Autor: A.Q.

La Ciudad ha reservado más de 360 VP para jóvenes desde 2001

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  • Los gobiernos de Vivas han proyectado para menores de 35 años entre el 10% y el 100% de las promociones públicas

La Ciudad Autónoma ha reservado o adjudicado a jóvenes menores de 35 años más de 36 viviendas de promoción pública (VP) desde que el actual presidente, Juan Vivas, lidera la acción del Ejecutivo local, según el balance que ha efectuado la Consejería de Fomento.
El Gobierno autonómico ha venido destinando entre el 10% y el 100% de una quincena de promociones para ese sector de la población local.
De acuerdo con el desglose realizado por el departamento que dirige Néstor García, entre las que se han dedicado íntegramente para menores de esa edad están las viviendas de Serrano Orive, inicialmente para su arrendamiento durante un cuarto de siglo y actualmente en proceso de cambio de régimen para que puedan ser vendidas a sus adjudicatarios iniciales para evitar “dramas de desahucio”, según ha justificado el miembro del Ejecutivo local.
De las 86 casas públicas que se levantaron en Ybarrola únicamente se destinaron a jóvenes nueve, el 10%. Idéntico porcentaje de reserva se aplicó en las 193 viviendas de Patio Páramo, en las 168 de Sidi Embarek, en las 151 del antiguo Poblado del Príncipe Alfonso y en las 225 que iniciaron la urbanización de Loma Colmenar, como en las 30 de Miramar.
La cuota de viviendas públicas para menores de 30 años creció hasta el 15 en tres promociones: las de 34 viviendas de Reyes Católicos (Miramar), las 30 de la calle República Argentina (Empresa de Alumbrado) y las 38 de ladrillos rojos de esa misma vía de la periferia.
Una de cada cinco, el 20%, se reservaron o adjudicaron a jóvenes en la controvertida promoción del Monte Hacho, que finalmente se quedó solamente en 86 casas.
El mismo porcentaje se estableció en las 60 viviendas públicas de Padre Feijoo y en las dos últimas promociones levantadas y entregadas en Loma Colmenar: la de 170 ubicada en la parte superior del Hospital y la de 317 que se acaban de ocupar enfrente del clínico del INGESA. Hasta el 35% se llegó en las 206 casas de la Avenida Lisboa.
“Facilitar el acceso de los ceutíes a una vivienda digna y adecuada” es uno de los objetivos prioritarias de la política en esta materia de la Administración local, que señala a  “las familias, las personas con menores ingresos económicos, los jóvenes y otros colectivos con especial necesidad de protección y apoyo” como los colectivos que deben ser sus beneficiarios principales.
A todos ellos se les ofrece, según el Reglamento Regulador de las Adjudicaciones en materia de Vivienda, en los diferentes instrumentos que regulan la materia, “un amplio abanico de ayudas para satisfacer sus variadas necesidades”. Las ayudas más “significativas” se producen “en la venta o el alquiler de viviendas que llevan una gestión pública” por parte de la Ciudad Autónoma como Administración.

Las solicitudes de menores de 35 años deben ordenarse (casi) siempre por sorteo

Las solicitudes personas jóvenes menores de 35 años para ser adjudicatarios de viviendas públicas en promociones levantadas en Ceuta deben ordenarse, según el Reglamento de la Ciudad, “por sorteo”, aunque la Comisión Local de la Vivienda tiene la facultad para “introducir una preferencia en función de la acreditación de minusvalías o de situaciones de exclusión social”.
Idéntico criterio se establece para quienes pertenezcan a los colectivos de “recientes y futuros matrimonios/uniones, y familias monoparentales con hijos menores a su cargo”, en caso de ser considerados como cupos puntualmente.
En Serrano Orive, edificio reservado íntegramente para jóvenes, se exigió a los aspirantes, además de no superar los 35 años, acreditar unos ingresos familiares corregidos superiores a 2,5 pero inferiores a 5,5 veces el IPREM (532,5 euros este año) y demostrar una residencia en Ceuta mínima de 48 meses  ininterrumpidos y anteriores a la presentación de la solicitud, entre otros requisitos.

