El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque (Cádiz), a petición de la Fiscalía, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal de los únicos 6 detenidos en la operación desarrollada por el GRECO Costa del Sol en Ceuta que han sido puestos a disposición judicial esta mañana, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales. La causa está declarada secreta.
En total, hubo nueve detenidos en la operación llevada a cabo este miércoles, que fue adelantada por El Faro de Ceuta, pero tres fueron puestos directamente en libertad por parte de la Policía Nacionaly están investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los otros seis han pasado a disposición judicial hoy jueves después de que fueran trasladados en la noche de ayer a la Península.
A lo largo de esta mañana han prestado declaración ante el titular del Juzgado de San Roque, de donde han partido las investigaciones, dictándose autos de entrada en prisión para todos ellos. La causa sigue protegida bajo secreto de sumario porque la investigación no ha terminado. De los seis detenidos, tres son de Ceuta y forman parte de los arrestados en nuestra ciudad en los operativos que se llevaron a cabo en viviendas de calle Sevilla, Linares y Pasaje Recreo.
La investigación ha sido desarrollada por el GRECO Costa del Sol que contó con apoyo de las unidades de la Policía Nacional de Ceuta para entrar en todas las viviendas objeto de entrada y registro de forma exhaustiva. De todos los detenidos en total -tanto en nuestra ciudad como en la Península-, tres fueron puestos en libertad a las horas y de los 6 que se han presentado ante el juez, tres son de Ceuta.
La operación puesta en marcha por la Policía Nacional este miércoles en Ceuta está coordinada por el Grupo de Respuesta Especializada al Crimen Organizado (GRECO-Costa del Sol) cuyos agentes, bajo mandamiento de un juzgado de San Roque, ejecutaron las entradas y registros en varias viviendas y locales ubicados en la calle Sevilla, el Pasaje Recreo y calle Linares. Componentes de distintas unidades adscritos a la Jefatura Superior de Ceuta se desplegaron en todos estos puntos, para intervenir a la vez tanto en el decomiso de abundante material como en la práctica de las detenciones, entre ellas las de dos matrimonios. Los delitos que están bajo investigación, según la información a la que ha tenido acceso El Faro de Ceuta, son los de blanqueo de capitales, contra la salud pública (tráfico de drogas) y pertenencia a organización criminal.
Tras el traslado a la Jefatura Superior de al menos cinco personas (el número no se ha cerrado de manera oficial porque el operativo continúa abierto), en el mismo día de ayer dos quedaron en libertad, mientras que el resto continúa bajo detención hasta su puesta a disposición judicial. Lo serán ante la autoridad de San Roque, no en el juzgado de Ceuta, ya que la investigación la está llevando a cabo ese juzgado y está siendo centralizada desde allí.
La intervención policial dio comienzo a primera hora de la mañana, después de toda una noche concretando los operativos para disponer de todos los grupos que debían actuar en los distintos puntos señalados para el despliegue: una vivienda ubicada en la calle Sevilla, otra en Pasaje Recreo y una última en la calle Linares con otros inmuebles.
Al menos dos personas, ambas mujeres, fueron puestas en libertad tras su traslado inicial a la Jefatura
Durante varias horas se llevaron a cabo registros exhaustivos y no fue hasta prácticamente las nueve de la mañana cuando se procedió a sacar a los detenidos de las viviendas para proceder a su traslado a la sede del Paseo de Colón. Los últimos en salir fueron los detenidos en la calle Sevilla.
Junto a las personas arrestadas por su presunta relación con estos delitos, los efectivos de la Policía Nacional decomisaron abundante documentación y material. Efectivos de Seguridad Ciudadana (UPR) garantizaban la seguridad en los exteriores de los puntos objeto de intervención policial, requiriéndose también la presencia de los guías caninos con sus canes especializados en la detección de sustancias u objetos para lo que han sido entrenados de manera específica. Agentes de la Jefatura de Ceuta de distintas unidades cooperaron con los que dirigían la investigación, desplazados específicamente desde la Península.
Parte del despliegue policial -ya en su finalización- coincidió con la mayor presencia de personas en la calle, que se convirtieron en testigos improvisados de lo que estaba sucediendo, prácticamente en directo.
