Carlos Menem y España

Me llamaron hace días de La Rioja, Argentina: Carlos Menem ya 90 años, Carlitos, recuerdas, estaba muy mal. Le envié los mejores deseos en un artículo de prensa y este 14 de febrero, murió.
Cuando tras haber impulsado la incipiente cooperación española como primer director con Africa, Asia y Oceanía, “con gran eficacia, dedicación y entusiasmo”, recorriendo países africanos, especialmente los lusófonos, mundo árabe y este europeo comenzando por Moscú, pasé como cónsul general a Córdoba, aquí hay que añadir al igual que en la Rioja, Argentina, con todo lo que eso conlleva, en agosto de 1988 había una situación inédita, que le daba atractivo profesional a aquel destino un tanto anodino. Por primera y quizá irrepetible vez, los dos candidatos a la presidencia de la nación estaban en la misma demarcación consular, en la del Noroeste, siete provincias con una extensión más grande que España, con sede en Córdoba “la docta”, donde fungía de gobernador el radical Eduardo Angeloz, un político eficaz, de corte europeo haciendo honor a su origen suizo, y favorito para los comicios frente al peronista Carlos Menem, de origen sirio, gobernador de La Rioja, una atrasada provincia del norte. “Ché, pibe, dónde se encuentra La Rioja”, bajé la ventanilla mientras mi chófer se desesperaba por aquellas carreteras polvorientas: “Está usted en La Rioja, señor” me respondió un joven muy digno.
La casa de gobierno era a juego y el austero despacho, presidido por la foto de Perón, “el general” como siempre se refería Menem a su ídolo, y el busto de Eva Duarte, ni siquiera tenía tresillo. El ya dos veces gobernador ostentaba unas grandes, llamativas patillas en homenaje a Facundo Quiroga, liquidado como tantos de aquellos aspirantes a caudillos, en la emboscada de turno. Y mi visita, por lo no demasiado habitual, le resultó grata y más al escuchar que en España, país del que me dio la impresión de no estar muy impuesto, el trigo y la carne de Perón habían ayudado en momentos difíciles. Eché un vistazo a la gente que se apiñaba en las escalinatas del edificio. “Esta es mi gente y con ella vamos a ganar”, me aseguró aquel político paciente y ceremonioso como buen descendiente de árabes, y sobre todo dotado de una especial empatía que le permitiría a lo largo de la década que gobernó Argentina, del 89 al 99, conectar con facilidad y cordialidad con sus interlocutores. Es célebre la frase de su canciller Di Tella, “relaciones carnales” con los presidentes Bush hijo y Clinton. En España, con aquella ambivalencia peronista y natural en su caso, González, socialista, Aznar, conservador, y Juan Carlos I, figuraron entre sus amistades invariables.


Yo había comenzado las visitas de presentación a los gobernadores de mi demarcación por La Rioja. No me llevó mucho tiempo concluir que Menem, con aquellos atributos singulares para el juego político, sin duda carismático, a la vista del entusiasmo que despertaba entre sus seguidores con su elemental “Síganme, no les voy a defraudar”, y dada la situación económica crítica con la administración radical, tenía más posibilidades que las que le adjudicaban los sondeos, quizá un tanto inerciales. El clima de insatisfacción popular atenazada por la hiperinflación galopante, más el lacerante recuerdo sólo seis años antes de la crisis de las Malvinas, no parecían abonar en exclusiva la opción radical y ello sin traer a colación la siempre marcada tradición peronista. Desde mi enfoque profesional, se trataba de un candidato poco conocido y menos visitado en su reducto norteño, al que sólo le faltaba relacionarse más a nivel nacional para darse a valer. En otros términos, trasladé a mi embajada en Buenos Aires, que aunque recién llegado me sentía facultado para mantener que la opinión general favorable a Angeloz podía ser matizada. Es más, viendo el encuentro desde primera fila por la cercanía a los dos candidatos, mi pronóstico semi manifestado era el contrario: ganaría Menem. Se imponía afinar en un tema cuya inmediata traducción, amén de la política, radicaba en el inmenso y rico mercado argentino, ávido de capital extranjero.

«Gobernó durante toda una década, el primero en democracia, cierto que desigual, en la que la segunda parte tuvo más sombras que luces»

Sólo dos meses después yo acertaba en los pronósticos, la mayoría erraba los suyos y Menen se imponía por un suficiente 43 a 37. Y gobernó durante toda una década, el primero en democracia, cierto que desigual, en la que la segunda parte tuvo más sombras que luces. “A pesar de sus defectos, y yo terminé rompiendo con él, introdujo al país en el progreso y ha sido el mejor presidente en democracia”, aseveró Domingo Cavallo, canciller y luego al frente de las finanzas ejecutando la paridad “un peso, un dólar”. Conocí a Cavallo en su casa de Córdoba, y como buen economista me preguntó por los cónsules honorarios, a fin de potenciarlos para ahorrar plata en la atención a sus numerosos compatriotas desperdigados por “el mundo ancho y ajeno”. Y me dedicó un libro “por agradecimiento por su labor y especial afecto”.
Más allá de juicios de valor sobre el periodo de largo gobierno menemista, aquí, en este in memoriam Menem/España, lo que corresponde destacar es que nuestro país pasó a ser el mayor inversionista en Argentina, condición que, como también tantos han destacado, no hemos vuelto a tener.
Descansa en Paz, Carlos Saúl Menem, político hasta el final.
ps. El gobierno no me nombró embajador: la primera condición para un representante es ser grato ante el jefe del estado. Tampoco sigue sin hacerlo ahora y es mucho más importante, acreditarme, como le han pedido, para coadyuvar con Naciones Unidas a fin de contribuir a terminar con el drama saharaui.

El despliegue público de la Diplomacia Regia con Marruecos

Caminenos juntos y establezcamos ya un relación para el siglo XXI sobre pilares más justos y sólidos”, termina de proclamar Felipe VI en su alocución anual al cuerpo diplomático, al tiempo de enfatizar, junto al “ya”, la asimismo apremiante necesidad de contribuir a la consolidación de un espacio común euromediterráneo, en el norte de Africa, de paz y prosperidad.

Ha sido la respuesta a la invitación formulada por Mohamed VI, el pasado agosto, en la Fiesta de la Revolución del Rey y del Pueblo, al anunciar “una etapa inédita en la relación bilateral, basada en la confianza, la transparencia, el respeto a los compromisos y la consideración mutua”.

Ambos monarcas, con atribuciones formales y reales diferentes pero idénticas o muy similares ante la necesidad (“la necesidad sería la inventora de la diplomacia”, plasmó Vera Zúñiga, en El Embajador, ya en 1620, como recoge algún tratadista nuestro) conciertan el blessing a fin de superar una crisis que se manifestaba abruptamente con la retirada de la representante alauita en mayo, hace ya ocho meses, donde la escalada, esa sí que “inédita”, alcanzaba cotas no ya incalificables, ahí incluido “el ninguneo”, en la acuñación de Araceli Mangas, rabatí hacia Madrid, que encajando un touché tras otro, resultaba inaceptable, y eso, buscando el eufemismo.

Al menos en tres artículos y alguna conferencia, alguno remitido, innecesariamente, al muy eficaz tte.general de la Guardia Civil, secretario general de la Casa de SMER, recordé, pedí, la intervención real, el papel de la diplomacia regia, instrumento excepcional y subsidiario, antes que complementario de la acción del gobierno, con el que cuenta y ha ejercido España en las relaciones con Marruecos, a través de Don Juan y de Juan Carlos I, y donde yo, y otros, claro, propugnábamos, en mi caso sin demasiados apoyos visibles, que (casi) todo hay que decirlo, la intervención del rey, cierto que para una interlocución más que cómoda, al menos en relación con sus progenitores, “pragmática”, como se la ha calificado en alguna ocasión en Rabat, mientras que el gobierno, que tampoco habrá necesidad de traer a colación su incapacidad para enmendar la situación, ni siquiera en grado de subsistencia, reconocía, aunque sotto voce, que “se acudirá a todos los medios”.

Y así se ha hecho. Sólo que, al parecer amén de un cierto retraso, con una diferencia de técnica diplomática desde Madrid, en la que antes los contactos fueron secretos y ahora han pasado a públicos. El matiz, manifiesto, también comporta el permanente dato antes que subdato, de que desde Rabat siempre se pregonan las relaciones, porque sí para nosotros son defensivas, invariablemente jugamos con las negras en tan proceloso tablero en lugar de utilizar, cuando se pueda, la iniciativa que proporcionan las blancas, para el añorado por mí vecino del sur, constituyen el ideario programático e irrenunciable del credo alauita: “la recuperación de sus ciudades y territorios”.

Ahora, teóricamente finalizada la fase de la diplomacia regia, donde yo he insistido que consistía, que se limitaba, a que se sentaran las partes, dado que cualquier otra aproximación ha de desestimarse por en principio escasamente profesional, término que debería de jugar más en materia de contenciosos y diferendos, ahora, decíamos, comienza la etapa decisiva, donde reitero que la actuación de Moncloa, Santa Cruz et alii, ha de ser de muy alta diplomacia, permitiendo compatibilizar el profundizar y antes encauzar los contactos con Marruecos , los más ricos, históricos, especiales y complejos en la globalidad de todas nuestras vecindades, con el respeto a los principios.
Que así sea.

PS. Durante estos meses, pedí a Moratinos, el titular de Exteriores mejor conocedor de las relaciones con Marruecos, que hiciera ver en Santa Cruz la conveniencia de contar conmigo, desde la evidencia de que mi competencia en nuestros contenciosos diplomáticos está reconocida dentro y fuera de España, quizá némine discrepante. “He hablado personalmente con el Ministro, que aprecia tu trabajo y dedicación personal pero al que tu situación de jubilado le impide darte una responsabilidad oficial”. Yo me he ofrecido hasta ad honorem. Aparte de que hasta administrativamente y no digamos políticamente existen los eméritos, y ahí tienen tan contento y eso que ni siquiera le ha recibido el soberano, sin cuya venia personal se antoja menos factible avanzar por las intrincadas dunas saharauis, al bueno de De Mistura, conmigo, “tus aportaciones son siempre bienvenidas”, me escribía el injustamente defenestrado jefe de gabinete, único cuatro veces, y si me permiten dar un toque que quiere ser festivo, para evadirse un tanto de la aridez del tema de hoy, y me temo, quién sabe de seguir así las cosas, que esperemos que no, que de mañana, como elocuente aunque forzado ejemplo, quiero creer que no se hubiera lanzado aquello de “pondré la bandera en el Peñón en cuatro meses”. Escribo estas líneas a mi vuelta ayer de Ceuta, desde Gibraltar. Yo iría bien para los tres grandes contenciosos en Sotogrande.

Que así sea, también…

Más sobre filosofía diplomática española

Hace medio siglo, España, que figura a justo título como cofundadora del derecho internacional por varios conceptos, comenzando por el más relevante, la introducción del humanismo en el derecho de gentes; que fue primera potencia mundial, categoría sólo compartida con la posterior Inglaterra, así como el mayor imperio a escala planetaria, transitaba en el furgón de cola europeo, sin más comparsas que el vecino Portugal y Grecia, y si se quiere con la rota Irlanda.
La política exterior, además de reflejar la esencia hispánica, ha de rentabilizarla, capitalizando desde los valores culturales, con el factor formidable del segundo idioma internacional aunque asumiendo que el primero es el único en la práctica, hasta la Marca España, vieja ya de dos décadas, con importantes aunque disímiles componentes, que la sitúan como la cuarta economía de la Unión Europea, integrada complementariamente en la alianza militar occidental, todo lo cual facultaría para reverdecer viejos laureles en la escala que corresponda. Y desde luego para impulsar, para terminar de concretar, desde sus sobresalientes coordenadas comunes, un efectivo lobby iberoamericano, ante las altas expectativas que conllevaría en la diplomacia multilateral. En otros términos, con legítima vocación de gran país, de volver a ser un gran país.


