Los inmigrantes muertos en el mar para los que se busca justicia

Las familias de cinco marroquíes dados por desaparecidos tras entrar en Ceuta durante la entrada masiva de mayo de 2021 siguen esperando justicia. La última llamada que recibieron de ellos fue en junio de ese año cuando les comunicaron que marcharían en breve a la Península ya que saldrían en una embarcación desde la playa de San Amaro.
Nunca llegaron a su destino. La UCRIF de la Policía Nacional siempre mantuvo que murieron en esa travesía clandestina cuya organización atribuye a 3 ceutíes sobre los que pende una instrucción judicial seguida por la comisión de supuestos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, organización criminal y homicidio.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha dictado ahora un auto, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta, en el que ordena que se continúe con la tramitación de estas diligencias por los trámites del procedimiento abreviado dando traslado a las partes para que formulen recursos y a la Fiscalía para su escrito de acusación.
Judicialmente se considera que ya se han practicado todas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza de los hechos así como la participación de las personas, dando conocimiento a las partes para que presenten sus oportunos escritos.

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Se concluye que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos de tráfico de inmigrantes, organización y homicidio, atribuyendo dichas acciones delictivas a los tres investigados en sus diferentes roles.
La investigación judicializada partió de una declaración prestada ante funcionarios de la UCRIF de Málaga por una persona después de la desaparición de cinco marroquíes que habían informado previamente de una salida que nunca tuvo meta.
Habían abonado 2.000 euros por el trayecto. Los llamados Khalid, Mohamed Said, Ibrahim, Hamza e Ibrahim subieron a una embarcación para nunca más se supo de ellos.
Según las investigaciones, esos jóvenes estuvieron ocultos en un sótano de un bloque de Loma Colmenar por cuya estancia abonaban 80 euros. Allí permanecieron hasta la salida a bordo de una embarcación que terminaría siendo pilotada por uno de los inmigrantes carente de nociones de navegación y sin que los ocupantes tuvieron medios de protección.
Es la táctica que emplean muchas organizaciones, encomendar los pases a los propios inmigrantes para evitar que miembros de la red sean detenidos in fraganti.

Las detenciones se llevaron a cabo en 2022 sobre unos hechos que llevaban investigándose desde meses atrás, casi un año

De acuerdo con el auto judicial notificado a las partes, se atribuye a cada uno de los investigados un papel distinto. Uno sería el jefe de la organización criminal, otro se encargaría de alquilar plazas en un garaje para esconder inmigrantes y un tercero los controlaría. Los considerados ‘clientes’ -es decir los inmigrantes- eran captados por la red para preparar su salida a la Península.
Las tarifas de la organización variaban entre los 70/80 euros por ocupar una plaza de garaje a los 2.500 por conseguir hueco en la patera. Desde esos garajes con dimensiones de unos 50 metros cuadrados donde se les escondía hasta la playa de donde debían salir eran transportados por taxistas. La organización ocultaba embarcaciones y motores para llevar a cabo los pases.
Hasta que se anunciaba la salida a la Península los inmigrantes estaban hacinados en unos habitáculos que no contaban ni con ventanas ni con sanitarios.

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La red tenía una vivienda de seguridad, una casa grande con dos plantas y un sótano que era el que servía a modo de garaje para hacinar a los inmigrantes. El dinero que estos daban a la organización era entregado por familiares en Marruecos a través de terceros, encargados de hacer el cambio de divisas, el conocido como sistema hawala, por el que otros hacen los pagos en persona sirviendo de portadores.
La UCRIF reventó esta investigación con la entrada en varios domicilios a la vez para evitar posibles fugas, siendo la más relevante la practicada en la barriada de Loma Colmenar, sede de todas las operaciones de tráfico de personas.
Se contó con declaraciones de testigos protegidos que sirvieron así para ahondar no solo en el modus operandi de esta organización sino para arrojar luz sobre el paradero de unos desaparecidos sobre cuya ausencia habían alertado sus familias.
Lo habían denunciado a través de El Faro, ya que después de haber tenido conocimiento de que marcharían al otro lado del Estrecho ya jamás supieron de ellos. Se contactó con autoridades de Gibraltar por si pudieran haber desviado su ruta terminando en la Roca, pero esas gestiones fueron negativas.
La Policía cerró la operación con tres detenidos, los supuestos integrantes de la cúpula, pero considera que existían más personas que ejercían de colaboradores para mantener el negocio.