Las detenciones se fueron practicando bajo la atónita mirada de los vecinos
Los agentes iban sacando de las viviendas lo decomisado y posteriormente hacían lo propio con los detenidos, mientras los vecinos de las viviendas próximas asistían a una intervención que se llevó a cabo bajo el más puro hermetismo. El hecho de que la investigación viniera de fuera y que los que llevaban el peso de la misma fueran agentes desplazados de la Península dotaba de mayor secretismo a un operativo que continúa abierto por lo que no se descartan más arrestos, también en la Península que es de donde parte la matriz del caso.
Presumiblemente la puesta a disposición judicial se lleve a cabo este mismo viernes, ya que será en San Roque donde declaren los detenidos, con asistencia letrada, para responder de los delitos con los que se les relaciona. La investigación lleva meses trabajándose pero no fue hasta el día de ayer cuando se decidió llevar a cabo la fase estelar de la misma, traducida en la práctica de los arrestos encadenados.
En la misma mañana de ayer ya se dio orden de puesta en libertad de dos mujeres, mientras que el resto va a ser trasladado a la Península junto al material intervenido que será puesto a disposición del magistrado titular del juzgado que lleva la instrucción.
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha condenado a una multa de 30 días con una cuota diaria de tres euros (es decir 90 euros) a la llamada N.A.M. por un delito leve de amenazas ocurrido en el Hospital Universitario en febrero de 2018. La acusada aceptó la pena fijada por conformidad entre las partes, reconociendo por tanto los hechos y asumiendo no solo el pago de la multa sino también la condena en costas. Aceptó dicha conformidad por videoconferencia.
Los hechos por los que ha sido condenada se produjeron en febrero de 2018, a las 22:30 horas, cuando la acusada fue al Hospital al no estar conforme con el diagnóstico emitido por una enfermera. Con el propósito de menoscabar su tranquilidad y sosiego le dijo expresiones tales como “como lo que le pase a la niña sea debido a los medicamentos que le recetó ayer el médico, voy a denunciarlo”, así como “dolor de garganta no, tú tienes que poner lo que yo te diga, no lo que tú digas, sois unos sinvergüenzas, yo por mis hijos mato”. Mientras decía estas frases zarandeaba una bolsa de plástico con medicamentos en su interior que finalmente terminó estampando contra la mesa de la sanitaria.
Aunque en un principio los hechos fueron calificados como un delito de atentado contra funcionario público, finalmente ha habido una modificación de la calificación inicial existiendo acuerdo entre Defensa, Fiscalía y Acusación Particular, encuadrándose los hechos en un delito leve de amenazas que se salda con el pago de la multa.
Precisamente el pasado martes, el mismo Juzgado de lo Penal dictaba otra condena idéntica por el mismo delito, amenazas que en este caso fueron a una coordinadora de enfermería del centro de salud del Recinto. Reconoció los hechos y aceptó el pago de una multa. El no abono de la misma supone la entrada en prisión.
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha ratificado el derecho a la libre circulación en todo el país de los solicitantes de asilo tanto en Ceuta como en Melilla.
El fallo, identificado con el número 508/2021 y con ponencia del magistrado Octavio Juan Herrero Pina, viene en respuesta a un recurso interpuesto por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
De acuerdo con la decisión del máximo tribunal, “el solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o en otro caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en consecuencia, no es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta (o en otro caso, Melilla)”.
La sala en cuestión analizó el recurso de casación 2478/2020, interpuesto por el abogado en representación de la Administración del Estado, contra la sentencia de 13 de diciembre de 2019, que fue dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 1485/2018, impugnando la desestimación presunta del recurso de alzada formulado contra la resolución que indicaba la incorporación en la documentación justificativa de condición de solicitante de protección internacional, una inscripción indicando «válido solo en Ceuta».
En la sentencia, el Tribunal recuerda que la admisión a trámite de la solicitud de protección internacional ha de suponer para el solicitante que existe una autorización, provisional o no, para que el solicitante pueda permanecer en territorio español.
Esto dejaría claro entonces que no hay una distinción en cuanto al lugar y que tampoco existe una limitación a una parte específica del territorio nacional. La decisión del Tribunal Superior de Justicia vendría a ser una ratificación más.
