Los sindicatos, a favor de la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera

Los tres sindicatos generalistas y mayoritarios de Ceuta apoyan la inclusión de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera. De esta manera lo manifestaron algunos de sus dirigentes en declaraciones a El Faro de Ceuta.
Así, el secretario de Organización de UGT en la ciudad, Miguel Ángel Escobedo, opinó que “entrar en la Unión Aduanera estaría bien, siempre que se mantuviera el régimen fiscal que a día de hoy tiene Ceuta”.

El dirigente sindical explicó, sobre las ventajas que traería para Ceuta, que entrar en la Unión Aduanera le beneficiaría en que “podría tener libre movimiento de mercancías por el espacio europeo sin pagar aranceles”.
Sin embargo, Escobedo recordó que, a día de hoy, la mayor parte de los ingresos que obtiene Ceuta proceden del IPSI, que es el impuesto que grava la importación de bienes y la prestación de servicios en ambas ciudades autónomas, incluso si vienen de la península o de las Islas Baleares.

Además, añadió Escobedo, tanto las empresas como los ciudadanos se benefician de las bonificaciones a los impuestos del IRPF y de Sociedades, así como las de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores. En resumen, por lo tanto, para el secretario de Organización de UGT en Ceuta, “si entrar en la Unión Aduanera permitiera el mantenimiento de los beneficios del régimen fiscal especial, sería interesante entrar; de lo contrario no lo sería tanto”.

Mientras tanto, para el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Emilio Postigo, “todo lo que sea legalizar los trámites aduaneros es bueno”. En su opinión, con ello se conseguiría “abrir mercado en la ciudad legalmente”, dado que lo que había “daba una visión tercermundista con lo que ocurría en la frontera”.
Además, añadió, la pertenencia de las dos ciudades autónomas a la Unión Aduanera les “daría vida y asentaría su españolidad”. En conclusión, manifestó su apoyo sin ninguna duda, porque permitiría “hacer las cosas como se tienen que hacer”.

Por parte de CSIF, el presidente de su sector de Administración Local, Iván Ramos, consideró que la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera es “algo imprescindible para que ambas sigan avanzando y evolucionando como parte del primer mundo”. Según añadió, “en ciertas ocasiones” tiene dudas de que eso sea así, dado que “algunos intentan evitarlo a toda costa”.

El Plan Estratégico

Cabe recordar que el borrador del Plan Estratégico de Ceuta, en su artículo 61, defiende lo mismo que Escobedo. En dicho párrafo se puede leer lo siguiente: “Solicitar la integración en la Unión Aduanera Común, al amparo de las previsiones que al respecto se incluyen en el Tratado de Adhesión. Una decisión que, tomando como referencia el precedente de otros territorios insulares que antes dieron este paso, no debe suponer perjuicio ni para el resto de especifidades del régimen especial ni para la industria u otras actividades que en la actualidad se sustenten en la condición de territorio franco aduanero, y sí favorecer la simultánea aprobación de un plan específico de ayudas”.

El compromiso del Gobierno central es tener listo el Plan este verano. Para ello, encargó a la empresa pública Tragsatec, a un precio de 600.000 euros, una consultoría para decidir a partir de ella la estrategia. Sin embargo, aún quedan cuestiones por decidir, como esta de la Unión Aduanera o la excepción al Tratado de Schengen. Por ello, la Delegación del Gobierno y Tragsatec organizaron a comienzos de semana, en el edificio de la Seguridad Social, unos talleres con los técnicos y agentes sociales para recabar propuestas en la elaboración del Plan, que es un encargo del Ministerio de Política Territorial.

La excepcionalidad

Según se desprende de este mandato, uno de los ejes de los Planes Estratégicos de Ceuta y Melilla debe pasar por el plano de la seguridad. De esta forma, entre otras medidas, figura la inclusión de ambas ciudades en el Espacio Europeo Sin Fronteras o Tratado de Schengen, “con el objetivo de visibilizar los límites de la frontera sur de la Unión Europea”.

A mediados de junio de 2021, el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, explicó que el Gobierno estaba “considerando” la posibilidad de “suprimir” el régimen especial que para las ciudades autónomas se dispuso cuando España ingresó en Schengen, una excepcionalidad que permite a los residentes en las provincias marroquíes de Tetuán y Nador acceder sin visado a Ceuta y Melilla, respectivamente.