Porque ese es el ámbito en el que un Estado con las marcadas características del nuestro, que al tiempo de proclamar sus potencialidades y no ocultar sus falencias, debe de proyectarse. Al doblar el siglo, yo como tantos otros, escribía Una política exterior de prestigio, lo que redoblaba y suavizaba desde la prudencia en España y el interés nacional, encuadrando un panorama moderadamente triunfal y desde luego factible a la búsqueda del pasado esplendor. Nuestra eseidad, nuestros compromisos y responsabilidades históricas y nuestras expectativas, volvían a emplazarse en la vieja Europa, en el mundo clásico, en los principios occidentales, todo ello nucleado por el valor-guía del humanismo.
Sin embargo, con el decurso del tiempo no parece que la res pública se esté manejando todo lo bien que se debiera, al menos a niveles suficientemente sostenidos, con la polivalente heterodoxia semi campando por sus respetos. Y a pesar de contar con unas credenciales impresionantes o quizá por eso mismo, España a veces da la impresión de tener más dificultades que otros países similares, no ya para gestionar sino hasta para definir e incluso para identificar cumplidamente, el interés nacional.
En un país como el nuestro, tipificable posiblemente por un confusionismo creciente, ya galopante en cuanto a la pérdida de ciertos valores, así como por un casi correlativo menguante peso atómico en el olimpo de las naciones, quizá no esté de más el formular alguna que otra crítica al devenir nacional que, en nuestro caso, por mor de la especialización, se limitará al plano internacional, partiendo de la aceptación de unas leyes diplomáticas, meta y para jurídicas, amén de menos concluyentes como es obvio que las matemáticas -ya acuñó el conde de Saint Aulaire hace más de un siglo que “la diplomacia es la primera de las ciencias inexactas”, “por la complejidad de supuestos, por la diversidad de escenarios, por el juego del alors, del en ce cas”- pero que faculten para una filosofía congruente, regida por la necesaria aunque tan difícil de aplicar asepsia vertebrada por la unanimidad bastante, cuando se trata del interés nacional.


Surge así, se agiganta en esta especie de iter filosófico como núcleo incuestionable y básico, el campo cardinal de los derechos humanos, en el que es clave la dialéctica principios e intereses, que tanto afecta a España, desde el conflicto facticio del Sáhara Occidental hasta los fundamentales, en el sentido primario de fundamentos, de la cooperación al desarrollo y la inmigración. Aquí hay que volver a aquellas concepciones cuasi perdidas, atingentes a la filosofía moral, comenzando por la abanderable, el respeto a los derechos humanos, refrendados desde la vertiente europea con las cláusulas democráticas de los convenios suscritos por la UE. Apoyada en una ética supranacional en incremento, España tiene en estos frentes, la posibilidad –y la necesidad- de sacar adelante una política exterior comprometida, no fácil, aunque de prestigio, arropada por una creciente sensibilidad de la opinión pública en asuntos exteriores.
En el terreno internacional y junto al capítulo rector de los derechos humanos, España aparece lastrada por el específico de sus contenciosos y diferendos –los restos irresueltos de su grandioso imperio, que en lo ultramarino llegaron hasta el tropológico 98- vinculados por otra ley diplomática: mientras no los resuelva o al menos los encauce adecuadamente, no conseguirá normalizar su posición en el concierto de las naciones. Esto es pura lógica diplomática y si en el punto anterior la salida al dédalo diplomático venía signada por el humanismo, aquí, en las controversias territoriales, lo hace principal, casi exclusivamente, por la realpolitik, es decir, por el pragmatismo, por el realismo, por el posibilismo, siempre claro está dentro de una aceptable ortodoxia. Dicho de otra manera, la última ratio radica en instrumentar de acuerdo con los cánones, y su responsabilidad histórica, la realpolitik que corresponde.


En este histórico, clave e irresuelto aunque no irresoluble tema, hay que traer también a colación, como subdato, que los tres grandes contenciosos ven complicadas sus soluciones autónomas al estar íntimamente conexionados como en una madeja sin cuenda, donde al tirar del hilo de uno aparecen, automática, indefectiblemente, los otros dos. De ahí, que requieran un tratamiento coordinado en un centro conjunto por el que vengo abogando largo tiempo ha.
Y además, y con categoría de dato vinculante, ahora, en la viva actualidad, se impone precisar que en el Sáhara -los otros dos diferendos, Gibraltar, el más histórico, y Ceuta y Melilla, el más complicado, resultan menos acuciantes- la tradicional posición española anterior al movimiento sanchista y a la que se propone volver de la “neutralidad activa” tampoco escapa al marco recusable, como con tranquilidad de conciencia moral y administrativa vengo hace tiempo manteniendo.
Para España no resulta suficiente formar parte del “Grupo de amigos” y por ende, su postura de la “neutralidad activa”. Su responsabilidad en este drama desafinado en do sostenido mayor es única y a ese tenor, la exigencia derivada. La salida, mejor ya que solución, a tan desgraciado conflicto radica exclusivamente en el acuerdo entre las partes, entre las dos partes, sin interferencias de terceros. Y para llegar a ella, todavía inaccesible, Madrid tiene que involucrarse más amén de presentar mayor visibilidad, comenzando por designar un comediador con el representante de Naciones Unidas, hoy el bueno de De Mistura, cuya ejecutoria parece fácil pronosticar en la línea de sus predecesores de una lista ya tan larga como ineficiente, tras aceptar sin rechistar que Burita le leyera la cartilla fijándole los límites inflexibles para su misión. Es bien conocida mi disponibilidad, respaldada desde más de una instancia cualificada -la Carta de los 43, el Instituto de Estudios Ceutíes- en base a mi especial competencia en los contenciosos diplomáticos, desde que hace cuatro décadas y media fui el primer y único diplomático en ocuparse in situ de los 339 compatriotas que censé, y allí habían quedado tras nuestra salida.
Sustancia y procedimiento constituyen, pues, una diarquía de técnica diplomática capital, inexcusable, en el acaecer exterior del país y que si se la ignorara mediatizaría el juego internacional español hasta extremos de muy difícil, por no decir casi imposible reconducción, marcando la senda hacia la buscada pero todavía no encontrada armonía diplomática.
Y siempre al fondo, matizando la dura dialéctica contenciosa, el viejo dicho del desierto: “Habla a quien comprenda tus palabras…”
P.S. Respecto de la Leyenda Negra, coyunturalmente lanzada a la palestra que no es precisamente el campo del honor, no hay que ser un Metternich para concluir en la inconveniencia de las discusiones históricas en política exterior. Y ello es tan evidente que podría significar una ley si no matemática, desde luego que sí diplomática.
La técnica a instrumentar parece clara: España no entra, por no proceder, en valoraciones que pertenecen a siglos pasados. Ya es tiempo de que Madrid instaure esa praxis como respuesta y la eleve a doctrina internacional. La grandiosa, en el doble sentido del término, obra hispánica, refulge por encima de los excesos, consustanciales a las conquistas, a toda conquista, sobre la base dual de haber sublimado la incipiente normativa internacional al introducir el humanismo en el derecho de gentes, lo que constituye una histórica, indeleble aportación española a la civilización. Y naturalmente en el mestizaje, la profunda y muy visible diferencia con los demás países conquistadores. Con el bicornio puesto como San Martín o descubierto como Bolívar, como he escrito en el artículo Los próceres de la emancipación hispanoamericana, en sus magníficas estatuas ecuestres que veo a diario con mis perros, cerca de mi casa, en el madrileño Parque del Oeste.

Cuatro tesis diplomáticas para España

Serían cuatro las tesis diplomáticas -más que máximas y alguna con vocación de doctrina internacional- que en materia de controversias territoriales, configuran la tetrarquía operativa del accionar exterior de España.
A pesar de contar con unas credenciales sobresalientes o quizá por eso mismo, España a veces da la impresión de tener más dificultades que otros países similares para gestionar y hasta para localizar e incluso para identificar el interés nacional.
Aunque procedimentalmente dubitativa, esta máxima antes que tesis, resulta tan evidente que no parece requerir de ulterior comentario. Tal vez, pero tampoco por obvio, habría que nominalizar los actores responsables/irresponsables de tan ominosa dinámica
Hasta que España no desbloque o al menos, encauce en grado bastante, su en verdad harto complicado expediente de litigios territoriales, no habrá normalizado de manera ortodoxamente suficiente su situación internacional, volviendo a ocupar en el concierto de las naciones el puesto que correspondería a la que fue primera potencia a escala planetaria y cofundadora del derecho internacional al más noble de los títulos, la introducción del humanismo en el derecho de gentes.
Son seis las controversias territoriales españolas, tres contenciosos, Gibraltar, el Sáhara Occidental, y Ceuta y Melilla e islas y peñones; y tres diferendos, Perejil, Las Salvajes y Olivenza, que constituyen el tema clásico, histórico, recurrente e irresuelto, aunque no irresoluble de la política exterior de España.
En los diferendos, unas recientes manifestaciones desde Portugal han vuelto a proyectar a la arena diplomática la cuestión de Olivenza, reclamando la villa que fue portuguesa desde el tratado de Alcañices de 1297 -y tras varios cambios de soberanía, hoy es española- apoyándose en el Congreso de Viena de 1815: “ante las especiales circunstancias que concurrieron y por tanto la justeza de la reclamación lusitana, España debe devolverla a Portugal”. Mientras que, para Madrid, tras la guerra de las Naranjas, Lisboa cedió la villa a los españoles por el tratado de Badajoz, de 1801, resultando incuestionable que Olivenza jurídicamente es española y como precisa el colegio de abogados de Badajoz, ningún tribunal concluiría en contrario. A fin de superar la por lo menos incómoda situación, hasta cartográficamente Portugal elimina en sus mapas la frontera de la zona con el país vecino, el diferendo debería de incluirse en su ámbito natural, en las relaciones de (buena) vecindad, que con Portugal como con Iberoamérica, tienen que ser las mejores, y que además permitiría coadyuvar al gran tema internacional pendiente, un poderoso lobby iberoamericano en Naciones Unidas, nosotros hemos propuesto, con la debida suavidad, la celebración de un referéndum que según están las cosas, parece, con fundamento, que arrojaría color español.
También con Portugal el diferendo de Las Salvajes, un pequeño archipiélago de 2,73 kms², más cercano a las Canarias, 165 kms, que a Madeira, 280, región autónoma de la que dependen, descubierto en 1438 por Diogo Gomes de Sintra y en el que un ágil y calculador servicio exterior lusitano y menos condicionado que el nuestro, primero cuando en 1938 la Comisión Permanente de Derecho Marítimo Internacional emitió un dictamen favorable a Portugal con España inmersa en la Guerra Civil, esto es, sin poder defenderse adecuadamente, y definitivamente como ha señalado José Manuel Lacleta, al parecer como peaje ante la tradicional alianza Reino Unido-Portugal y a fin de la integración total española en la estructura militar de la OTAN, consiguió en 1997 la renuncia de Madrid a los derechos en superficie. Siempre al parecer, el diputado PSOE Rafael Estrella interpeló al entonces ministro socialista de Defensa, exento del servicio militar por sus pies planos, que “tal vez España se había dejado algunas plumas”, a lo que el ministro Narcis Serra respondió que no. Más tarde, como yo había mantenido correspondencia profesional con el diputado y vicepresidente de El Elcano y embajador político en Buenos Aires, le pregunté si se había producido el incidente y en qué términos, pero, después de destacar la documentalidad de mis escritos, “que en otras instituciones no tienen” o algo así, me respondió también por escrito, “ha pasado mucho tiempo y ya no lo recuerdo”.
Queda pues la controversia circunscrita a la naturaleza de las islas, habitables según Portugal o no, tesis española más aceptable por su impracticable habitabilidad, y por ende, aunque por supuesto reconociendo el derecho a su mar territorial, cuestionando la extensión y de manera previa la propia existencia de la Zona Económica Exclusiva en las ricas aguas circundantes, que han vuelto al campo controversial por la incidencia de terceros, a causa de las disposiciones unilaterales de Rabat sobre aguas jurisdiccionales, que tocan las canarias y las saharauis.
Se impone, por tanto, sentar a la mesa de negociaciones a la diplomacia lisboeta, habitualmente capaz sin acudir a la comparativa, desde el histórico tratado de Tordesillas, en el que más impuestos en la materia ganaron Brasil. España no debe demorar más la negociación sobre todas nuestras aguas territoriales, mediterráneas y atlánticas, lo que está sin hacer, y ahí por supuesto abordar las de Las Salvajes.