Cupos a tener en cuenta por la Comisión Local de la Vivienda

El Reglamento Regulador de Adjudicaciones en materia de Vivienda de la Administración local establece que la Comisión Local de Vivienda podrá distribuir las casas de cada nueva promoción con arreglo a varios cupos.
El destinado a “personas jóvenes menores de 35 años, recientes y futuros matrimonios/uniones, y familias monoparentales con hijos menores a su cargo” se cuantifica “entre el 50% y el 70% de las viviendas disponibles una vez descontadas las reservadas para personas con minusvalía y “para solucionar necesidades acuciantes de vivienda”.
Estas últimas pueden venir motivadas por “la pérdida de la vivienda durante los doce meses anteriores a la fecha límite de presentación de solicitudes” a causa de incendio, declaración de ruina, etcétera; o por la constatación de “condiciones extremas de habitabilidad o hacinamiento que se hayan producido en los doce meses anteriores a la fecha límite de presentación de solicitudes”.
También cabe establecer reserva de viviendas para mujeres victimas de actos de violencia de género (según actuación coordinada con la Consejería competente en Servicios Sociales) o “para el resto de los casos”, entre un 30% y un 50% del total una vez descontadas también las de discapacidad, pérdida sobrevenida o extrema inhabitabilidad.

 

El proyecto ‘Safe City Ceuta’ prevé instalar videocámaras en los autobuses urbanos

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  • La iniciativa también contempla la colocación de sistemas de grabación, pisones de alarma y geolocalización

El Ejecutivo de Ceuta pretende impulsar en cuanto eche a andar el nuevo Gobierno central presidido por Mariano Rajoy la tramitación de la ‘Iniciativa Safe City’, un proyecto con el que se quiere maximizar el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en beneficio de la seguridad ciudadana y el resto de servicios públicos que ofrece directa o indirectamente la Administración local.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Susana Román, explicó la semana pasada al Pleno que su puesta en marcha incluirá el estudio de la recuperación del sistema de videovigilancia que quedó mutilado durante la etapa del socialista García Arreciado en la Delegación.
Además, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la iniciativa contempla la instalación de medio centenar de cámaras en el interior de los autobuses de transporte urbano de pasajeros, que también contarían con sistemas de grabación, pisones de alarma y equipos de geolocalización.
En los planes del Gobierno de Vivas también está incluir esos últimos equipamientos (pisones y geolocalizadores) en vehículos y motocicletas de la Policía Local y del Cuerpo de Bomberos.
La implementación de esas y otras soluciones tecnológicas tendría un coste, según las últimas previsiones del Gobierno de Vivas, de 7,9 millones de euros en concepto de infraestructuras (3,62 millones), software (1,86), servicios (2,4) y consultoría (casi 50.000 euros).
El proyecto compagina aspectos de seguridad con otros ligados al desarrollo económico y turístico con el objetivo de “mejorar la experiencia” de los visitantes.
“Lo que se busca mediante el uso intensivo de las TIC”, indica el borrador de la propuesta elaborada para conseguir cofinanciación estatal, “es mejorar la calidad de vida tanto de los ciudadanos de Ceuta como de sus visitantes”.
La mejora de la movilidad es otro objetivo “básico” para “reducir congestiones de tráfico” o “impulsar el transporte público”.

“Obvia” mejora de los “servicios de municipio” ceutíes

Los redactores del proyecto ‘Safe City Ceuta’ estiman que su puesta en marcha supondrá una “obvia mejora de los servicios de municipio de Ceuta, ya que incorpora algunos nuevos a los que ya se vienen prestando esperando con ello mejorar la calidad de vida de los ciudadanos residentes y los visitantes”. Dichos avances deberán ser evaluados ‘a posteriori’ con indicadores “tanto de resultados como de impacto” aunque medir su “coste-beneficio” es “difícil”.

El titular de Gobernación, al frente de la Comisión de implantación

El proyecto ‘Safe City Ceuta’ prevé que el consejero de Presidencia y Gobernación, Jacob Hachuel, sería el responsable institucional encargado de presidir la Comisión Delegada encarga de “la implantación, evolución y seguimiento de la iniciativa” con la titular de Hacienda, Economía y Administración Pública, Susana Román, como vicepresidenta de ese mismo órgano, que debería reunirse “al menos una cada vez cada dos meses y siempre que se alcance un hito”.
Esas reuniones servirán para “verificar el estado de cada una de las actividades” programadas y para dar cuenta de “resúmenes ejecutivos de todos los documentos que se hayan entregado, así como para presentar, si los hubiera, los principales problemas detectados durante la implementación del proyecto y que lo puedan poner en riesgo”.
El director de la iniciativa dispondrá de una Oficina de Gestión y de un equipo “formado por miembros de las áreas de Nuevas Tecnologías, Centro de Datos y Promoción Económica,, y por el Comité de Control de Calidad.
Este último “se centrará en la comprobación de que el sistema de gestión se encuentra dentro de los límites establecidos” en el convenio que se espera firmar con Red.es. Además de por la consultora a contratar, incluirá al director general de ‘Safe City Ceuta’ y se reunirá “mínimo una vez al mes”.