“De esa forma el control fronterizo pasaría a estar en el paso con Marruecos” y no en el puerto, explicó entonces González-Barba en declaraciones a los medios.

CCOO pide una reunión a la Ciudad por el «impago» de subvenciones a asociaciones

CCOO de Ceuta ha solicitado una reunión con la consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed, con la intención de saber en qué situación se encuentran el «impago» de las subvenciones que se les «adeuda» a diferentes organizaciones y asociaciones de Ceuta.
«No queremos dejar pasar la oportunidad de hacerle saber a la Administración que estás organizaciones son absolutamente fundamentales, pues suponen una mejora en la calidad de vida de muchos colectivos y, por tanto, si esas organizaciones no existieran, esas personas no recibirían la asistencia de nadie», han argumentado desde el sindicato.
Los comisionistas instan a la Consejería de Servicios Sociales a ser especialmente consciente de que lo «burocrático no puede pisotear lo fundamental».

«Un daño irreparable para economías y familias»

CCOO defiende que tenemos a muchos profesionales en nuestra ciudad que trabajan para estas organizaciones y que todos los meses viven con la «incertidumbre de no saber si van a recibir sus nóminas a tiempo». Algunos de ellos, añade al central, han tenido que sufrir el «atraso» en el abono de sus nóminas «hasta de meses enteros», según sus estimaciones y, «como se pueden imaginar, eso supone un daño irreparable para sus economías y las familias que están de cada uno de los trabajadores y trabajadoras afectados».
Por tanto, desde CCOO anuncian que van a estar muy pendientes, no solo ahora, sino también en el futuro, de que se «cumpla puntualmente con el pago de las subvenciones a estas organizaciones» que, como ya han recalcado, son «absolutamente fundamentales» en una sociedad donde se supone que debe «primar» el bienestar de los ciudadanos, «con especial atención a los colectivos y personas vulnerables y las Administraciones tienen la obligación de hacerlos prevalecer por encima de todas las cosas».

MDyC volvió a denunciar ayer lunes los retrasos en los pagos de los trabajadores de algunas asociaciones que componen el CERMI.

Procesa plantea usar el FEDER 2021-2027 para ampliar la red de saneamiento del centro

La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha presidido este jueves una reunión del Comité de Seguimiento de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) correspondientes al periodo 2021-2027, en el que se ha abordado el posible reparto de los más de 47 millones de los que prevé disponer la Ciudad.

La Ciudad prevé proponer al Ministerio de Hacienda, que es la autoridad de gestión, y a la Comisión Europea dedicar casi una cuarta parte, alrededor de 11 millones de euros, a la primera fase de modernización de la red de saneamiento de la zona centro con la instalación de un gran colector de dos metros de diámetro que enlace la Plaza de África con San Amaro y la construcción de una nueva estación de impulsión en esa zona.

Con los Fondos FEDER 2021-2027 se podría financiar la obra entre San Amaro y Alfau aproximadamente si las autoridades comunitarias dan su visto bueno a esta propuesta, que absorbería más de la mitad de los 18,4 millones que deben dedicarse al objetivo de transición verde para actuaciones de eficiencia energética, fomento de renovables, economía circular, biodiversidad, movilidad urbana y gestión de recursos hídricos.

Otros 7 millones se prevé dedicar al objetivo de transición inteligente y digital, que debe revertir en proyectos para el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras y 4,7 al de transformación social para ampliar la oferta educativa en la formación profesional que se imparte en la ciudad, según se ha precisado desde Procesa a la Cámara Oficial de Comercio, la Confederación de Empresarios, los sindicatos UGT y CCOO, el CERMI y el Centro Asesor de la Mujer (CAM) para que se involucren “en el proceso de toma de decisiones que conduce a la estrategia, a los objetivos y a las acciones de los futuros programas” de acuerdo con “el principio de gobernanza multinivel que exige la Comisión Europea”.

En lo referente al Programa Operativo FSE, se ha acordado distribuir los más de 15 millones en proyectos que cumplan con la concentración temática que exige la normativa comunitaria, de conformidad con el siguiente reparto: 2,4 en proyectos vinculados al empleo juvenil, 4 para inclusión social, casi 1 millón par abordar programas de lucha contra la pobreza infantil y 7,5 para fomento del autoempleo, contratación indefinida y formación a desempleados.