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La disección de Perejil, comporta ante todo, insistimos, que existe un mejor derecho de España, no un único, pero sí un mejor derecho, lo que faculta para sostener que no se debieron de aceptar las tablas, la vuelta al statu quo ante, es decir, la desmilitarización, la tierra de nadie. “España posee argumentos históricos y jurídicos (recogidos junto con las vertientes humana y administrativa, en mis publicaciones), para reclamar la soberanía española sobre la isla”, mantiene Dionisio García Flórez, el primero que alertó de que podía ocurrir un incidente ante la ausencia de ejercicio de soberanía. Y por otra parte, opinamos que se debió de acudir a la diplomacia regia, en lugar de a mediaciones ajenas por efectivas que fueran, que lo fueron, envueltas en el despectivo “islote estúpido”, del secretario de Estado, Colin Powell.
En el Sáhara Occidental, un Rabat exultante, continúa sumando en este 76 las adhesiones de distintos estados y organizaciones a su tesis de autonomía para el Sáhara, como la más creíble y realista para la solución de la controversia, comenzando por Estados Unidos, Francia o España. Aquí se impone partir, de manera vinculante, del acuerdo entre las partes, sin el cual no existe solución, así de sencillo. Y después, la materialización de esa entente, en la que hay que dejar a la bien probada imaginación árabe, tantas veces patentada, la conclusión, en la que ya poco factible, en el obligado eufemismo, el referéndum preceptuado por Naciones Unidas, nosotros nos adherimos a la partición que formuló Kofi Annan en tercer lugar de cuatro. Ni Rabat va a ceder más, porque implicaría un golpe de Estado, esta vez definitivo contra el trono, el final de la dinastía alauita; ni el Polisario puede aceptar menos, ya que se podría diluir en la gran autonomía que ofrece Rabat, la entidad saharaui, se podría difuminar la memoria de los hijos de la nube, se extinguiría la RASD.
Desde la técnica diplomática, desde su asepsia, la salida mejor que la solución, como en Ceuta y Melilla, radica en la realpolitik, variable cuestionable pero resolutiva, que obedece a dos servidumbres en diplomacia, las imperfecciones de la política exterior y las insuficiencias del derecho internacional, al tiempo de responder a la lógica diplomática, otro concepto clave y evidente.
Como cuento siempre, hace casi medio siglo que fui el primer y único diplomático allí desplazado para ocuparme de los 339 españoles que tras nuestra salida quedaron en el territorio, a los que censé, en lo que quizá fue una de las más relevantes operaciones de protección de compatriotas del siglo XX. Mientras Rabat, a través de su cónsul en Las Palmas, no se recataba en inquirir que por qué viajaba yo al Sáhara. Hay un refrán del desierto, siempre invocable: “habla a quien comprenda tus palabras”.
Rabat nunca va a ceder en su reivindicación histórica sobre Ceuta y Melilla e islas y peñones, principio programático e indeleble del ideario alauita para la consecución de la Madre Patria, sustentada además por las máximas alauitas de “la lógica de la historia” y “el tiempo hará su obra”.

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Pero este contencioso, el más delicado y complicado que tiene España, lo mueve el vecino del sur por otras vías, que en más de una ocasión planean sobre la heterodoxia híbrida, incluyendo desde la retorsión a las represalias o la retirada de la embajadora, ante la hipostenia de la posición y el animus hispánicos, pero sin que hayan refulgido los sables. Aquí vamos a señalar que tampoco -va de sí que en horizontes contemplables- contarán las ciudades españolas con la cobertura formal de la OTAN. Pero además de la falta de cobertura formal y a pesar de las doctrinas de las intervenciones fuera de zona, la alianza Rabat/Washington, la más antigua y más firme estratégica en el mundo árabe, podría atenuar en su caso los efectos en grado indeterminado, pero con entidad propia, de las intervenciones fuera de zona.
Ya he insistido en que la salida, mejor que la solución, de futuro, no próximo, podría venir en el Estatuto de Territorios Autónomos por la autodeterminación de sus habitantes, principio fundamental de cualquier derecho internacional que se proclame moderno.
Y Gibraltar. Ya hemos repetido a diestro y siniestro, como en el Sáhara, ad nauseam administrativa, que el desarrollo de los acuerdos de la Nochevieja del 2020 – Acuerdo entre la UE y Reino Unido, sobre el que España tiene derecho de veto- hacia la prosperidad compartida, con la apertura de la verja, que prosiguen ahora ya en la fase de las firmas y ratificaciones hacia la consumación del desaguisado, no alteran ni un ápice nuestras reiteradas consideraciones, puesto que desvían el iter ya de por sí sinuoso, con demasiadas curvas, recovecos y recodos, que conduce a la llave que pende de la puerta del castillo del pabellón gibraltareño, a la descolonización, más que oficializada por Naciones Unidas y refrendada por la Unión Europea. Gibraltar es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, que rompe la integridad territorial de un país, aliado y socio, la última colonia en Europa y tierras aledañas, nótese que el más próximo territorio a descolonizar es el Sáhara, y se requiere actuar en consecuencia ante los británicos: “A Ynglaterra metralla que pueda descalabrarles”, esculpió el conde de Gondomar, el embajador más positivamente activo que hemos tenido ante la corte de San Jaime. Y eso que Albión no había tomado todavía el Peñón.
La necesidad imperiosa, irrenunciable y casi ontológica, de proseguir a la búsqueda de un lobby iberoamericano cuyas potencialidades se dirían inconmensurables, que permitirían a España volver a ocupar el puesto que le corresponde en el mundo diplomático, al tiempo de cooperar a vertebrar el subcontinente iberoamericano desde coordenadas adecuadas e impostergables, conformando un espacio de acción común, que se traduciría en un bloque operativo ante entes supranacionales, constituyendo un formidable aparato diplomático.
Un organismo de primer nivel, que englobe a España, Portugal, las Repúblicas Iberoamericanas, y Andorra, más una serie de observadores y aspirantes a integrarse, lo que debería materializarse este año, en la Cumbre de noviembre en Madrid, comenzando por los siete países lusófonos, que todavía no son parte, miembros de la Comunidad de Pueblos de Lengua Portuguesa, creada en 1996.
(En julio del 91 se inauguraron en la Guadalajara mexicana las Cumbres Iberoamericanas, con el objetivo de recordar, reactivar y reactualizar la existencia de una comunidad vertebrada por el magnífico cuádruple eje de la lengua, le cultura, la religión y la historia, punto que procede de esta tesis y enlaza con la siguiente.)
España no se pronuncia, por no proceder, sobre sucesos acaecidos hace siglos, que asume naturalmente en lo que corresponda, pero que no valora por la insalvable diferencia de tiempos.

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Termina de volverse a lanzar a la palestra la Leyenda Negra anti española, en la que unas declaraciones de Felipe VI, acerca de los innegables excesos cometidos. siempre inferiores a la excelsa obra realizada, han motivado que se levantara una considerable polvareda sobre un tema recurrente, a sólo meses de la celebración de una nueva Cumbre Iberoamericana, en noviembre, en Madrid.
No hay que ser un Mettternich para concluir en la inconveniencia de las discusiones históricas en política exterior. Y ello es tan evidente que podría constituir una ley si no matemática desde luego que sí diplomática.
Celébrese la Cumbre sin adicionales dialécticas e intente Madrid, tarea asaz complicada, atenuar el déficit que presenta nuestro papel en Iberoamérica, sometido a un progresivo declive, casi ineluctable hiperbolizaríamos de seguir así las cosas, lo que es por supuesto corregible, en el relevante aunque poco operativo foro de las Cumbres, que en su iter hacia la intrascendencia si el proceso no se encauza, lo que es enmendable repetimos, hace recordar que a la pasada Cumbre, en Ecuador, sólo asistieron cinco jefes de Estado.
Y el gobierno español, con SMER a la cabeza, tendrá a bien aquilatar si se aprovecha para proclamar, incluso en tono menor, rayano si así se estimara oportuno hasta por prudencia diplomática – la técnica de la diplomacia regia cuyo basamento, va sin decir, ha de conciliar en primera instancia, el interés nacional con la prudencia diplomática- hasta con una declaración por muy sotto voce que fuera –“…y el andar sin que se note”, que dijo san Juan de Ribera y recordaba Castiella- la doctrina anteriormente reseñada, porque ya es tiempo de que Madrid instaure esa praxis y se eleve a doctrina internacional.