Un derecho ya confirmado el año pasado
El 29 de julio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia ya había confirmado que aquellos solicitantes de asilo, poseedores de la tarjeta roja, podían circular libremente por todo el territorio español. Sin embargo, para ese momento la alegría por la sentencia se vio opacada por las denuncias en contra de la dirección de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y la Policía Nacional por no ofrecer información clara sobre ese derecho. CEAR vuelve a dar publicidad a una sentencia que le vuelve a ser favorable.
Agentes de la Policía Nacional se han desplegado esta mañana en la barriada del Recinto y su entorno, llevando a cabo registros exhaustivos y detenciones en distintos puntos de esta zona de Ceuta, en concreto en la calle Sevilla, Pasaje Recreo y calle Linares. En el operativo están participando decenas de componentes de distintas unidades del Cuerpo Nacional de Policía y también efectivos desplegados de la Península, bajo mandamiento de una investigación que parte de un juzgado de San Roque.
Las entradas y registros se han llevado a cabo desde primera hora de la mañana, blindando de hecho los accesos hacia los puntos en donde los policías procedían a intervenir para evitar el tránsito de vehículos y personas que pudieran entorpecer la operación. No ha trascendido el motivo de dicho operativo en donde interviene Seguridad Ciudadana (UPR) y Policía Judicial, entre otros, pero podría estar relacionado con el blanqueo de capitales, delito vinculado directamente al tráfico de drogas. Hay varias personas detenidas, en concreto tres en Pasaje Recreo, dos en Linares y tres en calle Sevilla, según los datos que han podido ser conocidos por este periódico.
En los registros al detalle llevados a cabo desde primera hora de la mañana han intervenido agentes de los guías caninos con perros para hacer rastreos en el interior de las casas en las que ha entrado la Policía. Desde la Jefatura Superior no se confirman más datos que la puesta en marcha de una operación en la que hay implicación de componentes de la Península a la hora de canalizar las investigaciones puestas en marcha que se han traducido en el desarrollo de este operativo y el despliegue de todas las unidades, a la vez, en los puntos que han sido objeto de la intervención policial.
Además de las detenciones -que como mínimo son ocho- se ha procedido al decomiso de abundante material del interior tanto de las casas registradas como de trasteros en los que se han llevado a cabo estas actuaciones. Los vecinos de las viviendas próximas se han despertado con el operativo, el amplio despliegue de la Policía que ha movilizado a decenas de agentes para coordinar, sin incidencias, todas las actuaciones. Los arrestados serán trasladados a las dependencias de la Jefatura Superior para sus posteriores interrogatorios antes del traslado a dependencias judiciales.
Un traslado que se llevará a cabo de forma gradual, en un espacio en el que, confía, puedan repartirse las sedes ahora dispersas. “Me ha parecido un edificio que está bastante bien, que cumple las expectativas para uno digno, con las condiciones que ahora no tienen los Penales, la Audiencia ni los juzgados de lo Contencioso. Me han comunicado que para julio esperan terminar y en septiembre empezaría ese traslado”, ha avanzado Del Río, quien ha reconocido los retrasos sufridos en una obra que debía haber terminado en 2017, pero lo hace en 2021. Precisamente ese retraso lo ha venido reflejando en cada memoria anual que emite el TSJA.
Hay alguna reducción de espacio que sufrirán sedes como la de la Audienciapero no “muy significativa, se puede ubicar de correcta. Hay que pensar en el edificio que tenemos, que no es uno de nueva construcción y hay que adaptarse. Quedará bien, se ha previsto una sala del jurado perfectamente habilitada y un despacho para magistrados”, ha apuntillado, descartando que, por ejemplo, vaya a ir en este lugar la sede de la Abogacía del Estado como se había valorado sobre plano y todavía se mantiene por parte del Ministerio.
Del Río ha valorado el trabajo hecho en Ceuta en periodo de pandemia por toda la clase judicial, habiéndose solventado problemas para evitar la suspensión de juicios. Sí que ha habido problemas informáticos, de comunicaciones… “que son asuntos en los que debemos trabajar. Tenemos que contar con medios tecnológicos que ahora mismo no se tienen”, ha apuntillado.