La Asamblea pedirá mil firmas para llevar propuestas ciudadanas al Pleno

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  • La Corporación trabaja en un borrador de nuevo Reglamento de la Asamblea que promoverá la participación de la ciudadanía

  • En las iniciativas deberá constar la persona que las defendería

El Gobierno que preside Juan Vivas ha terminado y los grupos políticos con representación institucional ya trabajan con un borrador definitivo de nuevo Reglamento de la Asamblea que, entre otras cosas, se impulsa con la intención de “promover la participación de la ciudadanía en el proceso de adopción de las decisiones políticas relevantes”, según se subraya en el Preámbulo del documento, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico.
En su Título Séptimo, dedicado exclusivamente a ese objetivo, se establece que “los ciudadanos y ciudadanas residentes en Ceuta podrán participar de manera directa en la gestión de los asuntos públicos que sean competencia de la Ciudad” y que dicha participación se canalizará, entre otras vías, “a través de la capacidad de presentar propuestas al Pleno de la Asamblea”.
A partir de ese principio general se regula que las iniciativas deberán ser presentadas en el Registro General de la Ciudad Autónoma “avaladas por la firma de, al menos, mil ciudadanos empadronados en Ceuta”. Las rúbricas deberán ser autentificadas, para lo que  bastará con que se aporten fotocopias de los DNI de los firmantes con el fin de que la Secretaría del Pleno pueda “comprobar y dar fe de su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes”.
En el escrito de presentación, además del contenido de la propuesta, en el que deberá constar expresamente “el texto del acuerdo que se pretende debatir y votar”, deberá figurar también la identidad de la persona encargada de exponerla ante el Pleno de la Asamblea.
La propuesta tendrá que ser informada por la Secretaría del Pleno por si de la misma se derivasen actos con eficacia jurídica o administrativa, así como por la Intervención, en este último caso “en los supuestos de compromisos u obligaciones económicas para la Ciudad”.
Si todos estos trámites se superan sin contratiempos, la Mesa Rectora incluirá la propuesta en el orden del día del Pleno Ordinario correspondiente al mes siguiente al que se presentó la iniciativa, una vez que hayan sido emitidos los informes referidos  en caso de que los mismos sean preceptivos.
El debate de las propuestas ciudadanas se llevarán a cabo sobre una estructura de cuatro pasos. En primer lugar, el proponente dispondrá de diez minutos para exponer sus argumentos y defender la iniciativa que abandere.
Después, cada grupo político y los diputados no adscritos, en caso de haberlos, dispondrán de otros diez minutos cada uno para fijar su posición.
El debate concluirá con la intervención del miembro del Consejo de Gobierno que se designe, para lo que dispondría del uso de la palabra durante diez minutos igualmente.
Finalmente se procederá a la votación de la propuesta, que podrá hacerse de manera conjunta o separada, caso de que la misma se componga de más de un punto y así lo solicite algún grupo.
Además de promover la participación ciudadana en la vida política de la institución, el borrador de Reglamento con el que ya trabajan los grupos políticos se describe a sí mismo como una reforma para “incidir en el ‘aspecto autonomista’ que debe presidir la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, elaborando un complejo sistema de pesos y contrapesos que equilibren la agilidad de la acción política por una parte; y la participación de todos los grupos políticos y el control del Gobierno, por otra.
Para el Ejecutivo que lidera Juan Vivas, “tras más de veinte años de vigencia del Estatuto de Autonomía, vemos con claridad que la consolidación de las nuevas instituciones de la Ciudad es un hecho; que el proceso de traspaso de funciones y servicios exige de la Asamblea un funcionamiento dinámico y participativo; y que la casuística casi infinita a la que ha tenido que hacerse frente con el actual Reglamento ha puesto de manifiesto una serie de insuficiencias que aconsejan su perfeccionamiento”.