Las claves

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Desaparición

  • Mayo de 2021

Cinco tetuaníes acceden a Ceuta tras la entrada masiva y aquí entablan una amistad. Terminan uniéndose para participar de un traslado clandestino a la Península para lo que contactan con una organización. En junio comunican a sus familias que van a marchar y ya nunca más contactan. Desaparecen.

Denuncia

  • Comienza la investigación

La Policía inicia una investigación tras recibir una denuncia sobre lo ocurrido, es así como empiezan a indagar sobre una presunta organización que se habría dedicado a captar a los inmigrantes que cruzaron en masa a Ceuta para después proceder a su traslado a la Península. Mientras tenía lugar el pase eran escondidos en habitáculos tercermundistas.

Operativo

  • Junio de 2022

La UCRIF lleva a cabo un importante operativo que se salda con varios registros y detenidos, en concreto 3. Sobre ellos se cursa la investigación por presuntos delitos de tráfico de inmigrantes, homicidio y organización criminal. Además en los registros intervienen embarcaciones y motores que eran empleados para el pase a la Península. Fue así como descubren dónde podían estar escondidos los inmigrantes antes de proceder a su traslado mediante una red de taxistas a las zonas de salida de las pateras.

Condenado un ladrón con amplio historial que quiso robar una embarcación

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha condenado a 4 meses de prisión al llamado O.A.H. por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, después de que intentara apropiarse de una embarcación en el puerto deportivo.

A la pena de cárcel se añade la indemnización por los daños causados en propiedad ajena que todavía no ha sido cuantificada, tal y como se recoge en la sentencia a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta.

El ahora condenado ni siquiera acudió a la sesión de juicio oral celebrada en el Juzgado de lo Penal. Tal y como en su día concretó la Jefatura Superior lo que le llevó a ser felicitada por el PSOE, el autor es un ladrón con un amplio historial delictivo. Su arresto se enmarcó en un periodo de inseguridad en el deportivo con robos continuados de motos de agua y lanchas para el tráfico de inmigrantes y drogas.

Se considera probado que en la tarde del 18 de junio de 2023, O.A.H. fue sorprendido en el puerto deportivo por la Policía Nacional intentando manipular con una llave el arranque de una embarcación. Esa llave había llegado a sus manos sin consentimiento del dueño y el fin era hacerse con la lancha. No lo logró porque ese intento fue abortado por la llegada de agentes del CNP.

Una llave falsa

La declaración del dueño de la embarcación y las testificales de los policías han sido determinantes para llevar a esta condena. Así, el propietario negó que hubiera prestado su propiedad a alguien. Al presentarse en el Pantalán C en donde la había dejado atracada verificó que la puerta de acceso al camarote estaba forzada, las cañas de pescar y otros enseres fuera y con la llave falsa habían intentando arrancar la embarcación.

¿Pero cómo se había hecho con ese tipo de llave? La Policía pudo saber de la existencia de un modelo que permite arrancar todos los motores Yamaha y fue precisamente el que empleó el ahora condenado. El empleo de esa llave falsa ha sido corroborada aunque se desconoce dónde se pudo adquirir.

Los agentes del CNP declararon que vieron cómo el acusado manipulaba el motor de arranque y al solicitarle la documentación de la embarcación ofreció versiones contradictorias por lo que se procedió a su detención y a esclarecer toda la trama.

El acusado ni siquiera acudió a la vista oral celebrada para intentar ofrecer una versión alternativa.

En sentencia se concreta que la acción de O.A.H. no puede encuadrarse en un delito de hurto o de robo de uso por cuanto el objeto material de estos tipos delictivos es un vehículo a motor o ciclomotor ajeno quedando excluidas las embarcaciones.

El delito por el que se le condena contempla un arco de 1 a 3 años de prisión, imponiéndose en este caso una pena inferior en uno o dos grados al tratarse de una tentativa. No se aplica el mínimo que serían 3 meses debido a los daños que produjo en la embarcación.

