La familia que denunció a un profesor del San Agustín: «Queremos que se haga justicia con las posibles víctimas»

El Juzgado ha apreciado posibles delitos de corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y abusos

La familia de un estudiante del Colegio San Agustín que el pasado mes de noviembre puso en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de un comportamiento “cuando menos extraño” por parte de un ya ex profesor de ese centro rompió ayer su silencio con ‘El Faro’ para instar “a cualquier persona que haya padecido o conocido” hechos o indicios de presuntos delitos de corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil o abusos sexuales como los que se imputan al investigado a “que lo ponga en conocimiento de la Justicia”.

El Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma es el que dirige la evolución de las Diligencias Previas 559/2018, que se abrieron cuando un recelo se convirtió en una alarma. “A nosotros”, han explicado desde la familia a este periódico, “nos extrañaban ciertas invitaciones a comer en restaurantes, regalos, decenas de mensajes al móvil día tras día…”.

Pese a que los denunciantes tenían cierta relación con el entorno del investigado, con notoria relevancia social en Ceuta, uno de esos regalos, caro, colmó su inquietud.

En el material informático han aparecido fotos de desnudos explícitos

“Nos pusimos en contacto con la Guardia Civil, que nos instó a acudir primero a la Fiscalía de Menores, donde a su vez nos dijeron que no podía actuar de oficio sin denuncia previa, por lo que volvimos a la Guardia Civil para poner en su conocimiento esos hechos y las fotografías que encontramos en un móvil”, han relatado.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita se tomó muy en serio la alerta y el ex docente fue detenido durante unas horas en las que, además, se registró su domicilio y se incautó material informático. De su análisis se ha derivado el hallazgo, según las fuentes consultadas, de “muchas” imágenes de contenido sexual tanto en ámbitos privados como en el escolar. De imágenes tomadas por algún menor de sí mismo se ha llegado a fotografías explícitas de desnudos en casa del imputado.

Por sede judicial han pasado ya al menos una decena de menores de edad o ya adultos que en el momento de los hechos todavía no hubiesen cumplido los 18 años. La intención de las investigaciones es determinar si a la tenencia de pornografía se pueden sumar agravantes de elaboración y/o difusión y si, además de imágenes, hubo comportamientos delictivos también físicos.

La primera familia denunciante va a recabar ahora asesoramiento jurídico fuera de Ceuta sobre la oportunidad y conveniencia de ejercer la acusación particular “con el único objetivo de que se haga Justicia, de que la pena que se imponga sea, en su caso, la que corresponda por los delitos que se hayan cometido”.

“Solo queremos que se haga Justicia con todas las posibles víctimas que haya”

Pese a su “respeto” hacia la acción de los Tribunales, una de las circunstancias que han disgustado en la gestión del caso es que “la orden de alejamiento del profesor sobre el colegio y el joven tardó cerca de tres meses en dictarse”. El ‘San Agustín’, que no es parte en la causa, rompió a finales de enero, nada más recibirla, sus vínculos con el profesor, que se encontraba en situación de jubilación parcial.

De las diligencias practicadas se han detectado “indicios fundados de la comisión, cuando menos”, de los tres delitos reseñados y la existencia de una “situación objetiva de riesgo” para el denunciante y otras posibles víctimas con las que compartiese espacio escolar.

Indicios suficientes de actos delictivos dentro del colegio

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta decidió en enero dictar una orden de alejamiento entre el profesor, el que hasta entonces había sido su lugar de trabajo (el Colegio San Agustín) y la posible víctima denunciante tras constatar la existencia de “indicios suficientes para hacer pensar que el investigado cometía en ocasiones los delitos que se le imputan en ese centro educativo”. Esa fue la “razón principal” para acordar su resolución.

Antonio López podrá quedar en libertad tras cubrir toda la fianza

La Defensa tuvo que ingresar ayer un montante en metálico después de que el resultado de los informes de sus bienes concluyera que no alcanzaban 150.000 euros

Algo más de un año entre rejas. Principal investigado en la presunta trama de compra y venta de viviendas oficiales en la operación que llevó a cabo la UDYCO bajo directrices del juzgado. Antonio López ha sido el más nombrado en el ámbito judicial y mediático en estos últimos 13 meses. Ahora, después de que la fianza haya sido verificada, ya puede salir de prisión.