LAS CLAVES

Más control
Actividades y bienes patrimoniales
Los diputados deberán dar cuenta de las actividades económicas o profesionales desarrolladas durante los tres años anteriores a su acceso a esa condición, así como la pertenencia, durante el indicado período, a Consejos de Administración o Comités de Dirección de cualesquiera empresas, asociaciones, fundaciones y demás organismos con personalidad jurídica propia. Igualmente tendrán que aportar “la relación de intereses económicos o actividades que puedan influir en el ejercicio de sus funciones”.

Integridad
Los regalos de más de sesenta euros, vetados
Ningún diputado podrá aceptar regalos, ya sean en efectivo o en especie, favores o servicios, “que procedan de una persona, física o jurídica, relacionada, directa o indirectamente, con su actividad política y cuyo valor supere los 60 euros o los 100 para el caso de acumular regalos procedentes de la misma persona, organismo o empresa en el período de un año. Cuando un regalo exceda de las cuantías señaladas, será rechazado o, en su caso, devuelto en el plazo de cinco días. En caso de que dicha devolución no sea posible, se procederá a su integración en el patrimonio de la Ciudad o se donará.

Las ausencias a los Plenos, justificadas por escrito y antes

El borrador de nuevo Reglamento de la Asamblea establece que los diputados tienen el deber de “asistir a las sesiones del Pleno de la Asamblea, de las Comisiones de las que formen parte, y de la Junta de Portavoces, en su caso, salvo causa justificada”. A estos efectos, deberá presentarse escrito justificando la no asistencia ante la Secretaría de la Asamblea “con anterioridad” a la celebración del siguiente Pleno ordinario. Además, La ausencia injustificada y reiterada de un Diputado o Diputada producirá la pérdida de la asignación económica establecida como indemnización salvo para quienes sean miembros del Consejo de Gobierno o de la Mesa Rectora de la Cámara autonómica, según el caso.

Sin apoyo a los grupos con corruptos

El borrador de nuevo Reglamento de la Asamblea mantiene que el Pleno “garantizará a los Grupos Políticos su funcionamiento con los medios personales, materiales y económicos que se consideren suficientes”. Estos medios quedarán sujetos, con carácter finalista, a las labores propias del Grupo y de los diputados que lo integren. Así, se contempla facilitar “una dotación de personal de asesoramiento, asistencia y apoyo [su número se fijará en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad de cada ejercicio anualmente], un local para reuniones y atención al público, y una subvención para gastos de funcionamiento” que estará compuesta por una cantidad fija e igual para todos y por otra variable en función del número de miembros que integren cada uno. No obstante, el documento elaborado por el Gobierno advierte que “no tendrán derecho a los medios de apoyo, tanto personales como materiales, que en el presente artículo se establecen y regulan, los Grupos a los que pertenezcan personas condenadas por delitos de terrorismo, corrupción, rebelión o contra las instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal”.

La tasa local de delitos esclarecidos ha caído 9,4 puntos desde 2011

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  • El índice de efectividad de las Fuerzas de Seguridad ha caído en un lustro del 66,9% al 57,5%

La tasa local de delitos esclarecidos,  que pone de manifiesto el índice de efectividad mostrado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha empeorado 9,4 puntos porcentuales entre 2011, cuando alcanzó su mejor registro de la década con un 66,9%, y 2015, el último ejercicio con datos cerrados, cuando no pasó del 57,5%, según los datos que recogen los Anuarios Estadístico que publica periódicamente el Ministerio del Interior.
La tasa de esclarecimiento es el porcentaje de delitos esclarecidos por Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil sobre el total de delitos conocidos por los cuerpos policiales.
A nivel nacional es sensiblemente inferior a la de la ciudad autónoma: 39,9%  en 2011 y 2012; 41,9 % en 2013; 42,4%, el mejor dato de los últimos años, en 2014; y 35,1% el ejercicio pasado.
En Ceuta las Fuerzas de Seguridad arrancaron la década en 2010 con un 55,7% de hechos esclarecidos, porcentaje que creció hasta rozar el 67% al año siguiente y que cayó al 60,5% en 2012 y al 58,2% y 58,4% en 2013 y 2014, respectivamente. El año pasado retrocedió todavía más y se quedó en un 57,5%, por encima de la mitad de las infracciones conocidas.
El número de delitos y faltas de las que han sabido las Fuerzas de Seguridad en Ceuta tampoco ha dejado de reducirse durante los últimos cuatro años. En 2012 fueron 7.052 las infracciones penales y administrativas conocidas en la ciudad, donde se practicaron 3.779 detenciones e imputaciones a lo largo de ese año.
En 2013 se contabilizó un total de 5.850 delitos y faltas por los que se practicaron 3.062 arrestos y acusaciones, medio millar más que al año siguiente (2.486), cuando se supo de 5.302 infracciones.
Finalmente, el año pasado el volumen de faltas y delitos registrados cayó por primera vez en lo que va de década de 5.000 (fueron 4.961) y las detenciones e imputaciones retrocedieron hasta apenas superar las dos mil (2.052).