Tendrá que demoler su vivienda ilegal si no quiere entrar en prisión

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta condenó al llamado B.E.H.Z.M. por un delito contra la ordenación del territorio.
El acusado reconoció los hechos y aceptó la pena de 1 año de prisión así como el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros. Además se le inhabilita durante el periodo de 12 meses a trabajar en cualquier oficio que tenga relación con la construcción.
No entrará en prisión siempre y cuando cumpla con la demolición de la obra ilegal en un plazo de 2 años. De no llevar a cabo esa exigencia, el acusado entrará en la cárcel y el Ayuntamiento podrá llevar a cabo estas labores de forma inmediata.
Los hechos a los que se hizo referencia en esta conformidad ocurrieron el 24 de enero del año pasado. Inspectores de la Unidad de Costas del Servicio de Vigilancia de Costas se personaron para realizar una inspección en la zona del Recinto Sur y pudieron comprobar que entre el 6 de octubre de 2021 al 24 de enero de 2022 el acusado realizó una obra de manera ilegal.

La obra se realizó por el acusado siendo consciente de que carecía de la licencia

Tiene su morada en una vivienda situada en el Recinto, que ocupa el dominio público marítimo terrestre, llevando a cabo allí una ampliación al realizar otra habitación con bloques de hormigón, un muro de mampostería y una más con el mismo material y techo forrado.
La mencionada obra se realizó por el acusado siendo consciente y a sabiendas de que carecía de la correspondiente licencia y en un terreno calificado como de dominio público marítimo terrestre.
El acuerdo previo entre las partes evitó la celebración de la vista oral.
Ahora se le condena a la demolición, cuyo coste de esos trabajos recaerá además sobre el propio acusado.
De todas formas, el reconocimiento de los hechos le sirvió al acusado para una reducción de la pena, ya que en un principio el Ministerio Fiscal le solicitaba 2 años y 6 meses de prisión.

Tres detenidos por amenazas graves a un vecino en el Príncipe

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta han detenido a tres personas esta madrugada en la barriada del Príncipe en el marco de un operativo llevado a cabo en busca de estos varones sobre los que pesaban requisitorias policiales de localización y arresto por amenazas graves al apodado ‘Canty’.

La intervención ha tenido lugar esta misma noche después de que un residente del barrio hubiera denunciado amenazas contra su vida. Según la versión del afectado esas amenazas ocurrieron en la madrugada del día 15 de octubre en la zona de ocio del Poblado Marinero en el interior de un local que se tuvo que desalojar tras rociar un spray de pimienta en el interior.

Posteriormente, en la tarde del domingo, los ahora detenidos se dirigieron a la casa de la madre del ‘Canty’ golpeando la puerta y amenazándola de muerte.

Un agente resultó lesionado

Dos de los detenidos lo fueron por componentes de la UPR detrás del antiguo Poblado Legionario mientras que el tercero fue detenido por integrantes de un zeta por las calles del barrio tras darse a la fuga. Durante la intervención un agente resultó lesionado.

Todos se encuentran ya en los calabozos de la sede central de la Jefatura en el Paseo de Colón a la espera de su puesta a disposición judicial. Contra ellos pesan denuncias por amenazas graves contra la vida de un vecino del Príncipe lo que llevó a la actuación policial para proceder al arresto inmediato de todos ellos.

Vecinos de la barriada habían alertado en estos días de la situación producida en este punto de Ceuta en donde la Policía mantiene presencia física visible con controles pero también otra menos perceptible y constante con integrantes de los grupos de investigación para evitar que el control conseguido en la zona se pierda.

Esta intervención se ha podido hacer tras la investigación realizada por los agentes de la UDYCO que identificaron a los autores y pudieron grabar una requisitoria de búsqueda, detención y personación en las bases de datos de la DGP por los hechos acaecidos.

Tras la desmembración de los dos grupos considerados líderes en el enfrentamiento por el control de barrios como el Príncipe o Los Rosales, en intervenciones que dieron forma a la Operación Plomo, se ha seguido actuando para detener a individuos o bien buscados por la autoridad policial o judicial por la comisión de delitos o bien por haberse visto implicados en disparos ocurridos al aire o contra viviendas.

Algunos de los detenidos se encuentran ya en prisión preventiva mientras que otros se encuentran en libertad con cargos por decisión de la autoridad judicial.