Los programas deben ser formalmente remitidos a la Unión Europea en el primer semestre de este año. Todo ello con el propósito de que puedan ser finalmente aprobados por la Comisión antes de que finalice el ejercicio. Por ese motivo, se seguirán realizando consultas con los miembros del Comité de Seguimiento “conforme se vaya avanzando en la negociación con la Comisión Europea”.

CCOO lleva al juzgado el traspaso de competencias de Sanidad a otra área

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Ciudad Autónoma ha decidido llevar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el Decreto de Vivas publicado en el BOCCE la semana pasada que traspasó varias competencias de la Consejería de Sanidad de Ceuta a la de Medio Ambiente debido, sobre todo, a la “indefensión jurídica” en la que han quedado los empleados públicos afectados, que según lamentó ayer José Antonio López en declaraciones a este periódico “no han conseguido explicaciones ni los informes jurídicos preceptivos ni en Presidencia ni en Recursos Humanos ni en ninguno de los departamentos a los que se han dirigido”.
Los abogados del sindicato están decidiendo “si impugnamos directamente el Decreto o solicitamos medidas cautelares”, precisó López, quien detalló que sus reparos a la decisión parten de que “se trata de un acuerdo que debería haber pasado por el Consejo de Gobierno y no limitarse a un Decreto del presidente”.
Vivas decidió pasar Agricultura y ganadería; Sanidad animal; Gestión de los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano; Servicio de Matadero y Cementerios y Servicios funerarios de la Consejería de Sanidad, a la que se adscribieron esas materias en 2020, a la de Medio Ambiente que dirige Yamal Dris.
El presidente justificó su decisión como una forma de “evitar duplicidades y favorecer una gestión más eficaz en el desempeño de las indicadas competencias”, en su mayoría vinculadas a la celebración de la Pascua del Sacrificio.
CCOO ha querido solidarizarse y alinearse con la “indignación” del personal afectado directamente por “una especie de doble adscripción generada a través de un Decreto que ni siquiera daba posibilidad de recurso”.
Según el Reglamento vigente, el Consejo de Gobierno es el órgano colegiado “que ostenta la potestad ejecutiva y dirige las funciones administrativas de la Ciudad” y al presidente le corresponde “determinar el ámbito de competencia respectivo de las Consejerías”.

El Contencioso da la razón a CCOO tras denunciar el reglamento del teletrabajo de la Ciudad

Durante el confinamiento y posteriormente con el paso a la nueva normalidad fue fundamental el teletrabajo. Muchos fueron los trabajadores del Ayuntamiento de Ceuta que se acogieron a este recurso, aunque en la actualidad ya solo sean «unos 12 funcionarios» de la administración local los que trabajan mediante esta opción. Sin embargo, la normativa a este respecto está «anticuada».

Así, lo ha asegurado a El Faro de Ceuta Yolanda Díaz, presidenta del Comité de empresa del Ayuntamiento que ha insistido en que la normativa correspondiente al teletrabajo es la que recoge el BOCCE de diciembre de 2015 y con la pandemia se hizo necesario regularlo con respecto a la nueva normativa estatal que es el Artículo 47 bis y el decreto ley 28/2020 que establece que las tareas deben ser llevadas a cabo por el empleado, a la distancia, es decir, fuera de las oficinas.

«Esta normativa lo que pretendía es la modernización de las Administraciones implementando una nueva forma de organización del trabajo en el ámbito del sector público que mejorara la prestación del servicio y favoreciera el bienestar entre los trabajadores públicos. Esto hizo que la Ciudad nos llamara hasta en dos ocasiones para negociar una nueva regulación del teletrabajo. Desde Comisiones Obreras presentamos una serie de propuestas y un borrador de reglamento para que se sumara a la propuesta de la Administración y hacer entre todos los participantes en la Mesa Sectorial un debate real y que desembocara en un nuevo reglamento ambicioso y actualizado con respecto a las situaciones actuales y todos los escenarios que se dieron durante la pandemia», ha explicado.