Se abren las puertas carcelarias para el que fuera uno de los máximos responsable de la Vivienda, la persona a la que el Gobierno del PP había otorgado la confianza para controlar una de las áreas que más quebraderos de cabeza puede causar a un Ejecutivo.

Durante un tiempo funcionó, hasta que llegó la decisión de apartarlo. La posterior publicación de la famosa lista fantasma le convirtió en una especie de ‘apestado’ con el que ni siquiera se quería mantener contacto vía telefónica o por mensajería.

El que había sido protegido, el que había sido considerado en varias apuestas electorales del partido, empezó a ser el objetivo de todos los desprecios. La presentación de la denuncia en los Juzgados para que se investigara qué había pasado con las viviendas dio pie a la, sin duda, mayor operación policial en el ámbito político, germen de esta macrocausa judicial.

Antonio López fue el primero en ser detenido, en febrero de 2017, en su casa de Marbella. De ahí empezarían a desencadenarse más arrestos hasta llegar al medio centenar de investigados: entre presuntos intermediarios, compradores, supuestos responsables políticos… girando todos ellos en torno a la gestión de las viviendas de promoción pública puesta en el ojo del huracán y afectada ya de por vida después de la publicación de conversaciones y de la declaración de personas que han confesado haber pagado un dinero.

Una maraña de peticiones judiciales, recursos, autos y artículos periodísticos han marcado estos más de 12 meses en prisión preventiva de López, en una guerra judicial sin igual dirimida en el Juzgado de instrucción y en el máximo órgano en Ceuta: la Audiencia. Todo para conseguir que este quedara en libertad.

López cumplirá con las medidas cautelares fijadas como firmar tres días en semana

En media docena de decisiones judiciales se le negó por riesgo de fuga; después se pasó a valorar la posibilidad de que quedara libre previo pago de una fianza: 300.000 euros, una de las más elevadas fijada por la Audiencia.

De ahí se pasó a una rebaja de esa fianza a la mitad: 150.000 euros. Aun así, se ha necesitado de una tasación de esos bienes inmuebles presentados de forma imparcial que ha derivado en una disparidad de criterios que ayer mismo era saldada con el ingreso en metálico y a disposición del juzgado del dinero que, a juicio de ese peritaje, aún faltaba para alcanzar la suma fijada.

Ese dinero, algo menos de 15.000 euros, se tuvo que depositar después de la presentación de dos informes periciales encargados por el Juzgado para valorar los bienes presentados por el entorno de López para asumir esa fianza.

Un informe los tasó por encima de los 150.000 euros, otro por debajo, así que Fiscalía hizo ‘la media’ de ambos faltando ese dinero para alcanzar el montante señalado.

La Defensa de López, tras conocer este nuevo revés para lograr su puesta en libertad, ingresó esa diferencia, comunicándolo al Juzgado para lograr así que, tras más de un año entre rejas, su patrocinado pueda dejar ya la cárcel del Puerto de Santa María en breve porque lo que queda es el trámite de puesta en libertad.

El exgerente de Emvicesa deberá cumplir con su firma en el juzgado tres días en semana, ya que fueron fijadas en el auto que dictó la Audiencia para asegurar su presencia cuando se tenga que celebrar la vista judicial. Además se garantiza, con la retirada del pasaporte, que no abandonará el país, siendo estas las medidas cautelares que impuso la Sección VI.

De otra parte la que sin duda se erige en la macrocausa judicial está a punto de finalizar su instrucción, habiendo generado piezas separadas de presuntos casos de tráfico de influencias que seguirán también su desarrollo.

Cronología

La detención: 14 de febrero 2017. Antonio López es detenido en Marbella y trasladado a Ceuta 24 horas después. Empezaría así una cadena de detenciones que ha llevado a engordar una causa que tiene más de medio centenar de investigados.

La batalla judicial. La petición de libertad para López se lleva solicitando en más de media docena de ocasiones, siendo tumbada no solo en instrucción sino también en las resoluciones que dictaba la Audiencia. Así fue hasta que en enero de este año, el máximo órgano judicial decretaba en un auto su puesta en libertad pero previo pago de 300.000 euros.

