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El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, participa en las Jornadas de Ceuta con una ponencia sobre el renovado papel del fiscal como instructor penal
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, visita Ceuta para tomar el pulso a la situación de la Fiscalía en nuestra ciudad, donde además participará en la VIII Jornadas Jurídicas de Ceuta con una ponencia que cerrará el ciclo de conferencias. En esta entrevista con El Faro el fiscal general aborda el papel del fiscal como instructor penal y comenta su parecer sobre la salud del Ministerio Público en nuestra ciudad y en su adaptación a las nuevas tecnologías.
–Participará en las Jornadas Jurídicas con una ponencia sobre la labor de instrucción del fiscal en la investigación penal. ¿Qué retos afronta el fiscal en esta labor?
–La invitación de Fernando Tesón a las Jornadas Jurídicas de Ceuta, proponiéndome hablar sobre ‘El Fiscal como director de la investigación penal’ ha sido un honor y es algo que me gustaría empezar diciendo. El prestigio que tienen estas Jornadas por el alto nivel técnico y los temas que tratan, han conseguido hacer de ellas un referente en el ámbito del Derecho. Y dicho esto, no quiero eludir la pregunta y agradezco la oportunidad de hablar de un tema no solo de actualidad sino también de singular trascendencia para la Justicia y para el Ministerio Fiscal.
Para el Ministerio Público, asumir la investigación no es algo ajeno. La tramitación de las diligencias de investigación y el proceso penal de menores, son buenos antecedentes de la capacidad, implicación y eficacia de la investigación por el Ministerio Fiscal.
El gran reto es la construcción legislativa de la reforma. Cuando comparecí el pasado 23 de noviembre ante la Comisión de Justicia del Congreso, con ocasión de la propuesta de mi nombramiento como Fiscal General, les dije a los diputados, que si fueran capaces de dotarnos de una ley procesal correcta, moderna, adecuada, ágil, eficaz a los españoles, les aseguro que pasarían automáticamente a la historia con un gran timbre de gloria, y de verdad que lo creo.
Por lo tanto, necesitamos un texto. Una vez conozcamos el texto, abordaremos cuantos retos se planteen.
–¿El hecho de que el fiscal asuma la labor de instrucción, ofrece más garantías a la investigación y al procedimiento judicial? ¿Qué beneficios tiene y qué inconvenientes?
–Nuestra Constitución establece en el artículo 24 las garantías en el procedimiento. Por tanto, éstas habrán de contemplarse tanto si investiga un Juez como si lo hace un Fiscal. Pero hay un matiz que sí considero importante: en tanto que en la investigación judicial el Juez asume ambos papeles (investigador y Juez de Garantías), en la investigación por el Fiscal se producirá una positiva escisión funcional. Ello implicará la necesidad de una minuciosa motivación de las solicitudes para la práctica de pruebas limitativas de derechos (que el Fiscal no puede adoptar). El Juez de Garantías se colocará en una posición de mayor imparcialidad.
Por lo tanto, en mi opinión creo que, el principal beneficio va a ser el mayor control de las garantías del procedimiento y los derechos de los ciudadanos.
En relación a los inconvenientes, pues hay que ser realistas: la fase de transición. Si la reforma se aprobara, motivaría la necesidad de adaptación de medios personales y materiales. Las reformas de gran calado suelen ir acompañadas de un periodo de vacatio legis (entrada en vigor a partir de su publicación) y ésta no será menos.
–La figura del fiscal cobra un renovado protagonismo en estos procesos en tanto también la Fiscalía afronta su propio proceso de digitalización, como en el resto de la Administración de Justicia. ¿Qué evaluación hace de la implantación de las nuevas tecnologías en Justicia y más concretamente en la Oficina Fiscal de Ceuta?
–El paso de las estructuras de trabajo fundadas en el expediente en papel hacia el formato digital y comunicaciones electrónicas entre los interlocutores es obvio que supone un cambio profundo para la organización y para la persona, sin que pueda olvidarse que esta última es necesariamente más heterogénea que la primera y, por lo tanto, los procesos de adaptación han de contemplarse con especial cuidado.
El cambio solo tiene razón de ser si entraña una mejora tanto en la gestión de la organización como en el desempeño individual del trabajador. A estas alturas, parece obvio que los entornos digitales y electrónicos son positivos para la organización y para la gestión, lo que no significa que todo lo que se haga y cualquiera que sea la forma en que ello se lleve a cabo supongan automáticamente un acierto o una mejora. Hay que contar con los desaciertos y con las etapas de transición, asumirlos, aprender de ellos y cambiar lo que sea menester. A buen seguro que es ese el estado en que nos encontramos en una Administración que se está incorporando lenta y tardíamente a este nuevo escenario.