Sin embargo, esa mesa de negociación no se produjo, pero sí la actualización del reglamento aunque sin incluir las propuestas de las principales organizaciones sindicales en Ceuta. «Lo que hicieron es aprobarlo el 17 de noviembre de 2020 pero es un corta y pega del que ya teníamos en 2015 con muy pocas variaciones», ha continuado. Por ello, el sindicato Comisiones Obreras decidió llevar este asunto a los juzgados.

El pasado 4 de marzo CCOO de Ceuta recibió la sentencia «favorable en parte» del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta tras la denuncia del sindicato por «negar la Administración Local el teletrabajo al personal con funciones sanitarias, personal con funciones docentes y centros docentes», recogido en el artículo 2 del decreto.

La sentencia estima la denuncia por «haber sido incapaz, la Administración Local, de concretar y justificar la negativa a éstos colectivos laborales», de los «más cruciales durante la pandemia como han sido los administrativos, los rastreadores, los docentes y los trabajadores en el campo del agua», para ejercer sus funciones a través de la modalidad del teletrabajo aludiendo al concepto de «necesidad de servicios». Una cuestión que califica la magistrada de «concepto indeterminado», según la jurisprudencia.

Para CCOO es una importante que esta sentencia les haya dado la razón y advierte a la Administración Local de que no puede utilizar la «necesidad de servicio» para organizar «a su antojo el trabajo», sino que «debe concretar y argumentar las decisiones que adopta en relación a la organización del trabajo, más cuando afecta al derecho de los trabajadores».

CCOO reclama subida de indemnización por residencia también en Ceuta, Melilla y Canarias

Comisiones Obreras pide que Ceuta, Melilla y Canarias también sean territorios considerados en le revisión para este año 2022 de la indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal después de que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados presentase una proposición no de ley (PNL) que considera este tema, pero solo para el caso de las Islas Baleares. «Lamentamos que sólo se haya hecho para esta comunidad autónoma, a sabiendas de que en las mismas circunstancias se encuentran la comunidad autónoma de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla«, dicen desde el sindicato.

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) se exige, a través de una nota de prensa, además de la inclusión de los territorios mencionados, que se dé «la apertura inmediata de una mesa de negociación» que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que este incremento de la indemnización por residencia se lleve a cabo.

«Desde el sindicato llevamos años demandando este incremento para el conjunto de empleados y empleadas que viven y trabajan fuera del ámbito peninsular y haciendo llegar a los distintos grupos parlamentarios, incluido el Grupo Popular, así como al Gobierno, nuestras reivindicaciones, habiéndose incluido en las propuestas de enmiendas que elevamos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado«, explican.

Dicen además que CCOO ha venido reclamando estos incrementos, justificando, entre otros motivos, que las indemnizaciones por residencia se fijaron por última vez en el año 2007, como desarrollo del Real Decreto Ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de Canarias, Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

«Desde entonces, las diferentes leyes de Presupuestos Generales del Estado han venido fijando una disposición transitoria, similar a la actual, por la que revisa su cuantía en el mismo porcentaje que se establece para el incremento del conjunto de las retribuciones, siendo éstas del todo insuficientes», consideran desde el sindicato a nivel nacional.

Según la organización las indemnizaciones actuales resultan «claramente alejadas de la realidad en estos territorios lo que está provocando enormes problemas, entre otros, el de la cobertura de las vacantes» y el de la permanencia del personal al servicio del sector público en dichos territorios con el consiguiente deterioro en la prestación de los servicios públicos que se prestan. «Para ello, hemos solicitado en reiteradas ocasiones, que se fije, previa negociación, un incremento significativo que palíe dicha situación, entre otras cosas, porque esta es la razón por la que la temporalidad en dichos territorios es muy superior a la media, rondando el 38% y el 40%», concluye la nota.

Los trabajadores de autobús irán a la huelga ante la situación de «incertidumbre»

La situación del servicio de autobuses en Ceuta parece que no llega a buen puerto y el conflicto entre el Comité de empresa y la propia ‘Hadú-Almadraba’ no tiene fin. Se ha convertido ya en un problema enquistado para el Ejecutivo local, cuya solución según los sindicatos pasa por la municipalización total del servicio. De hecho, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras han convocado una concentración de los trabajadores de la empresa de autobuses, Hadú Almadraba, para este jueves, 31 de marzo, a las 12.00 horas a las puertas del Ayuntamiento.