Tres meses de cárcel para un archiconocido ladrón por robo a menores

Un ladrón archiconocido por la Policía Nacional y la Justicia, llamado N.E.M., volvió a ser condenado por robo por la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta.
El acusado reconoció los hechos y aceptó la pena de 3 meses de prisión. Una pena que tendrá que cumplir de manera íntegra debido al alto historial delictivo que recoge varios robos así como un homicidio perpetrado en el año 2008.
Además, el acusado deberá hacer frente a la responsabilidad civil, cuantificada en 950 euros por los tres móviles que sustrajo en la Marina.
Los hechos a los que se hizo referencia en esta conformidad ocurrieron el 29 de abril de 2023. El acusado se encontraba en las pistas deportivas del Parque Juan Carlos I cuando, con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial, aprovechó que los 3 menores víctimas de estos hechos se encontraban distraídos jugando al fútbol junto a otros amigos para acercarse a las pertenencias que aquellos habían dejado depositadas junto al poste de la portería y sustraerlas.
Así se hizo con un teléfono móvil Samsung modelo A71 tasado pericialmente en 288 euros, un teléfono móvil Oppo modelo A15 con un valor pericial de 78 euros y un teléfono móvil Xiaomi modelo 12 con un valor de 662 euros.
Dos de los representantes legales de los menores reclamaron ser indemnizados por los efectos sustraídos, mientras que el tercero renunció a esa solicitud.
El acuerdo previo entre la Defensa y el Ministerio Fiscal evitó la celebración de la vista oral que estaba fijada para este martes en la sala de lo Penal número 1 de nuestra ciudad. El acusado se encuentra en prisión por otros hechos y deberá cumplir al menos 3 meses más por esta causa en la que él mismo reconoció haber cometido el delito.
El reconocimiento de los hechos le sirvió para una importante reducción de la pena, ya que en un principio el Ministerio Fiscal había solicitado imponerle otra de 18 meses de prisión.

Apuñalamiento en la Marina: piden internar 12 años al menor implicado

La Fiscalía de Ceuta y la Acusación Particular piden medidas de internamiento para el menor implicado en el grave apuñalamiento que se produjo esta pasada Feria en la Marina. Está considerado como el autor material de las puñaladas.
La diferencia radica en lo elevado de una u otra calificación ya que si la Fiscalía de Menores solicita 4 años de internamiento la Acusación Particular eleva su petición a 12.
Así se desprende de los informes de una y otra parte a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta y en los que no se deja lugar a dudas sobre la participación del llamado R.M.H. -con 17 años en el momento de los hechos- en las graves lesiones ocasionadas a dos jóvenes de nuestra ciudad que se encontraban junto a varios amigos en una de las fuentes del paseo de la Marina tras pasar una noche de feria.
En el caso de la Fiscalía se considera clara la participación del joven en los sucesos ocasionados en la madrugada del 31 de julio de este año. Se encontraba junto a 3 adultos que fueron detenidos por la Policía Nacional y que se encuentran en libertad con cargos desde entonces a la espera de juicio en el Penal. Para ellos todavía no existe petición fiscal.
Según la Fiscalía, por motivos desconocidos y con ánimo de menoscabar su integridad corporal R.M.H. atacó a las víctimas haciendo uso de arma blanca. Se aprovechó de su pertenencia a un grupo en el que se habría actuado de mutuo acuerdo para causar las lesiones.
Desde su detención, a las horas del suceso, el menor está en Punta Blanca y según la Fiscalía es responsable de dos delitos de lesiones con agravante de abuso de superioridad.
Por cada uno de ellos pide 2 años de internamiento (es decir 4 en total) de los que solo los últimos meses deben ser en régimen de libertad vigilada.

Para los 3 adultos detenidos no hay informe todavía de la Fiscalía

Para la Acusación Particular la actitud de este joven fue más grave y por eso pide penas de internamiento acorde a dos delitos de homicidio en grado de tentativa. Subsidiariamente contempla la existencia de dos delitos de lesiones con agravante de abuso de superioridad.
La Acusación Particular mantiene la existencia de uno u otro y pide que por cada uno de los dos delitos se imponga una pena de 6 años de internamiento (12 en total), medida complementada con un periodo de libertad vigilada de 5 años por cada uno.
Además solicita indemnización para los perjudicados de acuerdo con las heridas que sufrieron, en un caso de 16.210 euros y en otro 30.000.
Para el letrado que defiende los intereses de las víctimas, el joven fue quien haciendo empleo de arma blanca agredió a las víctimas provocándole lesiones de las que tuvieron que ser tratados en el Hospital Universitario.
Aquellos hechos provocaron una gran conmoción ciudadana. Primero por las formas empleadas: participación de un grupo que arremete contra unos jóvenes porque sí, sin haber discusión previa y de manera brutal. Segundo por el momento en que se produjo, en plena Feria aunque la agresión se produjera fuera del recinto ferial.
La intervención policial fue bastante rápida consiguiéndose la detención en cascada de todos los implicados en este suceso. El menor había sido identificado previamente dentro del recinto ferial esa misma noche lo que ayudó a dar con él.
Además le constaba una detención previa por su presunta relación con la quema de un coche de policía local, este caso quedó finalmente archivado al no probarse su relación con los hechos.