Diplomacia (in)suficiente: un programa de política exterior

Al doblar el siglo, yo escribí Una política exterior de prestigio describiendo un panorama moderadamente triunfal y desde luego factible a la búsqueda de un pasado esplendor, lo que redoblaba y suavizaba desde la prudencia poco después en España y el interés nacional. Nuestra eseidad, nuestros compromisos y responsabilidades históricas y nuestras expectativas, volvían a encuadrarse en la vieja Europa a la que habíamos accedido tres lustros antes, en los cánones clásicos, sobre los principios occidentales, todo ello nucleado por el valor-guía del humanismo.
Sin embargo, con el decurso del tiempo no parece que la res publica se esté manejando todo lo bien que se debiera, al menos a niveles suficientemente sostenidos, con el inocultable agravante de una polivalente heterodoxia semi campando por sus respetos. En un país como el nuestro, caracterizable en cierta medida por un confusionismo creciente, ya galopante en cuanto a la pérdida de determinados valores, así como por un casi correlativo menguante peso atómico en el olimpo de las naciones, parece imponerse alguna que otra sugerencia asumible, que aquí se limitará al campo internacional.
(Incidentalmente y por supuesto fuera de texto pero no de contexto, la actualidad quizá haga oportuna una mención académica al golpe de Estado, sobre el que tanto he escrito y conferenciado con el recuerdo lejano de Tierno Galván, en la todavía dorada aunque ya crepuscular universidad de Salamanca. Diferenciable de una veintena de figuras próximas pero distintas, incluidas las ahora célebres en España de la rebelión y la sedición, se inicia en la intriga, en su ámbito propio y oligárquico, que se pretende elitista en el sentido derivado de pocos, de los menos; se materializa a través del contubernio; se vertebra, perfeccionándose, en conspiración o en conjura; y asciende a complot, y origina el golpe)
Parece seguir resultando invocable mi antigua tesis de que a pesar de contar con unas credenciales impresionantes o quizá por eso mismo, España, a veces, da la impresión de tener más dificultades que otros países similares no ya para gestionar sino hasta para definir e incluso para identificar cumplidamente el interés nacional.
Surge, se agiganta en el complicado iter español en política exterior, el campo cardinal de los derechos humanos en el que es clave la dialéctica principios e intereses, regida por la necesaria aunque tan difícil de aplicar asepsia cuando se trata del interés nacional, que tanto afecta a España desde el conflicto del Sáhara, hasta la cooperación al desarrollo y la emigración.
En el Sáhara, donde a sus tipificaciones consustanciales, se suma hoy día la deriva canaria en las aguas territoriales -cuánto tiempo hace que, siguiendo a Lacleta et alii y ahora Yturriaga reclama correctamente que la delimitación ZEE y Plataforma Continental sea desde el litoral efectivamente marroquí y no desde el saharaui, por supuesto- yo también escribía enfatizando la necesidad de deslindar la jurisdicción marítima, complicada cierto, pero para eso está la diplomacia y su prospectiva, con los frentes saharaui y de Ceuta y Melilla más las Canarias.
Mucho más tiempo, desde, el Estudio diplomático sobre Ceuta y Melilla, 1989, que es libro de referencia, vengo casi en profesional solitario, proponiendo hasta una veintena de soluciones, y más en la acuciante actualidad dada la hipostenia en incremento de la posición y el animus españoles, cuando las ciudades notan la presión acentuada. Hace años también, el Instituto de Estudios Ceutíes, en primera línea de nuestras controversias territoriales, pidió públicamente y sin éxito, que se me asignara a los contenciosos diplomáticos, para cuyo debido tratamiento –los tres grandes están íntimamente entrelazados en una especie de madeja sin cuenda- yo reclamé una oficina coordinadora, que sólo con Moratinos estuvo a punto de hacerse realidad.
Como en el Sáhara, 43 conocedores del tema (43 es una cifra simbólica, los años transcurridos desde el inicio del conflicto, y por supuesto ampliable) de la diplomacia, la universidad, la milicia, firma hasta un ex JEMAD, el más culto, han pedido al gobierno, que se me asigne para cooperar con el mediador de Naciones Unidas, cuya larga lista desafortunada en el presente ni siquiera cuenta con representante, y para que España tenga mayor presencia y visibilidad internacional. Es sabido que soy el primer y único diplomático que se ocupó in situ de los españoles que allí quedaron, a los que censé, en lo que quizá fue una de las mayores operaciones de protección de compatriotas del siglo XX.
Ya en 1976 yo ponía en Rabat sobre papel oficial, la urgente necesidad de que se reunieran los ministros de Interior de España y Marruecos ante el tráfico que despuntaba del hachís. El tráfico de drogas que tanto golpea a Occidente y que no hace mucho seguí desde Bissau, escala del sudamericano.
La técnica diplomática permite descubrir así que España juega normalmente con las piezas negras, con una táctica defensiva, de respuesta ante la acción exterior, dejando a veces que los temas se deterioren hasta extremos de difícil reconducción, en lugar de tomar la iniciativa con las piezas blancas.
Mientras que por su parte, la filosofía diplomática permite entrever que hasta que España no encauce adecuadamente su en verdad complicado dossier de diferendos, no conseguirá normalizar su situación de manera cumplida en el concierto de las naciones.
Técnica y filosofía diplomáticas parecen erigirse así en una diarquía insoslayable para el quehacer exterior del país.
Siempre en el inacabable capitulo de los derechos humanos, aparecen la cooperación al desarrollo y la emigración, en los que hay que recuperar aquellas concepciones atingentes a la filosofía moral que se proyectan desde la vertiente europea en las cláusulas democráticas de los convenios suscritos por la UE. Apoyada en una ética supranacional en incremento, España tiene en estos dos fenómenos conjuntos, que marcan el nivel del principio de solidaridad, la posibilidad –y la necesidad- de sacar adelante una política exterior comprometida, no fácil y por ende de prestigio, arropada por una creciente sensibilidad de la opinión pública en asuntos exteriores.
Aquí, en la cooperación internacional, no habrá necesidad de puntualizar que la clave son los fondos, en incremento sostenido, que permitan a España hacerla digna y eficazmente. Se de lo que hablo porque he sido el primer director de cooperación con Africa, Asia y Oceanía, cuando a mediados de los 80 pasábamos de receptores a donantes y conozco de primera mano en qué condiciones financieras abrí horizontes, incluso con el Este, empezando por Moscú.
La nueva diplomacia anuncia acertadamente el refuerzo de la variable económica, la diplomacia económica tan fundamental que podría calificarse de política exterior de subsistencia, y que empieza por el cumplimiento cabal de las reglas de la UE así como de la ortodoxia en el comercio internacional con la ineludible referencia a la venta de armas. Aquí se precisa el despegue de la Marca España, vieja ya de casi dos décadas, más actualizada y funcional hoy en España Global, y de su implantación, a través del factor básico de la internacionalización de nuestras empresas con su bien probada competitividad, en los neotéricos escenarios orientales, asiáticos y europeos, más los tradicionales africanos, y hasta los más recónditos lugares.
Hasta donde se encuentran españoles por doquier, a escala planetaria, lo que demanda reforzar la política consular, sin necesidad de aditamentos terminológicos que me llevaron a escribir, con inevitable sarcasmo, cuando se comenzó en plan casi populista a poner junto a Consulares … y protección de los españoles en el extranjero o enunciados similares, pues claro, para eso existen hasta por definición las oficinas consulares, nuestros tantas veces sufridos cónsules, auxiliados por una amplia red de consulados honorarios, y no para propinar patadas en las espinillas a los compatriotas necesitados.

«No hay que ser un Metternich para concluir en la inconveniencia de las discusiones históricas en política exterior»

La entidad internacional de España, que hay que rentabilizar, es amplia y varia, con muy importantes aunque disímiles componentes, desde la formidable vertiente cultural, con la proyección de los valores occidentales, en la estela histórica de España cofundadora del derecho internacional con la introducción de su vector primario, el humanismo en el derecho de gentes; con la fuerza singular del idioma, el segundo mundial (aunque se impondría reconocer que en la práctica el primero es el único); cuarta economía de la UE, a cuyo título hay que hacer honor con el instrumento potenciado de la diplomacia económica; integrada en los perfeccionables para nuestros intereses, que no quiere decir ampliables, esquemas defensivos atlantistas…
Todo ello nos lleva a Iberoamérica, el otro eje ontológico junto con el europeo, de España, y ahí se requiere más que imperiosamente, impulsar, terminar de concretar, desde sus sobresalientes coordenadas comunes, un efectivo lobby iberoamericano, con las altas expectativas que conllevaría en la diplomacia multilateral.
Respecto de la Leyenda Negra, coyunturalmente lanzada a la palestra que no es precisamente el campo del honor, no hay que ser un Metternich para concluir en la inconveniencia de las discusiones históricas en política exterior. Y ello es tan evidente que podría significar una ley si no matemática desde luego que sí diplomática. La técnica a instrumentar parece clara: España no entra, por no proceder, en valoraciones que corresponden a siglos pasados. Ya es tiempo de que Madrid instaure esa praxis y la eleve a doctrina internacional.
¿Y Gibraltar? se preguntará el animoso lector que haya llegado hasta aquí. Pues qué quieren que les diga en esta síntesis de urgencia. Yo me he ofrecido repetidamente a colaborar con la oficina de Gibraltar, aquella que se amplió en el 2002, cuando el incidente Perejil -lo que conduce asimismo a reivindicar el papel de la diplomacia regia en las especiales relaciones con Marruecos- y al parecer algunos ilusos y aficionados creyeron que la solución era para ¨antes del verano¨. Algo así como aquel otro que iba a poner la bandera, él, privatizando la acción nacional, en el Peñón, en cuatro meses. No perdemos la esperanza y más tras el Brexit, que si bien no deja a los llanitos in the lurch, como yo mismo hiperbolicé, sí pone al Peñón en perspectivas más abordables desde la realpolitik en el horizonte contemplable.

La tentativa involucionista del 23-F

Desde que en la todavía dorada universidad de Salamanca, fui discípulo distinguido de Tierno Galván, con sus tesis sobre la conspiración, la conjura y otros aspectos de la patología política, me interesé sobre el golpe de Estado, que en un trabajo de filigrana he diferenciado, dentro del rem publicam vi mutare, de una veintena de instituciones próximas pero distintas. El golpe de estado se inicia en la intriga, se materializa a través de la confabulación, del contubernio, se vertebra, perfeccionándose, en conspiración o en conjura, y asciende a complot y origina el golpe. Se caracteriza por ser reservado por definición, elitista por naturaleza, oligárquico que se quiere aristocrático en el sentido derivado de pocos, de los menos. Y la estructura de la intriga, condición madre e inexcusablemente minoritaria, comporta el juego heterodoxo e ingrávido de validos y camarillas, en una acción contra el poder desde las posibilidades que ofrece el poder mismo por los encargados de defenderlo. Como igualmente conlleva la trama del secreto, consustancial para el éxito. Catilina fracasó en su conjura porque, como ha puntualizado Malaparte, con el mayor secreto se la anticipó a todo el mundo.
Lo defendí como Memoria en la Escuela Diplomática; lo escribí así, El golpe de Estado, en la argentina Córdoba del “cordobazo”; luego publiqué en Madrid, Variaciones sobre el golpe de Estado, y después con mi hijo, Angel Ballesteros/Vexenat, El 23F y el reloj del rey. Antes de nada, en todos ellos soy tributario, muchísimo, de Curzio Malaparte, y en menor medida de otros y entre nosotros, amén del “viejo profesor”, que en mi época frisaba en la cuarentena, lo digo por lo de “viejo”, de Manu Leguineche y su El estado del golpe. Más tarde pude contrastar los conocimientos añosos del estudioso con sus variantes en mis diferentes puestos, en Centroamérica, con los pretorianos impuestos y depuestos; en el Mundo Arabe, con las conspiraciones palatinas; con los centuriones tribales en el Africa Negra, e incluso ahí, se produjo un magnicidio muy cerca de mi residencia, que desde el balcón me pareció que había quedado desguarnecida al paso nocturno de los amotinados.
Son novelas más que tratados de ciencia política, porque en tan fascinante materia a veces resultan inevitables cuotas de imaginación, de inventiva. De hecho, el propio Malaparte escribe en su Técnica, “evoco acontecimientos de los que fui testigo y, en cierto modo, actor”. De actor, bueno, pero menos si se me permite, admirado Kurt. En esa línea, uno de sus pasajes más celebrados, sus andanzas en Finlandia durante la guerra con el encargado de negocios de España, Agustín de Foxá, el escritor y diplomático autor de la tal vez más sentida y precisa definición del servicio exterior, “con la brújula loca pero fija la fe”, insuperable, son desmentidas por el primo del conde, Jose Luis de Vilallonga, que lo atribuye a la fantasía del autor de Kaputt: “nunca coincidieron” o algo así.