Esta concentración ha sido sopesada por el Comité de empresa y el sindicato ante la situación de «incertidumbre que sigue afectando a la plantilla», que «por el momento sólo obtiene declaraciones de intenciones ante la situación que se viene denunciando». «El compromiso de la empresa es de incorporar a los trabajadores en ERTE, como así venimos reivindicando desde hace meses, siempre y cuando la Ciudad solicite la ampliación de líneas, o al menos en dos de ellas», han continuado desde el sindicato, tras puntualizar que también se ha notificado a la Delegación del Gobierno el preaviso de huelga que dará inicio el próximo 18 de abril.

Una situación que arrastran desde hace años y que no encuentra solución, a pesar de las inyecciones de dinero de la Ciudad. Para el Comité de empresa, la situación que se vive en la empresa entre la plantilla «es de hartazgo y desolación» ya que «es continua la conflictividad laboral por la situación del servicio».

«Ello implica que en sus reivindicaciones ya no sea sólo la incorporación de los trabajadores, sino la recuperación del servicio como antes de la pandemia, aumentando a jornada completa a los trabajadores que vieron reducida su jornada a consecuencia de la situación sanitaria. Por último, se reivindica una salida definitiva al problema, celeridad en tomar las decisiones que llevan alargándose desde hace más de un año y que está afectando directamente a las condiciones de trabajo y a los servicios públicos que se prestan, cada día más empobrecidos», han concluido en nota de prensa tras insistir una vez más en la «municipalización ya» del servicio.

Aumento de la indemnización por residencia para personal público estatal

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Baleares y el Sector de la Administración del Estado del sindicato han manifestado este sábado su satisfacción por haberse cumplido el fin de aumentar la indemnización por residencia, para personal público estatal. Una medida que repercutirá también en los trabajadores funcionarios de Ceuta.

Según ha informado CCOO Baleares este sábado en nota de prensa, el sindicato presentó una campaña que se inició en Baleares el pasado 16 de noviembre, encaminada a exigir una revisión de los importes de la indemnización por residencia para los empleados de la Administración General del Estado en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla que, ha asegurado, ha dado resultado.

CCOO venía alertando de la «preocupante» pérdida de personal en estos territorios, y apuntaba a la falta de incentivos en materia de retribuciones como «una de las principales causas» de esta movilidad hacia la península. Y es que, ha recordado, en los últimos 10 años se ha reducido la plantilla pública de la Administración del Estado en más de 4.000 efectivos.

Por este motivo, una representación de CCOO de los territorios no peninsulares, coordinados por el sector de la Administración del Estado del sindicato, se reunió con los responsables de los gobiernos de Baleares, Ceuta e Islas Canarias, para poner de manifiesto la necesidad de atajar el problema.

Ha sido a iniciativa del grupo parlamentario popular en el Congreso, que se ha llevado a la Comisión de Política Territorial esta «justa» reivindicación y ha sido aprobada con el voto en contra del PSOE.

Desde CCOO han compartido el logro de esta reivindicación «casi histórica», con el conjunto de los empleados del sector público estatal porque «se ha hecho justicia» y a la vez, ha instado a la Administración General del Estado a replicar esta actualización de la Indemnización por residencia al resto de empleados del sector público estatal de Ceuta, Melilla e Islas Canarias.

Los sindicatos recuerdan que el incremento del precio de la energía «afecta a todo el mundo»

El secretario general de CCOO en Ceuta, Emilio Postigo, ha asegurado, durante la tarde del miércoles, que “la subida del precio de la energía y de los combustibles afecta a todo el mundo”, especialmente si tenemos en cuenta que la huelga de los transportes viene como consecuencia de ella.

En la concentración convocada a nivel nacional por parte de los sindicatos CCOO y UGT junto con la asociación de Consumidores en Acción (Facua), la Unión de Autónomos Uatae, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos (UPTA), alrededor de 20 personas se han acercado a la Plaza de los Reyes de la ciudad autónoma para protestar contra un incremento de precios que “no es exclusivamente un problema sindical”, según ha indicado Postigo. La lluvia que caía ha podido echar atrás a algunos ciudadanos.

El máximo representante del sindicato en la ciudad autónoma ha indicado que el objetivo de la manifestación es “presionar al Gobierno y a las instituciones europeas para que palien las consecuencias de la subida de precios y de la huelga de transportes”.