En detalle

Qué sucedió: madrugada del 31 de julio

Unos jóvenes salen del recinto ferial de regreso a sus casas y se paran en la fuente ubicada al final de la Marina, casi a la altura de los Baños Árabes. Es allí en donde, sin razón alguna y sin discusión previa, se produce el ataque. Los vídeos difundidos por redes sociales grabados por testigos de los hechos además de la investigación desarrollada por la Policía fue determinante a la hora conseguir la práctica de arrestos lo más rápido posible, esclareciéndose lo sucedido para apoyo también a los afectados y sus familias.

Justicia: a disposición judicial

Las decisiones judiciales fueron distintas. Así en el caso de quien por entonces era menor se acordó el internamiento en Punta Blanca, considerándose autor material de las puñaladas realizadas con arma blanca tipo navaja. En el caso de los tres adultos detenidos se procedió a su puesta en libertad con cargos. Respecto de ellos no hay todavía calificación del Ministerio Fiscal y los hechos están judicializados en el número 2. Siguen cauces distintos, uno por el Juzgado de Menores y otro terminará en uno de los Penales.

La Fiscalía pide prorrogar la instrucción de la causa por abusos de Guerrero

La Fiscalía de Ceuta ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, que lleva la causa por presuntos abusos sexuales de menores que mantiene a Javier Guerrero en prisión provisional desde enero, que prorrogue el plazo para completar la investigación sobre los hechos por los que se le podrían exigir responsabilidades penales, ya que, entre otras diligencias pendientes, la Guardia Civil todavía no ha aportado su informe con el análisis de los dispositivos móviles y terminales informáticas intervenidas al exconsejero de Sanidad.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita comenzó a investigar a Guerrero en primavera del año pasado y en mayo caducó el primer periodo de 12 meses de instrucción que prevé la legislación. Entonces el magistrado competente autorizó una extensión de medio año que ahora el Ministerio Público le ha pedido que replique para completar la causa.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa” y que “si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses”.
Las prórrogas se debe adoptar mediante auto donde se expongan “razonadamente” las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como “las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación”. En su caso, la denegación de la prórroga también se tiene que acordar mediante resolución motivada.

En prisión provisional

Guerrero fue detenido en su domicilio a primera hora de la mañana el pasado 11 de enero y el juez instructor de la causa ordenó dos días después tras tomarle declaración su ingreso en prisión provisional por presuntos abusos sexuales sobre niños migrantes solos menores de edad a través de comportamientos documentados por los investigadores del Instituto Armado durante meses.
A finales de marzo la Audiencia Provincial ratificó su privación de libertad al apreciar que existía riesgo cierto de que intentase eludir la acción de la Justicia (sobre todo una vez que pidió la jubilación nada más quedar preso), que tuviera la tentación de manipular pruebas (fundamentalmente testificales) o incluso de reiterar conductas delictivas.
A esta causa principal se han sumado varias paralelas también penales que tienen a Guerrero como investigado por coacciones y conspiración de lesiones y por injurias y calumnias.

Guerrero sale de prisión obligado a firmar cada 15 días en un Juzgado

Diez meses y una semana después, el exconsejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta encarcelado el pasado 13 de enero investigado por abusos sexuales a menores extranjeros no acompañados, Javier Guerrero, ha salido a última hora de la tarde de este lunes del Centro Penitenciario Puerto II (Cádiz), en cuyas puertas le esperaban dos familiares directos. Entre otras obligaciones a partir de ahora tendrá que acudir a firmar cada dos semanas al Juzgado donde fije su residencia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 que dirige la causa abierta hace año y medio ha dictado este lunes por la mañana el auto de fianza bastante que ha validado la entrega de los 100.000 euros que le exigió la semana pasada para eludir la situación procesal de prisión provisional en la que continúa y tramitar su puesta en libertad.

Al filo de las 18.00 horas el agente judicial ha llegado a la cárcel y aproximadamente una hora y media después, tras cumplimentar todas las gestiones pertinentes, Guerrero ha quedado libre con varias medidas aseguradoras para que no pueda eludir la acción de la Justicia.