Rebaja a la mitad: 12 de marzo. Se estima el recurso presentado por la Defensa, rebajándose la fianza a 150.000 euros. Ahí comienza una labor de peritaje de los bienes presentados como aval que terminó ayer con la obligatoriedad de ofrecer algo más de dinero en metálico porque no se alcanzaba la cifra con el valor de los bienes.

Investigación: una pirámide. La investigación policial se ciñe a la presunta existencia de una estructura piramidal sobre la que funcionaba la compra y venta de viviendas de promoción.

Un actor de ‘El Príncipe’ condenado a siete años y medio de prisión

Azzouz cumplirá 6 años por delito contra la salud pública y 1,5 por integración en grupo criminal

Naoufal Azzouz, alias Nono, más conocido por su papel como actor en la serie de Telecinco El Príncipe —cuya trama, precisamente, estaba basada en el mundo del narcotráfico—, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz a seis años de cárcel por un delito contra la salud pública y a otro año y medio por un delito de integración en grupo criminal.

Según informan fuentes judiciales, Azzouz fue detenido, junto a otras diez personas, en el marco de la Operación Yupi, acusado de introducir hachís marroquí a través de los esteros de Chiclana.

La Fiscalía pedía penas que abarcaban desde los cinco años y medio hasta los 16. El actor era el encargado de establecer los contactos entre la banda y los proveedores de la droga, según ha quedado demostrado.

La organización criminal fue desmantelada en 2016, en el marco de una operación policial de la Guardia Civil, que se incautó de casi cuatro toneladas de hachís, armas, vehículos —coches y barcos—, además de la detención de diez personas.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. en una comparecencia el pasado mes de junio.

La investigación se remonta a hace casi cuatro años

Fue en noviembre de 2014 cuando el equipo EDOA de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz comenzó una investigación sobre un grupo de personas que podrían estar llevando a cabo los preparativos para introducir, vía marítima, “elevadas” cantidades de hachís desde Marruecos, utilizando para ello embarcaciones de recreo y usando para la descarga de la droga un estero de Chiclana.

Tras varios meses de investigación, y según recoge la sentencia en el relato de hechos probados, se procedió en enero de 2015 al archivo provisional de la causa “al no haberse conseguido suficientes indicios que acreditasen la inminencia de algún transporte”, tras lo que, en septiembre de 2015, se reabrió la causa tras aportar el EDOA al Juzgado nuevas evidencias derivadas de vigilancias, análisis de información sobre varias personas y alijos recientes “con puntos en común que indicaban que algunos de los investigados continuaban con la actividad delictiva y estaban de nuevo preparando la infraestructura para ello”.

Asimismo, los agentes aportaron información basada en el contacto directo “del principal organizador” con un guardia civil destinado en una de las embarcaciones patrulleras encargadas de la vigilancia, entre otras, de la zona donde se encontraban los esteros.

Arrestar antes de asesinar

Un crimen por encargo que nunca pudo llevarse a cabo

El orden habitual de los sucesos ha llevado a que los delincuentes cometan primero el crimen para, después, entrar en escena una Policía que sea capaz de desandar el camino recopilando pruebas que visibilicen esa autoría. Pero hay ocasiones en las que la historia se escribe al revés: la Policía se antepone a la comisión del delito hasta el punto de evitarlo porque previamente ha reunido los indicios suficientes para ello.

Tres personas permanecen en prisión acusadas de conspiración, tenencia ilícita de armas y tentativa de asesinato después de que, en junio del pasado año, fueran detenidas por la UDYCO en el transcurso de una investigación paralela, lo que evitó que se llegara a realizar un encargo que contaba con sus autores intelectuales y su ejecutor, un joven de 19 años.

El Juzgado ha levantado ya el secreto de sumario que pesaba sobre esta causa lo que permite saber ahora cómo se gestó un crimen por encargo que iba a terminar sumando un nuevo asesinato a las crónicas de sucesos que han marcado la reciente historia delictiva de Ceuta.

Las dos coartadas fijadas para evitar la implicación en el crimen encargado

De las investigaciones policiales presentadas en el Juzgado, y tras el análisis de las intervenciones telefónicas conseguidas, se supo que el encargo para asesinar a un ceutí se llevó a cabo en la madrugada del 13 de junio.