“Esclarecido” si hay arresto, identificación, confesión, pruebas…

El Ministerio del Interior entiende como hechos conocidos el conjunto de infracciones penales y administrativas que han sido conocidas por las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sea por medio de denuncia interpuesta o por cualquier tipo de actuación policial realizada motu proprio (con carácter de labor preventiva o de investigación, indistintamente).
A partir de ahí, los hechos “esclarecidos” se clasifican como tales cuando en los mismos se da alguna de las siguientes circunstancias: por la detención del autor ‘in fraganti’; por la identificación plena del autor o de alguno de los autores sin necesidad de que esté detenido, aunque se encuentre en situación de libertad provisional, huido o muerto; cuando exista una confesión verificada, pruebas sólidas o “haya una combinación de ambos elementos”. La Administración también da por esclarecido un suceso “cuando la investigación revela que, en realidad, no hubo infracción”. El porcentaje de esclarecimiento se obtiene dividiendo el total de hechos esclarecidos por el total de hechos conocidos y multiplicando el resultado por 100.
La explotación estadística se hace en base a la localización del hecho, es decir, el territorio donde se produce, independientemente de la unidad policial que lo conozca y de la fecha de instrucción de diligencias.

La mitad de las pesquisas por robos con violencia concluye con éxito policial

Durante el año pasado solamente la mitad de las investigaciones iniciadas por las Fuerzas de Seguridad para esclarecer hechos conocidos de robos con violencia e intimidación en Ceuta se consideró esclarecida (esto es, con la detención o identificación plena de los autores, confesiones verificadas, pruebas sólidas o constatación de que no habían tenido lugar realmente).
En 2015 se supo en la ciudad autónoma por parte de las Fuerzas de Seguridad, siempre según los datos de los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior, de 174 sucesos de ese tipo y se consideraron resueltos en el cierre de la estadística 87. El año anterior la tasa fue ligeramente peor: se esclarecieron 79 de 189.
Con las estafas bancarias sucedió algo parecido (el año pasado se esclarecieron 5 de las nueve conocidas).
Sin embargo, casi todos los hechos relacionados con el orden público de los que se tuvo conocimiento quedó resuelto (113 de un total de 120).

Un alumno del IES Campoamor, expulsado tras agredir a un docente

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  • El Claustro del centro llama a “aunar esfuerzos” para evitar que se repitan sucesos como el del lunes