Con el cierre de la fronteraha habido disminución de determinados asuntos por lo que se ha podido aligerar el trabajo atrasado; aunque por el contrario, con la finalización del estado de alarma, en septiembre se espera que haya más trabajo en el Juzgado de lo Social y en el Juzgado de lo Mercantil.
Criterios dispares del TSJA en cuanto a medidas restrictivas
El presidente del TSJA ha sido crítico en cuanto a la situación en la que quedan los tribunalesdespués de caer el estado de alarma, ya que se les ha obligado a hacer una gestión puramente política atendiendo las peticiones de las distintas comunidades autónomas a la hora de imponer cierres perimetrales o toques de queda.
“Nos han obligado a convertirnos a nosotros en los que gestionemos el fin del estado de alarma, es una situación que a mí no me ha gustado porque hubiera preferido tener una legislación mucho más clarificadora, más potente y que no diera lugar a lo que pasa, a que los tribunales tenemos que interpretar preceptos de la ley del 86 que es un precepto abierto y obliga a unas interpretaciones distintas. Un tribunal dice una cosa, otro otra… pero porque partimos de la base que hay una gran duda jurídica, es una pena que no se haya resuelto con anterioridad. Los tribunales no deben ser los que gestionan la pandemia para eso está la clase política”, ha criticado Del Río.
De hecho en Cádiz y en Granada, por poner un ejemplo, los tribunales bajo el paraguas del TSJA han emitido resoluciones distintas a las peticiones de cierres perimetrales solicitados, lo que ha llegado a calificarse de confusión. Del Río ha preferido hablar de independencia.
“Nosotros, el TSJA tiene salas independientes, una cosa es que me duela que tribunales digan cosas distintas, pero son independientes. El problema es de base, la ley es de un concepto jurídico enorme, lleno de dudas en asuntos como el confinamiento y el toque de queda”, por lo que suceden estas cosas. “Se trata de que los jueces tengan una legislación que permita una interpretación razonable, que no tengan tantas dudas. Necesitamos una legislación no tan indeterminada”, ha zanjado.
La Inspección de Trabajo ha concluido en el último informe emitido sobre el estado de los juzgados de la calle Fernández de Ceuta -denunciados por CCOO-Justicia en mayo de 2020- la existencia de “problemas estructurales” que hacen inviable el mantenimiento de esta infraestructura judicial en condiciones dignas. Concluye que la “única solución” pasa por el traslado de las sedes judiciales al Banco de España. “Parece que ello está avanzado pero habría que tomar las decisiones en tal sentido lo más pronto posible, antes del próximo problema en los locales existentes”, recoge la Inspección.
El antiguo Banco de España está llamado a ser la ciudad de la justicia en Ceuta, pero ni su obra ha cumplido los plazos establecidos ni se sabe a ciencia cierta el tiempo que se va a seguir para el traslado. Así que si la solución, según este informe fechado hace un mes, pasa por ese traslado, la cuestión es cuándo se llevará a cabo y de qué manera para que se pueda terminar con la situación tercermundista evidenciada en tantas ocasiones a golpe de denuncia de CCOO a través de su delegación del ámbito judicial.
“Existen problemas para albergar las sedes judiciales ya existentes. Los hechos son perfectamente conocidos. El edificio es antiguo y presenta fundamentalmente dos cuestiones que lo hacen inadecuado para un trabajo administrativo normal: las arquetas de desagüe por debajo del suelo del edificio, que provoca, aunque estén selladas con cintas de plástico, humedades y malos olores, y un problema de bajantes o acumulaciones de humedades en los falsos techos y en las paredes que provocan una continua aparición de exudaciones de aguas fecales con las afecciones de hongos que ello provoca”.
Estas instalaciones judiciales se han convertido en un auténtico despropósito desde el momento en que, por ejemplo, los enchufes y tomas directas de equipos informáticos están en zonas húmedas, existiendo riesgo eléctrico o que las acumulaciones de aguas fecales causen desprendimiento de mampostería y techos. “Que el edificio esté en un bajo favorece la aparición de plagas. En las condiciones descritas, los arreglos definitivos son imposibles o de muy difícil realización. Estamos ante muchos problemas sin que se puedan solucionar”, algo que reconoce la propia empresa de conservación.