Tan largo introito nos faculta para centrar el 23F, el que más literatura ha producido en España, pero no por los protagonistas

Tan largo introito nos faculta para centrar el 23F, el que más literatura ha producido en España, pero no por los protagonistas. Y por eso, cuando tantos piden pertinentemente la modificación de la ley de secretos oficiales “y así se sabrá con exactitud lo que ocurrió”, yerran. Antes, precisemos que es el que más literatura ha originado por estas latitudes. Más que el de Franco, donde ahí lo que hubo fue una sublevación, un “alzamiento”, para diferenciarlo en la jerga castrense de los obreros: los militares se alzan y los obreros se levantan. Y Franco capitaneó el primero tras reprimir en Asturias a los segundos. Pero no dio ningún golpe de Estado. Si se quiere podría tipificarse así a título un tanto convencional, su movimiento en dos partes íntimamente cohesionadas: su elección entre los generales, con algunos ingredientes del juego político, con su hermano Nicolás y el general monárquico Kindelán, convencido de que el Caudillo daría pronto paso al regreso de la monarquía, y la inmediata promulgación de que asumía todos los poderes del nuevo Estado. Ese sería el golpe de Estado técnicamente.
Es más, se impone dejar ya claro que lo que tuvo lugar en el intento de movimiento involucionista fue una tentativa de “golpe de gobierno”, en la catalogación de Pilar Urbano, ya que como es sabido un golpe de Estado implica necesariamente el cambio en la titularidad de la primera jefatura, “la sustitución anómala del jefe del Estado” en la acuñación de Finer, lo que hubiera acarreado un cambio de régimen como en la Grecia de los coroneles, por poner un ejemplo próximo a la familia real española, y eso nunca estuvo en cuestión en España.
Ya sin más prolegómenos, volviendo al tema de ahora, al yerran los que creen que el archivo secreto encierra las claves del asunto, el sumario por supuesto incluye la mayoría de las circunstancias, aunque al parecer no todas (habrían desaparecido parte de las cintas con conversaciones grabadas) que tuvieron lugar en la fase pública, en la asonada, en el cuartelazo, en el putsch si se prefiere, “un putsch es un golpe que ha hecho kaput”, precisó Safire refiriéndose al de “la cervecería”, de Hitler, porque pudo salir adelante de no haber sido por el a la postre decisivo obstruccionismo de Tejero, pero no, claro está, de la fase palatina, de su inmediata génesis. De lo verdaderamente secreto. Del “golpe”. No de la asonada, larvada y publicitada en demasiados cenáculos desde hacía tiempo y hasta trasmitida en directo, y con cientos de testimonios de primera mano, incluso metidos debajo de los asientos.

Más que el de Franco, donde ahí lo que hubo fue una sublevación, un “alzamiento”, para diferenciarlo en la jerga castrense de los obreros: los militares se alzan y los obreros se levantan

Sólo tres personas saben con precisión lo que pasó. Sabino, que presenció casi todo lo relevante, pero murió sin hablar y sin dejar nada escrito. Armada, protagonista, que ya dijo lo que “desde su concepción del honor y la lealtad” podía contar. Es decir, sin aclarar quién era el jefe operativo, luego sobre la marcha pretendió jugar ese papel, sin conseguirlo. Y el rey. Juan Carlos I con frecuencia es espontáneo, franco, en sus manifestaciones, en todas, desde las privadas hasta las oficiales, como por ejemplo hasta sabemos los que tratamos, a trancas y barrancas, con nuestros contenciosos diplomáticos. Pero aquí, por lo que fuera, no ha dicho más que lo que ha dicho. Se ve que ni mi amigo Vilallonga, su biógrafo oficial, pudo o quiso seguir insistiendo. Porque, y ésta sería la clave mayor, la única, el rey estimaba oportuna, como tantas fuerzas vivas, la defenestración de un Suárez quemado y hoy esculpido en bronce en nuestra Avila. Para el monarca, en eso consistía toda la operación, más allá de su ortodoxia. “A mí dádmelo hecho”, inventaría alguien, pero es coherente. Cuando se lo dieron deshecho, impulsado también por la reina y su experiencia, alarmados ante el cariz que iban tomando los acontecimientos, burdamente urdidos y peor ejecutados, agravados con la farándula militarista del tankazo, tardó, pero desmanteló la intentona. Antes, nunca vio, sencillamente porque no existió, ningún golpe de Estado.

23F-1
PS. Adenda para hispánicos recalcitrantes. No habr(í)á necesidad de traer a colación a título de conclusión/colofón, la connotación en materia de uniformados, de que con la excepción de Chipre, somos el país europeo con más policías por habitante, lo que parece resultar poco compatible con los cánones occidentales. O que episodios protagonizados por milites, tan lamentables como recientes, en tempo histórico el 23F fue ayer, permiten, quiérase o no, que unos interesados indocumentados reaviven “la leyenda negra” que nos endilgaron casi gratuitamente sus ancestros, y para que algunos bien intencionados entre nosotros entren, con las inevitables dosis de ingenuidad, al trapo (símil tan elocuente como poco grato para mí, acérrimo defensor de los animales). Es cierto, y así lo escribo y conferencio invariablemente, que España, a pesar de contar con unas credenciales impresionantes o quizá por eso mismo, a veces da la impresión de tener más dificultades que otros países similares para gestionar e incluso para definir y hasta para identificar, para localizar, el interés nacional. Pues bien, ya es tiempo de irlo, de irse corrigiendo.

Claves para nuestros contenciosos diplomáticos

Obviamente la primera clave, la última ratio, no ya para el casi desideratum de resolverlo en horizontes razonablemente contemplables pero sí a fin de encauzar debidamente el tema clásico, histórico, recurrente e irresuelto aunque no irresoluble, de nuestros contenciosos diplomáticos, radica en el manejo correcto de las variables que los configuran y condicionan. Las insuficiencias del derecho internacional; las imperfecciones, servidumbres incluidas, de la política exterior; los intereses parciales; el peso y el prestigio de las partes; la certera prédica y predicamento del posibilismo… todo ello lleva indefectiblemente a la realpolitik.

En Las Salvajes, hay que culminar las negociaciones en el tema en disputa, si son islas habitables o islotes inhabitables, y de ahí a delimitar las aguas circundantes, su extensión. Ya es tiempo de superar la indefinición, en la misma línea que se recuerda el carácter pendiente de la negociación general sobre nuestras aguas jurisdiccionales. Diríase, por lo demás, que el concepto de habitabilidad resulta en principio suficientemente claro y quizá hasta se podría aplicar que “no hay necesidad de interpretar lo que no necesita interpretación”.

Olivenza, controversia no jurídica, donde el derecho español es incuestionable, se inscribe en las relaciones de buena vecindad, que con Portugal como con Iberoamérica tienen que ser siempre las mejores. La opción del referéndum se antoja si no invocable, desde luego que nunca descartable para superar un diferendo tan por lo menos insólitamente incómodo. Siempre escribo en este punto que según están las cosas parece que arrojaría color español.

Y en Perejil, de manera invariable mantengo que hay un mejor, no un único, pero sí un mejor derecho de España, dato que se reitera ante un eventual aunque asaz improbable según va la dinámica de nuestras disputas con el vecino del sur, litigio jurisdiccional sobre la soberanía.

Dejamos el tema ahí, no sin recalcar que (ahora que se anuncia la inclusión, por primera vez, de Ceuta y Melilla en la Estrategia de Seguridad Nacional, recuérdese a algún efecto que yo publiqué un clásico sobre las ciudades ya en 1989) interesa traer a colación el dato geoestratégico de las alianzas en zona hipersensible, que engloba teóricamente hasta las Canarias

claves-contenciosos-diplomaticos

La cuestión saharaui, ese drama cercano a lo inconcebible y ya casi medio centenario, no parece escapar al alcance imperfecto pero actuante de la realpolitik. Al acuerdo en directo, sin terceros, entre las dos partes. Y ahí, la salida, mejor que solución, más indicada podría ser, vistas las circunstancias concurrentes, la partición, la número tres de las cuatro propuestas formuladas por Koffi Annan, hace veinte años. Como termino de escribir y se insiste por su posible pertinencia, ni el trono puede ceder más, dado que ya, a la tercera, el golpe de estado sería inevitable, ni los polisarios aceptar menos, puesto que la gran autonomía ofrecida por Rabat podría implicar el riesgo vital de que se fuera minorando, difuminando la entidad de “los hijos de la nube”, absorbida dentro del reino; que antes más que después, se extinguiera en la práctica la nación saharaui.

En Gibraltar, el iter, ya más un dédalo a causa de los recovecos y desviaciones que lo vienen jalonando, hacia la llave que pende en la puerta del castillo del escudo y de la realidad de la colonia, ante la ONU y la UE, la última en Europa y tierras adyacentes nótese que la más próxima sería el Sahara, tal vez debiera de ser más rectilíneo que el emprendido en la actualidad. Tres siglos constituyen aval incuestionable para una acción más enérgica, más incisiva, siempre pivotando como corresponde sobre la legalidad: bien y de preferencia, inmediata, tal que preceptuada por Naciones Unidas; bien mediata, con el cumplimiento sin ambages ni fisuras, hasta donde se pueda, hasta donde permita el tratado de Utrecht. Y por supuesto, el simultáneo e impostergable desarrollo del Campo de Gibraltar, felizmente ya iniciado.

Y Ceuta y Melilla, nuestro contencioso más delicado y complicado. Aunque el presente resulta acuciante, ya he casi patentado algo parecido a “la creciente hipostenia de la posición española”, Rabat no va a entrar todavía en el fondo de la cuestión, principio irrenunciable y programático del ideario alauita. Necesita previamente solventar el Sáhara, como marcó Hassan II. De ahí que un más urgido Mohamed VI esté implementando lo que yo he calificado de diplomacia acelerada, presionando a Madrid con acciones que hablan por sí solas. Cualquier examen actual, por tanto, no excedería en términos diplomáticos del plano teórico, a diferencia de otros campos que emergen con nitidez. Y en ese punto, siempre, se insiste, en aproximaciones académicas de futuro, el potencial, latente, Estatuto de Territorios No Autónomos. Quizá no esté de más la referencia que el diplomático Francisco Villar acuñó en frase un tanto efectista pero autorizada, cuando el Comité de los 24 aplaza para 1976, la eventual ampliación de la lista de Territorios no Autónomos: “Así la cuestión de las Plazas de soberanía queda congelada en la ONU, pendiendo cual espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno español hasta que a Rabat le interese reanimarla”. Ya he analizado in extenso las varias opciones del Estatuto: independencia, libre asociación, integración o cualquier otro estatuto político, y sus probables derivas, que se canalizan en la libre voluntad de sus habitantes, la autodeterminación, principio cardinal de cualquier derecho internacional que se proclame moderno. Incidentalmente se señala que la exigüidad territorial, 19.300 kms2 de Ceuta y 12.300 kms2 de Melilla, no resultaría determinante. Recordemos que Mónaco tiene 2 kms2. A partir de aquí, la viabilidad sería otra cuestión, lo que emplaza el asunto ante la posibilidad teórica de la libre asociación, en el estado políticamente casi puro de Puerto Rico con Estados Unidos o en los más peculiares pero igualmente operantes de la “amistad protectora” de Francia con Mónaco o de Italia con San Marino y dentro de esos regímenes, continuamos como siempre siguiendo al inolvidable profesor de París, Charles Rousseau, se subrayan los aspectos económicos, es decir, las uniones aduaneras del tipo Liechtenstein/Suiza o Mónaco/Francia.