Un alumno que hasta esta semana cursaba segundo curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en el IES Clara Campoamor ha sido expulsado del centro provisionalmente, mientras se tramita el preceptivo expediente académico que de forma previsible concluirá con su traslado a otro instituto y el suceso avanza en la vía judicial, tras agredir el pasado lunes a un profesor al que rompió las gafas, aunque las lesiones físicas sufridas no han sido de mayor gravedad, según las fuentes consultadas por este periódico.
El Claustro del IES de Huerta Téllez se reunió ayer a mediodía con todo el alumnado del centro para dar lectura a un comunicado en el que se explicó que, aun entendiendo que este tipo de sucesos como “pueden resultar inevitables” es preciso “aunar esfuerzos entre todos para lograr  minimizarlos”.
“Es necesaria la colaboración entre las diversas administraciones, entre padres y profesores y en general entre todos los que estamos involucrados en preparar a las generaciones del futuro”, destacó el posicionamiento del Claustro, que dejó claro que “los docentes tenemos difícil arreglarlo por nosotros mismos porque la autoridad académica está cada vez más devaluada y se ha destruido la autoridad del profesorado”.
“Nuestro alumnado nos enorgullece, nos hace mejores como enseñantes y son en su inmensa mayoría unas buenas personas: un individuo,  no lo representa. Han dado muestra de su repulsa y les estamos agradecidos por  ello”, se congratuló el Claustro, en cuyo nombre el director del centro, José Ángel Domínguez, reprobó lo ocurrido, mostró la “solidaridad” de toda la comunidad docente al compañero e hizo “una petición a las autoridades para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir”.
“Ha sido un acto modesto y amable, como lo ha querido nuestro afable compañero”, indicaron fuentes del IES Clara Campoamor a ‘El Faro’.
Para el Claustro es una evidencia que “los centros de enseñanza son un reflejo de la sociedad” y que “lamentablemente cada vez nos llegan más señales del deterioro de la convivencia en nuestra ciudad”. Por ello, sus integrantes se mostraron seguros de que “es hora de hechos y no de palabras”, así como de que “nos jugamos mucho”.
El suceso tuvo lugar a última hora de la jornada lectiva del pasado lunes y fue precisamente “la rápida actuación de los demás alumnos” la que “evitó que el acontecimiento fuera a mayores”. “Nuestro compañero está bien físicamente, aunque no tanto en lo psicológico: los trámites tanto académicos, como judiciales, están siguiendo su curso y esperamos que se resuelvan pronto”, resumieron desde el centro escolar.

La figura del profesor como autoridad pública y su protección

La LOMCE establece que los miembros del equipo directivo de los centros educativos y los profesores y profesoras deben ser considerados “autoridad pública” pero solo a efectos administrativos. Por lo tanto, en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por ellos tienen valor probatorio y disfrutan de presunción de veracidad ‘iuris tantum’ o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos.
Además, la agresión y otras conductas graves contra un profesor pueden ser consideradas delito de atentado contra la autoridad y añadirse a la existencia de otras posibles infracciones penales (falta o delito de lesiones).
La Fiscalía General del Estado considera desde 2008 que también los profesores tienen la condición de autoridad a efectos penales.
A juicio de ANPE “todos los profesores, en su condición de funcionarios públicos, deben tener la protección penal del delito de atentado en caso de sufrir conductas ilícitas graves”, aunque a veces se interpreta que  únicamente debe proteger a los funcionarios que llevan a cabo un control de la convivencia social (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, agentes judiciales, inspectores…).

Familias y docentes ven insuficiente el paso atrás de Rajoy con las ‘reválidas’

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  • La FAMPA cree que el PP “engaña a las familias” y FETE-UGT y FECCOO exigen la retirada del Decreto y derogar la LOMCE

El nimio paso atrás dado por Rajoy con las ‘reválidas’ de ESO y Bachillerato que trae consigo la LOMCE para la próxima primavera, que no tendrá efectos académicos en el primer caso, como ya se sabía, y solo servirá como sustituta de la Selectividad, en el segundo, no ha convencido ni a las familias ni a los representantes del profesorado. La FAMPA lamentó ayer que el PP “engaña a las familias” y su presidente, Mustafa Mohamed, recordó que “la oposición de la comunidad educativa se extiende a las evaluaciones externas de Primaria y a toda a LOMCE”. FETE-UGT habló de “chantaje” y pidió la “retirada inmediata” del Real Decreto de las ‘reválidas’, mientras que Juan Luis Aróstegui, de FECCOO, animó a la ciudadanía a “seguir luchando para recuperar un modelo educativo universal, gratuito y de calidad que nos devuelva la igualdad de oportunidades”.

El abandono escolar prematuro en Ceuta sube desde 2014

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El abandono escolar temprano cayó al 19,4% en el tercer trimestre del año, según se desprende del análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) divulgados ayer por el Ministerio de Educación. Este dato vuelve a convertirse en “la mejor cifra de abandono escolar prematuro de la historia de España” pero las noticias no son tan buenas para Ceuta y Melilla, donde lo exiguo de la muestra que toma el sondeo relativiza considerablemente la verosimilitud de sus resultados.
En cualquier caso, en las ciudades autónomas la tasa de población joven que deja las aulas antes de tiempo se situó entre junio y septiembre en el 26,6%, un 1,6% menos que durante el trimestre anterior pero 1,3 puntos porcentuales por encima del registro de hace doce meses y  un 1,9% sobre el nivel que se registraba hace dos años.
Si la comparación se estira hasta 2012, la mejora en las dos ciudades autónomas es, sin embargo, muy notable, ya que entonces la ratio de abandono temprano de las clases se elevaba hasta un 35,3%.
El objetivo marcado por la Unión Europea para el año 2020 fija para nuestro país una tasa de abandono escolar temprano del 15%. Este propósito es “alcanzable”, a juicio del Ministerio, “gracias a la profesionalidad de los docentes, al compromiso de las familias y al esfuerzo de los alumnos”.