Los protagonistas de esta acción eran dos hermanos con una enemistad manifiesta con la víctima elegida y un presunto autor material, a quien la Policía estuvo siguiendo los pasos las horas posteriores a interceptar el encargo telefónico del crimen.

Todo estaba preparado: la entrega del arma, la fecha del crimen y la coartada. “La acción debía ejecutarse antes de que” uno de los presuntos autores intelectuales del crimen “regresara de la península, lugar al que se había marchado para establecer una coartada y no ser vinculado con el asesinato”.

El presunto sicario iba a recibir “una importante cantidad de dinero” por este acto. “Vas a pasar un buen verano a costa de la gente”, es el mensaje recogido por la Policía en una intervención y es el que consideran como la ‘frase encubierta’ para referirse al encargo del asesinato.

El nivel de las conversaciones iba en aumento así como la tensión recogida de unas confidencias que llevaban a un único final: una persona iba a morir a disparos y esos disparos tenían fecha y precio.

“En la noche del 17”, días después de interceptarse el mensaje, “la investigación llevó un cambio significativo”, dice la UDYCO en su informe presentado en el Juzgado. Había nervios porque quien debía ejecutar la acción se había marchado a la península y, a pie de calle, seguían las enemistades entre familias, auténtico leit motiv de la agresión que pretendía desencadenarse.

“Él va a tener su problema”, se comunican entre los dos hermanos, garantizando que el asesinato no solo se iba a cometer sino que, en el momento de llevarse a cabo, cada uno tendría su coartada.

Uno, estando en la península; otro, pasando toda la noche en un salón de juegos con el objeto de ser captado por las cámaras. La fecha estaba marcada en rojo: el día 18.

El presunto sicario viajaría esa misma noche de Algeciras a Ceuta para proceder al encargo, pero esa ‘jornada D’, nada más desembarcar en la ciudad, sería detenido por agentes de la UDYCO para, de seguido, acudir a registrar su domicilio e intentar conseguir la prueba erigida en clave de esta historia escrita desde un final para evitar un principio no deseado: las armas.

En la entrada y registro de su casa ubicada en La Reina, la Policía encontraría un arma y munición escondidas en una caja dentro de un armario, además de una escopeta, hachís, otra caja que contenía una pistola modelo Brownin, tres cartuchos reales y 9 de fogueo así como un silenciador. Junto a las armas se halló un chaleco antibalas, un bate de béisbol, un puño americano y unos grilletes.

Todo un arsenal preparado y, a juicio de los investigadores, listo para ser empleado esa misma noche en la que se iba a escribir la comisión de un nuevo crimen en la ciudad.

Arrestado el presunto ejecutor, esa noche su teléfono no dejó de recibir llamadas perdidas, signo de “que estaban esperando la confirmación de que había realizado el trabajo-encargo”, aumentando su enojo “al creer que lo había dejado tirado con la misión” cuando lo cierto es que estaba entre rejas.

Después se procedería al arresto de los considerados autores intelectuales. Uno, a su llegada a Ceuta, otro ya en la ciudad. Ambos niegan tener algo que ver con el encargo ante una hilera de indicios ya judicializados.

El cruce de investigaciones que llevó a un suceso inesperado: tres caminos distintos de un origen

Llegar hasta lo que terminó siendo un suceso pretendido formó parte de un camino investigador que terminó dividiéndose en tres salidas, porque de los seguimientos a las personas que estaban detrás de la quema de vehículos propiedad de agentes de la UDYCO se llevó al conocimiento de que se estaba encargando, preparando y gestando un asesinato.

A esto se sumó otra investigación distinta por tráfico de inmigrantes en motos de agua. Todos estos casos están judicializados y distribuidos en piezas distintas con conclusiones diferentes.

Para la Jefatura Superior, lo realmente importante de esta historia es que se evitó que asesinaran a una persona y se enlazaron una serie de datos que venían a sostener esta idea.

Algo que se encargarán de negar las Defensas de los tres investigados, a los que les toca desmontar toda esta teoría que nació de unas escuchas, que pasó por el hallazgo de material apto para la comisión de delitos y terminó conociendo en qué podía haber terminado una disputa entre familias de la misma barriada que quería zanjarse con el lenguaje de las balas.