Dejamos el tema ahí, no sin recalcar que (ahora que se anuncia la inclusión, por primera vez, de Ceuta y Melilla en la Estrategia de Seguridad Nacional, recuérdese a algún efecto que yo publiqué un clásico sobre las ciudades ya en 1989) interesa traer a colación el dato geoestratégico de las alianzas en zona hipersensible, que engloba teóricamente hasta las Canarias. Y entonces, un breve apunte en esta sinopsis de urgencia: los dos principales aliados de Rabat, se caracterizan, Francia por ser el único país de la UE miembro permanente del Consejo de Seguridad, con todo lo que esa especial condición conlleva, y Estados Unidos, con la entente bilateral antigua desde 1777, cuyo blessing ha desequilibrado la cuestión saharaui, amén de, ya sobre Ceuta y Melilla, respecto de la cobertura de las ciudades, atenuar ¿sobremanera? el principio de solidaridad entre los miembros en las intervenciones fuera de zona por parte de la OTAN.

El final de los bienes de España en Marruecos como pretexto

De la mano incansable en la promoción de Ceuta de José María Campos, con mi esposa María Eugenia Vexenat, las parejas diplomáticas que siempre están ahí, y con Javier Jiménez-Ugarte, uno de nuestros más sobresalientes diplomáticos, hemos asistido a la exposición La obra de Mariano Bertuchi en la historia del Protectorado, en el Instituto de historia y cultura militar, en Madrid.
Mientras que en Europa, como se ha enfatizado tantas veces, la fascinación por el norte de Africa estaba implantada entre los artistas ya en el siglo XVIII, con maestros como Delacroix, a quien seguirían nada menos que Matisse y luego Degas, no será el caso español en el que habrá que esperar hasta mediados del XIX para que con motivo de la guerra de Africa (1859-60) algunos pintores viajen a Marruecos. Mariano Fortuny, becado por la diputación de Barcelona para reflejar las gestas militares, será el primer descubridor de la deslumbrante luminosidad magrebí, a quien se unirá Tapiró con sus acuarelas y después Mariano Bertuchi, considerado el pintor del Protectorado y fundador de la Escuela de artes y oficios de Tetuán, su capital, zona que el granadino plasmó en numerosas obras, a lo largo de varias décadas muriendo ya septuagenario, en 1955, es decir sólo un año antes de su final. Son esas pinturas, de una técnica depurada, las que retratan con viva fidelidad el territorio que en 1912, la tradicional prevalencia gala por esas latitudes, endosó a Madrid, política y territorialmente, con dos instituciones disminuidas, un subprotectorado y un jalifa, mero delegado del sultán, mientras que éste y los demás centros del poder político y financiero quedarán en la varias veces mayor parte francesa. “Zona de protectorado español” según la terminología convencional, que en buena parte recorrí años después para preparar las negociaciones de los bienes públicos de España.
A partir de 1976, convencido Marruecos de haber recuperado “su Sahara”, propició el desbloqueo de algunos contenciosos. Con vibrantes y por supuesto poco espontáneas alusiones a la amistad entre los dos países, los funcionarios marroquíes comenzaron a sentarse a las mesas de negociaciones, mientras que los españoles acuden persuadidos de que la moneda de cambio del Sáhara capitalizará su posición, de que se va a entrar en una especie de edad de plata en las relaciones. Pronto los hechos evaluarían, exacta o muy aproximadamente, el papel de cada parte. La ronda comienza con los bienes públicos.


Junto a 120.000 compatriotas, España había dejado en Marruecos, en la independencia, veinte años antes, en 1956, una ingente cantidad de propiedades inmobiliarias. Cuando, con un ayudante, Toral Carleton, que luego sería secretario general del puerto de Ceuta, recorrí buena parte del antiguo protectorado, la tierra de los tres países vecinos donde se ha vertido más sangre española, para preparar las negociaciones, encontré un panorama más bien desalentador. Títulos registrales que no aparecían; linderos que habían sido alterados o simplemente eliminados; cuarteles y edificios e incluso algún palacio, como el de Raisuni, en Arcila – el cherif Raisuni, junto con el Jatabi, fueron los primeros caudillos nacionalistas de la zona española- en calamitoso estado de conservación. En lugar de cantar una pasada misión histórica, aquellas propiedades proclamaban un presente de desidia y abandono.
Las negociaciones, en las que participé, dirigido nuestro equipo por el director del Patrimonio, de Hacienda, asesorado por un abogado del Estado, y acompañado por los del Patrimonio y Africa de Exteriores más el cónsul general en Tetuán, concluyeron con el acuerdo de 10 de julio de 1978, sobre la transferencia de los bienes del estado español en la antigua zona norte del Protectorado, por el que España conservó básicamente ocho inmuebles, entre ellos los consulados en Nador y Tetuán, la antigua alta comisaría, único inmueble importante sobre el que los marroquíes no formularon reserva alguna, en atención a formar parte del patrimonio histórico español. Quizá no demasiado brillante balance, pues, sobre el que quizá también planeaba la manida tesis de la moneda de cambio: cedíamos en nuestros bienes pero un prometedor futuro se abría para nuestros intereses de los que entonces y después, los más importantes eran los pesqueros. Pues bien, ya se sabe lo que terminó ocurriendo con la pesca como no podía ser de otra manera en un asunto hipersensible que fue primero, derecho histórico; luego, tradición; más tarde, fuente de conflictos; posteriormente desideratum lógico y lógicamente recortado, y por último poco más que un recuerdo, hasta que ya negociando dentro de la Unión Europea y con el nuevo siglo, Madrid acabaría aceptando un enfoque realista.

«¿Quién privó a los españoles de seguir contemplando los Fortuny y los Bertuchi donde se habían pintado, donde los artistas habían trasplantado en directo la luminosidad rifeña? ¿quién dispuso de un bien incluido en la categoría de patrimonio nacional, aunque naturalmente por razones diplomáticas?»

Pasé aquellos días en el consulado general de España en Tetuán, el palacio que había sido sede de la alta comisaría de España en Marruecos, sito en la plaza principal y rodeado por una muralla. Era – y es- una magnífica mansión con fuentes interiores y amplias estancias, contando además con un teatro en edificio aparte. En definitiva, respondía al boato con el que se habían instalado los militares en el protectorado donde algún que otro alto comisario llegó a manejar incluso las relaciones a su manera y ejemplo elocuente lo constituyó García Valiño, último en el cargo, desde el 51 al 56, que al parecer, sin demasiado recato pretendió llevar una especie de política autónoma en aquellos delicados momentos pre independentistas. Y eso, con el Caudillo en Madrid.
Me entretuve admirando los grandes, en tamaño y en calidad, cuadros de Fortuny, La batalla de Tetuán, La batalla de Wad Ras, La odalisca, como hice lo propio con los numerosos que la antigua alta comisaría albergaba de Bertuchi, a diferencia de la embajada en Rabat donde sólo hay uno (de Fortuny, ninguno) un cuadro pequeño representando una cabeza de anciano marroquí, en el despacho del secretario de embajada que yo mismo ocupé unos pocos meses antes de pasar a los asuntos consulares. Y naturalmente, medité sobre las conversaciones, semi convencido de que su rentabilidad en cuanto moneda de cambio iba a producir menos rédito de lo esperado. Cierto que ello desde la óptica de mi condición de voluntarioso pero joven e inexperto diplomático.

Así las cosas, en el verano del 87 trascendió la donación del palacio a Hassan II. En las explicaciones oficiosas que siguieron al trueque -se cambió por otros edificios- se argumentaba que facilitaría la visita del monarca al levantisco y preterido norte, al Rif, que no había vuelto a gozar de la regia presencia. El País, 13 de junio de 1987, en crónica de Fernando Orgambide, recogía la voluntad manifiesta de Hassan II de contar con una residencia en Tetuán ya que en el norte, donde había decidido viajar en otoño, sólo contaba con el palacio en Tánger. En enero de aquel 87, el soberano alauita había propuesto la creación de una célula conjunta de reflexión sobre Ceuta y Melilla y en la crónica citada, se anunciaba que “el gobierno español se mostraba dispuesto a ceder la antigua Alta Comisaría a Marruecos para su reconversión en palacio real, como un primer gesto, si las conversaciones políticas evolucionan favorablemente y en la normalidad, en especial respecto de Ceuta y Melilla y el dominio de pesca”.
Aunque el asunto queda suficientemente claro, el principio de trasparencia, superador de cualquier atisbo de diplomacia secreta aquí innecesaria, aparte de una elemental exigencia académica, parecen hacer pertinente para completarlo, en cuanto además simboliza el final de los bienes públicos de España en Marruecos, el preguntarse que quién ordenó, inspiró o al menos dio el visto bueno a la cesión ¿quién privó a los españoles de seguir contemplando los Fortuny y los Bertuchi donde se habían pintado, donde los artistas habían trasplantado en directo la luminosidad rifeña? ¿quién dispuso de un bien incluido en la categoría de patrimonio nacional, aunque naturalmente por razones diplomáticas? La respuesta ha quedado perdida en los arcana imperii.
Todo lo que sabemos es que “la orden venía de arriba”. Un “arriba” todavía más indeterminado puesto que la categoría de mi fuente era la de subsecretario de Exteriores, es decir, que en su arriba administrativo existían varias instancias. Joaquín Ortega, hijo de diplomático republicano represaliado, funcionario dedicado, consejero político en Rabat a la sazón, que me atribuía “un cierto dandismo”, y luego embajador durante el plazo tercermundista de ocho años, batiendo todos los records al frente de la misión, formaba parte del grupo que controló largo tiempo nuestra política exterior desde la llegada del socialismo, y en el que figuraba Max Cajal quien, como se recuerda, propugnó la entrega a Marruecos de Ceuta y Melilla.


Como en la duda metodológica profesional podría tener cabida alguna que otra especulación, incluida la diplomacia regia (instrumento excepcional y subsidiario antes que complementario de la acción de gobierno, con el que a título casi singular, cuenta y ha ejercido España de manera sistemática desde Don Juan de Borbón, cuyo entendimiento con Hassan II se acentuaba por el humo cómplice de dos empedernidos fumadores, y de la que me honro en figurar entre sus campeones en particular en las relaciones con Marruecos y en mi reconocida especialidad de nuestros contenciosos diplomáticos, cuando corresponda y refrenada un tanto la espontaneidad oficiosa, cierto que ocasional, de Juan Carlos I, en la que no ha incurrido nunca un más prudente, comedido y preparado Felipe VI) procedería precisar la conclusión, en sentido positivo y en tanto que ejercicio didáctico en las relaciones con Rabat.
La casi certeza de que su entrega facilitaría que el trono marroquí prestara mayor atención a la antigua zona española, permitía cumplimentar desde Madrid su responsabilidad histórica en la cuota que correspondiera, como así viene siendo en especial bajo Mohamed VI, con España a la vez asignando acertadamente al norte el 90% de nuestra cooperación con el vecino del sur. Amén del no desdeñable dato utilitario, sus gastos de mantenimiento, que excede en bastante su conceptuación como sede consular, en la línea de lo que ha terminado ocurriendo con el teatro Cervantes de Tánger, cuya entrega a Marruecos se ha materializado este pasado enero. Y todo ello completado por el subdato procedimental de tratarse, en definitiva, de un movimiento en principio impecable de técnica diplomática, accediendo a los deseos de la corona alauita y aliviando así la presión sobre Ceuta y Melilla, al tiempo de reforzar la posición en materia de pesca.