Las viejas (porque llevan tiempo funcionando en otros ámbitos)/nuevas tecnologías en la Justicia solo tienen justificación en cuanto mejoren nuestro servicio y permitan trabajar mejor a todos implicados, sin olvidar a ninguno, desde el juez hasta el ciudadano. La Fiscalía debe tardar menos en hacer mejor lo que viene haciendo: esa es la clave. Es posible que en el camino las cosas no sean así, pero ese es el objetivo y si no se llega a él, es que algo no se está haciendo bien. La Fiscalía debe poder controlar con eficacia su trabajo y tener una visión exacta, rápida y «barata» del escenario en que se mueve.
La Oficina Fiscal supone creernos y practicar la división de funciones, la delegación, la interdependencia, la colaboración, el equipo, la vertebración entre fiscales y entre estos y el personal de la oficina. Es un derecho para trabajar mejor y, por qué no, más cómodamente. La comunicación entre nosotros y con los órganos judiciales y otros interlocutores debe tener un coste cero en tiempo y en esfuerzo, porque en eso han avanzado especialmente las tecnologías y brindan un servicio consolidado, habiendo supuesto la comunicación entre interlocutores un coste absurdamente elevado en la tramitación en Justicia.
Lo que ahora resta por conseguir es que nuestros expedientes electrónicos sean «amables». Hemos hecho un mito sobre los vicios y desatinos de los expedientes judiciales en papel. En mi opinión, ahí está uno de los mayores retos: romper con aquello para que el nuevo expediente sea eficaz y «amigable». Aquí hay todavía muchos claroscuros. Seguro que no es fácil y posiblemente no sea barato ni rápido, pero en ello va a estar el quid de la cuestión. Yo ya he visto expediente judiciales digitales buenos, cómodos y eficaces, pero también los he visto malos e incómodos, peores incluso que los expedientes en papel. Ese es el punto de inflexión y el riesgo que hay que superar.
No dudo que la Oficina Fiscal de Ceuta y su incorporación tecnológica están todavía en el territorio claroscuro en el que no pocos problemas han de ser todavía solucionados. Si tenemos claros los objetivos antedichos tendremos más posibilidades de hacerlo bien. La voluntad no nos falta.
–Hace unos días visitó la ciudad de Melilla, cuya Fiscalía desarrolla su labor en similares condiciones a las de Ceuta, ¿qué retos especiales tienen que afrontar las Fiscalías de ambas ciudades autónomas, precisamente, por la singularidad de ambas ciudades?
–Si, es cierto. El pasado 15 de mayo, con ocasión de una serie de visitas que estoy realizando para conocer de cerca la realidad de las Fiscalías y de los Fiscales, en Melilla quise pronunciarme expresamente en relación con los Fiscales de Ceuta y Melilla y dije, y me reafirmo porque lo creo absolutamente, que su trabajo era meritorio y que debía ser destacado. Pero no solo porque están, y es una realidad, en la primera línea de la migración, sino también porque son una plantilla joven, ilusionada, con una gran capacidad de trabajo y una inmejorable preparación. El pasado año, como usted recordará, estuvo en estas Jornadas Consuelo Madrigal y ella señaló un problema en materia de migración: las posibles víctimas de trata que accedan clandestinamente con algún adulto. Estoy de acuerdo, tal vez destacaría como reto, en relación al trabajo que desempeña la Fiscalía, el especial cuidado que debemos tener ante la problemática de la migración, la dedicación a las víctimas de trata y la mayor diligencia en relación a menores y víctimas vulnerables. Lo que no quiere decir que no destaque la importante labor en otras materias de penal, civil, contencioso-administrativa o social, donde, por cierto, la ampliación de Juzgados ha supuesto un incremento de trabajo al que han tenido que hacer frente sin aumento de plantilla.
–En el caso de Ceuta, el tráfico de inmigrantes y de drogas son los delitos más frecuentes por su situación fronteriza, pero también hay investigaciones abiertas por cuestiones relacionadas con la corrupción. ¿Qué obstáculos se está encontrando el Ministerio Fiscal para investigar y perseguir este tipo de delitos? ¿Opina que deberían destinarse más recursos?
–Cuando tuve ocasión de leer la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía del año 2015 (la de 2016 se encuentra en elaboración) se señalaba que la Fiscalía Cádiz cuenta con un Fiscal Delegado Provincial para delitos económicos y un Fiscal de enlace en cada una de las tres Fiscalías de Área. En general, las actuaciones se inician en la correspondiente Fiscalía Provincial mediante la incoación de Diligencias de Investigación Penal, y, decía el Fiscal Superior, que, a pesar de ello y debido a la mayor actividad económica, la Fiscalía de Área de Ceuta también tramita diligencias de investigación. De manera que esta es una materia que cuenta con la ventaja de la proximidad del Ministerio Fiscal.
Las dificultades en la investigación de este tipo de delitos son similares a las de otras Fiscalías. La delincuencia económica utiliza cada vez herramientas más sofisticadas, las nuevas tecnologías juegan un papel trascendente. Y, claro está, deben destinarse más recursos porque debemos actualizar nuestros medios a los que usan quienes pretenden vulnerar la ley.