Los tribunales de Ceuta cerraron el año pasado con 4.316 asuntos en trámite

Casi 10.000 procedimientos en el ámbito de la jurisdicción penal

Los tribunales de la ciudad autónoma cerraron el año pasado con 4.316 asuntos en tramitación, una cifra ligeramente inferior a la de doce meses atrás (4.547) después de ingresar durante todo 2017 más de 15.000 causas, dos tercios (9.878) adscritas a la jurisdicción penal y 3.668 a la civil.

La Contencioso-Administrativa recibió 1.462 casos y la Social solo 625, según la estadística que acaba de publicar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Todos estos números involucran al Juzgado de lo Mercantil, al de Violencia de Género, a los seis de Primera Instancia e Instrucción, al de Menores, a los dos de lo Penal, al de Vigilancia Penitenciaria, dos de lo Contencioso-Administrativo, uno de lo Social y a la Audiencia Provincial, un total de catorce.

De acuerdo con la estadística del CGPJ, la media de asuntos ingresados por cada uno supera los 1.116 y la de temas resueltos se sitúa en 1.025, con lo que la media de casos pendientes es de 308,2.

El análisis de los procedimientos abiertos al final del año pasado revela que son casi tantos en la jurisdicción civil (1.735) como en la penal (1.667), quedándose en 529 los pendientes de la Contencioso-Administrativa y en 385 los de la Social.

Los temas resueltos el ejercicio pasado lo fueron, sobre todo, a través de autos (6.438). Se dictaron un total de 4.926 sentencias y 1.718 decretos.

La tasa de sentencia local (el cociente entre su número y el de asuntos resueltos) es de 0,34 y la de pendencia en 0,3. Este último valor se identifica con el cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo.

Su principal finalidad es “permitir la comparación de la pendencia de órganos, territorios, o jurisdicciones, o de estos a lo largo del tiempo”.

Las regiones que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional (126,1 asuntos por cada mil habitantes) fueron Canarias (164,5), Andalucía (145,1), Islas Baleares (138,6), Cantabria (129,6), Asturias (128,7) y Murcia (128). La más baja se dio en La Rioja (85,4) y el País Vasco (93,5).

La Audiencia resuelve más de lo que recibe en las 2 jurisdicciones

La tasa de resolución de los tribunales es el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en un determinado periodo.

Sirve para poner en relación el volumen de ingreso con la capacidad resolutiva, con lo que un órgano, territorio o jurisdicción está en mejor situación cuanto mayor sea su tasa de resolución.

Si es mayor que uno, indica que se esta resolviendo mas de lo que ingresa.

En términos generales, la de los tribunales de Ceuta está por debajo, concretamente en 0,90. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz sí está por encima de uno, concretamente en 1,09 en lo que atañe a la jurisdicción civil y en 1,06 en lo referente a la penal.

El Juzgado de Menores muestra el mejor indicador de todos (1,14). El peor se atribuye, sin embargo, al de lo Mercantil (0,4), cuya tasa de congestión se dispara hasta 3,75, por detrás de los de Instrucción en la jurisdicción civil (0,7).

En la penal, los Juzgados de Primer Instancia alcanzan un 0,94, como el de Violencia contra la Mujer, ligeramente más bajo que la tasa de los Juzgados de lo Penal (0,99).

En los Juzgados de lo Social la tasa de resolución es de 0,8 y la de congestión (un órgano, territorio o jurisdicción está en mejor situación cuanto menor sea), de 2, bastante por encima de la media de todos los tribunales de la ciudad autónoma (1,41).

Suspenden su juicio y muestra una actitud violenta en el Juzgado

Gritos de enaltecimiento del terrorismo

La decisión de la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de suspender su juicio tras constatarse la existencia de antecedentes penales, no sentó demasiado bien al acusado, N.A., que mostró una actitud violenta, llegando incluso a amenazar a los presentes y a lanzar gritos de enaltecimiento del terrorismo.

Instantes antes de celebrarse la vista, se adjuntó un nuevo documento que confirmaba los antecedentes penales del acusado, lo que también implicaba un aumento de la petición de pena del Ministerio Público, de dos a tres años de privación de libertad.