La cuestión catalana, los vascos y la ortodoxia política (más Ceuta y Melilla)

La constitución española de 1978 cumple cuatro décadas con honor y con el relevante título de haber sido la que más estabilidad y desarrollo ha dado al país

Es amplio y vario, séxtuple al menos, el hecho diferencial del devenir español.
Y es una y primigenia su quiebra histórica: la falta de unicidad de su cultura, su déficit unitario en el interior y hacia el exterior, tanto a pesar de la gesta singular de América en el segundo caso, como del hecho privativo de la Reconquista en el primero, ya que el concepto resultante de cultura española no llega a la categoría de unívoco ante la pujante realidad y riqueza de las demás culturas coexistentes. La propia historia demuestra que España no se unió de manera natural, de que a pesar de unos límites facilitadores en el plano macropolítico, como enfatizan los tratadistas, con gran parte de frontera marítima y con los Pirineos, configurando una piel de toro de medio millón de kms2, el ensamblaje, la configuración del mapa nacional, de un estado siempre soldado en difícil equilibrio y sometido a tensiones nacionalistas, continúa obscureciendo la unidad, la unicidad, la univocacidad del concepto España, en el que esa España de las Autonomías, que recoge la Constitución, responde a una concepción coyuntural más que a una creación elogiable desde la técnica del derecho político.
La constitución española de 1978 cumple cuatro décadas con honor y con el relevante título de haber sido la que más estabilidad y desarrollo ha dado al país. Pero claramente su tiempo ha pasado. Dicho de otra manera, los cuarenta años transcurridos aconsejan y reclaman la debida actualización. Y ello, por definición: todas las cartas magnas, a causa de la evolución de los países, requieren y practican las adecuadas, necesarias adaptaciones, lo que en España, donde el texto se promulgó ex novo y tras una época de aceleración histórica sin precedentes, con una población resultante que no tiene mucho que ver con la de hace ocho lustros, resulta patente e impostergable, bien mediante reformas parciales bien, lo que parecería más indicado hasta simbólicamente, promulgando una nueva constitución. No se ocultan, sin embargo, las reticencias ante una nueva Carta, por la inclusión de cuestiones sensibles –comenzando por la forma política del Estado, que requiere el correspondiente referendum- lo que llevaría a la conclusión de la mayor factibilidad de una reforma parcial, que amén de en aras de la operatividad a corto plazo, incluyera el punto central que se está tratando aquí.
Igual que de la mano del pragmatismo, vengo propugnando la realpolitik en el campo internacional para la resolución de nuestros contenciosos diplomáticos, exacta o aproximadamente igual, procedería aplicar la realpolitik interior en el texto constitucional, donde en un país partido casi matemáticamente en términos políticos en dos, y con el juego de cuatro protagonistas más catalanes y vascos, habría que agendar con carácter prioritario la cuestión territorial, esto es, el Estado federal.
Como escribí hace ya meses en el artículo La técnica del poder en los políticos españoles, la nueva constitución tiene que abordar perentoriamente el federalismo, con un difícil juego de equilibrios, complicado todavía más por los partidos nacionalistas, hasta donde permita una técnica básica del poder, del reparto del poder, que encauce las afuncionalidades, las duplicidades y el número de las autonomías. Como de manera certera ha puntualizado en este punto concreto Otero Novas, los políticos españoles tendrían que tener presente que un 25 por ciento de la población no es partidaria del estado autonómico y otro 25 por ciento, lo que da un total de la mitad, lo encuentra mejorable.
Y por otra parte, el principio de libre disposición, que ya en el XIX Renan y Bergson delineaban con nitidez: ¨La nación es un alma, un principio espiritual¨; ¨La nación es una misión¨. De ahí y más en el XXI, que toda colectividad, con especificidades reconocibles y suficientes, pudiera tener derecho a constituirse en nación, en la que su alma singular faculte para embarcarse en la misión histórica de llevar adelante su propio destino. En el caso español, en el difícil caso español como se ha subrayado en el párrafo inicial, habría que buscar al mismo tiempo, la afirmación de la compatibilidad que permitiera, por encima de las diferencias y a la búsqueda de la armonía política que parece resultar tan posible como deseable, seguir todos integrados en la misión común española.
Desde la panorámica anterior, la praxis inmediata ante el desafío catalanista, respondería al siguiente esquema, anticipando que España, al tiempo de permitir los ejercicios plebiscitarios sobre cuestiones cardinales como corresponde, seguiría unida como corresponde todavía más, en cuanto valor supremo.
1) El catalanismo ha anunciado la celebración unilateral de un referendum independentista. Dado que la Constitución española no reconoce ese tipo de iniciativas unilaterales, la respuesta del Estado surge automática. Más allá de consultas al Tribunal Constitucional cuyos dictámenes no pueden ser otros que los prohibitivos en su congruencia jurídica pero que no terminan de resolver la cuestión en términos adecuadamente efectivos, ya que la acción del Estado se sitúa en el terreno judicial y no en el político, y fracasada por insuficiente la instrumentada vía política Madrid-Catalunya, en la que quizá pudiera sostenerse que el gobierno no ha negociado en grado bastante o con suficiente acierto disuasorio, emerge sin discusión la procedencia de la aplicación del art. 155 de la Constitución, legitimado por el interés nacional ante la heterodoxia, para que la cuestión no se desvirtúe todavía más.
2) Encauzado el movimiento catalanista, más que probablemente lícito pero manifiestamente ilegal, durante un período transitorio, se procede a la reforma total o parcial constitucional, incluyendo para las distintas partes del Estado, a las que pueda corresponder – en principio, vascos y catalanes- el derecho de libre disposición, no fácilmente objetable desde la mentalidad occidental del tercer milenio, dadas una serie de circunstancias que ni siquiera requieren particular enunciación, por evidentes.
3) Aprobada la reforma constitucional con el derecho de libre disposición, se pasa a su reglamentación, en base al principio de la mayoría cualificada, con el consiguiente porcentaje, como establece la propia Constitución para su reforma, y se celebra la consulta.
4) En el terreno del pronóstico objetivamente fundado –en ninguna de las encuestas los soberanistas catalanes llegan a la mitad, aunque se aproximan, y se reitera que se votaría con la exigencia, lícita y legal, de mayoría cualificada- las aspiraciones catalanistas serían derrotadas. Solventada la cuestión en vía plebiscitaria, habría que pasar al reconocimiento, político y jurídico, de ese considerable movimiento catalanista. ¨Eso es un título¨, como patentó en otro contexto histórico Clemenceau y que resulta todo lo extrapolable que se quiera, que se refrendaría en el nuevo texto constitucional.
Incidentalmente y fuera de texto, se recoge aquí que en un estado federal, de estimarse oportuno, podría mejorarse el régimen particular de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, aunque ciertamente más complicado por su delicada vertiente internacional. Ya me adherí en su momento a la tesis de que desde el punto de vista constitucional no parece haber impedimento técnico sustantivo para su transformación en Comunidades Autónomas, lo que abriría un sugerente iter hacia su propio destino. Calibrar el coste diplomático de la operación, sin duda casi prohibitivo, y eso empleando un eufemismo, no corresponde a este artículo, ¨el derecho de libre disposición y la ortodoxia política¨.

Este artículo se escribió antes de que se produjera la crisis catalana

‘Harmonía’ diplomática española

El Brexit abrió el pasado año amplias, imprevistas hasta el momento, perspectivas hacia la cosoberanía sobre la Roca. Pero pronto han comenzado a desafinar las notas del muy complejo experimento, que podrá calificarse como se quiera menos de obra maestra