Entre ellas se encuentra la prohibición de salida del territorio español (deberá entregar su pasaporte en el plazo máximo de tres días desde que esté en libertad y no podrá obtener otro), la orden de presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado de Instrucción de su domicilio y la obligación de fijar un teléfono en el que pueda ser localizado inmediatamente.

También estará obligado a comunicar cualquier cambio de su domicilio y a indicar una persona para que reciba cualquier tipo de notificación, citación o emplazamiento que se le haga.

El magistrado ha valorado para aceptar ahora su salida de la cárcel (la rechazó en marzo, como la Audiencia) que tras diez meses en prisión ha desaparecido el riesgo de destrucción de fuentes de prueba, así como el de reiteración de la conducta delictiva que se le imputa al encontrarse los menores víctimas fuera de la ciudad.

Condenados por causar daños en una embarcación en el deportivo

Dos vecinos de Ceuta han sido condenados por un delito leve de daños tras acceder en septiembre de 2022 al puerto deportivo y causar desperfectos en una embarcación.

Los llamados M.Ch.M. y O.A. han aceptado una pena de 3 meses de multa con una cuota diaria de 5 euros a lo que se añade el abono de 431 euros en concepto de responsabilidad civil.

La condena fue alcanzada por conformidad entre las partes y dictada in voce por la titular del Juzgado de lo Penal número 1.

La pareja actuó junto a un menor y un cuarto individuo declarado en situación de rebeldía. Aprovecharon la ausencia de vigilancia y la nocturnidad para acceder al pantalán C, atraque número 40, y violentar el barco.

Los hechos probados en una escalada de robos

Ha quedado probado que forzaron el acceso de la embarcación, causaron daños en el cierre, cables y baterías, además de tiradores y conectores. Este suceso se enmarcó en un periodo de continuas incursiones delictivas en el puerto deportivo con la pretensión de hacerse con embarcaciones para emplearlas en el tráfico de inmigrantes o de drogas.

La víctima descubrió los daños causados tras regresar de la Península, alertado como estaba por los destrozos y robos de embarcaciones que se producían en el puerto deportivo carente de una vigilancia adecuada.

Las quejas de los usuarios

Los usuarios del deportivo exigieron mayor seguridad en un espacio sin vigilancia constante y en donde ya no está la Guardia Civil. Mostraron sus quejas por la incursión de personas ajenas al recinto que terminaban o bien robando o bien provocando daños. Incluso se produjeron quemas de motos de agua y phantom.

Los dueños de las embarcaciones pagan sus tasas para tener los barcos protegidos y se encuentran con que a cualquier hora del día pueden ser víctimas en sus propiedades.

Condenado tras robar ropa usando tijeras de podar y empujar a una dependienta

El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta condenó a M.O. por un delito de robo con violencia, otro de desobediencia y un delito leve de lesiones.

El acusado reconoció los hechos y aceptó la pena de 2 años de prisión por el robo con violencia, 6 meses multa a razón de 4 euros diarios por un delito de desobediencia y un mes de multa a 6 euros por el leve de lesiones. Además tendrá que abonar la cantidad de 210 euros a la víctima.

Los hechos a los que se hizo referencia ocurrieron en agosto de este año. El acusado, sobre las 17:35 horas, guiado por el fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito, fue sorprendido en el probador del establecimiento Inside en el paseo del Revellín por una dependienta. Estaba manipulando el sistema antirrobo de varias prendas con unas tijeras de podar.

En ese momento, el ahora condenado dio un fuerte empujón a la empleada cayendo la misma al sueño. El acusado logró huir del establecimiento portando las prendas sustraídas, siendo localizado momentos después por agentes de la Policía Nacional en la zona de las escolleras.

En ese lugar, el acusado estaba cortando las alarmas cuando se percató de la presencia de los agentes y mostró las tijeras en dirección hacia los agentes, teniendo los mismos que requerirle para que  depusiera su actitud y dejara el arma en el suelo en varias ocasiones, consiguiendo finalmente reducirle.

Los agentes actuantes hallaron en poder del acusado los efectos sustraídos en la tienda, pero inservibles ya para su venta: una camiseta de manga corta de color blanco y otra de color dorado con serigrafías en tonos marrones sin que se hayan recuperado otras dos prendas. El valor de todas ellas asciende a 65,96 euros.

Como consecuencia de la agresión a la empleada, sufrió lesiones consistentes en dolor dorsal agudo y dolor en quinto dedo de la mano derecha.