Este nuevo dato hacía también necesario posponer el juicio hasta nueva fecha y fue entonces cuando N.A., que ya cumple prisión preventiva, adoptó una actitud violenta hacia los agentes de policía que lo custodiaban, impidiendo que se lo llevaran de los Penales para devolverlo al centro penitenciario.

El acusado también ha lanzado mensajes amenazadores contra los allí presentes y ha continuado su actitud agresiva mientras lo trasladaban al exterior del edificio.

Ha sido incluso necesaria la intervención de los dos vigilantes de seguridad del Juzgado para intentar reducir al acusado que, sin embargo, no cejó en su actitud agresiva y golpeó en varias ocasiones el mobiliario urbano del edificio.

Alertados por los gritos, los funcionarios acudieron a comprobar el origen del alboroto, mostrando su indignación cuando el acusado profirió amenazas a todos los presentes mientras exaltaba el terrorismo.

Los hechos por los que se juzgarán a N.A. transcurrieron entre las 22.20 horas del 23 de noviembre de 2011 y las 8.15 del 24 del mismo mes cuando el acusado acudió al Centro de Educación Especial FEAPS, situado en la barriada de Juan Carlos I y sirviéndose de una sábana accedió a la segunda planta, en la que sustrajo cinco ordenadores, una pantalla, impresoras láser y de inyección, una cámara de fotos y otra de vídeo, artículos valorados en 2.966 euros.

Publicado el convenio para los planes de empleo en los órganos judiciales de la Ciudad

Se acordó a finales de octubre y ha sido publicado en el BOE hoy

El convenio de colaboración entre la Ciudad y el Ministerio de Justicia para la puesta en marcha de los planes de empleo en los juzgados ceutíes ya es público. Lo ha difundido hoy una resolución de principios de mes publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Se trata de un convenio que se propuso el año pasado a la Gerencia de Sevilla a instancias de CCOO-Justicia. El sindicato exigía entonces poner en marcha esta fórmula de colaboración tal y como se está llevando a cabo en la Ciudad Autónoma de Melilla.

El objetivo del convenio es que ambas instituciones desarrollen los Planes de Empleo de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo «mediante la puesta en común de medios personales y materiales para apoyar las necesidades de clasificación e inventario de la documentación generada por la Administración de Justicia en Ceuta».

La iniciativa también busca impulsar una mayor implantación de la tecnología y de lo audiovisual en el ámbito de la justicia. El acuerdo, publicado formalmente hoy, se suscribió a finales de octubre del año pasado.

Visto para sentencia un caso por presunta estafa con una línea telefónica

La acusación pide la absolución de su representado por no encontrar pruebas de cargo que demuestren su culpabilidad

El Juzgado de lo Penal número 2 ha dejado visto para sentencia un caso de presunta estafa a través de una línea telefónica.

El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio y la defensa, por su parte, ha pedido la absolución de su representado por falta de pruebas fundamentales para señalar que su patrocinado es el autor criminal del delito que se le imputa.

Los hechos se remontan a un periodo comprendido entre abril y septiembre de 2012. En esos meses, se acusa a R.A.M. de contratar una línea telefónica con la compañía Movistar, para la que aportó todos sus datos bancarios y de domicilio, pero inscribió en la titularidad de la línea a J.M.M., compañero de trabajo y denunciante en la causa.

El denunciante desconocía que la línea telefónica estaba a su nombre

Según se redacta en la denuncia, J.M.M. desconocía que el acusado hubiera puesto una línea de teléfono a su nombre, pero tras no abonar las mensualidades por el uso de dicho servicio, la compañía telefónica le reclamó a él el impago, ya que figuraba como el titular de la línea, aunque el cargo de las facturas se hacían a una cuenta bancaria propiedad del acusado.

Estas inconsistencias en la contratación de la línea son la clave por la que la defensa ha pedido la absolutoria para su patrocinado, ya que la compañía telefónica no ha aportado el contrato original de la línea y se desconoce por qué ésta estaba puesta a nombre de una persona que ni residía en el domicilio ni tampoco disfrutaba del servicio, ya que la línea estaba registrada en el domicilio del acusado y los cobros se hacían a la cuenta de éste mismo.