El approach desapasionado, aséptico, al peso atómico internacional de un país, constituye el correcto camino hacia la consecución del interés nacional. Además de reflejar la esencia de España, la política exterior ha de rentabilizarla, capitalizando desde los valores culturales, con el factor formidable del segundo idioma internacional, aunque se impondría ya reconocer que el primero es el único en la práctica, hasta la Marca España, vieja ya de casi dos décadas, con importantes aunque disímiles componentes, pasando por su condición de virtual cuarta potencia económica de la UE. Es decir, se trata de coordinar de manera congruente y en función de las variables que la condicionan, la relación entre su entidad internacional, su capacidad de maniobra y la naturaleza y alcance de sus intereses, o lo que es lo mismo, la última ratio radica en instrumentar, de acuerdo con los cánones, la realpolitik que corresponde. Y ello, tanto con medios todavía útiles de la vieja diplomacia como con los que proporcionan las neotéricas técnicas internacionales, aunque como recuerda en este enfoque Rojas Paz a Jules Cambon, ¨todo se reduce a la palabra de un hombre honrado ¨, porque colocar en su lugar la afirmativa imagen de España requiere, ante todo, partir de la aplicación de una ética trasnacional, la misma que llevó en el XVI a la entonces primera potencia imperial a sublimar el derecho internacional, mediante la introducción del humanismo en el derecho gentes, la histórica aportación española a la civilización universal.
En definitiva, la realpolitik española posiblemente pueda formularse en términos actuales como sigue: se está en un proceso de permanente incremento del peso, la relevancia y la capacidad de maniobra; mediante la aplicación de una adecuada técnica de la política exterior que combine los ritmos con el aprovechamiento óptimo de la coyuntura, no parece haber otros impedimentos que los condicionantes estructurales para que el abanico operativo siga en proceso abierto, a pesar ciertamente de señalados obstáculos que debieron de haberse abordado o al menos previsto en su momento.
Implantada la globalización en la desaforada carrera a la búsqueda de emplazar la marca mercantil nacional en los más recónditos parajes y agravado el nuevo desorden mundial con el terrorismo y los crímenes contra la paz, en un magma siniestro y en descontrol crónico a pesar de meritorios esfuerzos internacionales, vuelven con fuerza a procurar abrirse paso algunas de las concepciones semiperdidas, aquellas que transforman la política en filosofía moral, como se la denominaba en el siglo de oro español y ha recordado Martín Ferrand, comenzando por la más importante, el respeto a los derechos humanos, refrendados desde la vertiente europea con las cláusulas democráticas de los convenios suscritos por la UE. Apoyada en una ética supranacional en incremento, España tiene al menos un par de frentes, la cooperación y la inmigración, que ofrecen la posibilidad de sacar adelante una política exterior comprometida aunque no fácil, pero de prestigio, arropada en ambos casos por una creciente sensibilidad de la opinión pública en asuntos exteriores,
Ahora bien, la frase mágica de Ranke de que sin política exterior no hay política alguna y no al revés, viene perdiendo creciente y lamentablemente buena parte de su valor. Y en el caso español permite introducir algunas correcciones a fin de que concepciones internas no desvirtúen en demasía el panorama exterior. España tiene que aumentar muy sustancialmente las cifras destinadas a la cooperación internacional, campo en el que cualquier valoración tendría que partir de su no larga experiencia comparativa como donante, como elemento activo, situando en el inicio de los 80 el jalón de despegue, en el que yo mismo participé. Ahora, en el 2017, España debe de hacer el esfuerzo financiero que corresponde al principio de solidaridad, a la búsqueda de una cooperación coordinada, estratégica y eficaz, teniendo siempre en cuenta como principio-guía, la debida coherencia de la ayuda al desarrollo con otras políticas directamente imbricadas como la emigración. Porque como tantas veces se ha subrayado, resulta evidente que la cooperación solidaria se impone en la dialéctica países más ricos-países menos desarrollados, en aras de la cohesión social y sus manifiestas consecuencias: hoy la solidaridad tiene que practicarse aunque sólo fuera, como se dicho en frase feliz, ¨por egoísmo ilustrado¨.
Y al mismo tiempo, España, ya con legítima vocación de gran país, de volver a ser un gran país -aunque es amplio y vario, séxtuple al menos, el hecho diferencial en el devenir hispánico, mostrándose así inocultablemente soldado en difícil equilibrio por las tensiones nacionalistas de algunas de sus partes, sobre las que se impone proclamar que deben y pueden ser encauzadas en un proyecto histórico mancomunado, en base al principio de afirmación de la compatibilidad que faculte, más allá de las diferencias y a la búsqueda de la armonía política que parece emerger tan factible como deseable, para proseguir todos integrados en la misión común española- requiere desde esa concepción, terminar de normalizar su estampa internacional adecuándose a los valores occidentales. Aparte de estructurar hasta cierto punto la Marca España sobre el turismo desenfrenado y la construcción desproporcionada, el todos camareros y albañiles más de la cuenta, cuyo grafismo vulgar y ya acuñado, no basta para atenuar su más que presunta heterodoxia, lejos de aquellos principios que tantos como yo, quiero pensar, deseábamos en los inciertos momentos de despegue para el desarrollo de nuestra nación, el exceso de uniformados, donde alguien podría creer en alguna medida oir resonar ecos franquistas con aquellas fotos donde el Caudillo aparecía rodeado de milites y tanto impactaban en la vieja y civilizada Europa, reclama asimismo la urgente aplicación del bisturí administrativo.
Los policiales, en su policromía, por encima de la media europea (se aprovecha para corregir el dato erróneo que involuntariamente publiqué en Seis claves para España, en El Faro de Ceuta, el pasado año, manteniendo que España tenía más policías que EE.UU, ¨ casi el doble¨, escribía yo -según datos de prensa, en el 2013, España tenía una ratio por mil habitantes de 4,86, Europa, 3,27 y USA, 2,29- pero no apliqué como correspondía el elemento corrector de la ratio por mil habitantes) sin que parezca haber necesidad de ulterior argumentación en este punto, defendible hasta por estética ciudadana, más que quizá el prudente recordatorio de la dicotomía calidad-cantidad, y a pesar del número, y de la siempre invocable competencia de nuestra Policía y Guardia Civil, de la que me ha sido muy grato dar fe cuando los he tenido de invariablemente eficientes colaboradores, con un país donde mafias de distinto pelaje y latitudes siguen pululando en medida que diríase inaceptable (ya en 1976 yo ponía en Rabat sobre papel oficial la necesidad urgente de que se reunieran los ministros de Interior de Marruecos y España ante el tráfico de hachís que despuntaba). Por su parte, el CNI tendrá 4000 efectivos en el 2020 (nótese que la carrera diplomática cuenta con mil miembros). Recuérdese también y ríndase incesante homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 11-M en Madrid, del 2004, con casi 200 muertos, el segundo mayor que ha habido en Europa. Los recientes atentados terroristas, los segundos en importancia numérica en nuestro país, abonarían la necesidad de reorganización de las fuerzas de seguridad, comenzando por la imprescindible coordinación y reincidiendo en el valor calidad, en el binomio calidad-eficiencia, por encima claro está de la cantidad, que ha vuelto a no resultar suficientemente efectiva. Si no parece quedar margen amplio para felicitar en la globalidad a las distintas policías por su actuación, y aunque todo ello sea tema para los especialistas, menos todavía debería de olvidarse que la conjunción impericia terrorista-azar ha impedido lo que podría haber constituido una catástrofe de dimensiones inconcebibles.
Va sin decir que todavía menos gratificante por su diferente entidad y carga histórica aunque similarmente obligada en aras de la normalización internacional que se pretende, resulta la censura fundada a los militares en cuanto proyección de la imagen de España como uno de los países con más misiones en el extranjero, nada menos que dieciséis despliegues castrenses en tres continentes, Oriente Medio, Europa y Africa, con 2.500 efectivos. Parece incuestionable que habría que reducir la cifra de misiones militares en el extranjero, sustituyéndola de forma correlativa por misiones de cooperación al desarrollo.
España, potencia ascendente en el Olimpo de las naciones, cuenta asimismo con un grandioso pasado que la llevó a ser el primer imperio a escala planetaria en el siglo XVI. Pues bien, los restos irresueltos de esa espectacular historia, son los contenciosos de la diplomacia española. Asumirlos y responsabilizarse debidamente de ellos, constituye la noble, grata, irrenunciable y difícil tarea a cumplir.
Si por una parte España, a pesar de contar con unas credenciales impresionantes o quizá por eso mismo, a veces ha dado la impresión de tener mayores dificultades que otros países similares para gestionar e incluso para definir y hasta para identificar, el interés nacional, por otra, procedería sumar que los tres grandes contenciosos de nuestra política exterior, no son en principio autónomos a efectos de la deseable, de la exigible superación, sino que constituyen una madeja inextricable, una auténtica madeja sin cuenda, que no se puede o resulta muy complicado desenredar, donde al tirar del hilo de uno de ellos no se deshace precisamente el ovillo sino que automática, indefectiblemente, aparecen los otros dos, al estar íntimamente entrelazados.
Hace largo tiempo que vengo sosteniendo esa doble tesis, que significa la diarquía diplomática básica, inexcusable, en el acaecer internacional del país y que si se la ignorara, vincularía el juego diplomático español hasta extremos de muy difícil, por no decir casi imposible, reconducción. O en otros términos, y ésta es la clave mayor, muestra paladinamente la dificultad de su correcto –nadie conocería con precisión en este punto el significado cabal de acertado- tratamiento, y abonaría global, genéricamente, el recurso a la realpolitik como eventual solución, sobre la que quiérase o no, parece radicar, en indeterminable pero en alta medida, la senda hacia la buscada pero todavía no encontrada, armonía diplomática.
Por ello, he venido proponiendo con más reiteración que éxito, la conveniencia, quizá pudiera sostenerse la necesidad, de crear una oficina para su tratamiento conjunto, con el rango, el carácter y la ubicación que se estimaran oportunos, aunque inclinándome en este último extremo, por razones obvias, hacia la Presidencia del gobierno, como más indicada que Asuntos Exteriores.
Ahora, en el verano del 2017, vuelvo a analizar el horizonte contemplable de los contenciosos de nuestra diplomacia, siempre desde La Serradilla, en la vieja casona familiar de granito, rodeada de pinos vetustos, algunos majestuosos, que se van cayendo y desde la que se ven las murallas de Avila y el santuario de Nuestra Señora de Sonsoles y la iglesia de Santa Teresa.
El Brexit abrió el pasado año amplias, imprevistas hasta el momento, perspectivas hacia la cosoberanía sobre la Roca. Pero pronto han comenzado a desafinar las notas del muy complejo experimento, que podrá calificarse como se quiera menos de obra maestra. (En su histórica atingencia a Gibraltar, el 13 de julio del 2013, los británicos celebraron el tercer centenario del tratado de Utrecht, con el Grand Te Deum for the peace of Utrecht, de Haendel, junto con su no menos espléndido Jubilate para coros, solos y orquesta, y sobre el que escribimos que “todos queremos creer que cuando vuelva a sonar, sus notas envolverán la buena voluntad que permita comenzar a trazar el iter hacia el mejor entendimiento entre las partes”). Diversos tratadistas coinciden en sostener que la factibilidad de tan difícil operación como conlleva el Brexit, se antoja como lo que en el fondo es y arroja una insalvable distancia entre la teoría prevista y la determinante realidad de la cuestión.
De resultar así o de manera similar las cosas, se iría a una especie de soft Brexit, que no alteraría sustancialmente el status gibraltareño a efectos operativos (nuestro reciente artículo Un Brexit irrelevante para los contenciosos diplomáticos españoles), y que, por tanto, permitiría en cierta medida a los británicos seguir ejerciendo, desde su condición de primer país en Europa donde antes aparecieron las instituciones representativas, revalidar su título de campeones de los llanitos, de paladines de sus intereses y deseos, reiterada e incuestionablemente manifestados en dos referéndums frente a la causa españolista, tan elocuentes como ilegales, sin tener que acudir a sus peculiaridades de estilo, “el concepto mercantil o de tendero” en la catalogación de sir Harold Nicolson. Hoy, 10 de septiembre, cuando escribo estas líneas, los gibraltareños celebran el 50 aniversario de su National Day. Y al año que viene, plazo previsto para la conclusión de las negociaciones con la UE o cuando sea, creo yo que España, de cerrarse así el estado de la cuestión, tendrá que comenzar a intentar poner fin a la tricentenaria situación sin mayores dilaciones, y abordar decididamente la disyuntiva, que sólo permite una alternativa. O se sigue profundizando en la cooperación con la comarca circundante, posición que tiene sus partidarios y encaja con la debida suavidad en el juego siempre delicado pero vivencial de las relaciones de buena vecindad. O de la mano de la dignidad nacional, volvemos a Gondomar, “a Ynglaterra metralla que pueda descalabrarles”, y eso que Albión no se había apoderado todavía del Peñón, en una maniobra heterodoxa sin al parecer otra bandera visible que la inverecundia, y se aplica el tratado de Utrecht, con todas sus consecuencias.
Sobre Ceuta y Melilla, el inicio de mi especialización en nuestros diferendos, donde soy miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, institución en primera línea de la zona hipersensible del Estrecho, centrando las controversias de la política exterior de España, que mediatiza por activa y por pasiva a Gibraltar desde “la lógica de la historia”, en la formulación geoestratégica de Hassan II, “ninguna potencia permitirá que el mismo país controle las dos orillas del Estrecho”, ahora también, cuando parece aproximarse la posibilidad de un modelo federal, tras la correspondiente reforma constitucional, en sustitución del de las Autonomías, más coyuntural que elogiable desde la técnica del derecho político, el Estado podría mantener el statu quo por entenderlo suficiente o aprovechar la coyuntura para reforzar a las ciudades autónomas, elevándolas a comunidades autónomas.
Y respecto del Sáhara Occidental, cuya resolución vincula en grado imprecisable pero marcado, la imprescriptible reivindicación alauita sobre Ceuta y Melilla, termino de dirigirme al Secretario General ONU, Antonio Guterres, en espera del igualmente solicitado respaldo oficial de Madrid, para que en atención a mi singular experiencia del primer y único diplomático allí desplazado ocasionalmente para ocuparme de los 335 compatriotas que quedaron, a los que censé, siendo felicitado y condecorado también por tan relevante misión, quizá una de las mayores operaciones de protección de españoles del siglo XX, como acostumbro a escribir con el honor que corresponde, y a mis especiales conocimientos de la problemática y de la zona, en la que tengo amigos en las dos partes, así como a mi condición de posiblemente el mayor experto diplomático en los contenciosos de nuestra política exterior donde mi competencia está considerada al máximo nivel, tras cuatro décadas de dedicación con numerosas publicaciones, diversos artículos y conferencias en distintas latitudes, considere la conveniencia de que Horst Köhler cuente en alguna manera conmigo. Parece una meridiana oportunidad con el nuevo representante especial hace poco nombrado. Y España, y éste es el punto, doblemente polarizada por el interés nacional y la responsabilidad histórica, podría figurar y participar más, en aras siempre del valor supremo, la armonía diplomática.