La convivencia no es una condición natural que se mantiene por sí sola. Tampoco consiste únicamente en que diferentes comunidades compartan un mismo territorio sin enfrentamientos visibles. Desde una perspectiva antropológica, convivir implica mucho más: supone establecer relaciones de reconocimiento, construir espacios de confianza, compartir normas comunes y desarrollar un sentimiento de pertenencia que no exija renunciar a las propias particularidades.
Una sociedad puede ser culturalmente diversa y, al mismo tiempo, experimentar importantes desigualdades, prejuicios y distancias sociales. La ausencia de conflictos abiertos no significa necesariamente que exista una integración profunda.
Por eso, debemos preguntarnos si el modelo de convivencia que hemos construido en Ceuta está suficientemente preparado para afrontar situaciones de tensión como la que vivimos.
La antropología social nos recuerda que las identidades colectivas no son realidades cerradas ni inmutables. Se construyen a través de las relaciones, las experiencias compartidas, la memoria colectiva y las circunstancias históricas. En Ceuta, la identidad ceutí debería actuar como un espacio de encuentro capaz de integrar distintas tradiciones culturales y religiosas sin establecer jerarquías entre ellas.
Pero esa identidad común necesita algo imprescindible: el reconocimiento recíproco.
No basta con proclamar que todos somos ceutíes. Es necesario que todos podamos sentirlo y experimentarlo en nuestra vida cotidiana. Y ese sentimiento se debilita cuando las diferencias culturales se utilizan para establecer distancias, alimentar prejuicios o cuestionar la legitimidad de determinados ciudadanos.
La convivencia tampoco puede convertirse en una obligación unilateral. No es razonable exigir a una comunidad que demuestre permanentemente su voluntad de integración mientras se normalizan actitudes que la excluyen o la señalan.
El respeto, la responsabilidad y el compromiso con las normas democráticas son exigibles a todos. Precisamente por eso, deben aplicarse sin distinciones basadas en la religión, el origen familiar o la apariencia física.
El futuro de Ceuta se juega también en sus barrios y en sus aulas
Hay una dimensión de esta situación que merece una atención especial: sus posibles efectos a medio y largo plazo, particularmente entre las generaciones más jóvenes.
Los procesos de estigmatización pueden tener consecuencias que no siempre son visibles de inmediato. Cuando los adolescentes perciben que su identidad es objeto de sospecha, pueden desarrollar sentimientos de frustración, desconfianza o distanciamiento respecto de las instituciones y de otros sectores de la sociedad.
Esto no significa que la discriminación conduzca inevitablemente a la radicalización, al enfrentamiento o a la ruptura social. Sería una generalización injustificada. Pero sí significa que la exclusión y la falta de reconocimiento pueden convertirse en factores de vulnerabilidad que una sociedad responsable no debería ignorar.
En una ciudad como Ceuta, donde las relaciones personales, familiares y comunitarias atraviesan con frecuencia las fronteras culturales y religiosas, el deterioro de la confianza puede tener consecuencias especialmente sensibles.
Imaginemos qué sucedería si los espacios de relación entre jóvenes de distintas comunidades comenzaran a reducirse; si las amistades se fueran organizando cada vez más en función de las identidades de origen; si los prejuicios transmitidos en el ámbito familiar, en determinados entornos sociales o en las redes digitales terminaran condicionando las relaciones entre quienes hasta ahora habían compartido experiencias educativas y sociales.
Estaríamos ante un proceso de fragmentación que podría debilitar progresivamente el sentimiento de comunidad.
La escuela tiene aquí una responsabilidad extraordinaria. No puede limitarse a transmitir conocimientos académicos. Debe ser también un espacio de educación democrática, de aprendizaje intercultural y de prevención de los prejuicios.
Pero no podemos depositar toda esa responsabilidad en los centros educativos. Las familias, las asociaciones vecinales, las entidades religiosas, los medios de comunicación y las administraciones públicas tienen también un papel determinante.
La convivencia se aprende y se practica en la vida cotidiana. Se construye en los barrios, en las actividades deportivas, en los espacios culturales, en las asociaciones y en todos aquellos lugares donde las personas tienen la oportunidad de conocerse más allá de los estereotipos.
La responsabilidad de las instituciones
Ante esta situación, las instituciones no pueden limitarse a gestionar las consecuencias inmediatas de la crisis migratoria. También deben asumir la responsabilidad de proteger la cohesión social y prevenir cualquier dinámica de discriminación.
Esto exige, en primer lugar, una comunicación pública rigurosa. La información sobre los acontecimientos fronterizos debe basarse en datos contrastados, distinguir responsabilidades individuales de identidades colectivas y evitar expresiones que puedan alimentar prejuicios o generalizaciones.