En declaraciones a El Faro, Postigo ha alertado del cierre de empresas que se está produciendo a causa de dicha subida y que viene agravado a su vez por el hecho cierre de la frontera, que ya dura dos años. “Espero que ahora, que parce posible una próxima reapertura, no tengan que hacerlo”, ha afirmado el dirigente sindical.

Postigo no está de acuerdo con que la bajada de impuestos sea la solución. “Nosotros apostamos por desligar la electricidad y el gas. Bajar los impuestos es un parche, porque mañana el problema lo tendríamos en otro sitio, como educación, sanidad o cualquier otro servicio público”, ha aseverado. En su opinión, es preferible reducir los precios de la gasolina, como han hecho otros países como Portugal o Francia, aunque no el IVA.

Una “cadena humana” exige plantillas estables de Educación Especial

La Plataforma en Defensa de la Educación Especial de Ceuta ha reunido este domingo por la mañana a más de 100 personas para formar la “cadena humana” que ha tendido entre la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y la Delegación para exigir al Gobierno central que deje de parchear la atención a la diversidad en el CEE San Antonio y los centros ordinarios con los Planes de Empleo y que, desde septiembre, garantice en las aulas los recursos de personal laboral que se precisan para dar a todo el alumnado la atención “digna” que merece y precisa.

La amenaza de lluvia no ha aguado una movilización con la que se ha dado continuidad a la manifestación del pasado 20 de febrero y a la que seguirá un gran acto reivindicativo (previsiblemente a principios de mayo) en el Auditorio de La Marina y, en junio, un desplazamiento a Madrid para concentrarse ante el MEFP, iniciativa a la que también podría sumarse el movimiento homólogo constituido en Melilla con el mismo propósito.

El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta, Mustafa Mohamed, ha recordado que su reivindicación busca poner en la agenda política de los ministerios de Educación y Función Pública “la falta de personal para atención a la diversidad en los centros”. “Los Planes de Empleo no son la solución que las familias del alumnado y los profesionales demandan”, ha resumido.

A su lado, una cuidadora actualmente destinada en un Aula Específica en el CEIP Maestro José Acosta, Juana María Pulido, delegada de CCOO, ha corroborado que “hay espacios especializados que se han abierto sin el personal laboral que constituye la base de la pirámide para que no se perjudique a los estudiantes”.

“El año pasado se pusieron en marcha recursos sin todos los medios materiales y personales que se exigen en el BOE: es cierto que la directora provincial y la secretaria general han hecho una gran labor para ampliar la plantilla de funcionarios, pero el problema persiste con los laborales que cubrimos las necesidades básicas, los fisioterapeutas, enfermeros y cuidadores”, ha enfatizado Pulido.

Para Mohamed es evidente que “los recursos adicionales que se necesitan son los que cubre el Plan de Empleo, vacantes que deben estar ocupadas desde el primer día del curso que viene de manera estable con profesionales formados y capacitados para desempeñar esas funciones”. “La Dirección Provincial del MEFP pide a Madrid esos puestos, pero no se autoriza, y ahí está el problema”, ha corroborado Pulido, que ha advertido que “esto es un castillo de naipes que terminará cayéndose si no se actúa porque hablamos de niños que no controlan esfínteres, que no pueden comer solos un yogur…”.

“Nosotros entendemos que la Educación Especial es cara, pero los perjudicarlos por no dotarla adecuadamente no son solamente los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino el conjunto del alumnado, ya que los docentes con 25 ó 28 niños se ven desbordados si entre ellos además se encuentran también con uno o dos pequeños con más necesidades”, ha resumido el vicepresidente de la FAMPA.

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEE San Antonio, Iman Mountacir, ha puesto el acento en el mismo aspecto: “La situación no es mala, sino pésima, porque no hay cuidadores suficientes, necesitamos personal estructural, no Planes de Empleo con trabajadores no del todo formados, porque una persona no puede hacerse cargo de varias clases con hasta media docena de estudiantes con necesidades especiales, cambios posturales, atenciones básicas, alimentación parenteral… En mi centro actualmente solamente hay una enfermera para 106 alumnos tras la jubilación de otra”, ha ejemplificado en una crítica directa a los Servicios Centrales del MEFP. “A ver si el curso que viene empezamos bien porque este no lo hemos hecho y seguimos fatal”, ha concluido.