Además, la defensa ha destacado que el acusado culpa de esta estafa a su propio hermano, quien presuntamente convivía en la vivienda durante ese periodo de tiempo en el que se produce la contratación de la línea y el impago de las cuotas.

Al no poder probarlo y sin contar con pruebas de cargo, la defensa ha reiterado la absolución de su defendido, aunque la acusación particular insiste en proceder con la denuncia.

El Ministerio Fiscal se ha pronunciado considerando que no hay pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado, ya que al no contar con el contrato original de la compañía, ni tampoco la versión del supuesto tercer implicado, no se pueden verificar las versiones de acusado y denunciante.

Por este delito se le reclama al acusado una deuda de 1.058 euros, además del pago de 1.500 euros en concepto de intereses.

No será hasta conocer la sentencia cuando se sepa si finalmente tendrá que asumir el pago o se le absolverá de esta causa.

Condenado a 4 años el feriante vinculado a un alijo de 600 kilos de hachís

El Juzgado de lo Penal número 1 dicta sentencia en 24 horas, al hallar pruebas suficientes de la relación del dueño de un puesto ferial con la droga que encontró el CNP

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 ha dictado sentencia condenatoria contra el responsable de un puesto de patatas de feria que fue vinculado con un alijo de 600 kilos de hachís. La vista judicial se celebraba el miércoles y en 24 horas se ha firmado una condena de 4 años y 4 meses para F.L.C., por un delito contra la salud pública, al existir pruebas suficientes que enervan su presunción de inocencia.

Ya en el mismo acto de juicio oral se acordó sentencia condenatoria para un trabajador de otro puesto ferial, el rumano M.O., que aceptó una pena de 2 años y 9 meses, tal y como se informó en la edición de ayer.

Según la sentencia a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, queda probado que el empresario fue el que marcó a terceras personas el vehículo en donde debían hacer la carga de la droga, que era propiedad de otro feriante. Allí esa noche previa a la marcha de los puestos a la península, se cargó el alijo que terminó siendo descubierto por un trabajador, lo que alertó a la Policía para su decomiso.

Se ha dado validez al testigo protegido, considerado “de calidad” por cuanto siendo ajeno a los hechos y sin tener relación con ninguna de las partes, se ha mantenido en su declaración incriminando al empresario. Identificó al empresario en instrucción y lo hizo protegido por un biombo en el acto de juicio oral. Se destaca que siempre ha mantenido la misma versión y que si hubo alguna disparidad respecto a la declaración ofrecida en sede policial fue por “problemas de traducción”, sin que las mismas puedan servir para dudar de su testimonio y valía.

La magistrada ha indicado que el condenado solo se ciñó a “negar su participación”, sin aportar declaraciones que le sirvieran de coartada. En el plenario declaró que el trabajador le había propuesto meter droga en su caravana, algo que nunca había dicho en instrucción, cuando era un dato relevante para haberlo trasladado en el mismo momento del ofrecimiento a la Policía.

“No ha probado su coartada”, insiste la magistrada. A pesar de que podía haberse citado a su mujer, quien supuestamente había estado toda la noche previa al embarque con él.

La declaración del trabajador que incriminó al empresario es considerada “creíble” al “complementarse con el resto de pruebas”. De hecho él no acusó a F.L. en un principio, sino que se encontró con él en prisión después de que lo hubiera señalado el testigo protegido. Más tarde confesaría “la verdad” lo que ha terminado sirviéndole de atenuante.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso.

Operación Feriante: Nuevamente utilizada para el trasvase de droga a la península

La pasada Operación Feriante volvió a ser utilizada para intentar el tráfico de drogas a gran escala, escondiéndose casi 600 kilos de hachís. Solo un año antes, en 2016, se había intervenido una gran cantidad de droga (más de 4 toneladas) en camiones de feria, que dieron pie a la puesta en marcha de una amplia investigación que se saldó con varios detenidos, todos ellos ya condenados por la Audiencia Provincial. La salida de los puestos feriales intenta ser explotada en su vena más delictiva.