La seguridad y los derechos fundamentales no son objetivos incompatibles. Una administración democrática puede y debe garantizar el control de sus fronteras, atender las necesidades humanitarias y perseguir las conductas delictivas, al mismo tiempo que protege a sus ciudadanos frente a la discriminación.
En segundo lugar, considero necesario reforzar los mecanismos institucionales de prevención y respuesta ante el racismo y la islamofobia. No basta con condenar públicamente los episodios más graves cuando ya se han producido. Es imprescindible disponer de canales accesibles de denuncia, mecanismos de acompañamiento a las víctimas y sistemas de seguimiento que permitan conocer la evolución de estos fenómenos.
También sería conveniente impulsar un espacio estable de diálogo y trabajo conjunto entre representantes de las distintas comunidades religiosas, asociaciones vecinales, organizaciones juveniles, entidades sociales y administraciones públicas. Un espacio que no se limite a encuentros protocolarios, sino que permita identificar problemas concretos, desarrollar iniciativas compartidas y evaluar sus resultados.
Asimismo, Ceuta necesita una estrategia de convivencia que vaya más allá de las celebraciones interculturales y de las declaraciones institucionales. Debe traducirse en actuaciones permanentes, con objetivos definidos y recursos suficientes.
Entre ellas, destacaría la puesta en marcha de programas educativos específicos contra los prejuicios y la discriminación; la promoción de proyectos deportivos y culturales que favorezcan las relaciones entre jóvenes de distintos barrios; el desarrollo de campañas públicas que visibilicen la diversidad de la ciudadanía ceutí y el establecimiento de mecanismos de mediación comunitaria para prevenir y resolver conflictos.
Por último, los medios de comunicación y los responsables públicos deben ser especialmente conscientes de su capacidad para construir percepciones colectivas. Informar sobre una crisis es una obligación. Convertirla en un argumento para alimentar enfrentamientos identitarios sería una grave irresponsabilidad.
No podemos permitir que el miedo defina nuestra identidad
Quiero terminar con una reflexión que considero esencial.
Ceuta es una ciudad fronteriza, pero no debería ser una ciudad permanentemente dividida por sus fronteras culturales. Su posición geográfica constituye una realidad que plantea enormes desafíos, pero también le ofrece una oportunidad extraordinaria: demostrar que es posible construir una comunidad política y social compartida desde la diversidad.
La entrada masiva del pasado 30 de julio exige respuestas políticas, administrativas y de seguridad. Nadie debería minimizar las dificultades que ha supuesto para la ciudad ni cuestionar el derecho de sus ciudadanos a reclamar soluciones eficaces.
Pero tampoco podemos permitir que la gestión de esa crisis termine generando otra, quizá menos visible al principio, pero potencialmente mucho más duradera: la crisis de confianza entre quienes compartimos esta ciudad.
Porque cuando el miedo se convierte en prejuicio, el prejuicio puede transformarse en discriminación. Y cuando la discriminación se normaliza, la convivencia empieza a deteriorarse, incluso aunque las calles continúen aparentemente tranquilas.
No escribo estas líneas para enfrentar a unos ceutíes con otros. Las escribo precisamente porque creo que tenemos demasiadas cosas en común como para permitir que los prejuicios terminen separándonos.
Como musulmán, me preocupa la islamofobia. Como ciudadano español, me preocupa cualquier forma de racismo que cuestione la igualdad de derechos. Y como ceutí, me preocupa especialmente que podamos perder aquello que durante tanto tiempo hemos considerado una de nuestras mayores fortalezas: la capacidad de reconocernos como miembros de una misma comunidad, a pesar de nuestras diferencias.
No deberíamos olvidar que la convivencia no se demuestra cuando todo resulta sencillo, sino cuando aparecen las dificultades. Es entonces cuando se ponen a prueba los principios, la responsabilidad colectiva y la madurez democrática de una sociedad.
Ceuta tiene ante sí una decisión que no corresponde exclusivamente a sus gobernantes. Nos interpela a todos.
Podemos permitir que el miedo, la desconfianza y los prejuicios condicionen nuestro futuro. O podemos aprovechar este momento para fortalecer los vínculos que nos unen, corregir las desigualdades que nos separan y reafirmar que ninguna identidad religiosa, cultural o familiar puede situar a un ciudadano por encima o por debajo de otro.
Porque, al final, la verdadera fortaleza de Ceuta no reside únicamente en su capacidad para defender sus fronteras, sino también en su capacidad para cuidar a quienes forman parte de ella.
Y una ciudad que pone bajo sospecha a una parte de sus propios ciudadanos corre el riesgo de terminar perdiendo algo mucho más valioso que la tranquilidad de un momento: la confianza sobre la que se construye su futuro.