A requerimiento del inspector de Trabajo se han formulado propuestas que han sido ejecutadas, pero que no han servido para solucionar la problemática ya enquistada. “Hay que indicar que hay un hartazgo ya sobre este asunto” ya que las obras desarrolladas se convierten en meros parcheos porque las soluciones solo duran semanas.
La Inspección de Trabajo sí que reconoce la labor que hasta la fecha ha llevado a cabo la Gerencia Territorial para mejorar el asunto, sin haberse conseguido por problemas como la complejidad del asunto, autorizaciones de acceso o presupuestos de obras. “La solución puede darse con el traslado a las instalaciones del Banco de España. Desde hace algún tiempo hay obras de mejora en tal sentido. Por supuesto que ello se ha visto afectado por la epidemia Covid-19 y las limitaciones. La propia Gerencia reconoce que ello está avanzado e incluso que hay ciertas prioridades en el traslado de sedes judiciales. Tales compromisos han sido comunicados a la opinión pública. La situación es insostenible”.
Del Río se reunirá con los jueces y magistrados para conocer de primera mano la situación, necesidades y problemas que sufren en esas sedes judiciales. Está previsto además que visite la obra que se ha llevado a cabo en la sede del antiguo Banco de España y que se va a convertir en la llamada ciudad de la justicia.
Precisamente en la última memoria publicada por el TSJA se alude a “lo inapropiado” de las dependencias judiciales existentes en Ceuta. “La responsabilidad de las infraestructuras en la Ciudad Autónoma de Ceuta depende del Ministerio de Justicia. Y volvemos a reiterar, una vez más, lo que ya dijimos en memorias anteriores. La unificación de algunas sedes judiciales en el antiguo Banco de España debería haber comenzado a materializarse en noviembre de 2017 y todavía se desconoce cuándo podrá trasladarse la Sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz y distintos Juzgados de la ciudad. La segunda fase de las obras de acondicionamiento del edificio del Banco de España fueron adjudicadas en 2019, pero no hay información cualificada al respecto, en concreto sobre la fecha definitiva de terminación, los concretos órganos jurisdiccionales que se ubicarán y fecha de traslado, así como si se dedica en exclusividad a órganos judiciales, como sería lo razonable, o se pretende albergar en sus dependencias a otras instituciones”, se recoge en el documento, que fue publicado hace escasas dos semanas.
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha condenado al llamado J.G.P. a una pena de 90 euros por un delito leve de amenazas cometido contra una profesional sanitario del centro de salud del Recinto, en concreto la coordinadora de enfermería. Los hechos ocurrieron en octubre de 2019, cuando el acusado se presentó en el centro de salud en torno a las 12:00 horas y “con ánimo de entorpecer el buen funcionamiento del servicio público y de quebrar el ánimo de la enfermera” manifestó frases del tipo: “Como vaya algún enfermero o enfermera” que no le atendiera como él considerara oportuno “a mi casa no sale vivo, me da igual ir a la cárcel, a mí me da igual, yo primero mato y luego voy a la cárcel”.
De esta manera, con amenazas, quería mostrar su rechazo a la atención que poco antes, en su domicilio, había recibido un familiar, siempre según su criterio. El acusado, que se presentó ayer en el juzgado, reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta de 30 días multa con una cuota diaria de 3 euros, siendo condición obligado el pago de esa multa para no entrar en prisión. El acusado aceptó la sanción fijándose una conformidad entre las partes por lo que no fue necesaria la celebración de vista oral.
Condena en otro caso
Por otro lado, el Juzgado de lo Penal número 1 también dictó sentencia condenatoria de retirada de carné durante 8 meses y pago de una multa de ocho meses con una cuota diaria de 10 euros, al conductor de un vehículo que causó un accidente de tráfico cuando conducía bajo los efectos del alcohol.
El suceso se produjo en noviembre de 2020 en la avenida de África, cuando el acusado terminó colisionando contra otro coche, en torno a las 21:15 horas. En Instrucción reconoció los hechos por lo que se ha aplicado una atenuante. Además las compañías aseguradoras ya abonaron el montante derivado de los daños provocados en el otro turismo y se indemnizó a los ocupantes del mismo.
No fue necesario celebrar el juicio al alcanzarse una conformidad entre las partes por un delito contra la seguridad vial.