Condenado un trabajador de la Feria tras el hallazgo de 600 kilos de hachís

Ha aceptado una pena de 2 años y 9 de meses tras colaborar, mientras que piden para otro acusado más de 4 años de prisión

Dos años y 9 meses de prisión. Esa es la pena que ha aceptado la mañana de este miércoles el ciudadano rumano M.O., a quien la UDYCO vinculó con el hallazgo de más de 600 kilos de hachís dentro de una caravana al término de la Feria del año pasado. Fiscalía ha rebajado la pena solicitada en un principio, atendiendo a la existencia de una atenuante de colaboración con la Justicia, lo que llevó al acusado a conformarse con el cumplimiento del resto de la condena después de llevar desde agosto entre rejas.

Hay otro acusado, F.L., un feriante dueño de un puesto de patatas, a quien el Ministerio Fiscal considera “pieza fundamental” de este pase, nexo de unión “entre los marroquíes” dueños de la droga y quien se prestó a pasarla, M.O. Por ello pide que sea condenado a 4 años y medio de cárcel, además del pago de una multa de tres millones de euros.

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 ha dejado visto para sentencia el juicio después de escuchar las manifestaciones de los dos acusados, de varios testigos y del responsable de la UDYCO, que ha explicado la forma en la que la Policía supo que se había cargado el alijo dentro de una caravana para, aprovechando la ‘Operación Feriante’, pasar desapercibido.

Las declaraciones de M.O. y del feriante F.L. han chocado frontalmente. El primero, que fue detenido en Algeciras nada más hallarse el hachís, aseguró que quien le había ofrecido llevar a cabo el pase era el empresario. Después del ofrecimiento se había arrepentido pero, según ha aclarado, ya no podía dar marcha atrás.

Declaraciones confrontadas

“Yo no quería hacerlo, pero me dijo que si me echaba atrás un marroquí” (por el dueño de la droga) “nos iba a pegar un tiro”. Ha dicho que sabía que iban a cargar la caravana del feriante para el que trabajaba con hachís pero desconociendo qué cantidad. “Cobraría 10.000 euros”.

Su misión era la de trasladarse a Algeciras con la droga cargada en el vehículo del dueño para el que trabajaba, a sabiendas de que el próximo destino era San Roque y allí se encontraría con F.L. “Mi idea era la de no cometer el deliro, pero me sentí presionado”, ha explicado.

Tras su detención M.O. guardó silencio, pero en septiembre quiso declarar aportando el nombre de la persona que, supuestamente, había orquestado el pase. Es así como la Policía llegó hasta F.L., residente en la península, a quien llamaron a declarar en el Juzgado procediéndose a su detención, ingresando en prisión preventiva hasta la actualidad.

Este empresario, que lleva toda su vida regentando un puesto de patatas, negó tener algo que ver con el delito. Muy al contrario, se erigió en víctima puesto que narró que M.O. se le había acercado a su puesto a ofrecerle el negocio de pasar droga con motivo de la finalización de la Feria. “Me quedé de piedra y le dije que me dejara tranquilo”, insistió. ¿Por qué le inculpa M.O., trabajador rumano que había pasado ya por varios puestos de feriantes como contratado? “No lo sé”, ha respondido.

F.L. nunca contó que le habían hecho ese ofrecimiento para delinquir. Se enteró el mismo día de su marcha del decomiso de hachís pero siguió su rumbo a la península. Dijo que en ese momento ni siquiera pensó que esa droga podría ser la que le había ofrecido embarcar M.O.

Intento de suspender la vista

En su declaración confesó haber sufrido chantajes y presiones por parte de M.O., que le llegó a pedir 50.000 euros a cambio de variar su declaración y no incriminarle en algo que, insistió, es incierto. Su Defensa pidió sin éxito la suspensión de la vista para que pudiera llamarse a declarar a un ordenanza de la cárcel que habría sido conocedor de ese intento de chantaje.

En la vista de este miércoles se ha podido escuchar al dueño de la caravana en donde se halló la droga, que fue precisamente quien alertó a la Policía de que terceras personas habían metido hachís en su vehículo. Sospechó de M.O., su trabajador desde hacía un mes, porque le había pedido que le pagara la nómina y ni tan siquiera reclamó el finiquito, argumentando la prisa por marcharse amén de incurrir en comportamientos que le resultaron raros. La Policía lo detuvo ese día ya en Algeciras.

El responsable de UDYCO ha corroborado la forma en la que se recibió el aviso y el inicio de las investigaciones para dar con posibles testigos de la carga.