El plazo del concurso de traslados docente, a partir del día 8

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El Ministerio de Educación mantendrá abierto el plazo de presentación de solicitudes y documentos para participar en el concurso de traslados que ha convocado para la provisión de plazas en su ámbito de gestión territorial (las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) del 8 de noviembre al 28 de noviembre de 2016. El concurso está enfocado a funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y de Maestros.
Para participar es necesario en situación de servicio activo con destino definitivo en centros dependientes del Ministerio de Educación y que al finalizar el presente curso escolar hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma de posesión del último destino que desempeñen con carácter definitivo, entre otros requisitos, según la Resolución publicada en el BOE.

El miércoles, inauguración del nuevo Máster sobre Mercados y Marketing

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  • Antonio Tena pronunciará la conferencia ‘El día que mi nevera habló con mi reloj y mi coche’

El Salón de Grados del Campus Universitario acogerá el próximo miércoles a partir de las 17.30 horas el acto de inauguración de la primera edición del Máster en Tecnologías para la Investigación de Mercados y Marketing de la Universidad de Granada (UGR) en la ciudad autónoma. La conferencia ‘El día en que mi nevera habló con mi reloj y mi coche’ será impartida por Antonio Tena Blázquez, un profesional “con una dilatada experiencia en Tecnología y Marketing, además de docente en la Escuela de Negocios y Dirección de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid”.
Este nuevo Máster combina una orientación académica con “una vinculación e importancia para el ámbito profesional”, según han destacado desde la Facultad de Educación, Economía y Tecnología local de la institución nazarí.

La Fiscalía rebaja a 2 años su petición de cárcel para la maestra acusada de maltrato

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  • Solicita también suspensión para ejercer en cualquier centro por un presunto delito contra la integridad moral

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta dejó ayer por la tarde visto para sentencia el juicio que se ha desarrollado durante dos días contra una maestra del Colegio San Agustín cuya identidad responde a las iniciales A.G.R. por el trato que dispensó durante el año académico 2014-2015 a varios alumnos de Infantil de ese centro concertado.
La vista, que no ha sido pública, dedicó su segunda jornada a escuchar las declaraciones de más de una decena de testigos después de que la acusada solo reconociese en la sala haber metido una vez a un niño en un cubo de basura, durante poco tiempo y debido al caos generado en ese momento en la clase, pero no haber insultado o dispensado malos tratos físicos o psíquicos a los pequeños.
Al término de la misma, la Fiscalía ha retirado de su calificación final la petición de condena por un delito de maltrato al no darlo por suficiente acreditado, ya que uno de los testigos “no lo ha recordado”. Así, la petición del Ministerio Público se queda de tres en dos años de cárcel para la docente por un presunto delito contra la integridad moral tipificado en el artículo 173 del Código Penal.
También solicita que se prohíba a A.G.R. “aproximarse y comunicarse” con varios de sus antiguos alumnos (ahora da clase en Primaria en el mismo colegio) durante tres años y que se imponga “durante el tiempo de la condena” la “suspensión del ejercicio docente” en “cualquier centro público o privado”.
Igualmente se ha rebajado a mil euros la responsabilidad civil que la acusada y una compañía de seguros, solidariamente, o el centro, subsidiariamente, deberían abonar por los hechos juzgados, según han explicado fuentes judiciales a este periódico.
Una de las acusaciones particulares pedía dos años de cárcel por un delito de trato degradante y otro leve de lesiones con agravantes de alevosía y abuso de autoridad, así como inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante el mismo tiempo. Otra, idéntica pena por un supuesto delito degradante con agravante de abuso de superioridad.
El auto de apertura de juicio oral declaró “responsabilidad civil directa y solidaria y de la acusada y del Colegio San Agustín” y subsidiaria de la entidad aseguradora, así como el depósito de una fianza de 50.000 euros para “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse”.