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 condenó ayer al llamado J.C.M.M. por un delito de hurto, después de que en marzo de 2017 se adentrara en el Hospital Universitario de Ceuta para hacerse con el bolso de un médico, en cuyo interior había un ordenador portátil valorado en 762 euros, unas gafas graduadas y una navaja. El acusado, que venía conducido de prisión por otra causa, reconoció los hechos aceptando una pena de 4 meses y 15 días de cárcel que debe cumplir. La sanción económica vendrá determinada en sentencia.
El ya condenado reconoció que el 1 de marzo de 2017 consiguió entrar en el HUCE y acceder a uno de los despachos ubicados en la planta de Oncología. De ahí se llevó un bolso que había dejado un profesional médico. Tras abandonar el clínico de Loma Colmenar, acudió a un local de la Almadraba para entregar esas pertenencias y obtener un beneficio ilícito. Gracias a una aplicación del portátil se pudo detectar donde estaba y el dueño del establecimiento cooperó con la Policía aclarando a quién se lo había comprado. Así se pudo dar con el acusado. Ante la magistrada reconoció los hechos, aplicándose la figura jurídica de la conformidad sin que fuera necesaria la celebración de vista oral.
Gracias a una aplicación se pudo dar con el ordenador, en una tienda
La Policía Local fue la encargada recuperar el portátil que fue lo único que apareció. La víctima informó rápidamente del robo, lo que posibilitó recuperar el ordenador que además contenía información relevante del trabajo. Se contó con un ‘apoyo’ importante: la aplicación instalada en su terminal móvil, que localizaba la ubicación del ordenador por GPS en la zona de Miramar-Almadraba, en un local.
El acusado está en prisión porque cumple pena por otra causa distinta
La víctima acompañó a los agentes hasta el lugar de donde partía la alerta, reconociendo el material robado. Tampoco tuvo la Policía que indagar demasiado ya que el propietario del local, al ver a los agentes y percatarse de la presencia policial, les manifestó que era conocedor de los motivos de su presencia, mostrando una bolsa verde que contenía el portátil y el router que había denunciado su propietario.
Lo había adquirido por 140 euros y facilitó los vídeos tomados por las cámaras de seguridad del local de quien lo había vendido.
21 meses de prisión. Esa es la pena que ha impuesto la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta al llamado O.L.M., quien en la tarde del pasado 3 de abril incurrió en un delito de atentado en pleno centro de la ciudad, en el Pasaje Mina. Consta en el relato de hechos que el delito se desencadenó cuando un agente de la Policía Nacional le requirió en la calle para que se identificara. Lejos de hacerlo, el ya condenado lanzó la bicicleta que ocupaba contra el agente impactando la misma contra sus piernas. Se inició una persecución habiendo empujones, lanzándose manotazos y, por último, llegando el acusado a morder a uno de los agentes que intentaba reducirlo. La figura jurídica de la conformidad se aplicó evitándose la celebración de juicio oral y aceptando el acusado una pena de 21 meses de cárcel a lo que se suma una multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 euros por un delito leve de lesiones. La condena se le suma a la prisión que está cumpliendo por otra causa.
Y es que al llamado O.L.M. le constan antecedentes computables a efectos de reincidencia, ya que fue condenado en sentencia firme en abril de 2020 por un delito de resistencia a 4 meses de prisión, pena que le fue suspendida por un plazo de dos años. La suspensión se le notificó el 21 de abril de 2020 y el nuevo delito lo ha cometido solo un año después.
Además cuando fue detenido le constaba una orden de puesta a disposición judicial por un delito contra la propiedad. Su arresto en pleno centro de la ciudad fue llamativo y solo 24 horas después se dictaba la orden de entrada en prisión al tener una requisitoria. Ahora se añade esta nueva pena a la del anterior delito que debe cumplir además de que tendrá que responder en juicio oral de la causa que le queda pendiente.
La figura jurídica de la conformidad evitó la celebración de vista oral al haber un acercamiento entre las partes, Defensa y Ministerio Público, para fijar la condena como finalmente fue impuesta por la magistrada: los casi dos años de cárcel a lo que se suma el abono por las lesiones de carácter leve que causó. En su arresto participó Policía Nacional y Local.
